Licencia para el crimen- Apuntes postsoviéticos- La nación precaria- La crisis Electrica: "PARA VIVIR MEJOR"

Más percances eléctricos en la ciudad de México

 

Más de 40 mil personas se vieron afectadas por el corte de energía

Explosión de tres mufas causa caos vial, apagón e intoxicados en Reforma

Alejandro Cruz, Israel Rodriguez y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Sábado 26 de noviembre de 2011, p. 31

Cortocircuitos en tres mufas ubicadas en calles de la colonia Tabacalera y el Centro provocaron caos vial en las avenidas Paseo de la Reforma e Hidalgo, así como un apagón de casi dos horas, sin que se reportaran lesionados, salvo tres personas atendidas por inhalación de humo y crisis nerviosas.

Según el reporte policiaco, el primer evento tuvo lugar poco antes de las 9 horas en el cruce de avenida Balderas e Independencia; minutos después, se reportó otro en el cruce del Eje 1 Poniente e Hidalgo, en el estacionamiento de la Lotería Nacional.
El incidente más aparatoso ocurrió en la calle Basilio Badillo, casi esquina con Paseo de la Reforma, en el edificio de los estudios Tepeyac, donde otra mufa hizo cortocircuito, lo que provocó fuertes explosiones, así como fuego y humo.
Personal del cuerpo de bomberos y Protección Civil acudieron al lugar para sofocar las llamas y evacuaron a 200 personas que se encontraban en el edificio, de las cuales tres requirieron atención médica, según informó la Secretaría de Protección Civil.
La fuerte movilización de los cuerpos de emergencia y la falta de energía eléctrica, que provocó que no funcionaran los semáforos, trajo consigo considerables problemas viales hasta que poco antes de las 11 horas se restableció el fluido eléctrico.
La Comisión Federal de electricidad (CFE) informó que se suscitó una falla técnica en un transformador de potencia de la subestación Pensador Mexicano, que afectó a dos circuitos de la red automática Reforma.
Lo anterior ocasionó cortocircuitos en las mufas en la colonia Tabacalera que dejaron a 41 mil usuarios de la delegación Cuauhtémoc sin servicio eléctrico, mientras que cientos de automovilistas y usuarios de transporte público llegaron tarde a sus empleos debido al caos vial.

Elementos del cuerpo de bomberos acudieron a sofocar las llamas que se produjeron por la explosión de los registrosFoto Alfredo Domínguez

Cuadrillas de trabajadores de compañías privadas contratadas por la CFE efectuaron la desconexión de la red de baja tensión en esos puntos a fin de aislar el problema y proceder a los trabajos de reparación correspondientes.

La paraestatal encargó al Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) que lleve a cabo un diagnóstico detallado de la falla técnica suscitada, a fin de determinar las causas que le dieron origen y mediante un comunicado ofreció una disculpa por los inconvenientes causados.

Por la noche el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, se reunió con el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Antonio Vivanco.

Aunque no se dio información sobre el encuentro fuentes consultadas por este diario señalaron que los funcionarios analizaron la situación que priva en la ciudad de México relacionada con la red eléctrica, con los antecedentes de otras fallas de gravedad como el reciente apagón en el aeropuerto capitalino, que provocó la suspensión de vuelos y pérdidas millonarias a particulares.

La cita se da también en vísperas de un encuentro entre esos mismos personajes con representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, en una cita programada para los primeros días de la semana entrante para evaluar la propuesta gubernamental luego de la petición de los electricistas de regresar a laborar.

La nación precaria

Ilán Semo

El jueves pasado aparecieron en las calles de Guadalajara 26 cadáveres apilados en varias camionetas, con vestigios de tortura y muerte por sofocamiento. Un día antes, la misma escena en Culiacán cubría los titulares de los periódicos. Cuerpos anónimos, sin nombre ni rostro ni la mínima historia que les conceda un indicio de humanidad.

