Astillero
Verde podrido
El Torito, lo de menos
Alianzas con el PRI
Semarnat, Chiapas, Q. Roo
Julio Hernández López
EN EL AUDITORIO NACIONAL. Enrique Peña Nieto presidió anoche el concierto de las orquestas Sinfónica del Ejército y Fuerza Aérea y Filarmónica de la Armada de México, con motivo del centenario del Ejército Mexicano
Foto María Meléndez Parada
Un incidente menor ha vuelto a poner bajo la lupa las características de un partido político, el Verde Ecologista de México, y de sus dirigentes, legisladores y funcionarios públicos. El personaje más conocido de ese entorno, Jorge Emilio González Martínez (llamado el Niño Verde aunque está por cumplir 41 años), fue enviado a una cárcel preventiva luego de que en un retén policiaco de la ciudad de México se encontró que había tomado bebidas embriagantes por encima del límite permitido para seguir manejando vehículos automotores.
Fiel a su estilo, González Martínez trató de hacerse pasar por un nombre distinto al real, amenazó a quienes cumplían con su deber y acabó tramitando una presurosa solicitud de amparo de la justicia federal para no seguir en el arresto que cada fin de semana cumplen rigurosamente decenas de infractores (el senador verde aprovechó las bondades del recurso de amparo, cuyo objetivo es frenar las presuntas injusticias de una autoridad contra un ciudadano, porque tenía frío, hambre y sed, según ayer explicó, al tiempo que anunciaba que está dispuesto a reponer las horas de reclusión que escamoteó).
El programa Conduce sin alcohol (tal es el nombre en el Distrito Federal) ha servido para reducir el número de accidentes, lesiones y muertes que en las noches y madrugadas de los fines de semanas produce el promovido estilo de diversión juvenil que combina alcohol, drogas, alta velocidad e imprudencia vial en general. La nobleza de sus propósitos, los buenos resultados obtenidos y una aureola de imparcialidad que no ha sido nada fácil de sostener ante los naturales embates de la corrupción y los
influyenteshan hecho que tales retenes con alcoholímetros, sus molestias e incluso en ocasiones sus injusticias, sean sobrellevados por los ciudadanos y apoyados en términos generales.
Pero lo sucedido el fin de semana con el senador González Martínez es un asunto menor, ínfimo si se le compara con el conjunto de agravios que a la sociedad, a la política, al civismo y a la ética ha causado el tal partido Verde y la mayoría de quienes le han aprovechado para encaramarse en cargos de gobierno y de representación pública. Inequívocamente fundado con la vista puesta en los réditos que produce el combinar la simulación partidista con los negocios familiares y grupales, el proyecto de lo que hoy es el Verde nació en 1986, en pleno furor de los ánimos transexenales del salinismo. Su primer presidente fue Jorge González Torres, miembro de una familia de empresarios farmacéuticos a la que pertenece Víctor, conocido como el doctor Simi, quien también quiso en años anteriores ganar capital político y cuyos negocios han sido beneficiados por el sobrino Jorge Emilio, cuyo abuelo fue Emilio Martínez Manautou, quien fue gobernador de Tamaulipas y también, indicativamente, secretario federal de salud.
El Verde ha consumido una enorme cantidad de recursos públicos desde 1993, cuando consolidó su registro como partido político, siempre bajo el control de la familia González. Viajes, fiestas, banquetes, becas, compra de mobiliario y renta y compra de inmuebles sin control son algunos de los rubros en los que esos
jóvenesde élite han gastado el dinero que el Estado sustrae a otros rubros sociales para dedicarlo a las prerrogativas de los partidos políticos. Todo vale siempre y cuando haya un recibo o factura que cumpla los requerimientos fiscales y, en el mundo de la falsificación y el engaño, los líderes del partido familiar y grupal
compruebantodos los gastos y siguen recibiendo año con año sus partidas presupuestales.
El éxito del negocio ha radicado en alquilarse para alianzas con otros partidos. En 1988, sin registro, el Verde apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas. Pero el despegue real fue a partir de 2000, con Vicente Fox, aunque al año siguiente se desmarcaron del ex gerente de la Coca Cola para empezar el largo romance electoral con el PRI, cuya más reciente ganancia ha sido ni más ni menos que la secretaría del ramo (con Juan José Guerra Abud en la Semarnat, quien el año pasado era coordinador de los diputados del PVEM en San Lázaro), una gubernatura (con el Niño Chiapas: Manuel Velasco Coello, garante de negocios para una amplia pandilla de saqueo que incluye como socios menores a los
ecologistas) y una senaduría para González Martínez, a pesar del escándalo de la caída mortal de la joven Galina Chankova Chaneva de un departamento de lujo en Cancún donde se celebraba una fiesta
intensa, como son las que suelen realizar los
jóvenesque usufructúan el negocio del PVEM.
Esa organización jamás ha defendido de verdad causas ecológicas, sino todo lo contrario, pues el membrete y las diputaciones y senadurías han servido para gestorías corruptas de negocios dañinos para el medio ambiente (una muestra de esas maquinaciones bajo soborno fue grabada y difundida por televisión en 2004, con el mismo González Martínez apuntándose para ser beneficiario de dos millones de dólares en Cancún).
