La Cruzada contra el Hambre termina la “luna de miel” de PRI y oposición en Congreso; están en pie de guerra- La Cruzada: el hambre o los votos

La Cruzada: el hambre o los votos

Por: Sin Embargo - febrero 22 de 2013 - 0:00
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¿Quién fue la o el genio al que se le ocurrió dejar a más de 120 municipios del país con pobreza extrema y carencias alimentarias fuera de los beneficios de la Cruzada contra el Hambre?

Porque si lo que quería ese personaje o el grupo de trabajo que elaboró el padrón era hacer lucir a su jefe, el Presidente Enrique Peña Nieto, lo único que logró es provocar un gran tropezón a uno de los programas insignia del priista mexiquense y, además, llenarlo de sospechas.

La responsabilidad directa, por lo pronto, recae en Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y quien está encargada de la coordinación de los programas antipobreza de la actual administración.

Las acusaciones y señalamientos contra este programa se centran en sus tintes electorales, pues concederá recursos a municipios plagados de votantes, antes que darlos a aquellos que tiene menor población pero padecen los mayores niveles de pobreza e incluso hambruna.

Según datos de 2010 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México 46.2% de la población vive en la pobreza, lo que equivale a 52 millones de personas.

De los 2 mil 500 municipios que hay en México, el plan abarcará a unos 400, pero deja al margen a la mayoría de los que tienen más altos índices de marginación social, pobreza y desarrollo humano.

Para el programa social que el Presidente Peña Nieto presentó el pasado 21 de enero, no son prioridad, por ejemplo, los municipios de Batopilas –el segundo más pobre de México, de acuerdo con la propia Sedesol– y Carichí, ambos en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, donde se reportan muertes por hambruna.

Estos ayuntamientos no se incluyeron en la Cruzada contra el Hambre pese a que 55.4% de la población de Batopilas y 33.5% de Carichí se encuentra en situación de pobreza extrema, de acuerdo con cifras del Coneval.

Sin embargo, sí serán beneficiados Chihuahua y Ciudad Juárez, dos municipios plagados de votantes y donde la pobreza extrema es de sólo de 2% y 4.8%, respectivamente.

En Jalisco esa situación se repite: mientras que Mezquitic tiene 40.7% de su población en pobreza extrema, el programa federal incluyó a Tlajomulco de Zúñiga, un municipio que tiene un boom turístico y se ha convertido en uno de los sitios favoritos para que la gente de mayores ingresos de Jalisco instale sus casas de fin de semana. Tlajomulco recibirá el apoyo de la Cruzada, pese a que sólo 3.8% de su población está en pobreza extrema.

En Aguascalientes, sólo se incluyó a la capital del estado, cuando municipios como Asientos tiene a 31.7% de su población con problemas alimenticios.

Otras localidades con altos índices de marginación que no fueron tomadas en cuenta son: San Andrés Duraznal, Chiapas, considerado el séptimo más pobre del país; Badiraguato, Sinaloa, con 21.1% de su población en pobreza extrema; Pinal de los Amoles, Querétaro, con 34% de sus habitantes con niveles de pobreza extrema, y Tamazula, Durango, con 35.9% de su población en pobreza extrema. La lista, por supuesto, es mucho más larga.

En la página web de esta iniciativa [http://cruzadacontraelhambre.gob.mx/] es definida oficialmente como: “…una Estrategia de Inclusión y Bienestar Social, que busca garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de los 7.4 millones de mexicanos que hoy viven en condición de pobreza extrema, y contribuir al ejercicio pleno de su derecho a la alimentación”.

Pero en los hechos, es claro, esa inclusión no fue determinada por la prioridad de rescatar a esos mexicanos que viven en alta marginación.

Por ello, los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) han levantado su propia cruzada contra la Cruzada.

Rosario Robles comparecerá pronto ante las Comisiones de Desarrollo Social y la de Asuntos Indígenas, para que explique el presunto uso electoral que le dará el gobierno federal a la Cruzada Contra el Hambre.

