Bebesaurio verde, la anomalía política
Jorge Emilio González, líder de la bancada del PVEM en el Senado.
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (apro).- Si Chabelo a sus varias décadas de edad puede disfrazarse de niño y promover como “programa infantil” una emisión dominical en Televisa dedicada al consumo de comida chatarra, por qué no Jorge Emilio González Martínez, a sus 41 años, puede seguir siendo denominado el Niño Verde cuando tiene una trayectoria digna de dinosaurio político: dos veces diputado federal, dos veces senador (ahora por Quintana Roo), sin ninguna iniciativa de ley que se le recuerde y con muchos escándalos de junior en su trayectoria como heredero de una franquicia familiar que se vende al mejor postor (al PRD, al PAN y ahora al PRI).
De vez en vez, Jorge Emilio nos sorprende con alguno de sus escándalos. En febrero de 2004 apareció en una videograbación cuando le pedía dos millones de dólares a un empresario para hacer trámites. Un coyote de lujo. El escándalo fue perdonado por Televisa y TV Azteca, y sepultado por los videoescándalos promovidos por la televisora de Azcárraga Jean, por Salinas de Gortari y por Carlos Ahumada en contra de Andrés Manuel López Obrador.
Hace año y medio, en vísperas de los comicios federales de 2012, la joven extranjera Galina Chankova Chaneva “se cayó” (¿o fue arrojada?) en un departamento de lujo en la zona hotelera de Cancún. Se celebraba una fiesta típica de la pandilla de juniors que se han adueñado del presupuesto y de los grandes negocios de Cancún.
Resultó que ese y otros departamentos pertenecían a Jorge Emilio. El Bebesaurio Verde se justificó diciendo que nunca estuvo en esa reunión. Y el caso fue sepultado en la opacidad absoluta. A pesar de ese escándalo, el PRI lo cobijó y aceptó que el dueño de la franquicia familiar llamada Partido Verde fuera el candidato a senador por Quintana Roo. El convenio de coalición para el 2012 con este partido incluyó una cesión importante de candidaturas, incluyendo la de gobernador en Chiapas para Manuel Velasco.
Desde la llegada de Vicente Fox al poder, el ascenso del PVEM ha sido imparable. Fue una creación original de Manuel Camacho y de Marcelo Ebrard, cuando ambos gobernaban el Distrito Federal en el gobierno de Carlos Salinas. Necesitaban ambientalistas dóciles y funcionales a su proyecto. Ebrard fue diputado federal por este partido. Y luego se distanciaron. El PVEM rompió con el PRI y apoyó a Fox en la campaña del 2000. A partir del 2006 se inauguró como el partido franquicia de la telebancada.
El PVEM fue expulsado de la coalición internacional de partidos, precisamente por sus plataformas a favor de la pena de muerte a secuestradores, o su apoyo a grandes trasnacionales de los productos transgénicos. Bajo el argumento de captar el voto joven, despistado y telegénico, el PVEM ha sabido sobrevivir y convertirse en la cuarta fuerza política en el Congreso. Incluso, ya tiene un cargo en el gabinete de Peña Nieto: el titular de Semarnat, Juan José Guerra Abud, fue el coordinador de la bancada de este partido.
A varios meses de iniciada la presente legislatura, al senador Jorge Emilio no se le recuerda por ninguna participación destacada en la reforma laboral, en la reforma educativa o en las discusiones sobre la Ley de Telecomunicaciones.
Mucho menos se ha pronunciado en la Cámara alta frente al proyecto Dragon Mart que se pretende construir precisamente en Cancún, el municipio y la entidad que supuestamente representa el Niño Verde, a pesar de la oposición de decenas de organizaciones ambientalistas.
A Jorge Emilio se le recordará este año por su “sabadazo” en “El Torito” y por convertir su caso en un Trending Topic en Twitter. El Junior violó los límites del alcoholímetro después de una fiesta en Bosques de las Lomas. Cuando fue pillado por el operativo capitalino, cambió su nombre, como suelen hacer los pícaros que no quieren dejar su identidad. Ahora dice que fue para no “charolear” con su cargo como senador.
En El Torito tramitó un amparo de estos efímeros que dan los coyotes para aquellos incautos que ignoran que esta sanción administrativa nunca ha sido amparada por nadie. Pagó 2,300 pesos. Se quedó sólo seis horas y salió de este sitio, en medio de un escándalo mediático digno del folclor político.
En su peculiar cabroñol, Jorge Emilio habla no como legislador sino como un Junior que se llena la boca con canicas y expresiones con franco problema de sintaxis. En declaraciones a los medios dijo que tramitó el amparo porque tenía hambre, sed y frío. Pobrecito. No es lo mismo El Torito que el Mercedes Benz que conducía. Y que “cumplirá” con su sanción el próximo sábado.
El caso del Niño Verde ha sido utilizado por algunos medios electrónicos y comentaristas de éstos para emprenderla contra el Senado. ¡Vergüenza para el Senado!, claman los ruidosos del espectro radioeléctrico. Lo que obviamente no dicen es que el PVEM se ha convertido en el Caballo de Troya ideal para que las televisoras formen su “telebancada” y protejan sus interese bajo el logotipo del partido del tucán.
Tampoco dicen que el PVEM se convirtió en la cuarta fuerza partidista del país, con Jorge Emilio al frente, gracias al apoyo grosero de Televisa y TV Azteca a través de “publicidad encubierta” para promover las causas más groseras de este partido, como la pena de muerte a secuestradores.