Si Peña Nieto estuviera genuinamente interesado en una depuración de factores que dañan a la sociedad, como sugiere hacerlo en el caso del sindicato magisterial y como presuntamente estaría encaminándose en el caso de las televisoras y otros poderes fácticos amenazados por las reformas a la ley de amparo, debería considerar la necesidad de zafarse de esa alianza perversa que realizó con un partido de tan deteriorada imagen (aunque también reciba inyecciones de
popularidadmediante personal de Televisa alquilado para
avalarla propaganda mentirosa del Verde).
También sería necesario, por exigencias de salud pública, desmontar el tramado de corrupción, tráfico de influencias e impunidad que se ha tejido en Quintana Roo, Chiapas y la Semarnat. Y, desde luego, que el falso Niño Verde fuera consignado judicialmente no por el caso del alcoholímetro y El Torito (infracciones administrativas), sino por otros que han sido igualmente guardados bajo la alfombra del olvido y la impunidad. Y, mientras Beltrones se pone muy Martí (gobernadores: si no pueden, renuncien), ¡hasta mañana!
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Niño héroe verde-Rocha
Pasta de Conchos, vergüenza histórica
Napoleón Gómez Urrutia
Miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana marchan hasta el Ángel de la Independencia y colocaron réplicas de féretros en memoria de los trabajadores muertos en yacimientos
Foto Carlos Ramos Mamahua
En Chile rescatados, en México abandonados
Hoy se cumplen siete años de impunidad, abandono y agresión que Grupo México cometió en contra de los 65 trabajadores mineros caídos en la mina ocho de Pasta de Conchos, municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila. Una tragedia que ha mostrado la complicidad evidente y la corrupción de políticos y burócratas para proteger un caso claro de negligencia criminal de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco y su empresa, los cuales se han comportado con absoluta perversidad, irresponsabilidad e indiferencia.
El mundo recuerda el éxito que los mineros de Chile tuvieron en octubre de 2010, al rescatar con vida a 33 trabajadores atrapados a 750 metros de profundidad en San José de Copiapó, después de 69 días de que ocurrió el derrumbe de la mina. En México no se olvida el coraje y la tristeza ante la explosión de la mina de carbón de Pasta de Conchos, donde Grupo México, Vicente Fox y Larrea abandonaron a los 65 trabajadores atrapados a sólo 120 metros de profundidad, al quinto día de una simulada escenografía de rescate. Fox, Francisco Javier Salazar, entonces secretario del Trabajo, y principalmente Germán Larrea, decidieron cerrar la mina, sin saber si los mineros estaban con vida. Todo con la intención de ocultar las causas que motivaron la tragedia, es decir, la negligencia criminal y la arrogancia e irresponsabilidad con que Grupo México, directivos, socios y cómplices han actuado y se han mantenido en la penumbra.
El homicidio industrial que se cometió allí sigue sin investigación y sin castigo para los responsables. Una vergüenza histórica que el sindicato denunció en muchas ocasiones y que no debe continuar más, porque daña la imagen de México y revela un sistema de protección ilegal y absurdo que denigra al sistema de justicia mexicano. Un país sin estado de derecho es un país sin futuro, que va al fracaso. El absurdo es que durante siete años se ha degradado la posición de respeto hacia México en el panorama político y jurídico internacional, sólo para proteger a un pequeño grupo de empresarios encabezado por Larrea, que no valoran ni respetan la vida ni la salud de sus empleados y trabajadores.
El deprimente papel de perversidad, abuso y corrupción que ese núcleo ha impuesto a nuestro país no se lo merecen México ni los mexicanos. La cobardía de ese grupo no puede representar ni transmitir la imagen de una nación integrada en su mayoría por gente decente. La clase trabajadora y las familias esperan que el actual gobierno anuncie las tareas de recuperación de los cuerpos abandonados, 63 de ellos en el fondo de la mina. Que se abra una investigación para determinar las causas del siniestro y se castigue a los responsables del nivel que sean y que se obligue a Grupo México a indemnizar con dignidad y justicia a los familiares de los mineros caídos en ese terrible y denigrante crimen.
Hoy debemos recordar que ni Germán Larrea, ni los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón se presentaron jamás a la mina para ordenar y vigilar que se realizaran las tareas de rescate, ni siquiera para dar el pésame y los apoyos necesarios a todos los afectados por esa explosión, producto de la avaricia, la ambición, la arrogancia y la negligencia criminal.
