La Policía Federal y la estrategia desastrosa- Vuelta a la hoja

La Policía Federal y la estrategia desastrosa

La subprocuradora federal Victoria Pacheco Jíménez afirmó ayer, citando los resultados de una investigación pericial, que los 14 efectivos de la Policía Federal (PF) imputados hasta ahora por el ataque a dos agentes de la CIA estadunidense y a un marino mexicano que viajaban en una camioneta blindada en el tramo Huitzilac-Tres Marías realizaron una acción directa, toda vez que casi la mitad de los 152 balazos disparados contra el vehículo se impactaron en las ventanillas del piloto y del copiloto –las superficies más vulnerables de la camioneta–, y aseguró que no hubo disparos de respuesta del efectivo de la Armada de México que iba de chofer. Asimismo, dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo órdenes de aprehensión contra cinco mandos de la PF acusados de encubrimiento de los presuntos homicidas, pero que sólo una de éstas se pudo ejecutar, debido a que los otros funcionarios obtuvieron un amparo contra la detención.

 

Esta confirmación de que hubo un intento doloso de homicidio en el que estuvieron involucrados una veintena de integrantes de la corporación pública consentida del gobierno calderonista echa por tierra la imagen promovida por la propia administración federal, la cual aún afirma que la PF es la única policía confiable del país y el gran legado del actual sexenio en materia de lucha contra la criminalidad organizada. La verdad llana es que la corporación ha sido infiltrada por la delincuencia hasta el punto que se usó a una catorcena de sus agentes como sicarios para matar, en una operación encubierta –pues actuaron sin uniforme y a bordo de vehículos particulares–, a dos espías extranjeros cuya presencia y operación en el territorio nacional constituyen, por añadidura, asuntos de muy dudosa legalidad.
 

Aunque los cinco mandos de la PF imputados por el episodio enfrentan únicamente acusaciones de encubrimiento, es inverosímil que los 14 presuntos responsables materiales del intento de homicidio hayan emprendido por decisión propia una acción semejante, y todo indica que ésta tiene responsables intelectuales aún no identificados.

 

Cabe preguntarse, a la luz de estas revelaciones aún incompletas, en cuántas ocasiones el envío de contingentes de policías federales a regiones azotadas por la violencia –que han dejado, por lo demás, miles de quejas y de denuncias formales por parte de la población civil, agredida por los federales– se ha traducido en protección a la delincuencia y en sicariato al mejor postor. Preguntarse, incluso, de qué lado ha estado la legalidad en los numerosos casos en los que las fuerzas de la PF han sometido, perseguido y encarcelado a policías estatales o municipales.

 

Por lo demás, la agresión en Tres Marías revela la existencia de una colisión entre dos de los elementos esenciales de la estrategia de seguridad del calderonismo: la propia PF, por un lado y, por el otro, la presencia, cada vez más operativa de policías, espías y militares estadunidenses en el país. En suma, en las semanas postreras de este sexenio convulsionado y sangriento se exhibe, en toda su crudeza, la catástrofe de un lineamiento de gobierno que fue señalado, desde el momento mismo de su puesta en práctica, como incoherente, improvisado, propagandístico, potencialmente desestabilizador y contraproducente. La administración saliente tuvo seis años para escuchar las críticas y rectificar, pero decidió no hacerlo.

 

Vuelta a la hoja

Bernardo Bátiz V.

Quisieran, el que se va y el que llega, que todo se olvidara, que se diera tranquilamente vuelta a la hoja y a partir del 1° de diciembre nadie volviera a acordarse del pésimo y sangriento sexenio que llega a su término y, mucho menos, del viciado proceso electoral federal de este 2012. Sin saberlo, hacen lo mismo que el virrey de La Croix, quien alguna vez dijo que los súbditos no están para juzgar a los gobernantes y que han nacido para callar y obedecer.

 

Pero no es así: borrar de la memoria lo que sucedió sería inmoral, ya que hacerlo significaría la aceptación tácita de que lo llevado a cabo por el gobierno que va de salida es como lo describe la costosa propaganda desplegada y significaría también convalidar con el silencio el proceso electoral que no fue ni siquiera cercanamente como lo prevé el artículo 41 constitucional, que ordena que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.

