Desalojos anunciados- Charrismo: distorsión presupuestal y política- Edomex: la deuda que dejó Peña Nieto

American Curios

Desalojos anunciados

David Brooks

Casi la mitad de estadunidenses viven en hogares con ingresos insuficientes para cubrir las necesidades básicas, de acuerdo con una investigación basada en cifras del gobierno y del sector privado. En imagen de archivo, protesta en Nueva York contra la situación económicaFoto Elizabeth Coll

 

 

Cada vez es menos misteriosa la situación en este país.

Resulta que es bastante precisa esa frase del 1 por ciento contra el 99 por ciento. Casi todas las semanas se documenta la creciente brecha entre los más ricos y todos los demás, algo que los expertos afirman que ha transcurrido durante las últimas tres décadas al prosperar la versión estadunidense de la magia neoliberal aplicada en los países de América Latina y otros con resultados paralelos.

Sólo para resaltar algunos de los últimos indicadores: resulta que además de contar con 49.1 millones de estadunidenses viviendo en la pobreza (casi uno de cada seis), otros 51 millones están en la categoría de casi pobres, con ingresos que los colocan de manera constante al borde del precipicio, sobre todo en medio de una crisis económica según estadísticas del censo, reportó el New York Times. O sea, aproximadamente un tercio de la población está al borde de padecer o ya padece hambre, no puede pagar renta o hipoteca, o no tiene acceso a salud o educación, etcétera.

Otra investigación basada en datos del gobierno y del sector privado encontró que casi la mitad de los estadunidenses viven en hogares con ingresos insuficientes para cubrir las necesidades básicas. Según la organización Wider Opportunities for Women, un 45 por ciento de los residentes de este país sufren de esta inseguridad económica (39 por ciento son adultos y 55 por ciento son menores de edad), reportó Reuters.

Mientras tanto, no sólo el 1 por ciento más rico controla 40 por ciento de la riqueza, sino el 0.1 por ciento ha incrementado sus ingresos 400 por ciento entre 1979 y 2005, mientras el ingreso del sector medio de la población se incrementó en 21 por ciento en ese periodo, según cálculos basados en datos oficiales.

¿Y qué ha hecho la clase política para atender todo esto? Ante la aparente incapacidad en Washington de ofrecer propuestas e implementar políticas para resolver la desigualdad económica, la falta de empleo y controlar la avaricia y la especulación, la conclusión de observadores y expertos, y hasta de algunos veteranos políticos de ambos partidos, es que el gobierno está descompuesto.

Como para comprobarlo, el llamado supercomité legislativo bipartidista encargado de formular una propuesta para reducir el déficit federal declaró derrota la semana pasada, provocando un desplome en los mercados bursátiles y advertencias de que podría significar más recortes en fondos para empleo, escuelas y salud en el país. Su fracaso nutrió aún más la percepción de un Washington descompuesto que no tiene la capacidad de resolver los grandes problemas que enfrenta el país.

El fracaso, para la opinión pública, no sorprendió; casi nadie esperaba más. Vale recordar que en una encuesta reciente del New York Times la tasa de aprobación del Congreso se desplomó a sólo 9 por ciento. Un legislador determinó que el Congreso goza de menos apoyo que el presidente Richard Nixon durante el escándalo de Watergate o la petrolera BP durante el desastre de su plataforma en el Golfo de México.

Hay otra razón por la cual el pueblo –el 99 por ciento–, que supuestamente es representado por sus legisladores, no confía en el Congreso: casi 50 por ciento de sus integrantes pertenecen al 1 por ciento. De acuerdo con una nueva investigación del Center for Responsive Politics en Washington, 250 legisladores (47 por ciento del total de senadores y representantes) pertenecen al exclusivo club según el valor medio de sus bienes y deudas reportados. Dos tercios del Senado y casi la mitad de la Cámara de Representantes son millonarios. El valor medio neto de un senador en 2010 fue de un promedio de 2.63 millones, mientras el valor medio neto de un representante promedio fue de 756 mil 765 dólares. Tampoco hay discriminación por partido: 37 demócratas y 30 republicanos del Senado reportaron un valor neto superior de un millón de dólares en 2010 (los datos oficiales más recientes). En la cámara, 110 republicanos y 73 demócratas son millonarios.

Mientras nada funciona en Washington, un grupo de multimillonarios, unos conservadores, otros liberales, ha ocupado el vacío para promover con sus acciones filantrópicas una serie de reformas e iniciativas para influir en las políticas públicas en varios rubros, desde educación y salud hasta el desmantelamiento de la legislación laboral y ambiental. Por un lado están los hermanos Koch, de Koch Industries, que financian el Tea Party, y legisladores que buscan anular derechos laborales y ambientales. Por otro lado están Bill Gates y señora (Microsoft), Eli Broad y Mark Zuckerberg (Facebook) que, junto con millonarios de fondos de especulación, han promovido reformas en educación pública a su gusto, incluyendo esfuerzos para semiprivatizarla y lucrar con ella. Otros como Howard Schultz, ejecutivo en jefe de Starbucks, y William Conway, de Carlylye Group, también buscan incentivar políticas de generación de empleo y desarrollo económico.