El gobierno actual no sólo se diferenciaría de la cobardía de esos siniestros personajes, sino que crecería enormemente en su prestigio político y como administración que garantiza los derechos humanos. Hoy, este 19 de febrero en que se cumplen siete años de esos hechos bochornosos e inolvidables, los accionistas, directivos, socios y cómplices de Larrea y Grupo México, entre los cuales se encuentra algún ex presidente, deben estar escondidos para no mostrar la cara de cinismo y vergüenza que eternamente llevarán. Hasta ahora, nada ni nadie los ha hecho reaccionar, porque se sienten protegidos y dueños del mundo de fantasía y corrupción en que han convertido a nuestro gran país. Por el contrario, les han permitido esconderse en la impunidad, corrompiendo periodistas y medios de comunicación, abogados mercenarios, jueces, cámaras empresariales como la minera o la del acero, políticos y ex trabajadores vendidos y sometidos de la manera más vulgar y corriente a sus intereses. En esos medios se ha perdido la dignidad al utilizar gente sin escrúpulos para pervertir y deformar la realidad y la justicia, en los cuales se promueven linchamientos públicos absolutamente falsos y calumniosos sin recato y sin ética.
Ellos deben pedir perdón y dar una explicación a las familias, al sindicato de mineros, al pueblo de México y al mundo entero que los observa permanentemente. El gobierno de hoy tiene que dar una lección de honor y de moral al determinar que se haga justicia en Pasta de Conchos, caiga quien caiga. Nadie puede o debe estar por encima del marco legal por muy poderosos que parezcan o se crean, ni por muchas inversiones falsas que anuncian en su propio beneficio para impresionar a políticos superficiales, sin revelar los elevados costos humanos y sociales, la explotación indiscriminada de los recursos naturales, la contaminación de pueblos y comunidades, la evasión fiscal y la permanencia de un sistema de privilegios e impunidades del cual el pueblo de México ya está cansado y desesperado.
La corrupción, el cinismo y las actitudes demenciales de Larrea y sus socios no tienen límite, más que el de la fuerza de quienes buscamos que se haga justicia y la aplicación correcta del estado de derecho por parte del Estado Mexicano.
En Chile rescatados, en México abandonados. Una vergüenza permanente que siempre llevarán los responsables en sus conciencias manchadas de sangre minera. Este homicidio industrial como lo califiqué entonces y hoy es abiertamente reconocido como tal, nunca debió suceder y jamás debe repetirse. Por ello se requiere un ejemplo digno en la aplicación correcta y de buena fe de la justicia, por el bien de la educación y de los principios y valores de las actuales y futuras generaciones.
Fallas de fondo-Fisgón
Pasta de Conchos: siete años de impunidad
El 19 de febrero de 2006 una explosión derrumbó un tramo de socavón en la explotación carbonífera de Pasta de Conchos, lo que causó la muerte de 65 mineros que se encontraban en el interior. En los días siguientes el Grupo México, propietario de la mina, y el gobierno de Vicente Fox, ocultaron y distorsionaron la información sobre lo que ocurría bajo la superficie terrestre, obstaculizaron intentos de mineros por rescatar a sus compañeros atrapados y, ante las críticas formuladas por el dirigente del sindicato del ramo, Napoleón Gómez Urrutia, emprendieron una persecución judicial en su contra que, hasta ahora, se ha exhibido como injustificada.
Desde entonces, el gobierno de Fox y el de su sucesor, Felipe Calderón, hicieron cuanto pudieron por encubrir lo que se ha ido revelando como un crimen industrial con complicidades en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS): el consorcio propietario de la explotación omitió en repetidas ocasiones la observancia de las medidas de seguridad prescritas por esa dependencia federal, y ésta se abstuvo de obligar a la patronal a establecerlas. Por otra parte, una vez que fue evidente que las víctimas del accidente no podían estar con vida, Grupo México intentó dividir a los deudos y acallarlos con ofrecimientos de indemnizaciones ínfimas e indignas, y tanto la autoridad como la empresa se negaron a emprender, e incluso a permitir, el rescate de los cuerpos.
A siete años de la tragedia no se ha realizado una investigación seria para esclarecer y deslindar las responsabilidades en que pudieron incurrir los directivos de la empresa y los funcionarios públicos que solaparon su indolencia; los deudos de las víctimas siguen esperando justicia y las prácticas de riesgo extremado e innecesario siguen siendo comunes en la minería mexicana, impulsadas por la desmedida avaricia de los inversionistas y administradores y por la ineficacia y la falta de voluntad de las autoridades.
Si en verdad existe en el nuevo gobierno el propósito de tomar distancia con respecto a las políticas laborales del anterior, la revisión exhaustiva y justa de lo ocurrido en Pasta de Conchos, así como la reactivación de las pesquisas judiciales correspondientes, serían medidas obligadas para empezar a hacer realidad las promesas empeñadas e iniciar en ese punto la dignificación del trabajo de los mineros.
Más allá de la necesidad de hacer justicia en torno a la tragedia de esa mina coahuilense, se requiere de una política laboral que contribuya a reducir en forma significativa los peligros que afrontan día con día los trabajadores del sector extractivo y establezca condiciones de trabajo que se distingan de la explotación inicua. Porque entre la miseria, el sufrimiento y el peligro en el que se desenvuelven los mineros, y las fortunas que amasan y multiplican los consorcios mineros nacionales y extranjeros, hay un contraste tan desmesurado que convierte en letra muerta la legislación laboral, contribuye a la degradación moral y pone en cuestión la existencia de estado de derecho y de normalidad democrática en el país.
Policía comunitaria-Magú
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