Carta abierta
Pedro Miguel
Señor Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:
Pienso que en su momento usted habría debido iniciar un procedimiento legal verosímil para esclarecer las maniobras oscuras realizadas con dinero público por Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún; que debió iniciar una averiguación previa contra Francisco Ramírez Acuña por su presunta responsabilidad en casos de tortura (Guadalajara, mayo de 2004); que usted habría debido iniciar querellas contra Eduardo Medina Mora, Wilfrido Robledo Madrid, Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Yunes, entre otros, por las violaciones cometidas por policías federales y estatales contra activistas y/o simples ciudadanos de San Salvador Atenco; y que debió actuar contra Juan Camilo Mouriño, quien, como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y luego como coordinador de asesores en la Secretaría de Energía, intervino en la firma de contratos entre el gobierno federal y empresas de su propia familia; y que habría debido imputar por presunto encubrimiento a su ex secretario de Comunicaciones y Transportes Luis Téllez Kuenzler, pues éste dijo saber que Salinas de Gortari se robó, en el tiempo en el que ejerció la jefatura del Poder Ejecutivo, la mitad de la partida secreta, y que usted tenía la obligación de hacer algo legal contra Genaro García Luna, quien contravino de manera pública y flagrante una prohibición contenida en el artículo 37 constitucional.Creo también que el conjunto de las fuerzas policiales y militares comandadas por usted habría debido capturar y presentar ante los tribunales correspondientes a Joaquín Guzmán Loera El Chapo y a otros presuntos cabecillas de organizaciones dedicadas al narcotráfico y a otros delitos; que usted ya se tardó en pedir la extradición de los funcionarios estadunidenses que urdieron, autorizaron y ejecutaron el operativo de contrabando de armas destinado a grupos de narcotraficantes mexicanos denominado Rápido y furioso; asimismo, que usted estaba obligado a presentar cargos por evasión fiscal contra los empresarios que, según reveló usted mismo, no pagan los impuestos que les corresponden.
Pero no. En vez de procurar justicia en los casos arriba referidos y en muchas otras muestras de flagrante impunidad, usted, señor Calderón, amenaza con proceder legalmente contra quienes firmamos una petición para que usted, varios de sus colaboradores y diversos presuntos narcotraficantes sean sometidos a juicio en la Corte Penal Internacional. Somos 23 mil los signatarios, y muchos más –cientos de miles, posiblemente millones de ciudadanos– lo que hemos expresado que la estrategia ideada y aplicada por usted para, supuestamente, combatir la criminalidad y restablecer el estado de derecho ha tenido por consecuencia un auge mayor de la criminalidad, un quebranto generalizado del estado de derecho y, por añadidura, un entorno de violencia sin precedente y una gravísima epidemia de violaciones a los derechos humanos.
Si va usted a proceder contra nosotros, sea congruente y hágalo contra todos los que, en palabras oficiales de Los Pinos,
afectan terriblemente (sic) el buen nombre de México. Presente imputaciones legales, por ejemplo, contra Strategic Forecasting Inc (Stratfor), firma de análisis de inteligencia que sostiene (Mexican drug war 2011, abril de 2011) que el actual gobierno federal permite que el cártel de Sinaloa someta a las bandas más débiles y que hay una coincidencia de propósitos entre ese grupo delictivo y la administración en curso. Finque usted cargos contra el ex embajador de Estados Unidos Carlos Pascual, quien envió a Washington informes según los cuales Arturo Chávez Chávez, el hombre a quien usted hizo procurador, había ofrecido, años antes, “una mano de ayuda a ciertas figuras de un cártel”. Demande usted a Human Rights Watch (HRW), que en un informe reciente sostiene: “En vez de reducir la violencia, la guerra contra el narco (anunciada e impuesta por usted, aunque lo niegue) ha provocado un incremento dramático en la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país”. Y a Amnistía Internacional (AI), la cual informa que el año pasado
las fuerzas policiales y militares desplegadas para combatir a las bandas fueron responsables de violaciones graves de derechos humanos, que
en los casos de violaciones de derechos humanos, la impunidad fue la normay que sólo en 18 meses ocurrió
un centenar de homicidios cometidos por las fuerzas armadas.
En suma, señor Calderón, pienso que quienes
afectan terriblemente el buen nombre de Méxicoson usted, sus principales colaboradores y los jefes de la delincuencia formal, y no quienes enumeramos las barbaries en curso –la oficial y la otra– y apelamos a una instancia internacional, en forma pública, transparente y legítima, en un intento por ponerle freno.
