Sabotaje a la ley electoral
Salvador Olimpo Nava Gomar, ponente de la sentencia.
Foto: Germán Canseco
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Una sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sancionó “la compra indebida de tiempos en televisión” para transmitir un debate de los precandidatos al gobierno de Nayarit, de la fallida alianza Nayarit, Paz y Trabajo, permitió construir la idea de que durante las precampañas no se pueden realizar debates en radio y/o televisión.
Salvador Olimpo Nava Gomar, ponente de la citada sentencia, tuvo que salir a desmentir dicha versión y precisar que la sentencia no versa sobre la celebración o transmisión de debates, sino sobre la indebida difusión de propaganda político electoral.
Lo que sucedió en Nayarit, de acuerdo con lo expuesto en la sentencia del magistrado Nava Gomar, es que la alianza organizó un debate entre los precandidatos y acordó con la televisora la transmisión del mismo. En la resolución se reconoce que “no es posible advertir la existencia de un contrato entre los sujetos denunciados y la concesionaria”, pero afirma que sí existen suficientes elementos para demostrar que se trató de un acto simulado que tenía como “propósito promocionar o posicionar” a los precandidatos y los partidos políticos, “con independencia de si el concesionario recibió o no pago por ello o procedió de manera gratuita…”
A partir de esa sentencia los mismos que desde septiembre de 2007 se oponen a la reforma electoral en materia de medios de comunicación y, particularmente, a que se prohibiera la compra de espacios y que toda la propaganda político-electoral se difundiera en los tiempos gratuitos del Estado y se ordenara a través del Instituto Federal Electoral, montaron la trama de que el Tribunal prohibió la transmisión de los debates entre precandidatos. Ésta es otra de las embestidas en contra de la correcta aplicación de dicha reforma, con la evidente intención de sabotearla e intentar revertirla.
Joaquín López Dóriga, en su programa radiofónico, informó desde hace meses que las autoridades electorales prohibían la transmisión de debates entre precandidatos, y la semana pasada, tras haber invitado a los precandidatos de la izquierda al gobierno del Distrito Federal a un debate, anunció su suspensión debido a una carta que le envió la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión donde le advertía que estaba violando las normas electorales.
Particularmente el equipo de campaña de Josefina Vázquez Mota hizo eco de dicha postura y la utiliza como pretexto para no acudir a los debates; incluso se negó a confirmar su participación en uno programado para el martes 24 de enero, a las 8 de la mañana, dentro del noticiero de Carmen Aristegui, al que ya confirmaron su asistencia los otros dos precandidatos, Santiago Creel y Ernesto Cordero.
La conductora ya entrevistó en su espacio noticioso al presidente del IFE, Leonardo Valdés, y al magistrado Nava, y ambos afirmaron tajantemente que lo que se sancionó no fueron los debates, sino “la adquisición indebida de tiempos en televisión”. Así las cosas es evidente que los periodistas y conductores de noticias pueden invitar con toda libertad a los precandidatos a un puesto de elección popular a debatir en sus espacios noticiosos.
Obvio: tendrán que apegarse a principios básicos de su ejercicio profesional, como dar igual oportunidad a todos los aspirantes de todas las fuerzas políticas. Sin embargo, tanto en el caso de la Presidencia de la República como en el de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, sólo una de las fuerzas políticas realiza una contienda interna con más de un precandidato, por lo cual únicamente se tendrán que cuidar de invitar a todos los precandidatos inscritos de dicho instituto político.
Otro tema totalmente distinto es qué hacer en el caso de que la fuerza política organice su evento y desee transmitirlo en vivo por una estación de radio o un canal de televisión.
Aunque el caso específico no está previsto en el Código Federal de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales, de su lectura funcional y sistemática sí es posible interpretar que tendría que difundirse en los tiempos oficiales y lo tendría que ordenar el mismo IFE.
Y para el efecto específico podría aplicarse lo establecido en los párrafos tercero y cuarto del artículo 70 del Cofipe, referidos a la transmisión de los debates entre los candidatos a la Presidencia, en los que se establece que los concesionarios que así lo decidan podrán transmitir los mismos “en forma gratuita” y los autoriza a “suspender durante el tiempo correspondiente la transmisión de los mensajes que correspondan a los partidos políticos y a las autoridades electorales”. Es decir, si la transmisión del debate dura dos horas, los concesionarios dejarían de transmitir durante dos días y medio los spots publicitarios de los partidos políticos y las autoridades electorales.