La impunidad con la que ha actuado El Bebesaurio Verde sólo es producto de una red de intereses que tanto el PRI, como el grupo de Peña Nieto y las televisoras, han cobijado para que les sirva no como “partido bisagra” sino como franquicia que se vende al mejor postor.
www.homozapping.com.mx
Jorge Emilio González, líder de la bancada del PVEM en el Senado.
Foto: Benjamin Flores
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MÉXICO, D.F. (apro).- Si Chabelo a sus varias décadas de edad puede disfrazarse de niño y promover como “programa infantil” una emisión dominical en Televisa dedicada al consumo de comida chatarra, por qué no Jorge Emilio González Martínez, a sus 41 años, puede seguir siendo denominado el Niño Verde cuando tiene una trayectoria digna de dinosaurio político: dos veces diputado federal, dos veces senador (ahora por Quintana Roo), sin ninguna iniciativa de ley que se le recuerde y con muchos escándalos de junior en su trayectoria como heredero de una franquicia familiar que se vende al mejor postor (al PRD, al PAN y ahora al PRI).
De vez en vez, Jorge Emilio nos sorprende con alguno de sus escándalos. En febrero de 2004 apareció en una videograbación cuando le pedía dos millones de dólares a un empresario para hacer trámites. Un coyote de lujo. El escándalo fue perdonado por Televisa y TV Azteca, y sepultado por los videoescándalos promovidos por la televisora de Azcárraga Jean, por Salinas de Gortari y por Carlos Ahumada en contra de Andrés Manuel López Obrador.
Hace año y medio, en vísperas de los comicios federales de 2012, la joven extranjera Galina Chankova Chaneva “se cayó” (¿o fue arrojada?) en un departamento de lujo en la zona hotelera de Cancún. Se celebraba una fiesta típica de la pandilla de juniors que se han adueñado del presupuesto y de los grandes negocios de Cancún.
Resultó que ese y otros departamentos pertenecían a Jorge Emilio. El Bebesaurio Verde se justificó diciendo que nunca estuvo en esa reunión. Y el caso fue sepultado en la opacidad absoluta. A pesar de ese escándalo, el PRI lo cobijó y aceptó que el dueño de la franquicia familiar llamada Partido Verde fuera el candidato a senador por Quintana Roo. El convenio de coalición para el 2012 con este partido incluyó una cesión importante de candidaturas, incluyendo la de gobernador en Chiapas para Manuel Velasco.
Desde la llegada de Vicente Fox al poder, el ascenso del PVEM ha sido imparable. Fue una creación original de Manuel Camacho y de Marcelo Ebrard, cuando ambos gobernaban el Distrito Federal en el gobierno de Carlos Salinas. Necesitaban ambientalistas dóciles y funcionales a su proyecto. Ebrard fue diputado federal por este partido. Y luego se distanciaron. El PVEM rompió con el PRI y apoyó a Fox en la campaña del 2000. A partir del 2006 se inauguró como el partido franquicia de la telebancada.
El PVEM fue expulsado de la coalición internacional de partidos, precisamente por sus plataformas a favor de la pena de muerte a secuestradores, o su apoyo a grandes trasnacionales de los productos transgénicos. Bajo el argumento de captar el voto joven, despistado y telegénico, el PVEM ha sabido sobrevivir y convertirse en la cuarta fuerza política en el Congreso. Incluso, ya tiene un cargo en el gabinete de Peña Nieto: el titular de Semarnat, Juan José Guerra Abud, fue el coordinador de la bancada de este partido.
A varios meses de iniciada la presente legislatura, al senador Jorge Emilio no se le recuerda por ninguna participación destacada en la reforma laboral, en la reforma educativa o en las discusiones sobre la Ley de Telecomunicaciones.
Mucho menos se ha pronunciado en la Cámara alta frente al proyecto Dragon Mart que se pretende construir precisamente en Cancún, el municipio y la entidad que supuestamente representa el Niño Verde, a pesar de la oposición de decenas de organizaciones ambientalistas.
A Jorge Emilio se le recordará este año por su “sabadazo” en “El Torito” y por convertir su caso en un Trending Topic en Twitter. El Junior violó los límites del alcoholímetro después de una fiesta en Bosques de las Lomas. Cuando fue pillado por el operativo capitalino, cambió su nombre, como suelen hacer los pícaros que no quieren dejar su identidad. Ahora dice que fue para no “charolear” con su cargo como senador.
En El Torito tramitó un amparo de estos efímeros que dan los coyotes para aquellos incautos que ignoran que esta sanción administrativa nunca ha sido amparada por nadie. Pagó 2,300 pesos. Se quedó sólo seis horas y salió de este sitio, en medio de un escándalo mediático digno del folclor político.
En su peculiar cabroñol, Jorge Emilio habla no como legislador sino como un Junior que se llena la boca con canicas y expresiones con franco problema de sintaxis. En declaraciones a los medios dijo que tramitó el amparo porque tenía hambre, sed y frío. Pobrecito. No es lo mismo El Torito que el Mercedes Benz que conducía. Y que “cumplirá” con su sanción el próximo sábado.
El caso del Niño Verde ha sido utilizado por algunos medios electrónicos y comentaristas de éstos para emprenderla contra el Senado. ¡Vergüenza para el Senado!, claman los ruidosos del espectro radioeléctrico. Lo que obviamente no dicen es que el PVEM se ha convertido en el Caballo de Troya ideal para que las televisoras formen su “telebancada” y protejan sus interese bajo el logotipo del partido del tucán.
Tampoco dicen que el PVEM se convirtió en la cuarta fuerza partidista del país, con Jorge Emilio al frente, gracias al apoyo grosero de Televisa y TV Azteca a través de “publicidad encubierta” para promover las causas más groseras de este partido, como la pena de muerte a secuestradores.