Diane Ravitch, tal vez la crítica de políticas de educación más importante del país, ha denominado a los promotores de estas políticas de educación club de multimillonarios, que ejerce influencia masiva con casi nula rendición de cuentas al público. Otro crítico, Richard Brodsky, de la organización de investigaciones Demos y ex legislador estatal, comentó al New York Times que todo esto es una especie de compra de influencias a gran escala, y afirmó que la noción de que una sociedad es mejor servida por los súper ricos ejerciendo sus instintos caritativos es, al final, antidemocrático.

El misterio sobre la esencia antidemocrática, tanto económica como política, de la visión neoliberal está revelado en los hechos. No sorprende que, justo cuando culmina esta ocupación de todo por los más ricos y sus cómplices políticos, reaparezca el 99 por ciento en el panorama anunciando su intención de desalojar al 1 por ciento.

Dinero

Tumba la profesora Elba Esther al director del Issste

La devaluación está provocando alza de precios

Edomex: la deuda que dejó Peña Nieto

Enrique Galván Ochoa

A

un cuando ya fichó con el equipo priísta de Enrique Peña Nieto, la profesora Elba Esther sigue cobrando facturas al panismo, como resultado del compromiso que estableció –confesado por ella misma– con Felipe Calderón para llevarlo a la Presidencia de la República. Así que tardó un poco, pero finalmente tumbó al director general del Issste, Jesús Villalobos López. Sin embargo, su victoria no es completa. No pudo colocar a nadie de su círculo íntimo, entra Sergio Hidalgo Monroy Portillo, hasta ayer director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), del equipo de Hacienda. Le amarraron las manos a la profesora en cuanto al manejo del presupuesto, que será de 141 mil millones de pesos en 2012.

Un poco de historia. En julio pasado, el entonces secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, hoy candidato al gobierno de Guanajuato, anunció una auditoría debido al probable desfalco por 8 mil millones de pesos que no se utilizaron para la modernización de hospitales y para cubrir el desabasto de medicamentos.

Había sido presentada una denuncia pública en ese sentido por grupos sindicalizados que controla la profesora Elba Esther. Paralelamente tenía lugar un violento enfrentamiento entre la presidenta del SNTE y su antiguo aliado, Miguel Ángel Yunes. Éste la había acusado de que le pidió 20 millones de pesos mensuales como contribución del Issste al Panal, el partido que constituye otra de las propiedades de la profesora. La petición la había hecho cuando Yunes era director del instituto, ya que el hoy defenestrado Villalobos López fue su remplazo, mientras se iba a hacer campaña por el gobierno de Veracruz. El cambio, a un año de distancia de que termine el sexenio, no tiene nada que ver con la necesidad de que mejoren los servicios del instituto creado para atender a los empleados del gobierno federal. Es una pelea cruda, descarnada, por el control del instituto y sus enormes recursos financieros, de los que podrían sustraerse recursos para la campaña presidencial. ¿Y las denuncias por el desfalco de 8 mil millones de pesos del grupo sindical y la de Yunes, en relación con la aportación de 20 millones de pesos mensuales al Panal? De eso no hay noticias. Lo más seguro es que terminen en el archivo de la impunidad.

Devaluación

Las autoridades culpan a la turbulencia financiera internacional de la devaluación de la moneda, sin dar mayores explicaciones. Ya es muy severa. Cuando Calderón se hizo cargo del gobierno, un dólar costaba $11 pesos. Este fin de semana se cotizaba en $ 14.30 en promedio. Hay que acreditar también al gobierno panista una devaluación de 16 por ciento en el sexenio de Fox. Una de las promesas de Calderón, de las muchas que hizo en su campaña como aspirante presidencial, fue que no habría devaluación. No incurriría en las barbaridades de los gobiernos priístas que hicieron talco la moneda (ver gráfica). No cumplió. Como México importa de Estados Unidos y otros países gran parte de lo que consume, ya está percibiéndose un efecto inflacionario. Parece que el calderonismo ha venido a colocarnos en el peor de los mundos: crisis de violencia más crisis económica.

@Vox Populi

Asunto: lo que sucede en los hospitales

Después de que pasó el día mundial contra la violencia a las mujeres, estuve platicando con una de mis hijas que está estudiando medicina, y me comentaba la situación tan difícil que es para todas las mujeres que estudian esta carrera, ya que en general existe una fuerte discriminación contra ellas, además del acoso sexual constante de los médicos de base. Mi hija está haciendo la residencia de pediatría en el hospital del IMSS de Gabriel Mancera, y han puesto quejas en contra de varios médicos tanto en la universidad como en la dirección del hospital sin que las autoridades hagan algo al respecto.

Buzón reservado/Distrito Federal

R: Creo que el problema tiene mucho tiempo y es bastante conocido por las autoridades. Si tuvieran interés en resolverlo ya lo hubieran hecho.

