La Marina toma Monterrey
Patrullajes en Monterrey.
Foto: AP
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La designación del contralmirante Augusto Cruz Morales como titular de
Seguridad Pública de Monterrey por parte de la alcaldesa Margarita Arellanes
Cervantes sigue la línea trazada por el calderonismo desde su inicio, con la
idea de que sólo las Fuerzas Armadas pueden combatir al crimen organizado.
Organismos no gubernamentales advierten que estas medidas no solucionan el
problema de fondo y sí propician el abuso de autoridad y las tropelías contra la
sociedad.
MONTERREY, NL. (Proceso).- Los marinos “tomaron” la capital de Nuevo León. El
contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar) Augusto Cruz Morales fue
designado secretario de Seguridad del municipio capitalino por la alcaldesa
Margarita Arellanes Cervantes, postulada por el PAN y quien tomó posesión del
cargo el pasado 31 de octubre.
Como secretario de Vialidad y Tránsito fue nombrado otro integrante de la
Armada, Juan Sánchez Alvarado. Un teniente de la misma fuerza se hará cargo de
Alcoholes, que controla los giros negros.
Junto a ellos llegarán 18 mandos de la Semar que trabajarán en las áreas
administrativas.
En su primer discurso como alcaldesa, tras recibir del cabildo la
notificación oficial de su mandato, Arellanes Cervantes fue ovacionada al
presentar al nuevo encargado de Seguridad Pública en Monterrey.
Pero no todos celebran la presencia de los marinos para combatir la
delincuencia en ese municipio. Eduardo Arguijo Baldenegro, diputado local del
PRD, se mostró en desacuerdo con las designaciones y dijo que la Marina es una
de las corporaciones que tiene más quejas en materia de violación a los derechos
humanos, por lo que su presencia en las calles implica un riesgo para el
ciudadano.
La ONG Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) también externó su
inconformidad con la presencia de los marinos al señalar que la militarización
en Monterrey contraviene recomendaciones de la ONU y que las atribuciones que le
ha dado la alcaldesa al contralmirante no están estipuladas en la ley.
Proceso solicitó entrevistas con la alcaldesa y el secretario de Seguridad
Pública, pero no hubo respuesta del ayuntamiento.
La alcaldesa
Abogada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, la alcaldesa tuvo un éxito
inusitado durante su primera incursión en un proceso electoral.
Antes de ser candidata, Arellanes era delegada de la Secretaría de Desarrollo
Social en Nuevo León. Previamente se desempeñó como asesora legislativa en el
Congreso estatal. Durante la campaña se valió de su carisma y del hecho de no
tener mácula en su prácticamente nulo historial político. Derrotó a Felipe
Enríquez, quien tenía fama de ser uno de los mayores movilizadores electorales
del PRI en el país.
La alcaldesa incluyó en su gabinete a conocidos panistas locales pero dio la
sorpresa con el nombramiento de Cruz Morales, a quien se le considera un
supersecretario debido a que tendrá plenos poderes para apaciguar la
convulsionada ciudad de Monterrey, donde ocurren casi la mitad de los ilícitos
en toda la entidad.
En un comunicado que hizo circular el equipo de transición, la presidenta
municipal reconoció que la capital de Nuevo León está ahogada por la
inseguridad. En el boletín se indica que los marinos que llegan al municipio
actúan dentro de la ley: “La situación actual de violencia que se vive en la
ciudad ha mermado la seguridad con la que más de 1 millón de mexicanos salimos a
trabajar, estudiar, convivir, divertirnos en parques y plazas de la ciudad”.
Durante su toma de posesión en el Teatro de la Ciudad, Arellanes fue aclamada
por la concurrencia cuando presentó al contralmirante. Dijo que lo designaba
“para que en el corto plazo exista una mejoría en la seguridad de los
regiomontanos y sus familias”.
Al inicio de su campaña, en abril de este año, la panista había anunciado que
en caso de acceder a la alcaldía cambiaría el esquema de la Policía Municipal
para que un militar ocupara la primera posición, como lo han hecho prácticamente
todos los municipios del área metropolitana.
