El fallo- Difamación impune- Comodin

El fallo

Luis Javier Garrido

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) legitimando los ataques calumniosos de la revista Letras Libres contra La Jornada quebranta seriamente el orden constitucional de la República y contribuye a llevar al país a un escenario incierto en donde se pretende impere la ley de la selva, como lo quieren las fuerzas conservadoras del país.

1. La mayoría de los mexicanos reclaman un México en el que prevalezcan la sensatez y la legalidad por sobre la violencia material y mediática ilegal que ha sustentado al gobierno panista de Felipe Calderón, pero las fuerzas de la ultraderecha mexicana, a pesar de no tener sustento social, siguen empecinadas en mantener un clima de terror y amenazas y tensar más al país, única vía a su alcance para preservar el actual régimen de privilegios y en ese marco proseguir entregando las riquezas estratégicas de la nación y el control de nuestro territorio y del aparato estatal al exterior, y es muy preocupante por ello lo que acontece en el Poder Judicial.

2. El fallo de la primera sala de la SCJN pronunciado el miércoles 23 de noviembre, denegando por cuatro votos contra uno justicia al diario La Jornada en su reclamo presentado en 2004 ante las calumnias vertidas en su contra por Fernando García Ramírez, articulista de la revista Letras Libres, es de una enorme gravedad en la vida jurídica de México, pues violenta el orden constitucional, legitima la calumnia, envilece el debate público y termina por revertirse contra la propia Corte, que al evidenciarse como un simple instrumento del poder se hunde cada vez más en el descrédito.

3. La sentencia de los señores ministros lejos de rectificar las barbaridades del proyecto elaborado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, profesor de la Universidad Panamericana (que como se sabe es del Opus Dei), sólo corrige algunas de sus barbaridades, y conforme a la práctica de la Corte pasa al procedimiento del engrose, a fin de seguirla corrigiendo gramatical y jurídicamente para eliminarle algunos de sus juicios más obtusos antes de ser publicada, lo que acontecerá en unos cuatro meses. La aberrante tesis central, que ofende a la razón y el derecho, queda empero en firme y con ella el mensaje que el régimen busca enviar: se puede impunemente calumniar desde los medios, sobre todo si son de derecha y en particular en vista de las elecciones. El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia les estropeó a pesar de todo el número, pues disintiendo de sus cuatro colegas dejó establecido de manera nítida que el texto acusado sí buscó deliberadamente, y sin tener su autor prueba alguna, atacar el honor y la reputación del periódico y de su subdirector por el mero hecho de ser vasco.

4. No es esta desde luego la primera ocasión en que el más alto tribunal del país, que debería ser el garante de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración pública, falla contra la razón y el derecho, evidenciando que ha involucionado del rango de dignidad que tuvo en el siglo XIX hasta llegar al triste papel de candado de seguridad del capitalismo neoliberal y de los intereses más conservadores, como se vio en dos fallos recientes. En junio de 2011 resolvió dejar vigentes los anticonstitucionales contratos integrales de Pemex con multinacionales españolas, argumentando que los cuatro presidentes municipales tabasqueños que habían presentado la controversia constitucional no tenían un interés legítimo, y en septiembre de 2011, luego de una abierta presión del Vaticano y del gobierno calderonista, se opuso a la despenalización del aborto establecida en las constituciones locales de Baja California y San Luis Potosí.

5. La Jornada inició este proceso demandando a los calumniadores, como si estuviésemos en Suiza o en Finlandia –donde hay una justicia autónoma– y no en México –donde a juicio de los expertos la casi totalidad de los ministros se hallan subordinados a Los Pinos–, con la convicción de que a pesar de la naturaleza del Poder Judicial de nuestro país, es una responsabilidad ética y cívica de todos los mexicanos el no dejar pasar este tipo de acciones delictivas por muy vinculados que estén sus autores al poder, en el que a muchos expertos pareció un acto quijotesco, pues como se sabe Juan Silva Meza (presidente de la SCJN) es nieto del abogado michoacano que cobijó a la familia Calderón cuando ésta vino a establecerse a la capital y el ministro ponente Zaldívar coincidió con Calderón durante sus estudios en la Escuela Libre de Derecho.