En el caso de los precandidatos presidenciales del blanquiazul, no serían los 48 minutos, dado que al PAN durante el período de precampañas le corresponden casi cinco minutos diarios, con lo cual por cada hora de debate se suspendería la transmisión de sus spots durante 12 y medio días. Y también podría aplicarse otra disposición del mismo artículo y párrafo: “El Instituto realizará las gestiones necesarias a fin de propiciar la transmisión de los debates en el mayor número posible de estaciones y canales”, con lo cual sí es pertinente que el IFE dé los lineamientos para propiciar la mayor difusión de los debates que sostengan los precandidatos de todas las fuerzas políticas a los distintos puestos de elección popular.
La pasividad del IFE y la perversidad de los concesionarios desataron una nueva embestida en contra de la aplicación de la reforma en materia de medios. Conforme avance el proceso electoral y se acerque la jornada comicial, los impactos de las acciones de los opositores a la reforma serán mayores, por lo cual la autoridad electoral debe ser más previsora, anticiparse y tratar de cerrar todos los resquicios, pues luego de más de tres años de aplicación de estas reglas es evidente que los ataques contra las mismas no cesarán y, al contrario, muy probablemente arreciarán en los momentos que más estragos pueden causar.
Salvador Olimpo Nava Gomar, ponente de la citada sentencia, tuvo que salir a desmentir dicha versión y precisar que la sentencia no versa sobre la celebración o transmisión de debates, sino sobre la indebida difusión de propaganda político electoral.
Lo que sucedió en Nayarit, de acuerdo con lo expuesto en la sentencia del magistrado Nava Gomar, es que la alianza organizó un debate entre los precandidatos y acordó con la televisora la transmisión del mismo. En la resolución se reconoce que “no es posible advertir la existencia de un contrato entre los sujetos denunciados y la concesionaria”, pero afirma que sí existen suficientes elementos para demostrar que se trató de un acto simulado que tenía como “propósito promocionar o posicionar” a los precandidatos y los partidos políticos, “con independencia de si el concesionario recibió o no pago por ello o procedió de manera gratuita…”
A partir de esa sentencia los mismos que desde septiembre de 2007 se oponen a la reforma electoral en materia de medios de comunicación y, particularmente, a que se prohibiera la compra de espacios y que toda la propaganda político-electoral se difundiera en los tiempos gratuitos del Estado y se ordenara a través del Instituto Federal Electoral, montaron la trama de que el Tribunal prohibió la transmisión de los debates entre precandidatos. Ésta es otra de las embestidas en contra de la correcta aplicación de dicha reforma, con la evidente intención de sabotearla e intentar revertirla.
Joaquín López Dóriga, en su programa radiofónico, informó desde hace meses que las autoridades electorales prohibían la transmisión de debates entre precandidatos, y la semana pasada, tras haber invitado a los precandidatos de la izquierda al gobierno del Distrito Federal a un debate, anunció su suspensión debido a una carta que le envió la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión donde le advertía que estaba violando las normas electorales.
Particularmente el equipo de campaña de Josefina Vázquez Mota hizo eco de dicha postura y la utiliza como pretexto para no acudir a los debates; incluso se negó a confirmar su participación en uno programado para el martes 24 de enero, a las 8 de la mañana, dentro del noticiero de Carmen Aristegui, al que ya confirmaron su asistencia los otros dos precandidatos, Santiago Creel y Ernesto Cordero.
La conductora ya entrevistó en su espacio noticioso al presidente del IFE, Leonardo Valdés, y al magistrado Nava, y ambos afirmaron tajantemente que lo que se sancionó no fueron los debates, sino “la adquisición indebida de tiempos en televisión”. Así las cosas es evidente que los periodistas y conductores de noticias pueden invitar con toda libertad a los precandidatos a un puesto de elección popular a debatir en sus espacios noticiosos.
Obvio: tendrán que apegarse a principios básicos de su ejercicio profesional, como dar igual oportunidad a todos los aspirantes de todas las fuerzas políticas. Sin embargo, tanto en el caso de la Presidencia de la República como en el de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, sólo una de las fuerzas políticas realiza una contienda interna con más de un precandidato, por lo cual únicamente se tendrán que cuidar de invitar a todos los precandidatos inscritos de dicho instituto político.
Otro tema totalmente distinto es qué hacer en el caso de que la fuerza política organice su evento y desee transmitirlo en vivo por una estación de radio o un canal de televisión.
Aunque el caso específico no está previsto en el Código Federal de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales, de su lectura funcional y sistemática sí es posible interpretar que tendría que difundirse en los tiempos oficiales y lo tendría que ordenar el mismo IFE.
