Penultimátum
Censura en Irán
Los censores no aprenden. Repiten los mismos errores al prohibir un libro, una serie de televisión, una película, una canción. Por su obra cinematográfica y su militancia política, Jafar Panahi es persona no grata del gobierno de Irán. Hace tres años fue condenado a seis años de prisión por expresar públicamente su apoyo al candidato del Movimiento Verde, Mirhossein Musvai, durante las elecciones de 2009, en las que resultó relecto Mahmud Ajhmadineyad. Fueron comicios plagados de irregularidades. El cineasta filmó las grandes manifestaciones de la oposición y ese material fue utilizado por las agencias internacionales de noticias para mostrar la inconformidad de las personas con el régimen.
realizar películas, escribir guiones, viajar al extranjero o dar entrevistas a medios extranjeros o locales, durante los próximos 20 años. Luego de estar tres meses en la cárcel inició una huelga de hambre que sólo terminó cuando el gobierno resolvió que cumpliera el resto de su condena en su casa, previo pago de una fianza de 205 mil dólares.
Jafar Panahi tiene 50 años y es uno de los directores de cine más conocidos internacionalmente y de los más respetados por el pueblo iraní. En 1995 ganó la Cámara de Oro en el Festival de Cannes por la película El globo azul y en 2000 el León de Oro en Venecia por El círculo. Por eso cuando fue encarcelado llovieron las protestas de actores y realizadores de todo el mundo. Y es que en realidad lo que el gobierno estaba condenando era la obra cinematográfica de Panahi, quien luego de entrar a la cárcel dijo:
Juzgarme es juzgar al conjunto del cine comprometido, social y humanitario iraní; el cine que tiene la intención de situarse por encima del bien y del mal, el cine que no juzga y que no se pone al servicio del poder y del dinero, sino que hace lo posible por dar una imagen realista de la sociedad.
Cuando se pensaba que la represión oficial lo había silenciado, Panahi sorprendió a los censores y demás organismos que controlan la vida iraní al ganar el Oso de Plata del Festival de Berlín al mejor guión por su película Pardé (Cortinas cerradas) en la que cuenta cómo pasa sus días desde que está bajo arresto domiciliario. La hizo con la ayuda de su amigo Kamboziya Partovi, quien se encargó de enviarla a Berlín.
El gobierno iraní protestó ante los organizadores del festival por el premio otorgado, ya que en su país
hacer una película y enviarla al extranjero requiere una autorización del gobierno. Y no se hizo. Panahi no es el único cineasta censurado y encarcelado en Irán. Con él también fue condenado el joven director Mohammad Rasoulof. Y por los mismos delitos: conspirar y hacer propaganda contra el régimen.
Pardé ha sido invitada a participar en otros festivales.
Cooperación militar Brasil-Rusia
Raúl Zibechi
La visita del presidente ruso Dimitri Medvediev a Brasil supone un salto cualitativo en las relaciones entre ambos países. Aunque la gama de acuerdos alcanzados y en proceso de negociaciones abarca desde la apertura del mercado ruso a las exportaciones de carne y soya brasileñas hasta la formación del Banco de los BRICS, que será formalizado en la próxima reunión de los cinco gobiernos en marzo en Sudáfrica, lo más destacado es el avance en la cooperación militar entre las dos potencias emergentes.
Odebrecht firmó en diciembre un memorando de entendimiento con la rusa Rostechnologii para la creación de una empresa mixta para el montaje de helicópteros rusos Mi-171 en Brasil y un centro de servicios para los ya operativos Mi-35 (Defensa.com, 18 de diciembre de 2012). Pero la principal propuesta es la compra de baterías antiaéreas de alta tecnología Pantsir S-1, que puede incluir la transferencia de tecnología para su posterior fabricación en Brasil por Avibras, Odebrecht y Embraer.
Al parecer los militares brasileños estiman que el principal problema que deben afrontar es la insuficiente defensa antiaérea del país, que puede ser resuelto con la compra de uno de los más avanzados sistemas del mundo como el que ofrece Rusia ( Folha de São Paulo, primero de febrero de 2013). Para superar el
agujeroen la defensa –así lo denominan los uniformados– debe iniciarse una completa reorganización del sistema defensivo aeroespacial.