Y es que, otra vez, está latente el riesgo de que los menos favorecidos del país, que son la mitad de los habitantes, sean relegados frente a la ambición y los intereses de quienes hoy gobiernan México.

 

La Cruzada contra el Hambre termina la “luna de miel” de PRI y oposición en Congreso; están en pie de guerra

Por: David Martínez Huerta - febrero 22 de 2013 - 0:03
Destacadas, México, TIEMPO REAL, Último minuto - 1 comentario

 

 

La bancada del PAN se manifiestó ayer en el Congreso de la Unión contra la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, por el uso de la Cruzada contra el Hambre con fines electorales. Foto: Antonio Cruz, SinEmbargo

Ciudad de México, 22 de feb (SinEmbargo).– La Cruzada Nacional contra el Hambre, el programa para marginados más agresivo presentado hasta ahora por el gobierno de Enrique Peña Nieto, ha terminado con la “luna de miel” que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y las fuerzas de oposición tenían en el Congreso y que había permitido impulsar, por ejemplo, la Reforma Educativa o la Ley de Víctimas.

Ayer, diputadas y senadoras del Partido Acción Nacional (PAN) revisaron la lista de comunidades que se pretende beneficiar y detectaron que en algunos estados se da preferencia a municipios donde se prevén contiendas cerradas en las elecciones que se celebrarán el próximo 7 de julio, en 14 estados del país.

Las entidades federativas serán: Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca, Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Tlaxcala, Baja California, Puebla, Tamaulipas, Sinaloa, Hidalgo y Coahuila.

Y en cambio, argumentaron, otros municipios y entidades que no son “jugosas” en términos electorales, quedaron fuera. Los 114 diputados del PAN colocaron cartulinas en sus curules con la leyenda: “No sólo en los estados donde hay elecciones hay hambre”.

Antes de llevar la protesta al recinto legislativo, las panistas detallaron en una conferencia de prensa del pasado lunes 18 de febrero, en la sede nacional de su partido, que más de 200 de los 400 municipios son electoralmente competidos. Tal es el caso de la capital de Aguascalientes, que concentra el 70 por ciento de la población estatal.

Agregaron que la Cruzada contra el Hambre tocará las tres ciudades más importantes de Baja California, cuya gubernatura se renovará a mediados de año: Tijuana, Ensenada y Mexicali. Y dejó de lado los municipios de Mezquitic y Tequila, en el estado Jalisco concentran poblaciones con altos índices de pobreza extrema.

Ante la falta de información sobre la estrategia para definir los municipios que se beneficiarán con este programa social, diputados del PAN, primero y del PRD después, expresaron su inquietud para que la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, explique pormenores de la Cruzada, así como otros programas sociales que funcionarán este año: El de 65 y más y el Seguro de vida para madres solteras.

“Es importante que aclare por qué en los 400 municipios seleccionados metieron grandes capitales urbanas que van a tener elecciones y dejaron fuera poblaciones, comunidades, municipios que tienen un alto porcentaje de pobreza extrema”, indicó la Diputada panista Beatriz Zavala Peniche.

EL PRI LEVANTA EL BRAZO

Después de una votación a mano alzada, las bancadas del PRD y el PAN en la Cámara de Diputados acordaron citar a comparecer a Rosario Robles, Secretaria de Desarrollo Social, para explicar la Cruzada contra el Hambre. Foto: Antonio Cruz, SinEmbargo

Aunque todavía no hay fecha para la comparecencia de Rosario Robles, las inquietudes compartidas por la oposición prendieron la alerta del PRI para anticipar su defensa ante cualquier intento de “juicio sumario”.

Y es que durante la sesión de este jueves 21 de febrero, diputados del PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano se pudieron de acuerdo para realizar una protesta común contra el uso electorero de la Cruzada contra el Hambre.