Por último, creo percibir, en el ominoso mensaje emitido por su oficina el pasado 27 de noviembre, mucho miedo en usted y en sus colaboradores. Proceda legalmente en contra nuestra, si eso lo reconforta, pero no nos tema a nosotros, los 23 mil denunciantes de su régimen, pues actuamos –estamos dando prueba incontestable de ello– por los cauces pacíficos, legales e institucionales. Témale más bien a la furia latente de un país defraudado, empobrecido, saqueado, ensangrentado, escarnecido y humillado por ustedes, los demandados el 25 de noviembre ante la Corte Penal Internacional.
México bárbaro
Luis Martínez
Este año se cumplen 100 años de que fue escrito este libro por John Kenneth Turner. Retrata la vida de los mexicanos en el siglo XIX, la forma de vida, la miseria, la opresión. La mayor parte de los mexicanos no sabían leer ni escribir, los trabajadores no tenían derechos; no existían sindicatos; las huelgas estaban prohibidas, incluso se castigaba el intento de pedir aumento de sueldo. Turner hizo dos profecías: México iniciaría una revolución en favor de la democracia y Estados Unidos intervendría para proteger sus intereses. Cuando se escribió este libro había cerca de 30 mil soldados estadunidenses que patrullaban la frontera mexicana y barcos de guerra navegaban en la cercanía de nuestros puertos.
La movilización de tropas fue ordenada por el presidente Taft, al margen del pueblo estadunidense, sosteniendo que no había ninguna violación al derecho internacional. Decía Turner que el objetivo de escribir este libro era alertar a los estadunidenses de que la revolución que se gestaba en México obedecía a causas profundas y evitar que hombres buenos, trabajadores y valientes tuvieran derecho a vivir en libertad; pero, sobre todo, impedir una intervención contra una revolución cuya justicia era indiscutible.¿Qué es México?, se preguntaba Turner.
Llamamos a México nuestra república hermana, la describimos vagamente como una república muy parecida a la nuestra, habitada por gente un poco diferente en temperamento, un poco más pobre, que disfrutaba de leyes republicanas; en síntesis, un pueblo libre en el sentido en que nosotros somos libres.Pero la gran sorpresa la encontró el escritor cuando descubrió que el verdadero México era
un país con una Constitución y leyes escritas y democráticas como las nuestras, pero ni la Constitución ni las leyes se cumplían. Han pasado cien años y, toda proporción guardada, hay una distancia brutal entre el país legal y el país real.
En mi primer viaje, escribe Turner, “fui acompañado por Gutiérrez de Lara, quien me advirtió que en México existía la esclavitud. Tomé mis precauciones para conocer la realidad con mis propios ojos y escucharla con mis propios oídos. Gracias al señor de Gutiérrez de Lara estuve en condiciones de observar y oír cosas que eran inaccesibles para el investigador ordinario. Pude comprobar que sí existía esclavitud en México, la encontré primeramente en Yucatán.
Los reyes del henequén sostienen que cuanto más barato es el peón mayores son las utilidades para todos. De esta manera el peón se convierte en esclavo. También me explicaron que este sistema no lo llamaban de esclavitud, sino lo denominaban servicio forzoso de deudas, porque la esclavitud es contraria a la ley; por eso le damos otro nombre que no sea contrario a la Constitución. Este negocio, me explicaron, dice Turner,
llámese como se llame es legal. También me dijeron que era necesario pegarles a los peones, porque no hay otro modo de obligarlos a hacer lo que uno quiere, si no los golpeamos no harían nada. A las mujeres se les obligaba a arrodillarse para azotarlas. Se golpea tanto a los hombres como a las mujeres. No recuerdo haber visitado un solo henequenal en que no haya visto esta práctica de utilizar un pesado bastón para picar, hostigar y golpear continuamente a la gente.
Resulta muy ilustrativa en el presente la relación tan entrañable que se da entre los presidentes mexicanos y los medios de comunicación estadunidenses; por eso es tan útil volver a la lectura de México bárbaro. Conocer las cabriolas publicistas de William Randolph Hearst, propietario de The Cosmopolitan Magazine. Conocer los negocios de la Standard Oil mexicana, que era dueña de terrenos petrolíferos, tenía en sus manos el mercado de distribución y la venta del petróleo de México.
Este 20 de noviembre recordamos el 101 aniversario de la Revolución Mexicana, escenificado por el Ejército Mexicano. Fruto de una revolución vigente, y nos vemos obligados a recordar la advertencia de Jesús Reyes Heroles de que hay un México profundo, que hay un México bronco. La pobreza y la desigualdad están presentes. La riqueza concentrada por el abuso, acaparada sin ningún miramiento con monopolios vigentes que todos conocemos.