Las causas de las muertes quedarán, como en los últimos cuatro años, encerradas en la clandestinidad de ese epígrafe fantasmal y real que lleva el signo de crimen organizado. Los asesinos, también sin rostro, gozarán del consenso de ese anonimato. Nadie se ocupará de ellos ni de sus víctimas, por más que el término crimen implique la más grave de las responsabilidades para el Estado. En medio de ese grado cero de la muerte, en el que un ser queda despojado de cualquier índice de ley y memoria, transcurre la vida cotidiana del país desde el año 2007.
¿Por qué nos afectan unos muertos más que otros?, se pregunta Judith Butler en La vida precaria, un texto que ha devenido ya en un (no-obstante) clásico sobre el estado de la violencia en las sociedades contemporáneas.
La respuesta no es sencilla, porque no se trata simplemente del cuerpo del enemigo, que fue desde tiempos remotos el único desposeído de ley y afección (el presidente Obama corroboró esta condición en la ejecución reciente de Osama Bin Laden). El siglo XX inauguró una nueva muerte, que en los campos de concentración, en el Gulag, en los pequeños poblados españoles después de la Guerra Civil, en las casas de las familias iraquíes durante una década de bombardeo aéreo, homologa la condición del ser humano con la de la bestia que es sacrificada maquínicamente en los rastros de las urbes cosmopolitas.
En esos trasiegos, la vida se ha vuelto así, precaria, no sólo porque la muerte es más vulnerable, sino porque hace creer al victimario que su aura, maquínica y abstracta, le sirve como escudo de protección, como el registro de un simple axioma incodificable. La pregunta, al menos para los historiadores, es si esa nueva maquinaria política, fatal y simbólica del ocultamiento de lo humano opera realmente bajo la indiferencia que espera el nuevo asesino colectivo para acometer su labor en la nebulosa de la clandestinidad.
En estos mismos días, un anuncio espectacular (esa propaganda que pende en edificios y azoteas y que interviene la mirada por doquier) cubre las esquinas del períferico y de algunas avenidas centrales. Es la imagen de Juan Pablo II signada por un epígrafe: Los pueblos que asesinan a sus hijos están condenados a desparecer. Uno supone que lo financia alguna organización religiosa que quiere permanecer en el anonimato.

Vista desde la perspectiva de una historia que incluya el siglo XIX, la sentencia papal podría reducirse a una máxima moral. Detrás de cada nación moderna exitosa que logró sortear las pruebas de la identidad moderna, se esconden frecuentemente una o varias y terribles guerras civiles. Los casos de Francia (la propia Revolución de 1789), Estados Unidos (la Guerra de Secesión) o las innumerables contiendas militares y brutales que fijan la historia de México la desdicen en cierto modo.

Pero, en efecto, algo sucedió a partir de la Segunda Guerra Mundial, que fue el teatro de arranque del homo sacer y de la condición de la vida precaria, donde la violencia civil ha retribuido facturas severas e impresionantes, que antes habrían sido impensables. Al respecto, una historia sobre la extinción de la Unión Soviética, vista desde la perspectiva de las heridas y los agravios que dejaron los campos de la muerte de Stalin, no estaría de más. Tampoco una reflexión, por ejemplo, sobre la relación entre la sobrevivencia del falangismo (otra estación de la vida precaria), que debe a España la memoria de más de 100 mil muertes insensatas, y la creciente inviabilidad del Estado español, al menos vista desde el horizonte de los poderes autonómicos. Pero toda analogía histórica es irremediablemente arbitraria y, por ello, falible.

En cambio, cabría reflexionar si las más de 60 mil muertes (según la cifras oficiales), que incluyen el asesinato de 4 mil niños, segun la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que siembran ya el pasado reciente de México, no han llegado a afectar el tejido social a tal grado que la noción misma de un sentido nacional, al menos tal y como lo conocíamos hasta la fecha, se presta a serios cuestionamientos.

