LAS MAS DEL 27 DE FEBRERO DE LA PORTADA DE LA JORNADA EN INTERNET

Días de gloria

El entonces gobernador Enrique Peña Nieto y Elba Esther Gordillo durante la entrega del edificio de la sección 36 del SNTE, en el estado de México, el 19 de noviembre de 2010 

Foto La Jornada

La maestra fue detenida por malversar cuotas del SNTE

Muestra Peña su poder

; cae Elba Esther Gordillo

La PGR la acusa de lavar dinero por más de 2 mil millones de pesos

Documenta que fueron usados en aeronaves, tarjetas de crédito y cirugías

Desde 2008 hubo desvío sistemático de recursos de cuentas gremiales

De la gloria a la cárcel

La maestra, presa es acusada de lavado dinero

Gordillo Morales fue detenida en el aeropuerto de Toluca

Desvió más de 2 mil millones de recursos del SNTE

El titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, al dar aconocer en conferencia de prensa la aprehensión de Elba Esther Gordillo Morales, presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por el presunto delito de operación con recursos de procedencia ilícita

Foto Notimex

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

 

Miércoles 27 de febrero de 2013, p. 2

La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a Elba Esther Gordillo Morales, lideresa vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) que superan los 2 mil millones de pesos, que fueron desviados de las cuotas que pagan los docentes a su organización gremial, y se emplearon para pagar cirugías, mantenimiento de aeronaves, entrenamiento de pilotos, pagos de tarjetas de crédito y compras en una tienda de artículos de lujo de Estados Unidos.

En conferencia de prensa, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, y el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Alfredo Castillo Cervantes, explicaron que la detención de Elba Esther Gordillo –que tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca, estado de México– y otras dos personas se sustentó inicialmente en la investigación que se realizó como parte de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual detectó una operación, de las que llaman los bancos inusuales, por 2 millones 600 mil pesos en favor de Nora Guadalupe Ugarte Ramírez.

En la sede de la PGR, Murillo Karam señaló que al analizarse esta operación se evidenciaron múltiples transferencias dentro del sistema financiero por una cantidad superior a 2 mil millones de pesos, detectándose que sus ingresos provenían por lo menos de dos cuentas bancarias pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

A raíz de esa pesquisa, agregó el funcionario, se amplió la indagatoria para verificar los destinos de los recursos retirados de dichas cuentas, cuyos números son 5637017000001663 y 5637017000003616 de Banco Santander de México.

Explicó que el SNTE posee cerca de 80 cuentas, y de ellas sólo dos han sido analizadas por las operaciones inusuales.

De acuerdo con la información difundida, el Ministerio Público Federal obtuvo el sábado 23 de febrero la orden de aprehensión contra la profesora y al menos otras seis personas, por ser presuntas responsables del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre los que se encuentran José Manuel Díaz Flores, presunto coordinador de finanzas del Partido Nueva Alianza (Panal) en el estado de México; Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, encargada de la caja de ahorro del SNTE, e Isaías Gallardo Chávez, auxiliar administrativo del sindicato.

La indagatoria “identificó que durante el periodo de 2008 a 2012 se desviaron sistemáticamente recursos de las cuentas del SNTE a cuentas de personas físicas, que posteriormente fueron retirados en gran parte mediante cheques de caja y transferencias, triangulando recursos a cuentas de personas físicas y morales, nacionales y extranjeras.

Las tres personas físicas que concentraron la mayor parte de los recursos, según la PGR, fueron Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, quienes no estaban autorizados legalmente para el manejo de las cuentas del sindicato, y además los tres utilizaron cuentas personales ajenas al SNTE, explicó Murillo Karam en la conferencia de prensa que se realizó de manera intempestiva, pues se citó a los medios de comunicación minutos después que se concretó la captura de Elba Esther Gordillo, cuando regresaba de un viaje de Estados Unidos.

La detención la llevaron a cabo agentes de la Policía Federal Ministerial dirigidos por Vidal Diazleal Ochoa, jefe de la corporación, y después, con apoyo de la Secretaría de Marina, Gordillo fue trasladada en un avión de esa dependencia al hangar de la PGR, ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Ahí, fue revisada por un médico, que ella misma solicitó, quien certificó que se encontraba en buen estado de salud. Más tarde sería puesta a disposición del juzgado sexto de distrito en materia penal.

