Terrorismo estatal e impunidad- ASTILLERO-

Terrorismo estatal e impunidad

Carlos Fazio /IV

México vive una grave crisis humanitaria producto de una deliberada política estatal que busca imponer un nuevo modelo autoritario de seguridad. En el marco de la guerra de Felipe Calderón contra grupos de la economía criminal, el tránsito hacia un nuevo Estado de corte policiaco-militar ha estado sustentado, de facto, en medidas propias de un estado de excepción y prácticas de tipo contrainsurgente, mismas que han sido apoyadas y legitimadas desde los medios de difusión masiva bajo control monopólico –en particular los electrónicos– a través de la construcción social del miedo y la fabricación de enemigos míticos y elusivos que operan como distractores, tales como el populismo radical y el narcoterrorismo.

En forma paralela al acelerado proceso de militarización, paramilitarización y mercenarización del país, y de acuerdo con planes de alcances geopolíticos elaborados por sucesivos gobiernos de la Casa Blanca, el bloque de poder dominante ha venido imponiendo un reordenamiento capitalista del territorio mexicano que, con eje en megaproyectos contenidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Plan Puebla-Panamá, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida, incluye la tierra como mercancía y el saqueo de recursos (entre ellos petróleo, gas, agua, biodiversidad, minerales) por compañías multinacionales, de capital nacional y extranjero.
La violencia estructural es consustancial al sistema capitalista. Desde sus orígenes el capitalismo ha sido depredador y salvaje. Pero, según Walter Benjamin y Giorgio Agamben, desde la Primera Guerra Mundial el estado de excepción devino en la regla. Para ambos, el estado de excepción no es el que impone el poder soberano para suspender el estado de derecho y doblegar la rebelión que subvierte el orden establecido; se refieren al estado de excepción permanente que sufren los oprimidos y las víctimas de la historia, incluso dentro del estado de derecho, que no de justicia.
Según Agamben, vivimos en el contexto de lo que se ha denominado una guerra civil legal, forma de totalitarismo moderno que recurre al estado de excepción y que operó tanto para el régimen nazi de Adolfo Hitler como para los poderes de emergencia concedidos por el Congreso de Estados Unidos al presidente George W. Bush después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Una de las tesis centrales de Agamben es que el estado de excepción, ese lapso –que se supone provisorio– en el cual se suspende el orden jurídico, durante el siglo XX se convirtió en forma permanente y paradigmática de gobierno.
Para el filósofo italiano el estado de excepción contemporáneo no tiene como modelo la dictadura de la antigua Roma, sino imita a otra institución romana, el iustitium, suspensión de todo orden legal que creaba un verdadero vacío jurídico. El actual estado de excepción no tiene nada de constitucional, y al suspender toda legalidad deja al ciudadano a merced de lo que Agamben llama poder desnudo. Estaríamos frente a un cambio de paradigma, donde la excepción hace desaparecer la distinción entre la esfera pública y la privada. En ese esquema, el estado de derecho es desplazado de manera cotidiana por la excepción, y la violencia pública queda libre de atadura legal. El nuevo paradigma de gobierno que hace de la excepción la norma elimina toda distinción entre violencia legítima e ilegitima, con lo que queda pulverizada la noción weberiana del Estado.

Tras los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York, el repliegue democrático en Estados Unidos fue asombroso. Philippe S. Golub señaló que bajo la apariencia de un estado de excepción no declarado pero efectivo, al ordenar la guerra al terrorismo la administración Bush procedió a la demolición sistemática del orden constitucional, mediante un doble movimiento de autonomización y concentración de poder en el Ejecutivo y una marginalización de los contrapoderes. La forma de gobierno por decretos secretos y decisiones presidenciales arbitrarias devino práctica normal del Estado. Bush lanzó operaciones ilegales de espionaje interno y, arrogándose poderes extrajurídicos, pisoteó los tratados internacionales, legalizó la tortura, secuestró-desapareció presuntos terroristas y arrestó de manera indefinida y sin juicio a quienes fueron identificados como combatientes ilegales, que, como los prisioneros del campo de concentración de Guantánamo, han sido mantenidos en un limbo legal hasta el presente, apoyado por un sistema judicial paralelo y secreto controlado por el Pentágono y la Casa Blanca.

Igual que en Auschwitz y otros campos nazis, donde lo que ocurría era algo más allá de lo que pudiera considerarse una bestialidad, bajo el estado de excepción permanente instaurado por Bush –y reproducido por Barack Obama y otros gobiernos occidentales en nombre de los imperativos de seguridad– se puede matar sin que signifique delito; por decreto. Agamben dice que en el capitalismo actual estamos sometidos a una nuda vida (vida natural) y expuestos a ser exterminados como piojos (tal como decía Hitler respecto de los judíos) por la biopolítica, debido a la creciente implicación de la vida natural del hombre en los mecanismos y cálculos del poder.