La impunidad con la que ha actuado El Bebesaurio Verde sólo es producto de una red de intereses que tanto el PRI, como el grupo de Peña Nieto y las televisoras, han cobijado para que les sirva no como “partido bisagra” sino como franquicia que se vende al mejor postor.
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De vez en vez, Jorge Emilio nos sorprende con alguno de sus escándalos. En febrero de 2004 apareció en una videograbación cuando le pedía dos millones de dólares a un empresario para hacer trámites. Un coyote de lujo. El escándalo fue perdonado por Televisa y TV Azteca, y sepultado por los videoescándalos promovidos por la televisora de Azcárraga Jean, por Salinas de Gortari y por Carlos Ahumada en contra de Andrés Manuel López Obrador.
Hace año y medio, en vísperas de los comicios federales de 2012, la joven extranjera Galina Chankova Chaneva “se cayó” (¿o fue arrojada?) en un departamento de lujo en la zona hotelera de Cancún. Se celebraba una fiesta típica de la pandilla de juniors que se han adueñado del presupuesto y de los grandes negocios de Cancún.
Resultó que ese y otros departamentos pertenecían a Jorge Emilio. El Bebesaurio Verde se justificó diciendo que nunca estuvo en esa reunión. Y el caso fue sepultado en la opacidad absoluta. A pesar de ese escándalo, el PRI lo cobijó y aceptó que el dueño de la franquicia familiar llamada Partido Verde fuera el candidato a senador por Quintana Roo. El convenio de coalición para el 2012 con este partido incluyó una cesión importante de candidaturas, incluyendo la de gobernador en Chiapas para Manuel Velasco.
Desde la llegada de Vicente Fox al poder, el ascenso del PVEM ha sido imparable. Fue una creación original de Manuel Camacho y de Marcelo Ebrard, cuando ambos gobernaban el Distrito Federal en el gobierno de Carlos Salinas. Necesitaban ambientalistas dóciles y funcionales a su proyecto. Ebrard fue diputado federal por este partido. Y luego se distanciaron. El PVEM rompió con el PRI y apoyó a Fox en la campaña del 2000. A partir del 2006 se inauguró como el partido franquicia de la telebancada.
El PVEM fue expulsado de la coalición internacional de partidos, precisamente por sus plataformas a favor de la pena de muerte a secuestradores, o su apoyo a grandes trasnacionales de los productos transgénicos. Bajo el argumento de captar el voto joven, despistado y telegénico, el PVEM ha sabido sobrevivir y convertirse en la cuarta fuerza política en el Congreso. Incluso, ya tiene un cargo en el gabinete de Peña Nieto: el titular de Semarnat, Juan José Guerra Abud, fue el coordinador de la bancada de este partido.
A varios meses de iniciada la presente legislatura, al senador Jorge Emilio no se le recuerda por ninguna participación destacada en la reforma laboral, en la reforma educativa o en las discusiones sobre la Ley de Telecomunicaciones.
Mucho menos se ha pronunciado en la Cámara alta frente al proyecto Dragon Mart que se pretende construir precisamente en Cancún, el municipio y la entidad que supuestamente representa el Niño Verde, a pesar de la oposición de decenas de organizaciones ambientalistas.
A Jorge Emilio se le recordará este año por su “sabadazo” en “El Torito” y por convertir su caso en un Trending Topic en Twitter. El Junior violó los límites del alcoholímetro después de una fiesta en Bosques de las Lomas. Cuando fue pillado por el operativo capitalino, cambió su nombre, como suelen hacer los pícaros que no quieren dejar su identidad. Ahora dice que fue para no “charolear” con su cargo como senador.
En El Torito tramitó un amparo de estos efímeros que dan los coyotes para aquellos incautos que ignoran que esta sanción administrativa nunca ha sido amparada por nadie. Pagó 2,300 pesos. Se quedó sólo seis horas y salió de este sitio, en medio de un escándalo mediático digno del folclor político.
En su peculiar cabroñol, Jorge Emilio habla no como legislador sino como un Junior que se llena la boca con canicas y expresiones con franco problema de sintaxis. En declaraciones a los medios dijo que tramitó el amparo porque tenía hambre, sed y frío. Pobrecito. No es lo mismo El Torito que el Mercedes Benz que conducía. Y que “cumplirá” con su sanción el próximo sábado.
El caso del Niño Verde ha sido utilizado por algunos medios electrónicos y comentaristas de éstos para emprenderla contra el Senado. ¡Vergüenza para el Senado!, claman los ruidosos del espectro radioeléctrico. Lo que obviamente no dicen es que el PVEM se ha convertido en el Caballo de Troya ideal para que las televisoras formen su “telebancada” y protejan sus interese bajo el logotipo del partido del tucán.
Tampoco dicen que el PVEM se convirtió en la cuarta fuerza partidista del país, con Jorge Emilio al frente, gracias al apoyo grosero de Televisa y TV Azteca a través de “publicidad encubierta” para promover las causas más groseras de este partido, como la pena de muerte a secuestradores.
La impunidad con la que ha actuado El Bebesaurio Verde sólo es producto de una red de intereses que tanto el PRI, como el grupo de Peña Nieto y las televisoras, han cobijado para que les sirva no como “partido bisagra” sino como franquicia que se vende al mejor postor.
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El ebrio y el charolero, dos versiones del primitivismo en el PRI
Jorge Emilio González Martinez, senador del PRI-PVEM.
Foto: Germán Canseco
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (apro).- En sólo cinco días dos súbditos de Enrique Peña Nieto exhibieron el primitivo priista de siempre: El diputado José Rangel Espinosa, a quien le da la gana sustituir la matrícula de su Mercedes Benz de 1.5 millones de pesos por una “charola”, y el senador Jorge Emilio González Martínez, emblema del político fantoche y corrupto.