6. El fallo de los irresponsables ministros Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Jorge Mario Pardo Rebolledo, que avalaron al ponente a pesar de reconocer que el calumniador no tenía prueba alguna de su dicho, no es a pesar de todo nada más otro yerro monumental de la Suprema Corte, como sostuvieron varios legisladores el mismo día 23, sino que al denegarle justicia a La Jornada y oponerse a su derecho a la reparación del daño, invocando para ello criterios neoliberales para terminar pisoteando la Constitución General de la República, impuso como norma de convivencia en México la ley de la selva, como lo estableció este diario en su histórico editorial del viernes 18.

7. El carácter político y no jurídico de esta decisión está contribuyendo a derruir el incipiente estado de derecho en el país, que muchos buscan en vano levantar mientras desde el poder se le dinamita, y por todo ello la responsabilidad histórica de los ministros es muy grave.

8. El modelo de someter al más alto tribunal del país al poderío de la derecha económica y política se fue delineando en Estados Unidos a lo largo del siglo XX y ese es el modelo que se delineó para México desde que en 1994 Ernesto Zedillo rediseñó a este tribunal (y a la justicia mexicana) para que sirviera a los intereses más conservadores, pero nunca como ahora se había llegado a niveles tan escandalosos. Si en el siglo XIX ilustres juristas integraron este tribunal, y a principios del siglo XX sólo lo formaban abogados respetables, hoy son oscuros señores (y señoras) licenciados, quienes están sirviendo a los poderes fácticos para demoler el orden constitucional.

9. Un elemento más de preocupación para los pueblos lo constituye el hecho de que junto con esta nueva legislación internacional que se busca imponer a través de pactos, acuerdos, tratados, convenios, planes o iniciativas, se hallan los tribunales supranacionales controlados por los poderes más oscuros del planeta. La Corte Internacional de Justicia o Tribunal de La Haya, como los otros tribunales penales creados ad hoc por iniciativa de Naciones Unidas o de la Unión Europea, son sólo instrumentos de Washington y de los poderes trasnacionales para procesar a sus opositores. La demanda de Proceso de tener acceso a las boletas electorales de 2006, denegada por la justicia mexicana, lo fue también, por ejemplo, por la justicia internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos falló en contra de la revista mexicana luego de que el gobierno mexicano infiltró a un comisionado afín a Calderón (Proceso 1828).

10. El fallo de la SCJN contra La Jornada no lo es por tanto sólo contra un diario y contra el derecho de los lectores a estar informados, sino contra el pueblo mexicano, cuyas garantías fundamentales le están siendo suprimidas por el poder de los grupos oligárquicos, por lo que el clamor de ¡Ya basta! va hoy no sólo contra el gobierno antinacional y entreguista sino contra esa Suprema Corte cuyos ministros indignos parecen empeñados en colaborar con él destruyendo la Constitución de 1917 y su legado histórico.

Difamación impune

Miguel Concha

Sin tomar en cuenta la gravedad de la acusación sin pruebas de ser cómplice del terror en los tiempos que corren –refrendados con las declaraciones recientes e igualmente sin pruebas del gobernador de Texas, de que el propio México es plataforma de las organizaciones Hamas y Hezbolá contra la seguridad de Estados Unidos– en el caso concreto del contencioso de nuestro diario, La Jornada, contra la revista Letras Libres, poniendo así en grave riesgo la integridad moral y física de nuestro medio y de todos los que de alguna manera estamos relacionados con él, como lo establece en sentido contrario la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Poder Judicial en el caso de colisión entre el derecho a la libertad de expresión y la dignidad de terceros, el pasado miércoles la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que un medio puede impunemente difamar a otro, sin que autoridad alguna lo pueda defender y hacerle justicia.

Ello, supuestamente, en aras del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, y sin siquiera reconocer y garantizar los derechos de ambos, aunque mediante esas prácticas prejuiciosas y malintencionadas se violente también el mismísimo derecho a la información veraz y oportuna de la propia sociedad, y, desde luego, sin tomar en cuenta los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, a los que México está obligado después de la reforma constitucional en derechos humanos de junio de este año.