Si el enemigo es tratado como no-persona, como bestia, se le puede exterminar a la manera de la solución final nazi. Para Agamben el estado de excepción no es un accidente dentro del sistema jurídico, sino su fundamento oculto.

Hannah Arendt habló de la banalización del mal, en el sentido de una naturalización o normalización de acciones indudablemente criminales. Podríamos concluir que bajo el estado de emergencia permanente no declarado de Felipe Calderón –con sus decapitados, sus muertos torturados semidesnudos y sus fosas comunes– la excepción se convirtió en regla. Y como regla duradera, la excepción hace que todo sea posible.

Increíble-Helguera

ahelguera@jornada.com.mx

Astillero

Reacción bananera
Castigar a denunciantes
Resonancia intenacional
Orgulloso tío Arturo

Julio Hernández López

REGISTRO DE CANDIDATURA. El ex gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, tras registrar su candidatura por el PRI a la Presidencia de la República, ayer en la sede nacional del tricolor. Lo acompañan su esposa, Angélica Rivera, y los hijos de cada unoFoto Cristina Rodríguez

E

l abogado Felipe Calderón ha respondido con un ánimo sujeto a trastorno la solicitud que en pleno ejercicio de sus derechos han presentado ante la Corte Penal Internacional 23 mil ciudadanos (entre ellos, el que firma esta columna) para que se inicie una indagación y eventualmente se castiguen las conductas criminales en que, a título de la masacre conocida como guerra contra el narcotráfico, hubieran incurrido tanto el principal demandado, el propio Calderón, como varios de sus principales subordinados a cargo de asuntos de seguridad y el jefe del principal cártel nacional.

En lugar de aceptar de manera irrestricta ese ejercicio ciudadano de derechos, y de prepararse sin mayores aspavientos ni amenazas para responder en los mismos términos jurídicos en el hipotético caso de que la citada Corte aceptara dar curso a la solicitud, el licenciado Calderón ha reaccionado de una manera muy preocupante, que denota el agravamiento en la capacidad de percepción sana de la realidad nacional y muestra de forma categórica un creciente perfil de agresividad, intolerancia y revanchismo de parte de quien el próximo 1º de diciembre cumplirá cinco años de haberse alzado con la Presidencia de la República.
El documento que ha hecho aflorar nuevamente la vena autoritaria, con tendencias dictatoriales, del licenciado Calderón, fue presentado el pasado viernes por el abogado Netzaí Sandoval en La Haya, la ciudad de los Países Bajos donde está la sede de la Corte Penal Internacional, que se encarga de atender denuncias respecto a crímenes de guerra y de lesa humanidad y genocidios. Ni siquiera es seguro que esa corte abra un expediente sobre la denuncia presentada por mexicanos, e incluso sería un triunfo para esos promoventes que La Haya aceptara establecer un periodo de mera observancia de hechos, sin darle el caracter formal de investigación. Y no es menor el dato de que hasta ahora esa corte, creada en julio de 1998 en Roma, “se ha encargado casi exclusivamente de enjuiciar a gobernantes de países africanos –con la excepción del líder serbio Slobodan Milosevic–, identificados como enemigos de los países industrializados, pero en este caso a Calderón se le considera un aliado funcional”, según señaló el jurista John M. Ackerman a La Jornada el sábado recién pasado.
Sin embargo, Calderón ha decidido dar un paso perturbado al pretender castigar a quienes solicitan la intervención de un órgano internacional legitimado por el propio Estado mexicano para que se investigue y castigue, en su caso, la presunta comisión de delitos graves que la institucionalidad nativa no atiende ni resuelve por limitaciones técnicas y políticas. El largo pliego de acusaciones que en forma de comunicado de prensa dio a conocer ayer Los Pinos cierra con un párrafo digno de cualquier antología de las vaporosas dictaduras bananeras que en el continente se han conocido y al cual se harán comentarios entre comillas a cargo de este tecleador imputado (con i):
“Las imputaciones al gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia (pero el docto jurista de Los Pinos no espera a que el órgano llamado a atender el asunto, la CPI, así lo resuelva, sino que da por definitivas las sabias resoluciones dichas ‘ya’ por ‘las voces más autorizadas en la materia’. ¿Tal vez el secretario del trabajo sucio, Javier Lozano, o los discursos pronunciados por el Señor de la Muerte?). Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias (¿según quién? ¿según el propio acusado?) que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México (terrible afectación de criterio sería suponer que lo presentado hace unos días pudiera añadir desprestigio internacional ante el sabido horror mexicano de los años recientes), por lo cual, el gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales.”