Cuando la vida es precaria la pertenencia a la comunidad que la ha vuelto vulnerable también puede convertirse en un lazo precario.Tal vez es cuando suceden los más severos desgarramientos nacionales. Afirmar que México podría volverse inviable es simple y llanamente absurdo. La densidad nacional de sus lazos subalternos asegura que esto no suceda. Pero constatar que en México la vida se ha hecho inviable es una exigencia de mínima sensatez. Y cuando la vida se torna precaria, entonces el Estado se enfila a severas rupturas.

Naufragio-Helguera

ahelguera@jornada.com.mx

 

Resolución de alto impacto

Pilar Noriega

Conforme al artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la libertad de expresión no puede estar sujeta a censura, ni restringirse por vías o medios indirectos que impidan la libre difusión de información o la comunicación y la circulación de opiniones e ideas, pero debe asegurarse el respeto a los derechos y la reputación de los demás.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión reitera que, por lo tanto, se debe realizar un estudio entre la proporcionalidad, los medios utilizados para el ejercicio de los derechos y el impacto de la información u opinión vertida. Es decir, por lo general se trata de evitar la sobreposición dogmática o la jerarquización de unos derechos sobre otros. Por lo que en el caso de existir colisión de derechos deben identificarse los intereses a proteger, valorar su jerarquía en el orden democrático y los medios para protegerlos. Debe analizarse si determinada expresión de ideas u opiniones que afecten la honra de determinada persona incide en el interés de la sociedad.
En la resolución de la Corte, de la que todavía no se conoce la versión última oficial sino las notas periodísticas sobre la discusión del proyecto que se presentó, los ministros justifican su resolución porque el columnista de Letras Libres no acusó a La Jornada de delinquir ni de encubrir delincuentes, y es una postura que, dado el interés público de discutir la línea editorial de un periódico nacional, la libertad de expresión no debe ceder ante el derecho al honor. (La Jornada 24 nov. pag.5).
De lo anterior surge la pregunta si en realidad la resolución de la Corte protege el interés de la sociedad o la comunidad a una determinada información, y si en este caso concreto se estaba presente ante la discusión de una línea periodística o una imputación concreta. Porque si bien el columnista de Letras Libres señaló que el problema estaba en la línea editorial de La Jornada que se debía a la aversión de La Jornada contra el juez Garzón, sostuvo que el acuerdo con Gara debía entenderse como lo es: una variante escrita de la lucha terrorista contra la ley (www.letraslibres.com/blogs/blog-de-la-redaccion/complices-del-terror)

El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, durante la sesión de la Suprema Corte el miércoles pasadoFoto Marco Peláez

Según esto, ¿Quién realizó el acuerdo con Gara?, La Jornada, por lo tanto, ¿Quién realiza, en la variante escrita, una lucha terrorista contra la ley?: La Jornada. Motivo más que suficiente para que la resolución de la Corte señalara los motivos por los cuales era de considerarse que la lucha terrorista contra la ley en la variante escrita no es terrorismo, y por consiguiente acusar a un medio de información de realizar una lucha terrorista contra la ley en la variante escrita no es acusarlo de cometer un delito, ni tampoco una imputación grave. Además, la Corte debía analizar qué tanto afectaba o no el derecho de información y el interés de la sociedad al grado de sobreponer la libertad de expresión al respeto y reputación de La Jornada. Porque despenalización no significa ni autorización ni impunidad (Sergio García Ramírez/Alejandra Gonza, La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos)

Este era el punto central de controversia donde la Corte también debía analizar las posibilidades reales de La Jornada para revirar lo sostenido por el periodista de Letras Libres, pues el principio de derecho es que quien afirma debe probar. Así se trate de un medio de comunicación, es difícil pensar que se pueda revertir semejante acusación.

