Reforma educativa: primero la pedagogía, luego la administración
Manuel Pérez Rocha
Las recientes reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución no son una reforma educativa, esto lo reconocen todos los conocedores de la materia. Sólo la propaganda gubernamental insiste en que se ha hecho una reforma educativa generadora de múltiples beneficios, y bombardea a la población con mensajes de todo tipo y por todos los medios, con múltiples promesas de una pronta vida mejor. Así busca legitimidad el
nuevo PRIque nos ofreció lo mismo con las
reformas educativasde Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Salinas y Zedillo (ni hablar de las del PAN).
Aun entre quienes promovieron las nuevas reformas legales, muchos reconocen que lo hecho no es una reforma educativa; pero, dicen, es la base, el marco que dará sustento legal a la reforma educativa en puerta. Uno de los promotores más enjundiosos, conductor de un programa de Canal Once, dijo con entusiasmo desbordado:
Tenemos ya el recipiente, ahora viene el contenido. Esta analogía no da para mucho, apenas para advertir que todo recipiente determina muchas de las características del contenido posible; por ejemplo su volumen, su peso, su potencial acción corrosiva u oxidante, sus límites de temperatura y sus eventuales alteraciones bioquímicas. No es sensato, pues, comprar una vasija antes de saber con qué la vamos a llenar.
Las flamantes reformas constitucionales imponen condiciones laborales de excepción al magisterio mexicano y confinan, por supuesto, las posibilidades de la necesarísima reforma educativa. En todo caso, estas reformas legales buscan
mejorarel obsoleto sistema escolar; con ceguera inadmisible sólo persiguen
eficientar(sic, por el horror de la palabra) la administración de uno de sus componentes: el magisterio. La mayor parte de los demás elementos se dejan intactos; algunos, de gran trascendencia, ni se mencionan (como el contexto sociocultural), y se desatienden las relaciones entre todos ellos; y, lo más grave, se pasa por alto el proyecto del conjunto, de los fines de la educación (con sus múltiples factores), y la relación de la labor de los maestros con la definición de las finalidades de esta central tarea del Estado y de la sociedad.
Esta limitada percepción de los retos de una auténtica reforma educativa se defiende en la exposición de motivos de las nuevas reformas constitucionales con el siguiente argumento:
El proceso educativo exige la conjugación de una variedad de factores: docentes, educandos, padres de familia, autoridades, asesorías académicas, espacios, estructuras orgánicas, planes, programas, métodos, textos, materiales, procesos específicos, financiamiento y otros. No obstante, es innegable que el desempeño del docente es el factor más relevante de los aprendizajes y que el liderazgo de quienes desempeñan funciones de dirección y supervisión resulta determinante. En atención a ello, la creación de un servicio profesional docente es necesaria mediante una reforma constitucional; el tratamiento de los demás factores podrá ser objeto de modificaciones legales y administrativas en caso de estimarse necesarias.
Es necesario leer con atención ese párrafo. No justifica que la creación de un servicio profesional docente requiera de una reforma constitucional, se afirma que así es y a callar; en la práctica la susodicha reforma se reduce a ese servicio pues el
tratamiento de los demás factores(educandos, padres de familia, autoridades, asesorías académicas, espacios, estructuras orgánicas, planes, programas, métodos, textos, materiales, procesos específicos, financiamiento y otros) podrá ser objeto de modificaciones legales y administrativas en caso de estimarse necesarias (¡!).
Pero no solamente necesarias, son inaplazables las reformas legales y administrativas que den
tratamientoa muchos de los demás factores. Es indudable que el reto de una verdadera reforma educativa tiene que ver en primer lugar con los planes y programas, los métodos, los textos, los materiales, los procesos (de educación, enseñanza y aprendizaje). Los avances en los medios de comunicación, las nuevas tecnologías y los fenómenos culturales contemporáneos hacen urgente una revisión a fondo de todos estos
factores.
