El Senado lo ratificará si se apega a la Constitución, advierte Manlio Fabio Beltrones- Autoexculpaciones improcedentes- Costos de transa-acción

El Senado lo ratificará si se apega a la Constitución, advierte Manlio Fabio Beltrones

Contradicciones y dudas en el acuerdo petrolero con EU

No se sabe en qué condiciones se ha firmado el tratado, afirma el diputado Francisco Rojas

Bomba extractora de crudo en campo Sahkir, Bahrein. El petróleo subió el martes a un máximo de nueve meses, después de que Grecia recibió un rescate financiero y los grandes consumidores asiáticos tomaron medidas para reducir sus compras a Irán, debido a las sanciones occidentales diseñadas para detener el programa nuclear del país. El crudo estadunidense West Texas Intermediate (WTI) para entrega en marzo, que venció al final de la sesión del martes, cerró en 105.84 dólares, una ganancia de 2.60 dólares por barril. En Londres, el crudo Brent para entrega en abril avanzó 1.61 dólares a 121.66, también su mayor cierre en nueve meses. La mezcla mexicana de exportación aumentó 16 centavos con respecto al cierre del viernes, al cerrar en 112.54 dólares por barril, su mejor nivel en 10 meses (con información de Reuters)Foto Ap

Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Miércoles 22 de febrero de 2012, p. 27

El acuerdo de explotación de yacimientos petroleros transfronterizos firmado entre los gobiernos de México y Estados Unidos es un asunto extraordinariamente delicado, porque persisten dudas que habrá de dilucidar. En primer lugar, lo tendrá que estudiar el Senado de la República porque le corresponde ratificar su validez.

Francisco Rojas Gutiérrez, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados y ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), también vislumbró dificultades para el acuerdo porque en Estados Unidos las dos cámaras (Senado y Representantes) deberán someterlo a aprobación, porque aquel país no firma tratados internacionales. Lo que sí firma son las llamadas órdenes ejecutivas, y éstas las firman por mayoría simple las dos cámaras.

El legislador adujo que el acuerdo manifiesta evidentes contradicciones, porque subyacen diferencias entre lo que significa un tratado internacional y la orden ejecutiva; en Estados Unidos no es equiparable, y en México ocurre lo mismo. Es un punto que habrá que ver cómo está contemplado en los congresos de los dos países.

Para que en aquel país tenga viabilidad el acuerdo, deberá imperar el respaldo mayoritario a la propuesta, situación de la que Rojas Gutiérrez duda, porque se impone el proceso electoral, y las diferencias entre demócratas y republicanos se ahondan.

Además, hay dos periodos de 120 días, y otro periodo prorrogable por otros 120 días. Creo que en ese tiempo tendremos también la oportunidad de saber cuál es el contenido de la letra pequeña del tratado para estar todos seguros de lo que vamos a firmar, dijo.

Subrayó que para la firma del acuerdo se presentan interrogantes adicionales como las siguientes: ¿quién y cómo se van a repartir las posibilidades de que haya existencia de crudo o de gas en los pozos o los yacimientos transfronterizos?, ¿quién va a operar las operaciones de exploración y extracción? Porque hay que entender que acá opera Pemex, que es un ente del gobierno federal, y allá operan compañías privadas. ¿Vamos a ver también si las compañías privadas están dispuestas a entrar a una dinámica tal?.

Incluso, el estado de Texas deberá adherirse al tratado o a la orden ejecutiva que se llegara a aceptar. En aquel estado persiste la desconfianza en torno a la extracción de petróleo en aguas profundas, porque aún se resienten los efectos de la catástrofe ecológica provocada por la trasnacional British Petroleum en 2010, y precisamente ocurrió en la zona donde se pretende extraer el hidrocarburo.

Todavía hay una serie de dificultades enormes por delante. Lo que nos falta saber es: ¿en qué condiciones está firmado el acuerdo? Eso no lo conozco. Entiendo la necesidad que se tiene y se ha tenido desde hace muchos años. En 2000 se firmó el acuerdo para que se iniciaran estas negociaciones, y apenas ahora se están llevando a cabo, qué bueno que ya se terminó, y ahora vamos a ver de qué se trata, planteó.

