PAN y PRI, al ojo por ojo

Jenaro Villamil

     Temprano comenzaron las hostilidades entre el PAN y el PRI con vistas a las elecciones de julio próximo. Ante la estrategia desplegada por el PAN para que la PGR investigue por posibles nexos con el narco a tres exgobernadores priistas de Tamaulipas: Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, el PRI se lanzó con todo para exigir en el Congreso de Baja California que los exmandatarios panistas de esa entidad Ernesto Ruffo Appel y Eugenio Elorduy sean sometidos a pesquisas por enriquecimiento ilícito y presuntos nexos con el Cártel de Tijuana.

En franca disputa desde las elecciones de Michoacán de 2011, que perdió el PAN frente al PRI, el gobierno de Felipe Calderón ha filtrado versiones de investigaciones ministeriales para vincular a tres exgobernadores priistas de Tamaulipas con el crimen organizado. Por su parte, el PRI decidió en estas dos últimas semanas responder “golpe con golpe” a la administración de Felipe Calderón, a la que acusa abiertamente de “criminalizar el proceso electoral” con estas indagatorias.

Los señalamientos se han enfocado en los tres últimos gobiernos priistas de Tamaulipas, así como en la presunta participación del crimen organizado para favorecer al priista Fausto Vallejo, quien recientemente tomó posesión como gobernador de Michoacán. El viernes 17, Vallejo advirtió que tomará “las medidas legales conducentes” contra los líderes políticos que acusan al crimen organizado de favorecer al PRI.

El miércoles 15, el PRI reviró al impulsar un punto de acuerdo de la bancada local en el Congreso de Baja California para exhortar a la PGR para que investigue a los exgobernadores panistas Ernesto Ruffo Appel y Eugenio Elorduy por presuntos nexos con el narcotráfico. Al mismo tiempo, su dirigente nacional, Pedro Joaquín Coldwell, envió una carta pública a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, en la que califica como “grave e inadmisible” la salida del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), José Luis Vargas Valdés.

Para los priistas el caso más delicado radica en el destape de las investigaciones de la PGR y de la agencia antidrogas estadunidense (DEA) contra los exgobernadores tamaulipecos, en especial contra Tomás Yarrington. Información reciente obtenida por este semanario apunta al interés de establecer una conexión entre las investigaciones de las administraciones priistas en Tamaulipas y los dos últimos gobiernos del Estado de México; es decir, el de Arturo Montiel y el de Enrique Peña Nieto, actual aspirante presidencial priista.

El miércoles 8, el mismo día en que la DEA detuvo en San Antonio, Texas, a Antonio Peña Argüelles, presunto intermediario entre los cárteles de la droga y el gobierno de Yarrington, en el municipio de Nezahualcóyotl Víctor Manuel Torres Moreno renunció al cargo de director de Seguridad Pública del ayuntamiento que ejercía desde 2010, por recomendación de Luis Enrique Miranda Nava, exsecretario de Gobierno con Peña Nieto.

Torres Moreno no es un personaje menor en la trama de las investigaciones contra los exmandatarios priistas de Tamaulipas. Fue subprocurador del Estado de México, bajo las órdenes de Alfonso Navarrete Prida, en el sexenio de Montiel (1999-2005). Como fiscal de Asuntos Especiales de la procuraduría estatal fue el responsable de las pesquisas del asesinato de Enrique Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, ocurrido el 3 de diciembre de 2004 (Proceso 1467 y 1468).

Exdelegado de la PGR en Nuevo León, exsecretario de Seguridad Pública y Vialidad en el municipio de San Pedro Garza García, Torres Moreno llegó a principios del gobierno de Montiel a la subprocuraduría estatal. Llevó como sus subalternos a Eduardo Rodríguez Masso, a quien designó en 2002 como director de Combate a la Delincuencia Organizada dentro de la procuraduría estatal, y a Javier Aguilar Fuentes. Ambos asesinados posteriormente y acusados de presuntos vínculos con el Cártel del Golfo, durante la administración de Yarrington en Tamaulipas.