El tamaño del castigo que merecerían los firmantes de esa solicitud ante La Haya puede ser estimado a partir del daño que se habría cometido pues, según ese mismo boletín de prensa con olor a Poiré, es absurdo hablar de delitos calderónicos de lesa humanidad, pues ése no es el caso de México, que tiene una democracia vibrante, con poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomas y un sistema de libertades y garantías y vigencia de derechos humanos como pocas naciones en desarrollo. ¡Chulada de país!
En realidad, al felipismo desequilibrado le han asustado tanto la resonancia internacional del caso, sobre todo en materia de medios de comunicación que le han dedicado tiempo y espacio notables (en especial, cadenas de televisión europeas y estadunidenses), como la consolidación temprana del juicio histórico sobre su sangrienta gestión. La carnicería nacional de los cinco años recientes tiene un responsable político e institucional, cuya valoración pública quedará por debajo del propio Gustavo Díaz Ordaz. Al recibir un premio de la Feria Internacional del Libro, el escritor mexicano de origen colombiano Fernando Vallejo acaba de decir que Calderón no es digno de ejercer el cargo que ocupa. Y ayer Fernando Savater señaló en la misma FIL, sobre la guerra contra el narco, que es un disparate que nace de Estados Unidos, y los disparates que nacen en Estados Unidos son muy difíciles de combatir por el resto del mundo, pero hay que acabar de una vez con la cruzada contra las drogas, según nota de Afp.
Y, mientras Enrique Peña Nieto se ha registrado como candidato único, al más puro estilo del priásico restaurado, con el honorable tío Arturo Montiel como orgulloso testigo y garante del triunfo de la impunidad, ¡hasta mañana, viendo primero a los tuiteros de Veracruz encarcelados, luego la sentencia de la Corte a favor de las Calumnias Libres, y ahora la amenaza felipista a solicitantes de justicia en el plano internacional!
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Descarada cargada-Rocha

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La pobreza entre los pobres

Arturo Balderas Rodríguez

De acuerdo con el censo más reciente en Estados Unidos, la pobreza continúa en ascenso y con ella la desigualdad en el país cuya economía es con mucho la más poderosa en el planeta. En los albores del siglo XXI, al mismo tiempo que la poderosa maquinaria de producción estadunidense genera riqueza también crea cada vez más pobres.

Dieciseis por ciento de la población total del país está en niveles de pobreza. Quiere decir que aproximadamente 49 millones de personas viven en una clara situación de desventaja económica con relación a sus conciudadanos. Por extensión, y por desgracia, según un estudio de la organización PEW, aproximadamente 29 por ciento de las personas que viven en la pobreza son de origen latino, de los cuales la mayoría son de procedencia mexicana. Las razones son diversas. Según un estudio presentado en la reunión de la Asociación Americana de Sociología, en 2002, la pobreza afecta más a este sector porque tiene que emplear una parte sustancial de su salario para pagar los servicios médicos y medicinas, y también porque la mayoría de ellos vive en California, uno de los estados del país en donde la vivienda es más cara.
El número de pobres entre quienes son originarios de México seguramente es mayor debido a que muchos de ellos no son incluidos en el censo. En un caso porque carecen de domicilio fijo y no hay forma que los encuestadores los incluyan en las estadísticas. En el otro, porque, en su calidad de indocumentados, no quieren que el gobierno sepa de su existencia. Algo de lo que tampoco dan cuenta las estadísticas son los niveles de pobreza entre los pobres. Uno de los indicadores que se toma en consideración para determinar el nivel de pobreza es el ingreso familiar. Como es sabido, los trabajadores indocumentados perciben salarios invariablemente menores al mínimo estipulado en la ley. Esto quiere decir que esas familias tienen un nivel aún más bajo que la mayoría de las que forman parte del estrato de los pobres.

El efecto de la crisis económica y el desempleo en Estados Unidos ha sido el empobrecimiento de amplios sectores de la clase media, pero más aún de quienes están en la base de la pirámide. No hay que ser muy perspicaz para imaginar que esta situación afecta aún más a los pobres más pobres. En este caso está buena parte de los indocumentados que proceden del sur del río Bravo. Tal vez lo más dramático es que en países como México las estadísticas demuestran que la pobreza es aún más terrible; en otras palabras, se habla de miseria. Cuando los responsables de la conducción económica del país dicen que México “está blindado” contra la crisis, seguramente lo hacen desde los reductos en los que vive el estrato privilegiado de quienes reciben la parte del león de la riqueza y organizan maratones de caridad para poder comulgar sin dejo de culpa. Por ello, no sería extraño que protestas como la Primavera Árabe y la ocupación de Wall Street se repitan en nuestro país. Habrá que preguntar si serán también pacíficas.