El expediente de complicidades, prepotencia y frivolidad de González Martínez es voluminoso: A él se debe, no se olvide, la impunidad de uno de los priistas más corruptos de México, Roberto Madrazo, quien libró el juicio político en 1998 gracias a que el “Ñiño verde” –entonces diputado– lo impidió con su voto.
De Rangel Espinosa poco se sabe, pero también lo acompaña la impunidad: Hace unos años, siendo diputado también, se solicitó su desafuero por disparar armas de fuego en una juerga, en Guadalajara, Jalisco. Nada pasó, porque su protegido es Emilio Chuayffet, entonces coordinador de los diputados priistas y hoy secretario de Educación.
Un dato para dimensionar el caso: Rangel es nada menos que el actual presidente de la Comisión Jurisdiccional, encargada de integrar la Sección Instructora que despoja del fuero a los legisladores que violan la Constitución y la ley.
Sobre el cacique del Partido Verde –quien con la actual senaduría sumará 21 años como legislador–, debe celebrarse que no quedó por completo impune por conducir ebrio su Mercedes Benz –auto del poder, por lo visto– y tuvo que pasar al menos seis horas en El Torito, eso sí resguardado por sus guaruras.
La personalidad de González Martínez garantiza que no será la última vez que protagonice un escándalo, más ahora que el PRI –del que es rémora– regresó a la Presidencia de la República, pero del que se sabe poco es de Rangel Espinosa, quien reaccionó con amenazas al panista Juan Pablo Adame por haber exhibido su automóvil ostentando una gigantesca charola de diputado federal.
Dos veces alcalde de San José del Rincón, un municipio colindante con Michoacán creado en 2001, Rangel es diputado del distrito con cabecera en Atlacomulco, donde nació Peña Nieto y que da nombre al grupo político priista que encarnó Carlos Hank González, cuya principal enseñanza es que “un político pobre es un pobre político”.
Se trata del político más cercano a Chuayffet, secretario de Educación, con quien ha trabajado desde que éste fundó el Instituto Federal Electoral (IFE) y luego fue el coordinador de su campaña por la gubernatura del Estado de México, donde fue director del DIF.
Pero el episodio que revela su talante político ocurrió en Guadalajara, Jalisco, en octubre de 2003, recién electo diputado federal, por hechos que protagonizó tras un jaripeo, y por lo que se solicitó dos años después, en 2005, su desafuero para que fuera procesado por portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
El columnista Salvador García Soto publicó, en El Universal, detalles del caso, en su entrega del 8 de mayo de 2006.
“En un jaripeo celebrado en las afueras de la capital jalisciense, el congresista se puso tan contento que al salir de la charreada, a bordo de su camioneta, sacó su pistola y disparó al aire en varias ocasiones; sus amigos, igual de entonados que él, le celebraban el desplante, mientras los asistentes que salían del acto huían despavoridos.
“Una patrulla municipal que se encontraba en el lugar observó la escena del alegre diputado y le dio alcance a la camioneta a la que ordenó detenerse. José Rangel escondió las armas y de inmediato sacó su charola de diputado federal para tratar de espantar a los policías. No le sirvió de mucho, los policías lo remitieron al Ministerio Público donde, al ser interrogado, negó los hechos, pero en la revisión, los agente le encontraron un arma metida en una de las botas que calzaba y otras dos pistolas debajo del asiento de su camioneta.
“Al legislador no le quedó más que reconocer que las armas eran suyas y aseguro que tenía permiso para portarlas por ser diputado federal. En las investigaciones resultó que ni la XV Zona Militar con sede en Jalisco lo tenía registrado en su lista de permisos, ni la Cámara de Diputados aceptaba que sus integrantes estuvieran autorizados a portar armas de fuego.
“En agosto del 2005, al diputado José Rangel le giraron orden de aprehensión por los delitos de uso ilegal de arma de fuego y portación de armas sin permiso de la Defensa. Para diciembre de ese año, llegó a la Cámara de Diputados una solicitud en la que la Procuraduría jalisciense pide juicio de procedencia contra el armado y pendenciero legislador, para poder actuar penalmente en su contra.”
Pero la legislatura terminó y Rangel quedó impune, gracias a Chuayffet, quien fue un tenaz promotor del desafuero de Andrés Manuel López Obrador.
Comparó García Soto: “Sólo que mientras en el proceso para desaforar a López Obrador, en abril del 2005, Chuayffet fue un operador principal para que avanzara aquel proceso con celeridad, ahora don Emilio juega un rol contrario y no sólo ha retrasado, sino que ‘congeló’ la solicitud para proteger a su amigo José Rangel Espinosa.”
Ahora, tras ser exhibido, Rangel alega que el auto es de su hijo discapacitado, que no trae placas porque es de colección y no circula, pero usa la Cámara de Diputados de cochera, porque no cabe en su casa y ahí lo dejará: “Mientras esté en la Cámara sí, ya después tendré que buscar otro lugar o cambiarme de casa”.
Este es el PRI…
Apuntes
Es preciso no perder de vista lo que publicó el exdiputado Manuel Clouthier Carrillo en su colaboración de El Universal, el viernes 15: Contó que, en 1998, el entonces gobernador de Sinaloa, Juan Millán Lizárraga, le preguntó su opinión sobre crear “escuadrones de la muerte”, que él rechazó. Luego narró los innumerables asesinatos cometidos presuntamente desde el poder. Y al final dice que un emisario, “compadre” de ese político, lo conminó a bajarle “de huevos”: “Hoy lo que me queda claro es que yo sigo siendo uno de los disidentes de Sinaloa, que hay indicios de que persisten los escuadrones de la muerte, y que estos crímenes permanecen impunes”. Cuidado.
Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twitter: y @alvaro_delgado
El expediente de complicidades, prepotencia y frivolidad de González Martínez es voluminoso: A él se debe, no se olvide, la impunidad de uno de los priistas más corruptos de México, Roberto Madrazo, quien libró el juicio político en 1998 gracias a que el “Ñiño verde” –entonces diputado– lo impidió con su voto.
De Rangel Espinosa poco se sabe, pero también lo acompaña la impunidad: Hace unos años, siendo diputado también, se solicitó su desafuero por disparar armas de fuego en una juerga, en Guadalajara, Jalisco. Nada pasó, porque su protegido es Emilio Chuayffet, entonces coordinador de los diputados priistas y hoy secretario de Educación.
Un dato para dimensionar el caso: Rangel es nada menos que el actual presidente de la Comisión Jurisdiccional, encargada de integrar la Sección Instructora que despoja del fuero a los legisladores que violan la Constitución y la ley.
Sobre el cacique del Partido Verde –quien con la actual senaduría sumará 21 años como legislador–, debe celebrarse que no quedó por completo impune por conducir ebrio su Mercedes Benz –auto del poder, por lo visto– y tuvo que pasar al menos seis horas en El Torito, eso sí resguardado por sus guaruras.
La personalidad de González Martínez garantiza que no será la última vez que protagonice un escándalo, más ahora que el PRI –del que es rémora– regresó a la Presidencia de la República, pero del que se sabe poco es de Rangel Espinosa, quien reaccionó con amenazas al panista Juan Pablo Adame por haber exhibido su automóvil ostentando una gigantesca charola de diputado federal.
Dos veces alcalde de San José del Rincón, un municipio colindante con Michoacán creado en 2001, Rangel es diputado del distrito con cabecera en Atlacomulco, donde nació Peña Nieto y que da nombre al grupo político priista que encarnó Carlos Hank González, cuya principal enseñanza es que “un político pobre es un pobre político”.
Se trata del político más cercano a Chuayffet, secretario de Educación, con quien ha trabajado desde que éste fundó el Instituto Federal Electoral (IFE) y luego fue el coordinador de su campaña por la gubernatura del Estado de México, donde fue director del DIF.
Pero el episodio que revela su talante político ocurrió en Guadalajara, Jalisco, en octubre de 2003, recién electo diputado federal, por hechos que protagonizó tras un jaripeo, y por lo que se solicitó dos años después, en 2005, su desafuero para que fuera procesado por portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
El columnista Salvador García Soto publicó, en El Universal, detalles del caso, en su entrega del 8 de mayo de 2006.
“En un jaripeo celebrado en las afueras de la capital jalisciense, el congresista se puso tan contento que al salir de la charreada, a bordo de su camioneta, sacó su pistola y disparó al aire en varias ocasiones; sus amigos, igual de entonados que él, le celebraban el desplante, mientras los asistentes que salían del acto huían despavoridos.
“Una patrulla municipal que se encontraba en el lugar observó la escena del alegre diputado y le dio alcance a la camioneta a la que ordenó detenerse. José Rangel escondió las armas y de inmediato sacó su charola de diputado federal para tratar de espantar a los policías. No le sirvió de mucho, los policías lo remitieron al Ministerio Público donde, al ser interrogado, negó los hechos, pero en la revisión, los agente le encontraron un arma metida en una de las botas que calzaba y otras dos pistolas debajo del asiento de su camioneta.
“Al legislador no le quedó más que reconocer que las armas eran suyas y aseguro que tenía permiso para portarlas por ser diputado federal. En las investigaciones resultó que ni la XV Zona Militar con sede en Jalisco lo tenía registrado en su lista de permisos, ni la Cámara de Diputados aceptaba que sus integrantes estuvieran autorizados a portar armas de fuego.
“En agosto del 2005, al diputado José Rangel le giraron orden de aprehensión por los delitos de uso ilegal de arma de fuego y portación de armas sin permiso de la Defensa. Para diciembre de ese año, llegó a la Cámara de Diputados una solicitud en la que la Procuraduría jalisciense pide juicio de procedencia contra el armado y pendenciero legislador, para poder actuar penalmente en su contra.”
Pero la legislatura terminó y Rangel quedó impune, gracias a Chuayffet, quien fue un tenaz promotor del desafuero de Andrés Manuel López Obrador.
Comparó García Soto: “Sólo que mientras en el proceso para desaforar a López Obrador, en abril del 2005, Chuayffet fue un operador principal para que avanzara aquel proceso con celeridad, ahora don Emilio juega un rol contrario y no sólo ha retrasado, sino que ‘congeló’ la solicitud para proteger a su amigo José Rangel Espinosa.”
Ahora, tras ser exhibido, Rangel alega que el auto es de su hijo discapacitado, que no trae placas porque es de colección y no circula, pero usa la Cámara de Diputados de cochera, porque no cabe en su casa y ahí lo dejará: “Mientras esté en la Cámara sí, ya después tendré que buscar otro lugar o cambiarme de casa”.
Este es el PRI…
Apuntes
Es preciso no perder de vista lo que publicó el exdiputado Manuel Clouthier Carrillo en su colaboración de El Universal, el viernes 15: Contó que, en 1998, el entonces gobernador de Sinaloa, Juan Millán Lizárraga, le preguntó su opinión sobre crear “escuadrones de la muerte”, que él rechazó. Luego narró los innumerables asesinatos cometidos presuntamente desde el poder. Y al final dice que un emisario, “compadre” de ese político, lo conminó a bajarle “de huevos”: “Hoy lo que me queda claro es que yo sigo siendo uno de los disidentes de Sinaloa, que hay indicios de que persisten los escuadrones de la muerte, y que estos crímenes permanecen impunes”. Cuidado.
Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twitter: y @alvaro_delgado
En pobreza multidimensional, 52 millones de mexicanos en 2010: Inegi
Pobreza extrema en Cochoapa Guerrero.
Foto: Miguel Dimayuga
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro).- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), en 2010 existían en México 52 millones de personas en pobreza multidimensional.
Al dar a conocer un panorama de la pobreza en grupos socialmente vulnerables, el organismo presidido por Eduardo Sojo señaló que ese grupo de personas (46.2% de la población) tenía dificultad para acceder a servicios de salud, educación, seguridad social, alimentación, servicios básicos, calidad y vivienda.
Detalló que de los 52 millones de personas en pobreza multidimensional en 2010, alrededor de 40.3 millones estaban en condiciones de pobreza moderada y 11.7 millones en pobreza extrema.
Prácticamente más de la mitad de la población mexicana, agregó, carece de seguridad social, y en esta situación se encuentran seis de cada 10 personas, mientras que 35.8 millones no tienen acceso a los servicios de salud, pese a la instrumentación del Seguro Popular durante la administración de Felipe Calderón.
Pero además de eso, subrayó, 28 millones de mexicanos tienen dificultades para alimentarse, 23.2 millones están hundidos en el rezago educativo y 17.1 millones no cuentan con calidad y espacios en la vivienda.
Respecto de la población infantil, el Inegi señaló que de los 39.7 millones de niños y adolescentes, 53.8% (21.4 millones) se encontraban en pobreza multidimensional en 2010.
De ellos, 5.1 millones estaban en pobreza multidimensional extrema, 9.0 millones eran vulnerables por carencias sociales y 2.9 millones vulnerables por ingreso.
La mayoría de niños y adolescentes que no tienen recursos para cubrir sus necesidades básicas se encuentran principalmente en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Zacatecas, Tabasco, Tlaxcala, Michoacán, Hidalgo, San Luis Potosí, Durango, Campeche, Yucatán y Guanajuato.
También en 2010, 3.5 millones de hombres y mujeres de 65 años o más se encontraban en pobreza multidimensional, y de ellos 2.7 millones eran pobres moderados, mientras que 0.8 millones se encontraban en pobreza multidimensional extrema.
No obstante, el sector de la población más lastimado por la pobreza siguen siendo los indígenas, ya que prácticamente ocho de cada 10 sufren por algún tipo de carencia.
“En 2010, en México existían poco más de 6.7 millones de habitantes mayores de tres años, hablantes de lengua indígena, de los cuales 5.4 millones se encontraban en situación de pobreza, esto significa 79.3% de este grupo de población”, detalló el Inegi.
De ellos, 2.7 millones estaban en pobreza multidimensional extrema, es decir, aquellas personas indígenas que a pesar de hacer uso de todo su ingreso en la compra de alimentos, no pueden adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada, además de que no cuentan con educación, vivienda, seguridad social o servicios de salud.
Con este cuadro de pobreza, el Inegi señaló que la celebración del próximo miércoles 20 por el Día Mundial de la Justicia Social, debe apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos.
Enfatizó:
“La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las naciones. Los principios fundamentales de la justicia social defienden la igualdad de género o los derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes. Se promueve la justicia social cuando se eliminan las barreras que enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad”.
Al dar a conocer un panorama de la pobreza en grupos socialmente vulnerables, el organismo presidido por Eduardo Sojo señaló que ese grupo de personas (46.2% de la población) tenía dificultad para acceder a servicios de salud, educación, seguridad social, alimentación, servicios básicos, calidad y vivienda.
Detalló que de los 52 millones de personas en pobreza multidimensional en 2010, alrededor de 40.3 millones estaban en condiciones de pobreza moderada y 11.7 millones en pobreza extrema.
Prácticamente más de la mitad de la población mexicana, agregó, carece de seguridad social, y en esta situación se encuentran seis de cada 10 personas, mientras que 35.8 millones no tienen acceso a los servicios de salud, pese a la instrumentación del Seguro Popular durante la administración de Felipe Calderón.
Pero además de eso, subrayó, 28 millones de mexicanos tienen dificultades para alimentarse, 23.2 millones están hundidos en el rezago educativo y 17.1 millones no cuentan con calidad y espacios en la vivienda.
Respecto de la población infantil, el Inegi señaló que de los 39.7 millones de niños y adolescentes, 53.8% (21.4 millones) se encontraban en pobreza multidimensional en 2010.
De ellos, 5.1 millones estaban en pobreza multidimensional extrema, 9.0 millones eran vulnerables por carencias sociales y 2.9 millones vulnerables por ingreso.
La mayoría de niños y adolescentes que no tienen recursos para cubrir sus necesidades básicas se encuentran principalmente en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Zacatecas, Tabasco, Tlaxcala, Michoacán, Hidalgo, San Luis Potosí, Durango, Campeche, Yucatán y Guanajuato.
También en 2010, 3.5 millones de hombres y mujeres de 65 años o más se encontraban en pobreza multidimensional, y de ellos 2.7 millones eran pobres moderados, mientras que 0.8 millones se encontraban en pobreza multidimensional extrema.
No obstante, el sector de la población más lastimado por la pobreza siguen siendo los indígenas, ya que prácticamente ocho de cada 10 sufren por algún tipo de carencia.