–¿En qué ámbito se debe despejar la duda sobre la viabilidad de los tratados internacionales o las órdenes ejecutivas?

–La responsabilidad y la firma de estos tratados internacionales es del Senado. Vería con simpatía y agrado que el Senado nos invite a escuchar las comparecencias del director de Pemex y del secretario de Energía para discutir por lo menos, primero, para conocer en qué consiste toda la letra chiquita del tratado, poder estudiarla, y entonces sí estar en condiciones de tener una conversación con los funcionarios correspondientes.

Los legisladores no conocen el texto final: Labastida

Se firmó con presión: Pablo Gómez

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

El Senado de la República sólo ratificará el tratado para la explotación de yacimientos transfronterizos entre México y Estados Unidos si se apega a lo que marca la Constitución y garantiza que la propiedad del petróleo queda en manos de la nación, advirtió Manlio Fabio Beltrones.

Igualmente, el presidente de la Comisión de Energía, Francisco Labastida, reveló que no conocen el texto final y deben verificar que realmente sea benéfico para el país y no se ponga en riesgo la riqueza petrolera.

El perredista Pablo Gómez, integrante del grupo consultor senatorial que dio seguimiento al tema, sostuvo que el gobierno de Felipe Calderón firmó apresuradamente y con mucha presión ese acuerdo bilateral. Denunció que la cancillería canceló sin ninguna explicación las dos últimas citas a los legisladores, por lo que no fueron enterados de cómo se resolvieron los puntos más difíciles. Lamentó que ese grupo, que se formó a instancias del propio gobierno, haya sido desairado.

Habrá que leer las letras pequeñas y las grandes

Por su parte, Beltrones dijo que estará atento a recibir el documento, ya que en la reforma energética de 2008 se estableció que los tratados para la explotación de los yacimientos transfronterizos están sujetos a la ratificación del Senado.

“Habremos de entrar a todos los detalles necesarios para garantizar que México quede, como lo establece la Constitución, en propiedad de los hidrocarburos que le corresponden.

Para ratificar ese tratado primero tenemos que leerlo, tanto las letras pequeñas como las grandes, agregó Labastida. Recordó que el tema de los yacimientos transfronterizos no estaba en la reforma energética de Calderón y se incluyó a propuesta del PRI.

Ahora tenemos que asegurarnos de que todo aquello que se deba cuidar haya quedado debidamente comprendido en el tratado, agregó. A manera de ejemplo, Labastida indicó que es fundamental la norma para evitar accidentes y riesgos en un área tan sensible como el Golfo de México.

Además, explicó, la velocidad de explotación tiene que ser de tal manera que no se deje innecesariamente el petróleo en el subsuelo. La determinación de los lugares donde se perfora se hace con base en obtener el mayor porcentaje de hidrocarburos, expuso.

Por separado, el panista Rubén Camarillo, secretario de la Comisión de Energía, aplaudió el acuerdo, pero su compañero de bancada, Luis Alberto Villarreal, sostuvo que debe analizarse a fondo el texto signado.

Autoexculpaciones improcedentes

    En el contexto de la inauguración de un hospital en Querétaro, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, sostuvo que los sistemas penitenciarios en algunas entidades de la República, en Tamaulipas y Nuevo León, están en crisis. Por su parte, el titular de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré, en un intento por deslindar al gobierno federal de episodios como el ocurrido en el penal de Apodaca, Nuevo León –donde el fin de semana se produjo una masacre y una fuga masiva de internos–, sostuvo que en las cárceles bajo control de la Federación no se ha registrado ningún incidente. Mientras tanto, en el referido centro penitenciario se suscitaron ayer más disturbios, conatos de incendio, peleas entre internos y riñas entre familiares y fuerzas estatales, a pesar de que las autoridades afirmaban tener todo bajo control desde el domingo pasado, y no obstante la destitución de los mandos y custodios de ese penal.