Y para el efecto específico podría aplicarse lo establecido en los párrafos tercero y cuarto del artículo 70 del Cofipe, referidos a la transmisión de los debates entre los candidatos a la Presidencia, en los que se establece que los concesionarios que así lo decidan podrán transmitir los mismos “en forma gratuita” y los autoriza a “suspender durante el tiempo correspondiente la transmisión de los mensajes que correspondan a los partidos políticos y a las autoridades electorales”. Es decir, si la transmisión del debate dura dos horas, los concesionarios dejarían de transmitir durante dos días y medio los spots publicitarios de los partidos políticos y las autoridades electorales.
En el caso de los precandidatos presidenciales del blanquiazul, no serían los 48 minutos, dado que al PAN durante el período de precampañas le corresponden casi cinco minutos diarios, con lo cual por cada hora de debate se suspendería la transmisión de sus spots durante 12 y medio días. Y también podría aplicarse otra disposición del mismo artículo y párrafo: “El Instituto realizará las gestiones necesarias a fin de propiciar la transmisión de los debates en el mayor número posible de estaciones y canales”, con lo cual sí es pertinente que el IFE dé los lineamientos para propiciar la mayor difusión de los debates que sostengan los precandidatos de todas las fuerzas políticas a los distintos puestos de elección popular.
La pasividad del IFE y la perversidad de los concesionarios desataron una nueva embestida en contra de la aplicación de la reforma en materia de medios. Conforme avance el proceso electoral y se acerque la jornada comicial, los impactos de las acciones de los opositores a la reforma serán mayores, por lo cual la autoridad electoral debe ser más previsora, anticiparse y tratar de cerrar todos los resquicios, pues luego de más de tres años de aplicación de estas reglas es evidente que los ataques contra las mismas no cesarán y, al contrario, muy probablemente arreciarán en los momentos que más estragos pueden causar.
Del duopolio al monopolio
Salinas y Azcárraga, dueños de TV Azteca y Televisa, respectivamente.
Foto: Octavio Gómez
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro).- Salvo un sorpresivo viraje, que implicaría que las cosas comienzan a cambiar para bien en México, los magnates Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego podrán ufanarse a partir de este martes 24 de ser los amos absolutos de las telecomunicaciones y, sobre todo, de tener sometidas a las instituciones del Estado.
Si ya de por sí doblegan a políticos y empresarios de todo nivel, o al disidentes los aplastan o por lo menos los ignoran, el dictamen de la Comisión de Federal de Competencia (Cofeco), que hasta la noche del lunes apuntaba a convalidar la fusión Iusacel-Televisa, ratificaría que Azcárraga y Salinas Pliego pueden hacer en México lo que les venga en gana.
La decisión del pleno de la Cofeco, que sesionaría el martes 24, está precedida no sólo de una campaña de linchamiento de las dos televisoras contra el presidente de la Cofeco, Eduardo Pérez Motta, sino de una reunión de Felipe Calderón con directivos de Televisa encabezados por Azcárraga Jean, realizada el miércoles 18, en las oficinas del corporativo de San Ángel.
En esa reunión, que quiso mantenerse en el secreto y de la que la Presidencia de la República informó sólo hasta el día siguiente, Calderón habría discutido con Azcárraga el tema de la fusión de Televisa-TV Azteca y el impulso al Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, que aglutina a los medios públicos y que él pretende usar para fines de propaganda en el proceso electoral en curso.
Aun cuando la Cofeco difiera la sesión, como se estimaba la víspera, todo el mundo sabe que convalidará esa fusión que fortalecerá el poderío de Azcárraga Jean y Salinas Pliego, porque aun cuando en apariencia se trata sólo de la telefonía celular, que se traduciría en una “sana” competencia con Telcel de Carlos Slim, está vinculada en realidad con el control total de la televisión abierta y de paga.
Con la validación del acuerdo Iusacel-Televisa, del que hace un año informó el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, por el que fue objeto de insultos por parte de las televisoras –que sin embargo callaron cuando se formalizó ese acuerdo en abril de este año–, del duopolio de Televisa y TV Azteca se da paso a un monopolio.
Y esto tiene enormes consecuencias no sólo en términos del desarrollo de la industria de las telecomunicaciones, por la oprobiosa e ilegal concentración –tan nociva como la de Telcel-Telmex–, el cobro a los usuarios al arbitrio de ellos solo aun con pésimo servicio y la proliferación de telebasura, sino en el aumento de su poder político capaz de someter y suplantar al Estado.