Pero Cruz Morales fue una sorpresa. Trascendió que desde semanas antes de que
fuera anunciado su nombramiento, el ahora secretario de Seguridad tuvo reuniones
con funcionarios de diversas áreas de la administración municipal para conocer
desde adentro el funcionamiento de las oficinas.
Hasta ahora no se sabe la manera en que Arellanes contactó al contralmirante,
aunque extraoficialmente se dijo que es un mando recomendado directamente por la
Semar.
Poco se sabe de Cruz Morales.
Algunos medios electrónicos indican que es capitán de navío y fue agregado
naval de México en Chile. El Diario Oficial de la Federación publicó el 29 de
julio de 2011 el permiso que le concedió el Congreso de la Unión para aceptar y
usar la condecoración de la Orden del Mérito Naval, en grado de caballero, que
le otorgó el gobierno de ese país sudamericano. Cuenta con una maestría en
administración naval y en seguridad nacional, por el Centro de Estudios
Superiores Navales de la Armada de México.
Entre sus encomiendas inmediatas está la de sanear la Dirección de Alcoholes,
una de las áreas más cuestionadas en la pasada administración. Su director
durante la gestión de Fernando Larrazábal, Rogelio González Heredia, El Roy, fue
detenido en el Palacio Municipal el 11 de marzo de 2010 por marinos y enviado a
la Ciudad de México. El motivo: Una investigación que se le seguía por
delincuencia organizada. Posteriormente se supo que en septiembre de ese año fue
liberado, aunque no se dijo en qué condiciones y ya no regresó a su cargo.
La Dirección de Alcoholes es el área que decide los cierres o aperturas de
establecimientos conocidos como giros negros. Estos lugares han sido objeto de
recientes ataques por la disputa entre Los Zetas y el Cártel del Golfo para
vender drogas en ellos, declaró el vocero de seguridad en Nuevo León, Jorge
Domene Zambrano.
Medida anticonstitucional
Con el nombramiento del contralmirante, es la segunda vez que la Semar pisa
fuerte en Nuevo León. La primera fue el 4 de diciembre de 2009, a raíz de un
enfrentamiento callejero entre un grupo de zetas, entonces sicarios del Cártel
del Golfo, y personal naval. Los marinos acabaron con una célula delictiva
encabezada por Ricardo Almanza Morales, El Gori 1. En esa jornada violenta
perecieron 13 personas.
Desde el día en que Arellanes tomó posesión, el primer cuadro de la ciudad es
recorrido por convoyes de marinos. Su presencia es ahora tan visible como lo fue
hasta hace algunos días la de los soldados de la Secretaría de la Defensa.
Alrededor del Palacio Municipal efectivos de la Armada montan guardias
permanentes. Ahora ya se pueden ver por calles del primer cuadro de la ciudad
pick up grises con la leyenda de la Semar y efectivos fuertemente armados, con
sus uniformes de camuflaje y chalecos blindados.
Por su parte, la presidenta de Cadhac, Consuelo Morales Elizondo, afirma que
la pretendida “depuración de Policía, Tránsito y Alcoholes a través de trabajo
de inteligencia para dejarlos exentos del crimen organizado” no está prevista en
el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Armada de México ni en el 30 de la Ley de
la Administración Pública Federal.
“El único supuesto previsto dentro de las atribuciones, en donde se tiene
contacto con la sociedad civil y autoridades civiles, es el de fomentar y
participar con autoridades civiles en actividades socioculturales y cívicas, en
aspectos relacionados con el medio marítimo”, afirma.
Añade que los elementos de la Semar pueden coadyuvar con dependencias
municipales o estatales únicamente por orden expresa del presidente de la
República y mediante decreto del Ejecutivo federal. “Y se reitera que nunca se
habla de ejercer funciones que puedan cubrir las de vigilancia de tránsito,
depuración o alcoholes”.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU
recomendó el 31 de marzo de 2011, luego de su visita a México, que fueran
retiradas las fuerzas militares del trabajo de seguridad pública para prevenir
desapariciones forzadas y establecer protocolos de seguridad para el uso de la
fuerza de parte del Ejército y todas las corporaciones policiacas. La
designación de Cruz Morales va a contracorriente de esas recomendaciones.