Nadie puede negar, a la luz de la evidencia disponible, el nivel de descomposición y descontrol a que han llegado las cárceles de Nuevo León, y otro tanto puede decirse de las de Tamaulipas, donde se han registrado al menos cinco episodios de violencia en el último lustro, con saldos de decenas de muertos. Sin embargo, pretender reducir la crisis del sistema penitenciario en el país a esas dos entidades constituye un despropósito: desde 2006, cuando empezó el actual gobierno, tragedias similares a las referidas han sucedido también en penales de Baja California, Chihuahua, Guerrero y Durango. Significativamente, y a contrapelo de lo sostenido por Poiré, una riña en el penal de Guadalupe Victoria, Durango, el cual opera bajo control federal desde septiembre de 2010, arrojó ayer un saldo de al menos una persona herida.
Así pues, por conveniente que resulte en términos electorales y de golpeteo político circunscribir el problema de la anarquía y la descomposición carcelarias a los ámbitos estatales –particularmente en entidades gobernadas por priístas, como Nuevo León y Tamaulipas–, lo cierto es que la situación que impera en las cárceles del país pone en perspectiva una crisis generalizada de las instituciones de procuración e impartición de justicia que abarca los tres niveles de gobierno; una pérdida del sentido de reinserción social que está contenido en las leyes, y un deterioro abrumador en las capacidades del Estado, el cual, en tanto titular del monopolio de la fuerza y la violencia legítimas, tendría que hacer prevalecer el orden y la seguridad pública en todos los ámbitos, particularmente en las prisiones.

Por otra parte, los alegatos autoexculpatorios en lo que se refiere a la crisis de la administración carcelaria en México confirman la tendencia exhibida por el gobierno federal a repartir entre sus interlocutores y antecesores la responsabilidad por el actual paroxismo de violencia, por la inseguridad, por el descontrol que impera en franjas del territorio, por la corrupción que se ha larvado en oficinas públicas y por el deterioro institucional que aqueja al país.

Pero si en principio es correcto que los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno tienen un grado de responsabilidad en la configuración de esos flagelos, la catastrófica circunstancia actual es atribuible, en buena medida, a acciones u omisiones cometidas por la administración federal en turno: en el orden preventivo, el gobierno calderonista ha optado por la perpetuación de un modelo económico que desemboca, en forma irremediable, en una obscena concentración de la riqueza, la generación de millones de pobres y desempleados, en la profundización y generalización de la corrupción, y, en suma, en estallidos de violencia y desintegración y descomposición institucionales. En lo táctico, la actual administración optó por enfrentar a la creciente delincuencia mediante una política de seguridad que, en el mejor de los casos, está dirigida únicamente a los síntomas y no a las causas, que ha generado resultados contrarios a los esperados –como queda de manifiesto con el elevado número de víctimas mortales en el último lustro– y que ha implicado, para colmo, algo muy parecido a la abdicación de la soberanía nacional frente a un gobierno extranjero.

La brutalidad intrínseca de los hechos de violencia que ocurren en las cárceles y fuera de ellas se ve multiplicada, en la hora presente, por la tendencia oficial al autoelogio y a la fuga de la realidad. Pronunciamientos como los de ayer confirman la perspectiva descorazonadora de una ciudadanía condenada a vivir, por lo menos de aquí al próximo 30 de noviembre, a merced del descontrol, el desgobierno y la zozobra.
Sistema carcelario-Ahumada

ahumada@jornada.com.mx

Costos de transa-acción

Claudio Lomnitz

      El affaire Sealtiel Alatriste, y la discusión que generó en torno de la definición, importancia y consecuencias del plagio, pone sobre la mesa el tema de los mecanismos de disciplina burocrática a los que se ha sometido el aparato académico como remedio contra el fraude.