Hace exactamente seis años, en el contexto también del proceso electoral, Televisa y sus aliados lograron la aprobación de la ley de telecomunicaciones, que desde entonces se le conoció con el nombre de la televisora, que fue declarada inconstitucional por la Suprema corte de Justicia de la Nación tras una movilización de diversos sectores que respaldaron el recurso promovido por senadores que renegaron de sus partidos.
Entonces como ahora, prevalece un silencio de las cúpulas de todos los partidos políticos y sus precandidatos presidenciales, incluido Andrés Manuel López Obrador, quien en 2006 convalidó la Ley Televisa, como ahora parece hacerlo también con la pretensión monopólica de Azcárraga Jean y Salinas Pliego.
De los aspirantes panistas, Josefina Vázquez ha sido tan solícita con los empresarios de la radio y la televisión como Enrique Peña Nieto, a quien quiere imponer Televisa, pero Santiago Creel y Ernesto Cordero tampoco han asumido una posición contraria y menos lo hará este último siendo, como es, un mero apéndice de Calderón.
En 2006, cuando su coordinadora de campaña era Vázquez Mota, Calderón pactó con Televisa aprobar la ley, aunque prometió que, de ganar, traicionaría su palabra y no la promulgaría, según reveló Manuel Espino, expresidente del PAN. “El se comprometió, es la primera vez que lo digo, a que si sacábamos adelante esa ley, él no la promulgaría”, dijo al reportero, en julio del año pasado.
“¡Y yo le creí! ¡Era la palabra del candidato presidencial, carajo! ¡No era un panista equis! Era el candidato a la Presidencia de la República el que me estaba diciendo: ‘Una vez que pase esa ley en el Senado, no se promulga, me esperan para promulgarla yo y cuando llegue la hora no la promulgo, la devuelvo’”.
“–¿Ese fue el compromiso que hizo?
“–¡Así de sencillo! Y eso lo sabe Javier Corral, porque se lo platiqué cuando me dijo que por qué hicimos eso. Le dije: “Yo tenía que apoyar a mi candidato, pero no de a gratis”. Una cosa de esas que no estaba bien, yo la apoyé con la condición de que cuando fuera presidente ya él no promulgaría la ley, y la promulgó. ¿Por qué? Quién sabe qué arreglitos habrá hecho también con las televisoras. De eso deben dar cuenta Calderón y también Vázquez Mota…”
Por lo visto, por lo menos Calderón y Vázquez Mota, pretende repetirse la historia…
Apuntes
También como en 2006, Calderón quiere reactivar el contubernio que mantiene con Elba Esther Gordillo y así lo ha hecho saber a través de Ernesto Cordero, su apéndice, tras la disolución de la coalición del PRI con el Partido Nueva Alianza (Panal). La relación mafiosa de Calderón con la cacique magisterial podría robustecerse, porque nunca se ha roto, si fuera auténtica la ruptura con Peña Nieto. No es así. Es tan falsa la separación como la versión de que los “dinosaurios” priistas fueron los autores, como si no fueran tan mañosos unos como los otros. Y hasta la postulación de Rosario Robles, matraquera de Peñas, es parte de lo mismo… Por cierto, en Guerrero se libra una batalla de priistas: Rubén Figueroa hijo acusa al alcalde priista de Acapulco, Manuel Añorve, de ser “narcopresidente y narcopriista”…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx y TwitTer: @alvaro_delgado
Si ya de por sí doblegan a políticos y empresarios de todo nivel, o al disidentes los aplastan o por lo menos los ignoran, el dictamen de la Comisión de Federal de Competencia (Cofeco), que hasta la noche del lunes apuntaba a convalidar la fusión Iusacel-Televisa, ratificaría que Azcárraga y Salinas Pliego pueden hacer en México lo que les venga en gana.
La decisión del pleno de la Cofeco, que sesionaría el martes 24, está precedida no sólo de una campaña de linchamiento de las dos televisoras contra el presidente de la Cofeco, Eduardo Pérez Motta, sino de una reunión de Felipe Calderón con directivos de Televisa encabezados por Azcárraga Jean, realizada el miércoles 18, en las oficinas del corporativo de San Ángel.
En esa reunión, que quiso mantenerse en el secreto y de la que la Presidencia de la República informó sólo hasta el día siguiente, Calderón habría discutido con Azcárraga el tema de la fusión de Televisa-TV Azteca y el impulso al Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, que aglutina a los medios públicos y que él pretende usar para fines de propaganda en el proceso electoral en curso.