Es inquietante que los ministros sostengan que el criterio de esta resolución no puede trasladarse sin más o otros casos aparentemente similares, porque el peso puede variar, y por ende el principio triunfador, aún cuando se trate de los mismos principios en juego (La Jornada 24 nov pag.5) Porque entonces surge la pregunta del por qué atrajeron el caso, dado que la Corte ha sostenido que uno de los criterios de atracción es la posibilidad de sentar precedentes y fijar criterios normativos de alto impacto para casos futuros, y este caso era paradigmático de una controversia entre dos medios de comunicación que ejercen cotidianamente su libertad de expresión en ánimo de informar a la población a la que están dirigidos

Malo que nos dejen la inquietud de si entonces se trató de una resolución carente de imparcialidad.

Mensajes cruzados-Fisgón

rfisgon@jornada.com.mx

Licencia para el crimen

Gustavo Esteva

La agresión irresponsable a La Jornada, ahora convalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no debe examinarse como asunto de libertad de expresión. En nombre de esta libertad, para defenderla, necesitamos deslindarla claramente de este asunto criminal.

Hace años padecí en carne propia los excesos de la libertad de expresión. Prensa local de Oaxaca publicó una calumnia infame contra mí, que desmentí de inmediato. Las aclaraciones recibieron espacio apropiado. Sin embargo, meses después, desde lo que puede considerarse fuego amigo, una revista nacional publicó un refrito: la nota original sin la refutación del infundio. El daño quedó. La carta aclaratoria que publicó la revista en la sección correspondiente no pudo repararlo.
Poco después del episodio me tocó estar en un panel con uno de los periodistas que habían participado en el desaguisado. Aproveché la ocasión para reiterar que los remedios contra esos riesgos podían ser peores que la enfermedad y debíamos seguir cuidando una libertad que en México conseguimos con inmensa dificultad.
Por muchos años, en el marco del debate sobre el derecho a la información, presenté argumentos sobre el desequilibrio evidente entre la libertad de expresión y la capacidad de expresión. Aunque quedara plenamente garantizada la más completa y total libertad de expresión, seguiríamos enfrentando profunda desigualdad en la capacidad de usar esa libertad, que obviamente no se reduce a la posibilidad del grito individual y aislado.
Derecho de información y libertad de expresión no son aperturas a la algarabía y el ruido, a la convivencia en Babel. Al contrario. Introducen orden y criterios democráticos en sistemas que tienden naturalmente al ruido incoherente y homogeneizador, porque en ellos la libertad de expresión se concibe y ejerce en la práctica como si fuese derecho mercantil de patente o de marca. El sistema de comunicación dominante se apoya en la atomización de los individuos para dar a todos, en su intimidad, el tratamiento medio, como exigencia ruidosa a la homogeneización de esos átomos sociales, lo cual trae consigo una falta de respeto a la persona humana y a sus condiciones reales de existencia, y representa finalmente la negación de esos derechos y libertades.
No es esto, en todo caso, lo que está en juego en el caso de la agresión contra La Jornada, de la que ahora se ha hecho cómplice la Suprema Corte. No es siquiera la cuestión de la democracia liberal que enarbola Enrique Krauze como coartada de sus afiliaciones e intereses. Bajo el manto de la libertad, con argumentos que pretenden defenderla en los términos constitucionales, acabamos de presenciar un paso más en la profundización del ejercicio autoritario que nos agobia cada vez más y coarta todas nuestras libertades.

Paso a paso, rigurosamente, la Suprema Corte se ha estado alineando con los otros poderes constituidos en una operación que convierte lo que queda del estado de derecho en privilegio de clase. Nuestra Constitución y sus leyes principales fueron fruto de una revolución popular y contenían reivindicaciones sociales claras: a pesar de sus limitaciones, podían utilizarse para proteger derechos y libertades de los ciudadanos, de las mayorías. Se les ha estado desmantelando para subordinar más fácilmente la sociedad entera a intereses específicos.