De inmediato se propagó entre los priistas el deseo de no exponer a Rosario Robles a acusaciones mediáticas innecesarias, en una comparecencia ante las comisiones Desarrollo Social y de Asuntos Indígenas.

Por ello, intentaron sin éxito frenar la comparecencia. En una cerrada votación a mano alzada, la oposición se impuso en dos ocasiones y se aprobó citar a la funcionaria.

“¿Por qué no hay reglas de operación publicadas? Porque la ley obliga a que los programas, cuando van a ejercerse recursos públicos, tengan sus reglas de operación claras. Lo mandata incluso el Presupuesto de Egresos de la Federación”, cuestionó la panista Beatriz Zavala.

Sin embargo, el PRI considera que habrá una estrategia defensa para evitar que la comparecencia se convierta en un ataque mediático.

La Cruzada Nacional contra el hambre fue presentada como una Estrategia de Inclusión y Bienestar Social, impulsada por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, que busca “garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de 7.4 millones de mexicanos que hoy viven en condición de pobreza extrema”.

Entre sus objetivos se encuentran “eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de crecimiento de niños y niñas en la primera infancia”, así como “aumentar la producción y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas”.

La meta es atender 400 municipios y localidades de mayor pobreza en todos los estados del país.

“De repente, puede ganarle, a algunos compañeros, la identificación ideológica que tenga cada uno de ellos y por supuesto que tenemos que cuidar aquí, no debe de imperar el interés ideológico ni de partidos. La pobreza no tiene partidos políticos”, recalcó la legisladora priista Francisca Elena Corrales, secretaria de la Comisión de Desarrollo Social.

A DEFENDER A ROSARIO

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, Eufrosina Cruz, consideró urgente que se dé prioridad a los municipios con extrema pobreza, dentro del programa principal de combate al hambre, del gobierno de Peña Nieto.

“La inquietud de todos los compañeros es saber bajo qué criterio se establecieron los 400 municipios en esta Cruzada contra el Hambre, porque hay municipios, como es el caso de Oaxaca, que están en extrema pobreza y que no están incluidos como San Juan Tepetlapa, de Iztlayutla, que son municipios que ni siquiera tienen escuelas”, abundó la legisladora oaxaqueña.

Por respuesta, y adelantándose a lo que podría decir la secretaria de Desarrollo Social, el PRI justificó que se hayan incluido a populosas ciudades dentro de la Cruzada, con el argumento de que en las urbes también existe una gran marginación y pobreza.

Indicó que el presupuesto no alcanza para cubrir las necesidades de todos los municipios. Incluso, recalcó, no podría dejar de lado algún municipio sólo porque allí habrá elecciones.

“Mi perspectiva es que en las ciudades se concentra el mayor número de pobreza, porque se concentra el mayor número de habitantes. Y yo no puedo decir que en los cuatro municipios de mi estado (Sinaloa) donde va a llegar el programa, no tengamos pobreza y que sea nada más un efecto electoral. En los 18 municipios vamos a tener elecciones. Y si ustedes me dicen, diputada, usted cómo lo ve, yo les digo, yo me lo llevo (el programa social) a los 18 municipios”.

Junto a su batería de preguntas, la oposición ya prepara una serie de exigencias para la secretaria de Desarrollo Social. En primer término que explique el sistema por el cual se entregarán los apoyos a los más necesitados.

“Que se aplique el blindaje electoral que en los dos sexenios anteriores se ha aplicado y que, por cierto, fue exigido por el PRI, el partido del presidente Enrique Peña Nieto. Es decir que 40 días antes del día de la elección no se distribuyan apoyos, despensas, programas sociales, para no debilitar o condicionar o poner en riesgo a la población votante que requiere de estos apoyos”, recalcó Beatriz Zavala.

Su principal preocupación, y la de muchos de sus compañeros, es que regresen los tiempos en donde el partido en el poder cooptaba la voluntad de los ciudadanos, a través de los programas sociales y usaban los recursos públicos para beneficiar a sus candidatos, en épocas electorales.