“En 2010, en México existían poco más de 6.7 millones de habitantes mayores de tres años, hablantes de lengua indígena, de los cuales 5.4 millones se encontraban en situación de pobreza, esto significa 79.3% de este grupo de población”, detalló el Inegi.
De ellos, 2.7 millones estaban en pobreza multidimensional extrema, es decir, aquellas personas indígenas que a pesar de hacer uso de todo su ingreso en la compra de alimentos, no pueden adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada, además de que no cuentan con educación, vivienda, seguridad social o servicios de salud.
Con este cuadro de pobreza, el Inegi señaló que la celebración del próximo miércoles 20 por el Día Mundial de la Justicia Social, debe apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos.
Enfatizó:
“La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las naciones. Los principios fundamentales de la justicia social defienden la igualdad de género o los derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes. Se promueve la justicia social cuando se eliminan las barreras que enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad”.
Cultura política retrógrada
Sesión en el IFE.
Foto: Eduardo Miranda
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (Proceso).- A pesar de los avances democráticos, en México prevalece una cultura política autoritaria caracterizada por la simulación y el chanchullo. Instituciones, leyes y procesos propios de la democracia no han bastado para dominar al pequeño Maquiavelo que la clase política nacional lleva dentro. Peor aún, pareciera que nuestros gobernantes, líderes sindicales o de partidos políticos, así como élites empresariales y mediáticas, midieran su prestigio por la habilidad para violar la ley. Aprovecharse del más pequeño resquicio en cualquier norma jurídica para evadirla es motivo de orgullo, no de vergüenza. Operar por encima de la ley es signo de distinción. Vivimos en una cultura de la ilegalidad, propiciadora de corrupción, impunidad y su consecuencia inevitable: mal gobierno.
Los ejemplos de esa cultura política retrógrada son innumerables. Menciono brevemente tres casos recientes y elocuentes del primitivismo político que nos abruma. La exoneración de la coalición Compromiso por México de su responsabilidad en el escándalo Monex y el frustrado intento por negar que dicha coalición haya rebasado el tope de campaña, son clara muestra del afán por cooptar a instituciones autónomas, cuya naturaleza exige ser independientes de los poderes públicos para ejercer sus funciones con eficacia y honestidad.
Dicha perversión es propia de los regímenes híbridos clasificados como autoritarismos electorales o competitivos, entre los que se sigue contando México, a pesar de la doble alternancia de 2000 y 2012. En el primer caso mencionado, los malabares jurídicos y contables lograron vencer, no convencer; en tanto que las argumentaciones de la Unidad de Fiscalización respecto al rebase de los topes de campaña fueron postergadas para nuevo análisis hasta junio de este año, cuando la efervescencia sobre el asunto haya menguado.
En el mismo limbo descansarán las nada cristalinas “situaciones” y “complejidades” sobre el Monexgate impune que la Unidad de Fiscalización turnó a vista del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera dependientes de la Secretaría de Hacienda, así como de la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales (Fepade), adscrita a la Procuraduría General de la República. La posibilidad de que los actuales funcionarios de dichas dependencias procedan conforme a derecho contra las medidas que ellos avalaron durante la campaña es remota. En consecuencia, es previsible que el arcano del proceso electoral de 2012 quedará indemne y debidamente blindado, será res iudicata.
Tampoco merece olvido otro caso de audacia predemocrática: la declaración patrimonial del mandatario y los miembros de su gabinete, publicada el 16 de enero en el portal de la Presidencia. “La transparencia será fundamental en la Presidencia Democrática que me he propuesto conducir. Es una obligación sustantiva para dar confianza a una sociedad mexicana más plural, más informada y más participativa” –se afirma en el comunicado (negritas en el original).
La puesta en escena realizada en Palacio Nacional para informar del asunto no logró su propósito; la simulación fue detectada y produjo un efecto contrario al buscado por los estrategas presidenciales, convencidos de que “gobernar es comunicar”, así se trate de una farsa. En efecto, la sociedad mexicana es más plural, informada y participativa; por lo cual ya no es posible engañarla de manera tan burda. La osadía de aparentar transparencia para lograr opacidad e impunidad es inadmisible y debe ser subsanada.
La vejación de que fue objeto el IFAI durante la administración de Felipe Calderón es otra de sus traiciones a la transición democrática. La arbitrariedad presidencial de haber nombrado comisionados a tres de sus allegados, con el aval del Senado, ha puesto en peligro la autonomía de la institución. Uno de ellos, Gerardo Laveaga, actual presidente del IFAI, ha sido atacado por otro de los recomendados presidenciales, Ángel Trinidad Zaldívar, en términos severos, pero al parecer veraces; la tercera, Sigrid Arzt, ha sido acusada de espionaje.
Aprovechando el escándalo mediático, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha propuesto remover a todos los comisionados. Los suspicaces se preguntan si el hoy diputado Beltrones está fraguando la remoción de los actuales comisionados para colocar en las vacantes a personajes afines al PRI y el gobierno.
Es preciso evitar otro atraco contra la institución del Estado mexicano creada en 2002 con el propósito de garantizar el derecho de los ciudadanos a la información pública gubernamental y a la privacidad de sus datos personales.
Un estudio realizado por el Banco Mundial de 1996 a 2012 para medir la calidad de la gobernanza en 212 países muestra que cultura de la ilegalidad, corrupción, impunidad y gobernanza deficiente forman un cuarteto pernicioso e indisoluble. La metodología empírica estuvo centrada en seis dimensiones del gobierno. En todos los rubros la clasificación de México es mediocre o mala (datos de 2011, medidos de 0 a 100): Libertad de expresión y rendición de cuentas, 53.5; estabilidad política y ausencia de violencia, 25.5; eficacia gubernamental (entendida como la calidad de los servicios públicos y del servicio civil, grado de independencia frente a presiones políticas, así como la calidad de la planeación y la operación de las políticas publicas), 63.5; calidad regulatoria (habilidad del gobierno de México para formular e instrumentar políticas sólidas, así como regulaciones que permitan y promuevan el desarrollo del sector privado), 60.7; imperio de la ley 39.0; control de la corrupción, 45.5.