En su editorial del lunes 13, la edición digital del periódico Alfa Diario, uno de los pocos críticos a la administración de Peña Nieto y de Eruviel Ávila, publicó:

“Los nombres de Eduardo Rodríguez Masso y Javier Aguilar Fuentes, por cierto ambos asesinados y jamás esclarecidas sus muertes, serán traídos nuevamente a colación…

“Infinidad de ocasiones Rodríguez Masso fue señalado públicamente como operador de Osiel Cárdenas Guillén. Las acusaciones nunca pasaron de la página de los diarios. Rodríguez Masso fue asesinado en 2007 de un balazo en la cabeza en Tamaulipas…

“En agosto de 2004, el Ejército detuvo a Ramiro Hernández, El Maty, operador del Cártel del Golfo, y a seis de sus cómplices en la casa ubicada en la Hacienda Corralejo 75, en Echegaray, Naucalpan. Les aseguraron dos millones de dólares y 160 kilos de cocaína. Uno de ellos era Javier Aguilar Fuentes. Fue acusado de delitos menores y recobró su libertad. A la postre fue asesinado de un balazo en la cabeza en el Distrito Federal.”

Rutas del Golfo

Antes de ir al Estado de México a combatir el crimen organizado, Rodríguez Masso fue señalado como integrante de la Hermandad de Comandantes de expolicías ministeriales vinculados con el Cártel del Golfo, durante la administración de Yarrington.

El reportero Arturo Rodríguez publicó que Rodríguez Masso fungió como comandante ministerial en Reynosa, Camargo y Díaz Ordaz, durante la primera etapa de José Guadalupe Herrera Bustamante como procurador estatal. En el gobierno de Yarrington fue director de la Policía Ministerial (Proceso 1646).

Rodríguez Masso encabezó el operativo para detener a Gilberto García Mena, El June. También formó parte de la Hermandad Javier Aguilar Fuentes, excomandante ministerial de Matamoros y Ciudad Victoria. Ambos vinculados a Herrera Bustamante, quien llegó como titular de la procuraduría de Tamaulipas al final del sexenio de Cavazos Lerma, un mes después de la detención de Juan García Ábrego, fundador del Cártel del Golfo.

En agosto de 2007 el gobernador Eugenio Hernández Flores nombró a Herrera Bustamante como procurador estatal, a pesar de los presuntos vínculos de su hermano Ariel Herrera Bustamante con el Cártel del Golfo, y de que la abogada regiomontana Raquenel Villanueva lo acusó de atentar en su contra. Llegó a este cargo por segunda ocasión (la primera fue durante la gestión de Cavazos Lerma).

A Rodríguez Masso lo ejecutaron el 29 de diciembre de 2007 en su oficina de la discoteca Antrock, en Matamoros, un día antes de que tomara posesión como alcalde de esa ciudad el priista Erick Silva. En los medios locales se aseguraba que sería el nuevo jefe policiaco de la localidad (Proceso 1646).

La conexión entre los comandantes de Tamaulipas y los gobiernos del Estado de México no se limitaba a Rodríguez Masso y a Aguilar Fuentes. Otro de los personajes mencionados fue Pablo Zárate Juárez, director de la Policía Municipal de Matamoros durante la gestión de Yarrington como alcalde de esa ciudad. En ese tiempo fue agente de la corporación Eduardo Costilla, El Coss, a la postre lugarteniente de Osiel Cárdenas Guillén y en la actualidad presunto líder del Cártel del Golfo.

Zárate se desempeñó como director de Seguridad Pública en el municipio de Atizapán, en el Estado de México (1991-1993). En varias ocasiones se le acusó de proteger a narcotraficantes que utilizaban ese municipio conurbado a la Ciudad de México para el trasiego de drogas. Durante el gobierno de Yarrington (1999-2005), Zárate fue director del Instituto Tamaulipeco de la Vivienda. También tuvo cercanía política con Luis Felipe Puente Espinoza, secretario de Transporte durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Contrataque

Horas después de que se filtrara a la prensa que la PGR mantenía abierta una investigación contra Manuel Cavazos Lerma, actual candidato priista al Senado; contra Tomás Yarrington, y Eugenio Hernández, los tres exgobernadores de Tamaulipas, el PRI emitió un comunicado el 31 de enero último para calificar de “inadmisible” el uso de la procuración de justicia con fines políticos.

“No se puede fingir que se impone la ley violando la ley. Basta ya de usar los instrumentos de la justicia con fines electorales”, sentenció el documento, al tiempo que la dirigencia nacional priista presentó una denuncia contra los responsables de la “filtración” del expediente de la PGR.