Las investigaciones de la PGR detectaron que entre las transferencias y los depósitos realizados, uno de los beneficiarios fue la empresa Gremio Inmobiliario El Provisor, SA, de la cual son accionistas Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, y que en esos movimientos financieros estuvo involucrada Gordillo Morales.

De acuerdo con la indagatoria, entre marzo de 2009 y enero de 2012 Nora Guadalupe Ugarte Ramírez realizó 22 transferencias a la cadena de tiendas departamentales de lujo Neiman Marcus, en Estados Unidos, por 2 millones 100 mil dólares, que equivalen a unos 27 millones 267 mil pesos.

Isaías Gallardo Chávez realizó transferencias bancarias internacionales, también a Neiman Marcus, por la cantidad de 900 mil dólares, que equivalen a 12 millones 255 mil pesos; de éstas, una importante cantidad fueron realizadas para pagar la tarjeta número 047970004041 a nombre de Elba Esther Gordillo Morales. El dinero salió de las cuentas del SNTE, agregaron Murillo Karam y Castillo Cervantes, quienes apoyaron sus explicaciones con una presentación de computadora, en la cual se explicó la red de vínculos.

El destino de los recursos. entre otras muchas cosas, se ocupó para pagar una tarjeta de crédito a Neiman Marcus por una cuenta que asciende a cerca de 3 millones de dólares, cerca de 40 millones de pesos.

Además se encontraron una serie de depósitos por lo menos por 2 millones de dólares, mediante transferencias bancarias a Suiza y Liechtenstein, a nombre de Comercializadora TTS de México, de la cual era propietaria de 99 por ciento de las acciones la fallecida madre de Elba Esther Gordillo Morales.

Esa empresa sirvió para adquirir varias propiedades, entre ellas dos casas en la Isla Coronado, en San Diego California, señaló el titular de la PGR.

También se detectó que de enero de 2010 a 2011 se realizaron pagos a Ademex, empresa dedicada a la venta de aeronaves ejecutivas, por un total de 2 millones 682 mil 365 dólares, es decir, 34 millones 540 mil pesos.

Además, Isaías Gallardo transfirió a esa empresa 688 mil dólares, que equivalen a 9 millones 400 mil pesos, para entrenar pilotos, refacciones de avión y mantenimiento, y para el pago de hangares, todo esto de la misma cuenta, y esa aeronave es exactamente la que usa en forma personal y reiterada Elba Esther Gordillo Morales.

De julio de 2011 hasta enero de 2012, Nora Guadalupe Ugarte realizó cuatro transferencias por 17 mil 263.29 dólares a clínicas y medios relacionados con cirugía estética y reconstructiva, así como a hospitales en el estado de California, Estados Unidos, que fueron realizadas con la referencia específica de Elba Gordillo.

Claramente estamos ante un caso en que los recursos de los trabajadores al servicio de la educación han sido ilegalmente desviados de su objeto, beneficiándose varias personas, entre ellas Elba Esther Gordillo Morales, y otras cuyas responsabilidades se determinarán conforme continúan las investigaciones, afirmó Murillo Karam.

Aseguró que la lideresa magisterial declaró al fisco ingresos durante los años 2009 a 2012, por un total de un millón 100 mil pesos, cantidad muy inferior a los depósitos y operaciones antes relatadas que fueron realizadas durante los mismos años.

 

Las imputaciones de testigos protegidos no se sostienen

Cierra PGR casos de Cavazos Lerma y Eugenio Hernández

Los ex gobernadores eran indagados por lavado y delincuencia organizada

Las averiguaciones fueron abiertas durante la gestión de Marisela Morales

Sólo queda viva la acción judicial contra Tomás Yarrington Ruvalcaba

El MPF no pudo acreditar acusaciones de testigos protegidos

Se desiste la Seido de acción penal contra Cavazos Lerma y Hernández Flores

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Miércoles 27 de febrero de 2013, p. 18

La Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (Seido) determinó no ejercitar acción penal contra los ex gobernadores de Tamaulipas Manuel. Cavazos Lerma y Eugenio Hernández Flores, quienes eran investigados por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Funcionarios federales señalaron que las imputaciones realizadas por testigos protegidos no pudieron ser acreditadas por el Ministerio Público Federal (MPF), y por esa razón dio por concluida la averiguación previa iniciada durante la gestión de Marisela Morales Ibáñez. El expediente se convirtió en uno de los casos emblemáticos de la administración de Felipe Calderón.
De acuerdo con las fuentes consultadas, la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, dentro de la cual solamente se ejercitó acción penal contra el ex mandatario Tomás Yarrington Ruvalcaba, ya fue enviada al archivo, debido a que no se encontraron elementos que comprobaran los testimonios de testigos protegidos, uno de ellos con la identidad clave de Pitufo, el cual fue utilizado en diversas indagatorias, entre ellas la que involucra a cuatro generales del Ejército Mexicano, como Tomás Ángeles Dauahare, con miembros de la delincuencia organizada.
El cierre de la averiguación previa –siempre a decir de los funcionarios entrevistados– ocurrió hace tres semanas, luego de que el asunto fue puesto a consideración de los altos mandos de la PGR, y se concluyera la falta de elementos para proceder penalmente contra Manuel Cavazos Lerma y Eugenio Hernández Flores.

Dentro de la indagatoria, la PGR solicitó en 2012 a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que no permitiera viajar al extranjero a los ex mandatarios locales y a sus familiares, situación que ya fue desactivada, indicaron los informantes.

Entre los ex colaboradores o socios de Eugenio Hernández que fueron detenidos para ser investigados como prestanombres, dos de los cuales se convirtieron en testigos protegidos, se encuentran Napoleón Rodríguez de la Garza, Eduardo Rodríguez Berlanga y Zonia de Pau García, ex esposa de Fernando Cano Martínez, quien había sido identificado como lavador de dinero procedente del narcotráfico, el cual era recibido supuestamente por el ex mandatario como pago por proteger las operaciones del cártel de Los Zetas.

El caso de Yarrington se resolverá en tribunales

En el caso de Tomás Yarrington, se libró una orden de aprehensión que no ha sido cumplimentada, y dentro de su proceso sus abogados han solicitado diversos amparos pidiendo la protección de la justicia federal y asegurando que la PGR le inventó cargos, en colaboración con testigos protegidos.

A ese respecto, las fuentes consultadas señalaron que su caso se resolverá en tribunales y que serán éstos los que determinen si existen pruebas para proceder en su contra, ya que en este momento la Seido no se desistirá de la acción penal.

 

 

 

El registro fue elaborado por el gobierno anterior, informa la subsecretaria Lía Limón

Los subsecretarios de Gobernación, Eduardo Sánchez y Lía Limón, ofrecieron una conferencia de prensa en la que informaron sobre una lista de personas no localizadas. La mayor parte de los nombres (20 mil 915) se desprenden de averiguaciones previas, actas circunstanciadas o carpetas de investigación. El resto, 5 mil 206, está pendiente en su evaluación, se especificó 

Foto Roberto García Ortiz

El registro fue ‘‘elaborado por la administración anterior’’, informa Lía Limón

Posee el gobierno lista de más de 26 mil ‘‘personas no localizadas’’

Casi 21 mil nombres se desprenden de averiguaciones previas, actas o carpetas de investigación

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Miércoles 27 de febrero de 2013, p. 11

El gobierno federal informó ayer que posee una lista de 26 mil 121 ‘‘personas no localizadas’’, registro ‘‘elaborado por la administración anterior’’, con base en hechos ocurridos durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