Algunos criterios respecto del ejercicio de este derecho han sido, en efecto, desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre ellos destacan los siguientes: 1. El derecho a la libertad de expresión en un Estado democrático no es un derecho absoluto, sino que se encuentra sometido a restricciones legítimas, en los términos de los derechos garantizados en el número 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, y b) la protección de la seguridad nacional (que, por cierto, no se compagina con que un medio acuse a otro en estos tiempos políticos de ser cómplice del terror), del orden público y de la salud o moral públicas. 2. Las restricciones deben ser establecidas en la ley y, por cierto, las mencionadas están consagradas en el artículo sexto de nuestra Constitución: la moral, los derechos de tercero, la perturbación del orden público o la provocación de algún delito. Entiendo que la difamación es también un delito sancionado civilmente por nuestro ordenamiento jurídico, cuando se trata de alguien que hace uso indebidamente de ese derecho en algún medio. 3. Se establecen como legítimas aquellas restricciones que tengan como finalidad otros motivos no relacionados con el ejercicio de derechos individuales reconocidos en la Convención. 4. Debe considerarse además si la restricción resulta estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a aquella (la libertad de expresión) no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal limitación, teniendo naturalmente en cuenta la diferencia de trato entre las instituciones o entidades del Estado, e incluso personas públicas, y las instituciones o personas particulares. 5. Para efectuar esa ponderación se debe analizar: a) el grado de los bienes en juego, determinando si la intensidad de dicha afectación fue grave, intermedia o moderada, cosa que no observamos en la ponderación del resolutivo del ministro Zaldívar Lelo de Larrea; b) la importancia de la satisfacción del bien contrario, es decir, la fama pública de La Jornada, que para nada vemos reconocido en la resolución de la primera sala de la SCJN, vamos, ni siquiera el cumplimiento de su derecho de réplica por parte de la revista; c) si la satisfacción de éste justifica la restricción del otro, sobre todo teniendo en cuenta el derecho superior a la información de la sociedad. Por ello, la misma Corte Interamericana considera que en algunos casos la balanza se inclinará hacia la libertad de expresión y en otros a la salvaguarda del derecho a la honra y a la reputación.

Como hemos visto, en este caso la SCJN se inclinó supuestamente a la libertad de expresión, aunque ésta se ejerza atentando contra bienes jurídicos importantes de terceros, en el entendido de que sin árbitro alguno los medios pueden, de ahora en adelante, enfrentarse como perros y gatos en la esfera pública, atacándose y contratacándose con improperios y calumnias frente a todo mundo, sin importarles el bien común de la sociedad.

Por el contrario, en el caso Kimel contra Argentina, la Corte Interamericana estableció que frente a la colisión de dos derechos, el de la protección de la honra y dignidad frente al de libre expresión, era necesario garantizar el ejercicio de ambos, además de que teniendo en cuenta el análisis de varios casos en foros nacionales e internacionales, que en América Latina, Estados Unidos y Europa se han ocupado de estos conflictos, se puede advertir que en la colisión entre libertad de expresión y derecho al honor e intimidad es factible distinguir entre personas privadas y públicas, ya que la intromisión en la vida privada, honor y propia imagen de las primeras, debe medirse en forma distinta a las segundas, pues la intromisión que pueda realizarse a las privadas sólo puede estar justificada en aras de un interés general (que no puede colmarse por una simple curiosidad de la sociedad). Lo que me parece que no es el caso del contencioso entre La Jornada y Letras Libres, sino todo lo contrario.

Comodín

Jorge Camil

Para el Diccionario de uso del español actual, comodín es un naipe que puede tomar el valor y hacer las veces de cualquier otro, según la conveniencia del jugador que lo tiene. Y da un solo ejemplo: necesitaba un rey pero he cogido un comodín y me sirve igual. ¿Eso es lo que ha hecho Felipe Calderón? Porque después de cuatro secretarios de Gobernación, y tras las muertes lamentables de Juan Camilo Mouriño y José Francisco Blake Mora, el mandatario necesitaba un rey, con experiencia y credibilidad para dialogar con los partidos políticos, y con autoridad moral para presidir el delicado proceso electoral de 2012. Un interlocutor de nivel con el Ejército, los gobernadores y los otros poderes, para coordinar con firmeza, hoy más que nunca, las tareas electorales y de seguridad nacional, mientras el mandatario se desempeña como presidente del PAN, intentando resucitar un partido maltrecho.