Asunto: salarios congelados

Soy investigador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). Hemos sido víctimas del congelamiento salarial durante los dos sexenios panistas y junto con otros compañeros decidimos a principios de año enfrentar la situación entregando peticiones de solución en las oficinas de la Presidencia, Semarnat, SHCP, SFP, Junta de Gobierno del IMTA, Cámaras de Diputados y Senadores, etcétera. En todos lados nos atendieron bien, pero siempre nos ignoraron. Así que optamos por un recurso último: demandar al IMTA en la Junta de Conciliación y Arbitraje de Cuernavaca, Morelos. La demanda fue hecha por más de 80 investigadores. Confiamos en que si nuestras peticiones son justas y las leyes están al servicio de la justicia, habremos de ganar.

Dr. Javier Avilés López, investigador nacional nivel II

R: Ténganme informado, por favor.

Twitter

Edomex, primer lugar en deuda con los 61 mil millones de pesos que dejó Peña Nieto. Para analizar.

@cherryceci Cecilia Utrilla

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

galvanochoa@yahoo.com • http://elforomexico.com/encuestas/

Charrismo: distorsión presupuestal y política

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó ayer a Pemex que proporcione información a un particular sobre el destino de los recursos que entrega al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), los cuales el año antepasado alcanzaron más de 700 millones de pesos, entre los que se encuentran partidas como aniversario de la expropiación petrolera y desfile del Primero de Mayo, que la paraestatal pretendía mantener reservadas como confidenciales. El fallo permitirá arrojar luz, en parte, a una relación turbia que trasciende con mucho los límites de conquistas laborales legítimas.

Ayer mismo, este diario dio cuenta, en su nota principal, de la erogación por el gobierno federal de 525 millones de pesos para sufragar, en condiciones de completa opacidad, actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en diversos puntos de la República. En muchos casos, los recursos fueron entregados a funcionarios públicos y representantes populares sin vinculación formal con el gremio, o bien fueron destinados a actividades no relacionadas con las claves presupuestales correspondientes.
Semejantes concesiones contrastan con la intransigencia y el encarnizamiento de las autoridades, en la presente administración, contra organizaciones gremiales independientes, como los sindicatos Mexicano de Electricistas (SME) y Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), así como contra los trabajadores de la Compañía Mexicana de Aviación, cuya parálisis, tras la descapitalización de que fue objeto, se ha ido evidenciando como resultado de un designio de altos funcionarios de la administración calderonista.
El mantenimiento, con dinero de todos, de camarillas sindicales como las que controlan los gremios de maestros y de trabajadores petroleros es uno de los rasgos más exasperantes de la persistencia de la corrupción estructural en el régimen mexicano. Esas transferencias regulares no sólo han permitido a los caciques correspondientes y a sus cortes de incondicionales darse vida principesca en un país azotado por la miseria y el desempleo, sino han dado margen a la construcción de promontorios de poder que terminan por desafiar a las instituciones y por convertirlas en rehenes de las dirigencias charras, como ocurre con la Secretaría de Educación Pública, y por violentar los fundamentos legales del gobierno. Al mismo tiempo, el mantenimiento de las relaciones perversas entre el poder público y esas dirigencias impide el desarrollo de prácticas democráticas en las organizaciones sindicales, hace posible la marginación y la persecución de disidentes y alienta prácticas contrarias a la dignidad y a los derechos ciudadanos de los afiliados.

Tal fenómeno, fraguado durante los gobiernos priístas, ha permanecido inalterado en las administraciones panistas, y se ha alcanzado en el tema una suerte de resignación cínica: se da por hecho que los cacicazgos sindicales oficialistas intercambian partidas presupuestales por respaldos políticos o sufragios corporativos. En el caso del SNTE, los recursos públicos permitieron incluso la construcción de un partido político –Nueva Alianza–, utilizado como instrumento personal de negociación por la máxima lideresa sindical, Elba Esther Gordillo. Por lo que hace al STPRM, cabe recordar que el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) desvió por medio de esa organización cerca de mil 500 millones de pesos de recursos públicos a la campaña del primer aspirante presidencial priísta que perdió unas elecciones, Francisco Labastida Ochoa. Los responsables de semejante saqueo al erario permanecieron impunes, merced a presumibles acuerdos de encubrimiento, y en agosto pasado, ante la persistente falta de voluntad de la Procuraduría General de la República (PGR) por esclarecer el peculado, el delito terminó por prescribir.

La persistencia transexenal de esta relación perversa fue reconocida sin ambages, en el contexto del pleito entre Elba Esther Gordillo y su ex protegido Miguel Ángel Yunes Linares, ex director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), por el actual titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, en julio de este año, cuando declaró que la entrega de esa posición y de la dirección de la Lotería Nacional a incondicionales de la lideresa magisterial vitalicia había sido negociada desde la administración anterior.

El charrismo sindical niega, en suma, la normalidad democrática que presume buena parte de la clase política, mantiene al país anclado en prácticas políticas mafiosas y constituye un grave obstáculo para el desarrollo. Su erradicación debiera ser parte de las propuestas políticas que se presenten con miras a las elecciones presidenciales del año entrante.