El Estado es cada vez más claramente un conglomerado de sociedades anónimas, expresión de intereses privados y gremiales, en que los partidos representan a facciones rivales de accionistas que se reúnen periódicamente para elegir un consejo de administración aceptable para todos. Como nos advirtió Foucault, es ingenuo pensar que en ese contexto las leyes estén hechas para ser respetadas y que jueces y policías se ocupen de que se les respete. No se trata de organizar la paz y arreglar conflictos, sino de una batalla perpetua en que han de prevalecer privilegios de clase. Las leyes mismas y los aparatos que las hacen valer operan para que ciertas personas y organizaciones puedan violar impunemente la ley y los demás, la mayoría, puedan ser agredidos y castigados… en el marco de la ley.

Por varios años La Jornada ha estado mostrando ese escenario. No es consuelo, ante la agresión de estos días, saber que se encuentra en la misma condición que todos los agraviados, a quienes ha dado voz y visibilidad en sus páginas. Aunque es reconfortante saberse del lado de la gente, no lo es reconocer el desastre: el sistema judicial mexicano, desde su más alto nivel, sigue otorgando licencias para el crimen tanto al gobierno como a los mal llamados poderes fácticos. Se consagra así la ignominia al servicio de la codicia como sistema de gobierno.

gustavoesteva@gmail.com

Apuntes postsoviéticos

Corrupción y multimillonarios

Juan Pablo Duch

Es difícil entender por qué un país tan rico en recursos naturales como Rusia tiene –más allá de Moscú, San Petersburgo y otros pocos núcleos urbanos donde la crisis se nota menos– tanto ciudadano con ingresos que, según las estadísticas oficiales, corresponden a pobreza y miseria.

Sesenta y siete por ciento de los habitantes de Rusia gana el equivalente de 100 a 566 dólares mensuales y otro 10 por ciento de 566 a 833 dólares. O sea, casi 80 por ciento de la población de Rusia no alcanza el umbral oficial de medianía, sin hablar ya del de riqueza.
Con el petróleo, gas natural y el largo etcétera de materias primas que exporta este inmenso país al mundo, el nivel de vida en Rusia debería estar muy por encima del actual, con, por ejemplo, accesible asistencia médica y buenos hospitales, pero la esperanza de vida de los hombres apenas llega en esta nación a 61 años, indicador que sitúa al país en el lugar… 160 del orbe en este ámbito.
Al mismo tiempo, en estos 20 años sin la Unión Soviética –que por lo menos aseguraba un mínimo decoroso de seguridad social para todos los habitantes–, la mitad de este tiempo gobernada Rusia por Vladimir Putin, de la medianía soviética social y económica emergieron al menos 95 mil millonarios.
Son personas que –de acuerdo con un reciente estudio del Credit Suisse Private Bank– tienen, por lo menos, un millón de dólares cada uno, pero pueden llegar a acumular hasta más de 20 mil millones de dólares, como los grandes magnates que todo el mundo conoce por sus yates, mansiones, equipos de futbol soccer y derroche irracional.

La cifra impresiona, aunque se queda corta al consignar solamente los ingresos legales. ¿Cómo cuantificar la fortuna de diputados, vicegobernadores, directores generales en ministerios o jefes policiales, que declaran al fisco que ganan cantidades irrisorias y disfrutan de lujosos automóviles de 70 mil dólares o residencias de 3 millones de dólares –o más– a la vista de todos sus compatriotas?

Desde 1992, afirma Marat Musin, profesor de la Universidad Lomonósov, funcionarios públicos y empresarios corruptos lograron sacar de Rusia una suma estratosférica equivalente a 3 millones de millones y 170 mil millones de dólares, lo que podría equipararse con el robo del presupuesto federal de 10 años.

Después de analizar cerca de un millón de empresas rusas, Musin y su equipo de investigadores llegaron a la conclusión de que en los informes financieros de 738 mil de éstas compañías hay evidencias de robo y lavado de dinero. Entre las 50 mil compañías más importantes de Rusia, 80 por ciento incurren en corrupción y sus ejecutivos deberían estar, si realmente las leyes se aplicaran igual para todos los rusos, en la cárcel.