Calderón necesitaba a un Luis Felipe Bravo Mena, que lo ayudara a conjurar la maldición, pero en su lugar echó mano del último cuate: el obsecuente Alejandro Poiré, ajonjolí de todos los moles. Hombre incansable, Poiré ha ocupado ocho puestos en esta administración (más de uno por año). Por eso, en el momento de su designación, el mandatario no tuvo problema alguno para cantar sus virtudes: director, comisionado, coordinador, subsecretario, secretario técnico, vocero, dos meses director del Cisen y hoy encargado de Gobernación. Según el mandatario, en el escaso año que fungió como subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, adquirió conocimientos en seguridad, política, materia electoral y migratoria. No lo dijo, pero como tuvo bajo su manto los temas religiosos seguro que sabe rezar el padre nuestro.

La decisión puso de manifiesto lo que todos sabíamos: Calderón será su propio secretario de Gobernación. No confía. No delega. Es presidente de partido, su propio secretario de Relaciones Exteriores, encargado de seguridad nacional y jefe de política económica. Sirve de interlocutor solitario con las fuerzas armadas y único enlace con el gobierno de Estados Unidos.

Como vivimos un sexenio de superhombres, el curriculum vitae de Poiré no se queda atrás. Informa que, además de sus múltiples puestos administrativos, ha sido a su corta edad maestro del ITAM, director de la carrera de ciencias políticas, maestro y doctor por Harvard, donde impartió clases hasta 2007. Ha publicado innumerables ensayos en libros y revistas especializadas sobre democratización, opinión pública y partidos políticos, y da conferencias magistrales en universidades de México, Estados Unidos, América Latina y Europa. ¡El día para él tiene más de 24 horas!

Devaluación del peso-Ahumada

ahumada@jornada.com.mx

El problema es que, a pesar de sus merecimientos, los partidos de oposición desconfían. Cuando le pidieron a Porfirio Muñoz Ledo su opinión, declaró entre bromas: me sé de memoria los gabinetes de todos los presidentes desde Guadalupe Victoria, pero no los de este sexenio. ¿Quién lleva la cuenta? El nombramiento de cuatro secretarios de Gobernación (aunque dos hayan sido víctimas de tragedias), y ahora la designación de un comodín, han dejado en la oposición y en los electores la impresión de que ese ministerio, antes piedra angular del sistema, sancta sanctorum del régimen priísta, es hoy un puesto sin facultades decisorias, que simplemente apoya al mandatario.

Durante los gobiernos del PRI era el más codiciado, no solamente porque se reconocía al secretario como jefe incuestionable del gabinete, sino porque de ahí salían los presidentes: Emilio Portes Gil, Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Algunos, como Díaz Ordaz y Echeverría, actuaron como presidentes desde que ingresaron a Gobernación. ¿Quién no recuerda al célebre maestro Jesús Reyes Heroles? ¿El que decía que en política, la forma es fondo? ¡Cómo lo necesitamos hoy! Todo cambió con la alternancia.

Enfoque, de Reforma, el domingo pasado publicó un interesante ensayo titulado Segob: despacho disminuido. Atribuye el adelgazamiento al despojo sufrido en sus funciones por los gobiernos panistas. Entrevistaron a dos ex secretarios priístas, Manuel Bartlett y Francisco Labastida. Este último opinó que esta secretaría disminuida debilita la gobernabilidad del país. Para mí el debilitamiento comenzó con Carlos Salinas, que delegó todo el poder en José Córdoba Montoya, el omnipotente jefe de la oficina de la presidencia (un chief of staff al estilo gringo).

Para Bartlett, que conoce la secretaría como pocos, el secretario debe ser “príncipe entre pares… podía citar a los demás secretarios y ordenar sus acciones… era el encargado de mantener las relaciones con los poderes, con los gobernadores y con todas las fuerzas políticas y sectores del país”.

El debilitamiento de Gobernación a manos de los gobiernos panistas es entendible. Fue la instancia que negoció con ellos todo el siglo pasado, la entidad que los golpeaba por instrucciones presidenciales, el ministerio que reprimía, perseguía, encarcelaba y controlaba las elecciones. Es lógico que no tengan buenos recuerdos…

http://jorgecamil.com - http://facebook.com/jorgecamil1 - http://twitter.com/jorgecamil