“La estrategia federal de militarizar las comunidades no ha resuelto el
problema de la violencia en torno al desenvolvimiento de las redes de la
delincuencia organizada, sustentadas en la corrupción e impunidad de las propias
instituciones”, apunta Morales Elizondo.
La presidenta del Cadhac muestra datos del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía en los que se indica que en 2011 hubo en el país 27 mil 199 personas
ejecutadas, una cifra tres veces mayor que la de 2005. Durante el presente
sexenio se han reportado más de 60 mil muertes violentas.
“La estrategia de militarización ha complejizado el problema, favoreciendo la
comisión de un número mayor de abusos de la autoridad contra la ciudadanía”,
expone.
Y concluye: “Nos pronunciamos enérgicamente contra este contraconvencional e
inconstitucional nombramiento y la militarización que se favorece en las
estructuras gubernamentales en todos sus niveles. La delincuencia organizada
terminará si se acaba la corrupción e impunidad en todas las dependencias, mas
no colocando a un marino al frente de las tareas de seguridad pública”.
Resultados
Horas antes de que Arellanes rindiera protesta, el gobernador de Nuevo León
Rodrigo Medina de la Cruz manifestó que debe atenderse con urgencia el problema
de la inseguridad en los municipios, el cual creció en los pasados tres años,
sobre todo en la capital de la entidad.
“Va a haber un gran reto porque el municipio de Monterrey tiene casi 40% de
los delitos que se cometen en el estado y en la parte que dirige el municipio de
Monterrey, principalmente en el primer cuadro de la ciudad.
“Entonces está muy focalizado y creo que se puede hacer una estrategia para
avanzar muy rápido, pero es mucho de voluntad, de que lo dejen trabajar y de que
realmente al final podamos tener una reducción de los índices delictivos”, dijo
durante un foro de seguridad organizado por el Tecnológico de Monterrey.
Y añadió: “No únicamente esto se resuelve, y se los he dicho, con
declaraciones y con posturas políticas. Esto se resuelve, es matemático,
deteniendo criminales, desarticulando bandas, previniendo y al final viendo si
el índice delictivo se reduce. Si se declara mucho, si se hacen promesas, si hay
posturas políticas pero el índice delictivo sigue igual, no sirve para nada,
volvemos a lo mismo, nos quedamos en la percepción, pero no aceptamos
positivamente la realidad”, aseveró.
Monterrey vive actualmente un inusual desorden histórico en cuanto a la
territorialidad de sus policías. La municipal se encarga de vigilar el primer
cuadro de la ciudad y unas 300 colonias de la periferia. El gobierno del estado,
a través de Fuerza Civil, su policía, se encarga del resto de la capital. Sin
embargo, las dos policías constantemente invaden demarcaciones.
En torno a esta situación, la alcaldesa manifestó: “Mientras sigamos teniendo
esa falta de determinación de territorio y un solo responsable, no me gustaría
entrar en que si la incidencia del delito es en un lado o en otro. Es vergonzoso
para la ciudadanía que nos estemos barriendo así”.
Aseguró que está en el puesto para dar resultados y que le dio instrucciones
al contralmirante Cruz Morales para que le entreguen cuentas favorables en lo
inmediato, con acciones contra la delincuencia y depuración de sus respectivas
oficinas.
En su primer día en funciones la presidenta municipal anunció que emprenderá
un ambicioso programa contra la corrupción en todas las áreas del municipio, con
una práctica de cero tolerancia y la aplicación de castigos para que los
funcionarios hallados en falta sean despedidos y enfrenten la ley por sus actos.
“La hermana de la corrupción se llama opacidad”, enfatizó al señalar que todas
las áreas del ayuntamiento estarán abiertas para la ciudadanía.
En su primera semana en funciones el contralmirante declaró que la pasada
administración le heredó 440 policías, de los cuales sólo unos 235 estaban en
condiciones de patrullar la ciudad. Dijo que los demás estaban comisionados como
escoltas o en calidad de vigilantes en diversas instalaciones públicas.
Puntualizó que para labores efectivas necesitaba 600 efectivos. Su primer
movimiento para depurar la fuerza policiaca consistió en cesar a 80 elementos
que no pasaron las pruebas de control de confianza.
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