La mayor parte de los nombres (20 mil 915) se desprenden de averiguaciones previas, actas circunstanciadas o carpetas de investigación, mientras que del resto (5 mil 206) está pendiente su evaluación, precisó Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG).
Limón reveló la semana pasada que la Procuraduría General de la República (PGR) le había entregado a Gobernación una base de información con ‘‘más de 27 mil casos’’ de personas desaparecidas en México. Enseguida, el procurador Jesús Murillo Karam advertía que la búsqueda no sería fácil. ‘‘Lo vamos a intentar… Les dije a quienes nos han visitado, como deudos de este tipo de cuestiones: no me puedo comprometer a encontrarlos ni me puedo comprometer a encontrarlos vivos o muertos; les aseguro que a lo que sí me puedo comprometer es que haremos todo lo que está en nuestras manos’’, expresó.
El titular de la SG, Miguel Ángel Osorio Chong, había dicho antes que en el sexenio pasado hubo al menos 70 mil muertes –de hechos vinculados con el crimen. Seis días después, la subsecretaria Limón confirmó, con algunos matices, el tamaño de esta lista, la cual será depurada por la PGR, en coordinación con las procuradurías estatales de Justicia, por lo que descartó que exista una clasificación, por ejemplo, de desapariciones forzadas (con la participación de policías y/o militares), como lo denunció la organización internacional Human Rights Watch (HRW) o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Lo anterior –explicó la funcionaria– porque es probable que muchos de quienes acuden ante la autoridad a reportar a una persona ausente –por diversas causas, algunas vinculadas a la movilidad migratoria– ya no reportan ante las mismas instancias oficiales cuando encuentran a su familiar.
Fuentes gubernamentales indicaron que la presentación de la lista de desaparecidos ‘‘es un primer acercamiento’’ a la problemática y, de un análisis inicial y preliminar, se detectó a ‘‘cientos’’ de personas reportadas como ausentes, aunque en realidad se trata de personas que estuvieron o están en centros de reclusión.
Indicaron que en el cotejo se parte del concepto ‘‘personas no localizadas’’, pero hay por delante un trabajo arduo de actualización con las procuradurías estatales. Revelaron que la lista que el año pasado fue filtrada al periódico estadunidense The Washington Post ‘‘sí existió, pero la administración anterior consideró que era necesario mantenerla como documento confidencial, precisamente porque no era una lista depurada, cotejada’’.
Habrá que hacer el respectivo análisis –añadieron– con el Instituto Nacional de Migración (INM) para ampliar los hallazgos y destino de migrantes que transitaron durante el sexenio pasado por México y que posiblemente fueron víctimas de hechos vinculados a la trata de personas o a grupos de la delincuencia organizada.

Este martes, Limón reiteró que el origen de esta base de datos es el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información de Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la PGR, el cual se alimentó, a su vez, de información de las procuradurías estatales en el contexto de dos sesiones de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en 2011, así como del Encuentro Nacional de Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de Procuradores de Justicia, en septiembre de 2011.

Asimismo, de la quinta sesión ordinaria del Comité Técnico de Certeza Jurídica y Respeto de los Derechos Humanos, en septiembre de 2012, también con fundamento en el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas.

Tanto la subsecretaria Limón como el subsecretario de Normatividad de Medios de la SG, Eduardo Sánchez, presente en la conferencia de prensa, afirmaron que desconocen las fuentes de información del anterior titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Oscar Vega, quien desde el viernes rechazó la validez de la lista de ‘‘más de 27 mil’’ desaparecidos que ayer, no obstante, refrendó Gobernación.

Esta base de datos es pública desde la tarde de ayer y se puede ubicar en la página electrónica del SNSP. En este espacio no se difunden los nombres –por apego a la norma de protección de datos personales– y sólo se establecen los siguientes rubros:

Fecha de desaparición, hora de la misma, país en que ocurrió, entidad federativa, municipio, localidad, así como género de la víctima y señas particulares, como tatuajes.

La subsecretaria precisó que los mil 708 casos reportados por la Procuraduría de Atención a Víctimas (Províctima) corresponden al número de expedientes de familiares de desaparecidos que ha atendido de manera directa esta instancia, la cual refrendó en un comunicado que de mil 734 servicios otorgados a familiares, 169 personas han sido localizadas, 75 por ciento con vida.

Limón aseveró que la administración actual ‘‘no prejuzga’’ el motivo de la ausencia de personas no localizadas y puntualizó que esta condición no necesariamente tiene que ver con hechos vinculados al crimen.

Subrayó que el principal interés del gobierno de Enrique Peña Nieto es la localización de las personas, más allá de las estadísticas.

‘‘Lo más importante para el gobierno de la República son las personas y tenemos muy claro que detrás de los datos estadísticos hay seres humanos que nos merecen respeto’’, dijo.

Anunció que se trabajará en protocolos de búsqueda con el apoyo de instancias nacionales e internacionales, en el contexto de convenios como el firmado la semana pasada con el Comité Internacional de la Cruz Roja o la propia Human Rights Watch, a la que pedirán –dijo– que comparta su base de datos.

Al final de la conferencia, en la que sólo se aceptaron cinco preguntas de reporteros, se le preguntó a la funcionaria si existe ya un reporte de desaparecidos registrados durante la actual administración, pero no hubo respuesta y se dio por concluida la rueda de prensa.