El fraude académico –aludo acá no sólo al plagio, sino también a la falsificación de títulos o actividades– es un problema universal. No tiene nada específicamente mexicano, ni es prerrogativa de una u otra institución. Donde quiera existen estudiantes, profesores y creadores que falsifican obra. Lo que varía de manera importante son las consecuencias que tiene el fraude para quienes lo perpetúan, y los efectos que tienen las medidas antifraude para la comunidad académica en general.
Hace unos treinta años, en México había menos mecanismos formales para controlar el fraude. Por una parte, no había Internet, y no era fácil cerciorarse de si un estudiante o profesor había robado algún párrafo ajeno (a menos de que al incauto le hubiera dado por plagiar las Tesis sobre Feuerbach o algún otro texto icónico y fácil de reconocer). Por otra parte, los tabuladores académicos eran más bien toscos, de modo que los fraudes importantes rara vez se conformaban con el robo de párrafos o secciones, sino que se lanzaban de plano a la falsificación de títulos universitarios o de publicaciones enteras.
Esa situación cambió con la introducción de nuevos sistemas de evaluación en los años ochenta, nuevos tabuladores para el personal académico, el SNI, y sistemas calibrados de estímulos y becas. Los efectos del nuevo entramado institucional son un ejemplo de lo que el sociólogo Norbert Elias alguna vez llamó proceso civilizatorio, que implica un cambio de costumbres. Los mecanismos de evaluación han buscado transformar las modalidades de profesionalización académica de forma comparable al penoso proceso mediante el cual se popularizó el uso del tenedor y el cuchillo, y de los modales en la mesa, en la Europa medieval.
Así, el investigador debe demostrar continuamente que tiene el currículo que dice tener, y hace presentaciones pormenorizadas de sus actividades, con lujo de pruebas, para casi cualquier cosa. Se trata, al fin, de internalizar una nueva costumbre, de hacerla propia. Por eso los currículos de los académicos mexicanos son 10 veces más largos que los de sus colegas estadunidenses o europeos. Y por eso cada vez que un académico da una conferencia se le expide un pergamino como sacado de una novela de Quevedo, con rúbrica y sello. La estética barroca del certificado trata de compensar la indignidad que pasará el académico al presentarlo una y otra (y otra) vez.

Los sistemas de evaluación implementados buscaban tres cosas: internacionalizar el cuerpo académico (que se había orientado en exceso al mercado interno y circulaba con dificultad fuera de México); premiar y estimular la productividad, y crear un sistema de evaluación objetivo y relativamente inmune al fraude curricular.

Para conseguir todo esto se pidió a los académicos que presentaran pruebas de sus actividades de manera regular y cotidiana. Como miembro de una horda que ha sido por fin invitada al banquete de palacio, cada investigador ha tenido que mostrar que posee el equivalente académico al tenedor y el cuchillo, que los sabe usar y que se sabe sentar a la mesa.

Y como todo proceso civilizatorio, el de nuestra academia ha sido a la vez penoso y productivo. Pero la pregunta hoy es si, después de treinta años, la academia mexicana no está lista para pasar a otro sistema, basado ya no en las indignidades del control externo –imaginen a un ostrogodo con un mecate que lleva un tenedor colgando, pasando revisión administrativa a la entrada del castillo–, sino en el control internalizado, donde la vergüenza de no saber usar el tenedor es reforzada entre los mismos bárbaros (o, en este caso, los académicos).

Da la impresión de que México está listo para ir pasando a un sistema de control menos burocratizado. El país tiene un sistema de producción académico más o menos presentable, y está en situación de fortalecerlo bastante, y más todavía dada la crisis europea y de Estados Unidos.

Pero para jugar en las primeras ligas no se puede seguir transmitiendo el mensaje de barbarie que generan los mecanismos de control burocrático, donde cualquier administrador tiene derecho a exigir pruebas de lo que sea, cuando se le venga en gana. Los treinta años transcurridos de disciplina burocrática tendrían que ir cediendo paso a un sistema de control autorregulado.

Para eso se necesitaría, de una parte, reglas fuertes y muy claras contra del fraude en cada institución académica, y de la otra, encontrar mecanismos para ir entregando el control curricular a la comunidad misma.

El académico ya sabe comer con tenedor y cuchillo, y ha ido desarrollando sus propios mecanismos para exhibir y humillar al que come con las manos.

La prueba está en que el plagio del señor Alatriste fue denunciado por sus propios colegas, y no por los administradores de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o de Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.