Un ejemplo: el reto no es simplemente
actualizarlos planes y programas, sino revisar el concepto de
plany
programa, sus funciones en el proceso educativo, la relación de los maestros con estos instrumentos y la forma de elaborarlos y modificarlos. Es indispensable introducir las reformas legales y administrativas necesarias para que en esta tarea participen los maestros. Sin embargo, en la Constitución se reafirma sin más que
el Ejecutivo federal determinará los planes y programas de estudio de la educación prescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República, y los maestros quedan con el encargo de ejecutarlos, y con docilidad, de lo contrario tendrán
consecuencias, amenazó el secretario de Educación. Aquí queda claro un ejemplo de cómo el
recipientedetermina el
contenido.
En la segunda parte de ese programa de Canal Once al que me he referido, todos los participantes insistieron en que la reforma educativa tiene que ser, ante todo, una reforma pedagógica. Uno de ellos citó una atinada definición del doctor Carlos Muñoz Izquierdo, uno de los más prestigiados investigadores en materia educativa en el país. Palabras más o menos (cito de memoria), Muñoz Izquierdo sostiene que
la tarea del buen maestro es adaptar el programa de estudios a las necesidades de cada estudiante. Tarea enorme pues implica no sólo conocimientos y destrezas, exige un compromiso y una dedicación que no se desarrollan con programas de estímulos económicos, con carreras magisteriales burocráticas y estandarizadas sustentadas en el cumplimiento fiel de instrucciones verticales.
Los maestros militantes de la CNTE se han ocupado desde hace años de la reforma pedagógica. Las secciones de Oaxaca y Michoacán, presentadas malévolamente por los medios como rijosas contumaces, han elaborado sendos proyectos de educación que deben ser estudiados; otros maestros de la CNTE, en todo el territorio nacional, también han desarrollado experiencias innovadoras muy valiosas. Sobre estos asuntos, la CNTE inicia el próximo mes de marzo una intensa actividad en todo el país que concluirá con un Congreso Nacional de Educación los días 25, 26 y 27 de abril próximo. Es indispensable prestar atención a estos ejemplares y valiosos esfuerzos.
La pala de Damocles-Rocha
Pasta de Conchos: impunidad y capitalismo salvaje
Adolfo Sánchez Rebolledo
Hace siete años ocurrió la explosión en Pasta de Conchos, la mina en la que murieron 65 trabajadores, muchos de los cuales nunca fueron rescatados para consuelo de sus familiares. Según un artículo publicado en estas páginas por el dirigente del sindicato minero, aún quedan 62 cuerpos enterrados en el lugar donde los sorprendió el desastre, sin esperanzas de ser recuperados. ¿Qué ocurrió? Que la empresa, apoyada por las autoridades competentes, decidió en su momento suspender la búsqueda de los trabajadores –aun sin saber si quedaba alguno vivo–, argumentando razones técnicas o de seguridad. Y cerró el caso. Tiempo después, cuando ya se creía olvidada la historia de Pasta de Conchos, fuimos testigos asombrados del alucinante rescate de los mineros chilenos gracias a la combinación de la tecnología, la voluntad de vida de las propias víctimas y el esfuerzo sin excusas de las autoridades. A diferencia de lo ocurrido aquí, allí el país entero se sumó a la hazaña y la solidaridad les llegó del mundo entero. El recuerdo de Pasta de Conchos hizo inevitable la comparación entre los dos accidentes y sus respectivos desenlaces. Obviamente, se puso en evidencia la actitud de las autoridades. La diferencia entre unas y otras –chilenas y mexicanas– no estaba, por cierto, en la orientación clasista de los gobiernos, digamos, ya que ambos provenían de la derecha histórica, sino en algo que de tan elemental se olvida y que al final hizo la diferencia: el respeto a la propia legalidad (Piñera-Chile) y la primacía de la vida humana; la resignación de la ley ante los intereses manifiestos de un grupo de poder económico, en este caso la Minera México y el desprecio por los trabajadores (Fox-Calderón). Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, según Napoleón Gómez Urrutia