En el rubro del imperio de la ley hubo un descenso de 2.4 puntos respecto a 2006 y en el de combate a la corrupción se registró una baja de casi 5 puntos. Como puede observarse, los resultados son altamente preocupantes, aunque no sorprendentes. No hay duda: el mal gobierno que padecemos es resultado de una cultura política de la ilegalidad y de sus hermanas siamesas: la corrupción y la impunidad.
Los ejemplos de esa cultura política retrógrada son innumerables. Menciono brevemente tres casos recientes y elocuentes del primitivismo político que nos abruma. La exoneración de la coalición Compromiso por México de su responsabilidad en el escándalo Monex y el frustrado intento por negar que dicha coalición haya rebasado el tope de campaña, son clara muestra del afán por cooptar a instituciones autónomas, cuya naturaleza exige ser independientes de los poderes públicos para ejercer sus funciones con eficacia y honestidad.
Dicha perversión es propia de los regímenes híbridos clasificados como autoritarismos electorales o competitivos, entre los que se sigue contando México, a pesar de la doble alternancia de 2000 y 2012. En el primer caso mencionado, los malabares jurídicos y contables lograron vencer, no convencer; en tanto que las argumentaciones de la Unidad de Fiscalización respecto al rebase de los topes de campaña fueron postergadas para nuevo análisis hasta junio de este año, cuando la efervescencia sobre el asunto haya menguado.
En el mismo limbo descansarán las nada cristalinas “situaciones” y “complejidades” sobre el Monexgate impune que la Unidad de Fiscalización turnó a vista del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera dependientes de la Secretaría de Hacienda, así como de la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales (Fepade), adscrita a la Procuraduría General de la República. La posibilidad de que los actuales funcionarios de dichas dependencias procedan conforme a derecho contra las medidas que ellos avalaron durante la campaña es remota. En consecuencia, es previsible que el arcano del proceso electoral de 2012 quedará indemne y debidamente blindado, será res iudicata.
Tampoco merece olvido otro caso de audacia predemocrática: la declaración patrimonial del mandatario y los miembros de su gabinete, publicada el 16 de enero en el portal de la Presidencia. “La transparencia será fundamental en la Presidencia Democrática que me he propuesto conducir. Es una obligación sustantiva para dar confianza a una sociedad mexicana más plural, más informada y más participativa” –se afirma en el comunicado (negritas en el original).
La puesta en escena realizada en Palacio Nacional para informar del asunto no logró su propósito; la simulación fue detectada y produjo un efecto contrario al buscado por los estrategas presidenciales, convencidos de que “gobernar es comunicar”, así se trate de una farsa. En efecto, la sociedad mexicana es más plural, informada y participativa; por lo cual ya no es posible engañarla de manera tan burda. La osadía de aparentar transparencia para lograr opacidad e impunidad es inadmisible y debe ser subsanada.
La vejación de que fue objeto el IFAI durante la administración de Felipe Calderón es otra de sus traiciones a la transición democrática. La arbitrariedad presidencial de haber nombrado comisionados a tres de sus allegados, con el aval del Senado, ha puesto en peligro la autonomía de la institución. Uno de ellos, Gerardo Laveaga, actual presidente del IFAI, ha sido atacado por otro de los recomendados presidenciales, Ángel Trinidad Zaldívar, en términos severos, pero al parecer veraces; la tercera, Sigrid Arzt, ha sido acusada de espionaje.
Aprovechando el escándalo mediático, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha propuesto remover a todos los comisionados. Los suspicaces se preguntan si el hoy diputado Beltrones está fraguando la remoción de los actuales comisionados para colocar en las vacantes a personajes afines al PRI y el gobierno.
Es preciso evitar otro atraco contra la institución del Estado mexicano creada en 2002 con el propósito de garantizar el derecho de los ciudadanos a la información pública gubernamental y a la privacidad de sus datos personales.
Un estudio realizado por el Banco Mundial de 1996 a 2012 para medir la calidad de la gobernanza en 212 países muestra que cultura de la ilegalidad, corrupción, impunidad y gobernanza deficiente forman un cuarteto pernicioso e indisoluble. La metodología empírica estuvo centrada en seis dimensiones del gobierno. En todos los rubros la clasificación de México es mediocre o mala (datos de 2011, medidos de 0 a 100): Libertad de expresión y rendición de cuentas, 53.5; estabilidad política y ausencia de violencia, 25.5; eficacia gubernamental (entendida como la calidad de los servicios públicos y del servicio civil, grado de independencia frente a presiones políticas, así como la calidad de la planeación y la operación de las políticas publicas), 63.5; calidad regulatoria (habilidad del gobierno de México para formular e instrumentar políticas sólidas, así como regulaciones que permitan y promuevan el desarrollo del sector privado), 60.7; imperio de la ley 39.0; control de la corrupción, 45.5.
En el rubro del imperio de la ley hubo un descenso de 2.4 puntos respecto a 2006 y en el de combate a la corrupción se registró una baja de casi 5 puntos. Como puede observarse, los resultados son altamente preocupantes, aunque no sorprendentes. No hay duda: el mal gobierno que padecemos es resultado de una cultura política de la ilegalidad y de sus hermanas siamesas: la corrupción y la impunidad.
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