Entre los acuerdos bilaterales figura la inauguración en la Universidad de Brasilia de un punto de rastreamiento que forma parte del sistema de geo-localización ruso Glonass, el primero fuera del país y el único capaz de competir con el estadunidense GPS. Los rusos, por cierto, presionan para la venta de su caza Su-35, el más avanzado de su fuerza aérea, que compite con el francés Rafale y el F-18 Super Hornet de Boeing. Son éstos, justamente, dos de los tres aviones de combate que Brasil analiza, desde hace casi cinco años, para incorporar a sus fuerzas armadas.
La propuesta rusa llega justo después de que Dilma anunciara a François Hollande, poco antes de la visita a Moscú en diciembre, la decisión de congelar la compra de 36 cazas Rafale que está pendiente desde que en 2008 Lula y Nicolás Sarkozy firmaran un amplio acuerdo militar que incluye la cooperación técnica francesa para la fabricación de submarinos en Brasil. Aunque el gobierno de Dilma señaló que la compra se aplazó por razones de presupuesto, la mayor parte de los analistas registran un distanciamiento en las relaciones entre Francia y Brasil desde mayo de 2010, cuando se firmaron los acuerdos tripartitos (entre Irán, Turquía y Brasil) para resolver el conflicto en torno al programa nuclear iraní.
Bajo el actual gobierno Brasil viene apostando a una diversificación de sus alianzas, sobre todo en lo relativo a las compras de armamento, para evitar caer en una situación de dependencia con proveedores que pueden poner condiciones inconvenientes para los intereses del país. Días antes de recibir a la comitiva rusa, el ministro de Defensa, Celso Amorim, enfatizó en que su país apuesta a
conseguir un grado razonable de autonomía tecnológica e industrial para garantizarnos la defensa( O Globo, 17 de febrero de 2013). En la misma entrevista informó la decisión del gobierno de elevar la proporción histórica de inversiones del sector público en defensa, de 1.5 por ciento del PIB a 2 por ciento en esta década.
Brasil ya consolidó, según Amorim, asociaciones estratégicas con los países de la región por medio del Consejo Sudamericano de Defensa. Además de la participación argentina en el carguero KC-390 de la Embraer, Brasil compra lanchas fluviales a Colombia y participa en el proyecto de construcción de una nave de patrulla fluvial con Perú y Colombia. Fuera del continente está construyendo misiles aire-aire con Sudáfrica, mantiene una fuerte cooperación con China en el área espacial y en 2012 estableció acuerdos en el área de la industria militar con India.
En paralelo se está ultimando la venta de radares de la brasileña Mectron para equipar el caza Yak-130, avión de entrenamiento y ataque ligero ruso, según difundió O Estado de São Paulo (16 de febrero). De ese modo comienzan a intercambiar productos y tecnologías militares que interesan a ambos, lo que permite pensar en una cooperación a largo plazo, sobre todo si se confirma la fabricación de misiles y helicópteros en Brasil.
La crisis del viejo orden global está descosiendo el sistema de alianzas heredado de la guerra fría, mientras aún no se consolida el nuevo mapa del mundo. A eso llamamos inestabilidad, incertidumbre y reacomodos, un proceso de varias décadas que bien puede haber comenzado el 11 de septiembre de 2001 (ataques terroristas en Estados Unidos) o en octubre de 2008 (comienzo de la crisis económico-financiera), algo que podremos fechar con precisión cuando la situación comience a estabilizarse.
Lo más probable es que antes de la decantación de lo nuevo se produzcan conflictos y guerras más intensas aún, con su secuela de destrucción y muerte. Es la historia del capitalismo. Es, también, una ventana de oportunidades para los de abajo, siempre que seamos capaces de mirar la realidad de frente, sin hacernos ilusiones ni buscar atajos, y siempre que seamos capaces de perder el miedo a perder lo único que tenemos.