el homicidio industrial que se cometió allí sigue sin investigación y sin castigo para los responsables. Una vergüenza histórica que el sindicato denunció en muchas ocasiones y que no debe continuar más, porque daña la imagen de México y revela un sistema de protección ilegal y absurdo que denigra al sistema de justicia mexicano. Y tiene razón. Lamentablemente, la empresa actúa con toda impunidad, sabedora de que ocupa un lugar privilegiado en la visión que domina la política económica desde hace décadas. La subestimación del trabajo como fuerza productiva calificada es un rasgo de ese falso desarrollismo sustentado en la expoliación de los recursos naturales y la sobrexplotación laboral. El problema de fondo es que si no se produce un cambio de rumbo en los medios y fines alentados para fomentar la economía nacional, en el mejoramiento de la situación laboral, en la capacitacion y en los acuerdos para la productividad, México seguirá expuesto a reditar estas tragedias, puesto que las relaciones sociales seguirán gobernadas por la ley del más fuerte, es decir, por aquellos favorecidos que a cambio de inversiones frescas pueden pasar por el ojo de la aguja gracias a su poder material, así como por las influencias que de ello se derivan que los convierten en privilegiados con derechos a salvo. Y superar eso ya se ve más difícil si, en contrapartida, no se organiza la fuerza colectiva de los trabajadores con el respaldo de la sociedad civil y las fuerzas democráticas y, por consiguiente, sin la adopción hegemónica de una política democrática orquestada en y por el Estado. Sin embargo, ya hemos visto cómo en las circunstancias concretas se desestiman los planteamientos del mejor sindicalismo para hacerle concesiones a un empresariado que poco tiene de emprendedor y sí bastante de fruta crecida en el invernadero oficial, tantas veces dispuesto a salvar de su intolerable ineficacia a los grandes nombres y familias que capitanean fortunas inmensas y abusan a cambio de la mediocridad general de la economía y en nombre de la competencia, el mercado y la libertad individual.
Ahora que se habla sin cesar de los pactos y las reformas que el país necesita habría que poner en relieve la urgencia de impedir que se eternizaran como algo natural estas formas de capitalismo salvaje, a las que me referí hace siete años, caracterizadas “por las leoninas explotaciones privadas de riquezas públicas; salarios minúsculos e indiferencia criminal hacia las condiciones de trabajo; contubernio estratégico entre los charros, los patrones y el gobierno para aumentar la productividad”. Nada ha cambiado para mejor, como lo denuncian los mineros. La reforma laboral aprobada protege al capital, aunque éste sea insaciable y todo le parezca poco. Pero no iremos muy lejos mientras no se articule una política coherente dirigida a redistribuir mejor la riqueza, teniendo como eje la búsqueda de un orden más equitativo, menos brutal y polarizado que el que ahora existe. De no hacerlo pronto y con perspectiva de futuro los pactos firmados pueden quedarse en las buenas intenciones.
Habrá quien diga que esas son ideas anacrónicas que no se corresponden con la necesidad de convertir a México en un país moderno, capitalista de pleno derecho, donde no quepan ya los prejuicios nacionales, por ejemplo, los contenidos en el artículo 27 constitucional. Pero la experiencia de las últimas décadas comprueba que la riqueza del país no depende sólo de los negocios en marcha de los grandes capitales sino de las condiciones de vida de sus ciudadanos. Y ese es el gran pendiente. A este respecto habría que recordarle a los quisquillosos miembros de los clubes empresariales que le rinden culto el ángel de las privatizaciones lo que decía en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, el presidente Roosevelt: hemos llegado, escribe,
a la comprensión más clara de que la verdadera libertad individual no puede existir sin seguridad e independencia económicas. Los hombres necesitados no son libres. Las personas que tienen hambre, las personas que no tienen trabajo, son la materia prima de la que están hechas las dictaduras. Pero ya entonces, el autor de la II Carta de Derechos también temía la reacción derechista que sobrevino al restablecerse la paz.
Al cumplirse un aniversario más de la tragedia de Pasta de Conchos es evidente que México no saldrá de la profunda crisis que lo envuelve si lo que ocurre entre
los que menos tienen, como reza el eufemismo, es pura palabrería o apuesta para blanquear la fachada democrática con el consenso pasivo de los votos. Honor a los mineros que desde el fondo de la tierra nos recuerdan qué somos y dónde estamos.