Peña Nieto viajó a Tamaulipas el jueves 2 y expresó su respaldo público a Cavazos Lerma. Como ya se indicó, el miércoles 15 el PRI confirmó que el exgobernador de Tamaulipas y exsecretario de Acción Electoral del tricolor en los últimos dos años será candidato al Senado, en fórmula con Guadalupe Flores Valdés.

El martes 7, dos días después del triunfo de Josefina Vázquez Mota en la contienda interna panista para la candidatura presidencial, el dirigente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, advirtió que Acción Nacional “va a implementar la misma estrategia que hizo hace seis años” contra el PRD.

“Primero, tratar de quedarse en segundo lugar de la contienda, y luego polarizar la elección y decir que en este caso el PRI es un peligro para México, lo mismo que dijeron hace seis años del PRD”, sentenció.

El 10 de febrero, Reforma publicó que la DEA investiga a Yarrington por haber recibido millones de dólares tanto del Cártel del Golfo como de Los Zetas, a cambio de protección a sus operaciones criminales. La nota cita a una fuente anónima identificada como CS-1 (Confidential Source 1), quien acusó al exgobernador de tener vínculos con Heriberto Lazcano El Lazca y Miguel Treviño, ambos líderes de Los Zetas. Otra fuente confidencial, identificada como CS-2, señaló que el intermediario entre el gobierno de Yarrington y los cárteles fue Antonio Peña Argüelles, detenido el 8 de febrero en San Antonio, Texas, por presunto lavado de dinero. La misma nota cita a otras dos fuentes secretas de la DEA, identificadas como CS-3 y CS-4.

A su vez, en la sede nacional del PRI se mencionó que el testigo protegido de la PGR en las acusaciones contra los tres exgobernadores de Tamaulipas es José Salvador Puga Quintanilla El Pitufo, el mismo personaje cuyas declaraciones fueron la base para la detención masiva de funcionarios y alcaldes de Michoacán, en 2009, por presuntos vínculos contra el narcotráfico. La mayoría de los implicados en el Michoacanazo salieron libres. El Pitufo también fue el informante en el caso contra el exalcalde de Cancún, Greg Sánchez, quien fue liberado después de ser invalidado como candidato a gobernador de Quintana Roo.

El lunes 13, la dirigencia nacional del PRI dio a conocer una carta enviada desde el viernes 10 a la titular de la PGR, Marisela Morales, para criticar el nombramiento de un nuevo titular de la Fepade, en sustitución de José Luis Vargas Valdés.

En la parte medular de la misiva, firmada por Pedro Joaquín Coldwell, el PRI advirtió:

“En fechas recientes, se han despertado suspicacias en torno a la injerencia del Poder Ejecutivo federal, en un esfuerzo por criminalizar el proceso electoral y favorecer al Partido Acción Nacional. Es inadmisible que la Fepade se convierta en un instrumento de esta política y vehículo para la persecución aviesa e ilegal de candidatos o militantes de partidos de oposición al gobierno.”

El martes 14, la bancada del PRI en el Senado se alió al PRD para expresar su malestar por el nombramiento de Imelda Calvillo Tello como nueva titular de la Fepade. El vocero de la bancada priista, Carlos Jiménez Macías, consideró que el relevo en la fiscalía es “una señal muy peligrosa” debido a que “el gobierno ha hecho uso de las instituciones públicas para combatir a sus adversarios”.

Un día después, por mayoría de 16 votos (PRI, Partido Verde, Partido Estatal de Baja California, PT y PRD), cuatro en contra (PAN) y dos abstenciones (Panal), el Congreso de Baja California aprobó un punto de acuerdo para exigirle a la PGR que investigue a los exgobernadores panistas Ernesto Ruffo Appel y Eugenio Elorduy por enriquecimiento ilícito y presuntos nexos con el Cártel de Tijuana.

En la argumentación del punto de acuerdo, impulsado por el PRI, se recordó que en 1989 Ruffo inició su campaña a la gubernatura con 500 mil dólares de financiamiento del Cártel de los Arellano Félix y se le acusó de encubrir a su hermano Claudio. Asimismo, se mencionó que los sicarios detenidos en el ataque a la discoteca Christine de Acapulco tenían credenciales de la Procuraduría de Justicia de Baja California.

David Lozano Pérez, presidente de la XX Legislatura estatal, recordó también que cuatro escoltas de Ruffo murieron asesinados por supuestos nexos con el narcotráfico: Carlos González Félix, Carlos Aboytes Rodríguez, Diego Hernández Levya y Jaime Ruelas.

FUENTE PROCESO