Referendos mineros locales: Kañaris, en Perú
Joan Martínez Alier*
En América Latina se ha recurrido a los referendos locales en conflictos mineros. Los precursores fueron Tambogrande, en el norte de Perú, y Esquel, en la Patagonia argentina, en 2002 y 2003. Aunque no se reconociera la validez jurídica de tales referendos, fueron efectivos para parar los proyectos auríferos.
Agro sí, mina no, se dijo en Tambogrande, un valle irrigado de la costa peruana. Otras consignas fueron:
Vida sí, mina no,
Agua sí, oro no. Los ejemplos de Tambogrande y Esquel fueron propagados por videos y apoyados por redes como el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) y por la página web nacida en Esquel
No a la Mina. No son casos NIMBY ( not in my backyard), sino manifestaciones del ecologismo popular e indígena, expresiones locales del movimiento global de justicia ambiental.
Hay unos 30 o 40 casos en América Latina bien documentados, con dos variedades principales. Unas son las consultas que apelan al Convenio 169 de la OIT, que dice que los pueblos indígenas pueden negar su consentimiento a la minería, plantaciones o extracción de petróleo o gas en sus territorios. En Guatemala ha habido muchas consultas de este tipo, la más famosa en Sipakapa, en el departamento de San Marcos. Sin alcanzar inmediatas victorias, por lo menos aumentan la legitimidad social de la oposición y retrasan los plazos de ejecución. En otros casos, son ciudadanos sin más (como en Perú, en el caso de Islay, en Arequipa) quienes organizan referendos siguiendo los precedentes de Tambogrande y Esquel. Una tercera vía es que el Estado pida un referendo local, como podría ocurrir en Uruguay con el proyecto Aratirí de minería de hierro (http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy-briefs-engov-01-2013_es.pdf).
Un caso actual enfrenta a la comunidad de Kañaris en Ferreñafe, Lambayeque (Perú), contra la empresa junior canadiense Candente Copper y contra el Estado peruano. Esa comunidad es de habla quechua, posiblemente antiguos mitimaes. El proyecto Cañariaco Norte supone una inversión de mil 500 millones de dólares y 110 mil toneladas de cobre al año durante 25 años. El 30 de septiembre de 2012 los comuneros (varones y mujeres) de los distintos caseríos de San Juan de Kañaris, acudieron a una consulta comunal. Una asamblea anterior (favorable a la minera) había tenido una exigua participación. El resultado final públicamente difundido fue de mil 896 participantes (casi la mitad del censo), de los cuales mil 719 votaron en contra del proyecto y 106 a favor, con 71 votos blancos y nulos. Al parecer no se apeló al Convenio 169 de la OIT, sino simplemente a la democracia local. Esta consulta contó con la presencia de la policía nacional y de organizaciones de apoyo: la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami), la Red Muqui, el llamado Comando Unitario de Lucha de Lambayeque. El Ministerio de Energía y Minas desconoció los resultados de la consulta a pesar de que el director de Energía y Minas de la Región de Lambayeque estuvo presente en el referendo. También la empresa Candente Copper rechazó el resultado y anunció que proseguiría con la exploración de cobre, oro y plata en tierras de Kañaris. Entretanto, el presidente de la comunidad pidió que se respete la voluntad de la población expresada en esa consulta con voto secreto.
A finales de 2012 hubo un corte de carreteras y un secuestro temporal de tres geólogos, formas de actuación practicadas a lo ancho del planeta. El 17 de diciembre de 2012, en un tira y afloja, la comunidad suspendió las protestas hasta que se presentaran las conclusiones del diálogo con las autoridades. La empresa ofreció entregar a los comuneros vecinos al proyecto un millón de acciones de la compañía una vez iniciada la construcción de la mina. El precio de esas acciones en la bolsa sube y baja según las noticias que llegan de Ferreñafe. El 11 de enero de 2013, el presidente de la comunidad, Cristóbal Barrios, anunció que la decisión de casi 4 mil comuneros era reiniciar las protestas en contra de la minera. El 25 de enero la policía atacó a comuneros que bloqueaban rutas y hubo varios heridos. El conflicto continúa.
* Catedrático de economía e historia económica en la Universidad Autónoma de Barcelona
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