Mucho trabajo-Hernández
El oficio
Olga Harmony
Una joven estudiante de periodismo me hizo un par de preguntas que me llevaron a reflexionar de nuevo acerca de mi oficio de crítica de teatro, lo que da pie a este artículo aunque ignoro si mi voz habla por mis colegas. El primer cuestionamiento de la estudiante se refiere a la diferencia entre críticos y reporteros, abriendo de nuevo el viejo debate de si el reportero debe emitir opiniones acerca de la escenificación vista, en el caso del teatro. A pesar de los muy conocidos casos de reporteros que se van especializando y acaban por ser críticos ejemplares, yo pienso que no, porque su materia de trabajo es muy otra, aunque el enfoque que dé a su nota es en sí mismo una especie de opinión; mientras el crítico ha de analizar cada uno de los elementos del montaje y fundamentar en lo posible sus juicios, el reportero describe lo que ocurre, hace entrevistas a los participantes o se hace eco de lo que se dice en las conferencias de prensa. Pero tiene grandes compensaciones, y lo digo con cierta envidia, en cuanto a las políticas culturales. A sus reportajes se les concede mayor espacio en los diarios, lo que incluye fotografías y por ende su peso ante la opinión pública es mucho mayor y no es extraño que un buen reportaje influya en otros, como una cadena y se llegue a alguna modificación de un hecho lesivo. En cambio, cuando el crítico desliza en su nota algún comentario de política cultural, ni quien haga caso. Por otra parte, está la estabilidad laboral. Los reporteros pertenecen a sindicatos que los defiendan en casos de injusticia, mientras los críticos, como colaboradores, no tenemos contratos (aclaro que no es mi caso, porque La Jornada es mi generoso lugar de trabajo, pero muchos padecen de ir del tingo al tango)
Vuelvo a lo anterior para marcar una gran diferencia. Llevo mucho tiempo hablando de la irregularidad de lo que ocurre en el Centro Cultural Helénico, cuyos espacios escénicos son rentados por Conaculta a un Instituto cuyos frutos no se conocen, pero que es dueño de los edificios de todo el centro con motivo de una donación que en su tiempo les hizo José López Portillo de lo que era un bien –por embargado pertenecía a la Secretaría de Hacienda– de la nación. La historia es larga y corto el espacio, por lo que me limitaré a volver a insistir en el sueño guajiro de que se deberían embargar y al, al parecer bastante mediocre, instituto convertirlo en otra cosa que tenga calidad y sea útil para los gremios artísticos sin afán de lucro. De nuevo pierdo el tiempo, lo sé pero no puedo remediarlo a la espera del gran reportaje que llame la atención y subsane el entuerto.
Otra pregunta de mi joven conocida fue acerca de la manera en que los críticos encaramos nuestros artículos, por lo que contesto con argumentos que muchos hemos venido repitiendo. Creo que todos tenemos o debemos tener, un código deontológico que nos impida traspasar ciertos límites. Si no es posible la objetividad, ya que muchos pensamos que no existe porque estamos marcados por nuestras vivencias, género, edad e ideología, hemos de tener imparcialidad dentro de lo posible. Cada vez nos atacan menos los teatristas insatisfechos, aunque algunos lo hacen de manera solapada y por Internet; en este caso no propiciamos críticas negativas: si el ataque es de alguien que no se respeta, simplemente se ignora y en todo caso no se vuelve a ver el trabajo de ese teatrista y si es de un creador apreciable se valora la siguiente escenificación y si se llega a una opinión favorable se pone por escrito. No es tan difícil hablar bien de un talento impertinente, lo es más ver negativamente una escenificación de algún teatrista a quien se estima y respeta. No hemos de lanzar datos que nos vienen a la mente si no los confirmamos porque nada es peor que una equivocación en un artículo de crítica (y en caso de equivocación, que yo las cometo y muchas, la honestidad debe llevarnos a una disculpa pública). Cada uno de nosotros tiene un método para su escritura y no es de extrañar tampoco si tenemos diferencias de criterio respecto a un montaje, que cada uno ve las cosas desde su perspectiva. Y, por último, escribir con un lenguaje claro y sin muchas citas, que el periodismo no es la academia.
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