Aun cuando la Cofeco difiera la sesión, como se estimaba la víspera, todo el mundo sabe que convalidará esa fusión que fortalecerá el poderío de Azcárraga Jean y Salinas Pliego, porque aun cuando en apariencia se trata sólo de la telefonía celular, que se traduciría en una “sana” competencia con Telcel de Carlos Slim, está vinculada en realidad con el control total de la televisión abierta y de paga.
Con la validación del acuerdo Iusacel-Televisa, del que hace un año informó el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, por el que fue objeto de insultos por parte de las televisoras –que sin embargo callaron cuando se formalizó ese acuerdo en abril de este año–, del duopolio de Televisa y TV Azteca se da paso a un monopolio.
Y esto tiene enormes consecuencias no sólo en términos del desarrollo de la industria de las telecomunicaciones, por la oprobiosa e ilegal concentración –tan nociva como la de Telcel-Telmex–, el cobro a los usuarios al arbitrio de ellos solo aun con pésimo servicio y la proliferación de telebasura, sino en el aumento de su poder político capaz de someter y suplantar al Estado.
Hace exactamente seis años, en el contexto también del proceso electoral, Televisa y sus aliados lograron la aprobación de la ley de telecomunicaciones, que desde entonces se le conoció con el nombre de la televisora, que fue declarada inconstitucional por la Suprema corte de Justicia de la Nación tras una movilización de diversos sectores que respaldaron el recurso promovido por senadores que renegaron de sus partidos.
Entonces como ahora, prevalece un silencio de las cúpulas de todos los partidos políticos y sus precandidatos presidenciales, incluido Andrés Manuel López Obrador, quien en 2006 convalidó la Ley Televisa, como ahora parece hacerlo también con la pretensión monopólica de Azcárraga Jean y Salinas Pliego.
De los aspirantes panistas, Josefina Vázquez ha sido tan solícita con los empresarios de la radio y la televisión como Enrique Peña Nieto, a quien quiere imponer Televisa, pero Santiago Creel y Ernesto Cordero tampoco han asumido una posición contraria y menos lo hará este último siendo, como es, un mero apéndice de Calderón.
En 2006, cuando su coordinadora de campaña era Vázquez Mota, Calderón pactó con Televisa aprobar la ley, aunque prometió que, de ganar, traicionaría su palabra y no la promulgaría, según reveló Manuel Espino, expresidente del PAN. “El se comprometió, es la primera vez que lo digo, a que si sacábamos adelante esa ley, él no la promulgaría”, dijo al reportero, en julio del año pasado.
“¡Y yo le creí! ¡Era la palabra del candidato presidencial, carajo! ¡No era un panista equis! Era el candidato a la Presidencia de la República el que me estaba diciendo: ‘Una vez que pase esa ley en el Senado, no se promulga, me esperan para promulgarla yo y cuando llegue la hora no la promulgo, la devuelvo’”.
“–¿Ese fue el compromiso que hizo?
“–¡Así de sencillo! Y eso lo sabe Javier Corral, porque se lo platiqué cuando me dijo que por qué hicimos eso. Le dije: “Yo tenía que apoyar a mi candidato, pero no de a gratis”. Una cosa de esas que no estaba bien, yo la apoyé con la condición de que cuando fuera presidente ya él no promulgaría la ley, y la promulgó. ¿Por qué? Quién sabe qué arreglitos habrá hecho también con las televisoras. De eso deben dar cuenta Calderón y también Vázquez Mota…”
Por lo visto, por lo menos Calderón y Vázquez Mota, pretende repetirse la historia…
Apuntes
También como en 2006, Calderón quiere reactivar el contubernio que mantiene con Elba Esther Gordillo y así lo ha hecho saber a través de Ernesto Cordero, su apéndice, tras la disolución de la coalición del PRI con el Partido Nueva Alianza (Panal). La relación mafiosa de Calderón con la cacique magisterial podría robustecerse, porque nunca se ha roto, si fuera auténtica la ruptura con Peña Nieto. No es así. Es tan falsa la separación como la versión de que los “dinosaurios” priistas fueron los autores, como si no fueran tan mañosos unos como los otros. Y hasta la postulación de Rosario Robles, matraquera de Peñas, es parte de lo mismo… Por cierto, en Guerrero se libra una batalla de priistas: Rubén Figueroa hijo acusa al alcalde priista de Acapulco, Manuel Añorve, de ser “narcopresidente y narcopriista”…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx y TwitTer: @alvaro_delgado
No puede ser que no puedan hacer otra cosa mejor las televisoras que manipular a la gente y a los politicos. Por eso quiero que gane Santiago Creel para que elimine los monopolios.
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