Con ese motivo –no olvidar, dejar constancia, manifestar la oposición al desorden, a la violencia y a la manipulación en los procesos electorales– se han constituido dos tribunales populares en los que los ciudadanos que se sientan agraviados y puedan hacerlo (habrá algunos que por diversas razones estén inconformes, pero no pueden manifestarlo así), en uso pleno de la libertad de expresión y del derecho a opinar en materia política, presenten pruebas, agravios y señalamientos; se trata de un espacio para emitir un juicio sobre el gobierno y sobre el organismo electoral que declaró válidas las elecciones que a ojos de un sector amplísimo de la opinión pública no fueron ni libres ni auténticas.

No podemos, siguiendo el pensamiento de Juan Jacobo Rousseau, simplemente romper el contrato social y separarnos de la comunidad de la que formamos parte; tampoco sería racional y acarrearía males mayores convocar al uso de la violencia para protestar por las anomalías de los poderosos, pero sí podemos señalar que el contrato social tácito celebrado entre los integrantes de la sociedad mexicana ha sido incumplido por los gobernantes y los jueces que declararon válidas las pasadas elecciones, y podemos juzgar a los juzgadores y pedir cuentas a los malos gobernantes.

No es cierto, como algunos dicen y quizá lo piensen con secreta satisfacción, que México es un Estado fallido; sólo se trata de un Estado mal gobernado, muy mal gobernado porque no buscó el bien común, sino que gobernó en beneficio de unos pocos.
 

En este orden de ideas, el jueves pasado se instaló un tribunal electoral popular con objeto de recibir pruebas, alegatos y agravios acerca de lo sucedido en el proceso electoral que culminó el 1° de julio de este año.

 

Junto con otras personas destacadas, como Elena Poniatowska, Enrique Semo, Jesús González Schmal, Magda Gómez, Jesús Martín del Campo, Abel Barrera, Virgilio Caballero, Carlos Pellicer y Héctor Vasconcelos, convocados por Armando Bartra, Margarita Castillejos y otros ciudadanos inconformes con la exigencia de olvido y vuelta a la página sin más, fui invitado a formar parte de este organismo cívico que el mismo jueves 15 recibió ya pruebas y constancias de cómo sucedieron las cosas en el proceso electoral.

 

Ciertamente, el tribunal federal electoral dio su veredicto que formalmente es inapelable, pero muchos opinamos que los tan bien pagados funcionarios del Poder Judicial federal, que no pudieron ver lo que toda la gente vio a lo largo y a lo ancho del país y que se negaron a indagar y a seguir las investigaciones con los elementos que se les proporcionaron, no pueden quedarse tan tranquilos y sin ser sometidos al juicio popular.

 

Otro grupo de ciudadanos toma en serio y no como una simple formalidad la obligación que el artículo 87 constitucional impone al presidente de los Estados Unidos Mexicanos de protestar, guardar y hacer guardar la Constitución y declarar que si no lo hiciere la nación se lo demande; una parte de la nación, integrantes de la nación, lanzaron el 18 de octubre de este año un llamado a la sociedad mexicana para que quienes así lo deseen demanden a Felipe Calderón, en términos del citado artículo, si consideran que guardó o no la Constitución y las leyes que de ella emanan y si desempeñó o no leal y patrióticamente el cargo de presidente que ostentó.

 

Estos llamamientos a que los ciudadanos expresen con valor civil sus puntos de vista y sus juicios son una respuesta, entre otras muchas, a la exigencia de que nos olvidemos y nos callemos; nada de dar vuelta a la página como si no hubiera pasado nada; tenemos derecho como ciudadanos a mantener la esperanza y a volvernos a organizar para continuar el esfuerzo de reconstruir a la nación, pero tenemos también el derecho de emitir nuestra opinión sobre lo hecho y a conservar la memoria.

jusbbv@hotmail.com