El año entrante tendremos elecciones y no habrá bono democrático, sino lo que encontraremos será la desesperanza y la pobreza que agobia a 52 millones de mexicanos, de los cuales 12 viven en la miseria. La pobreza ha sido un mal endémico del país. ¿Qué hacemos con los pobres? La pregunta de Ignacio Ramírez, El Nigromante, que retoma Julieta Campos en su esplendido libro y que no hemos podido exterminar, ¿qué haremos con los pobres hoy?, sigue siendo una denuncia y una deuda moral. Quien gane la Presidencia el próximo año tendrá que enfrentar bajo la frialdad de los números un gran drama humano, que nos obligará por igual a todos los mexicanos.
La Haya y el haiga-Rocha
Amago gubernamental
El domingo pasado la oficina de Felipe Calderón Hinojosa anunció que analizaba las alternativas para
Hay un error jurídico básico en la noción de que acudir a un tribunal cualquiera, nacional o internacional, pueda considerarse delito y ser objeto de sanciones o contrademandas. El recurso interpuesto ante el CPI, y firmado por unos 23 mil ciudadanos, simplemente será considerado procedente o no, esto es, el tribunal internacional decidirá si amerita la apertura de un proceso contra los imputados. De modo que, si se empecina en proceder legalmente contra sus demandantes, el gobierno federal deberá buscar la infracción en otro sitio.proceder legalmenteen contra de quienes signaron una demanda por crímenes de guerra, presentada el viernes ante la Corte Penal Internacional (CPI), que involucra al titular del Ejecutivo federal, a varios integrantes de su gabinete de seguridad y al presunto cabecilla del cártel del Pacífico, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, en la comisión de crímenes de guerra, en el contexto de las disputas entre grupos de la delincuencia organizada y entre éstos y las fuerzas policiales y militares, cuyo mando supremo recae en el propio Calderón. A decir de Los Pinos, las imputaciones son
falsas y calumniosas,
absurdas,
infundadas e improcedentes,
temerariasy
dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México.
Por lo demás, el amago oficial en contra de
quienes realizan imputaciones infundadas e improcedentes en distintos foros e instancias nacionales e internacionalesocurre unos días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció, en un fallo deplorable, aunque de acatamiento obligado, la virtual imposibilidad de que
personas con actividad públicatengan éxito como demandantes por difamación y calumnias. Al considerar que la libertad de expresión no debía tener cortapisas ni limitaciones en esta circunstancia, los ministros Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Jorge Pardo exculparon a la revista Letras Libres, que en una de sus ediciones acusó a este diario de complicidad con el terrorismo de la organización vasca ETA. De esa manera, el máximo tribunal del país sentó un precedente que abre la puerta para que cualquier actor social pueda formular, sin temor a consecuencias legales, toda suerte de calumnias contra terceros, así sean tan disparatadas e infundadas como el libelo publicado en la revista que dirige Enrique Krauze.
Con ese precedente, el amago gubernamental contra los autores de la demanda presentada el viernes pasado en La Haya no parece tener viabilidad alguna, no sólo porque Calderón es, evidentemente, una
persona con actividad pública, sino también porque la pretensión de atribuirle responsabilidad en crímenes de guerra y lesa humanidad, correcta o equivocada, tiene elementos constitutivos más variados y complejos que la simple maledicencia: informes, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de organismos internacionales humanitarios y de una abundante información institucional y periodística. Menos improbable parecería, en todo caso, que tales imputaciones llegaran a dirimirse en la CPI.
Si se analiza con atención, esta perspectiva no es obligadamente desfavorable para la administración calderonista, y hasta resulta difícil entender que el actual gobierno, que exhibe una convicción tan absoluta en la justeza, pertinencia y legalidad de su estrategia de seguridad y combate al crimen, no vea la conveniencia de desvirtuar en forma contundente y definitiva, en un proceso internacional, los múltiples señalamientos en su contra por la comisión de masivas violaciones a los derechos humanos. Por el contrario, la amenaza a los demandantes hace ver a los integrantes de la administración calderonista como temerosos de ser hallados culpables en un juicio semejante.
Por lo demás, en términos políticos y mediáticos, la contraofensiva del gobierno no pudo ser más contraproducente, porque atizó el debate público más de lo que lo hizo la propia demanda interpuesta el viernes pasado en La Haya y dio nuevo impulso a sus promotores. En cuestión de horas se duplicó el número de firmantes de la querella; muchas personas que no necesariamente estuvieron de acuerdo en su presentación manifestaron su rechazo a la pretensión gubernamental de coartar el derecho ciudadano a la libre expresión y a acudir a una instancia jurisdiccional; adicionalmente, se convocó para hoy a actos de protesta frente a la Procuraduría General de la República, en esta capital, y a un lado de la Feria Internacional del Libro, en Guadalajara.
Las rectificaciones no sólo son legítimas, sino que honran a quien las emprende. En esta situación, el gobierno federal ganaría si enmendara su reacción inicial y se desistiera de agitar sobre sus demandantes una espada de Damocles que, dadas las circunstancias, no parece tener mucho filo.
ona viva-Magú
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