El «buen engaño»- Inseguridad e ineficiencia: hartazgo de la sociedad-

Presenta el Movimiento Progresista su plataforma electoral para 2012

Ofrece la coalición de izquierda terminar con el presidencialismo autoritario

En riesgo, los logros históricos si se mantiene el régimen clientelar de gobierno, afirma

Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada
Lunes 28 de noviembre de 2011, p. 10

La coalición Movimiento Progresista, integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, advierte en su plataforma electoral 2012 que todos nuestros logros históricos están amenazados porque la alternancia en el poder no se tradujo en el desmantelamiento de la estructura clientelar y corporativa del régimen anterior y tampoco en un cambio del modelo económico.

Asegura que la violencia está acabando a México porque la crisis de seguridad no es sino la expresión más dolorosa de la crisis política y económica que se ha venido viviendo en nuestro país a partir del quiebre de un sistema que se sostenía sobre la base del partido hegemónico, y ahora de la derecha que ha protegido criminales, funcionarios y políticos corruptos y delincuentes de cuello blanco.
En el amplio documento –de casi 70 páginas, cuya copia tiene este diario–, los partidos de izquierda incorporan la necesidad de instaurar un Estado auténticamente democrático, el principio de régimen de austeridad republicana como criterio rector del servicio público, y terminar con monopolios, en consonancia con el Proyecto Alternativo de Nación que enarbola su precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
Legislar sobre los medios masivos de comunicación resulta indispensable para hacerlos que “se desenvuelvan en un sistema que efectivamente los regule, garantice el fortalecimiento del régimen democrático y la libertad de expresión, e igualmente acote el gran poder que tienen.
“Queremos –apuntan en el texto– que no sólo haya dos televisoras que acaparen toda la audiencia, sino 10, 20, las que sean técnicamente posibles. No debe haber, bajo ninguna consideración, monopolios”.
Promoverán el acceso y manejo de pueblos indígenas, comunidades campesinas, jóvenes, escuelas, universidades y centros de formación educativa y cultural a radiodifusoras y televisoras locales y regionales. No será letra muerta el artículo 28 constitucional que prohíbe la existencia de monopolios, ofrecen.

PRD, PT y Movimiento Ciudadano insisten en que mantener las estructuras políticas del viejo régimen no da ya para enfrentar los grandes problemas nacionales. Su obsolescencia sólo reproduce vicios e ineficacias y amplía los altos índices de criminalidad e inseguridad pública, corrupción, impunidad, desigualdad, exclusión social, pobreza, violencia y el deterioro del tejido social.

Se muestran convencidos de que es indispensable cambiar el rumbo y crear una nueva forma de conducir al país, fincada en valores éticos, con visión progresista clara, pero a la vez con actitudes incluyentes que permitan los acuerdos y den paso a un gobierno de coalición.

Según el proyecto, la izquierda en México busca terminar con el régimen presidencialista autoritario y paternalista, acotando las facultades que hoy tiene el Presidente de la República, al delimitar sus funciones como jefe del Estado y creando la figura del jefe del gobierno.

Pugna por la creación y establecimiento de la iniciativa popular, el plebiscito, el referendo y la revocación del mandato, incluido este último para el caso del Presidente de la República.

Al cumplirse tres años (de su gobierno) se hará una consulta para que la gente decida si continúa o no en el cargo. El pueblo es soberano: así como otorga un mandato puede retirarlo.

Los partidos que apoyan a López Obrador en su aspiración presidencial están por brindar oportunidades de estudio y de trabajo a los jóvenes para rescatarlos antes de que caigan en las redes de la delincuencia organizada; por intensificar la persecución del lavado de dinero, y ofrecen el retiro gradual del Ejército y la Marina del combate al narcotráfico, y no utilizarlos para resolver conflictos de orden social o para suplir la incapacidad del gobierno civil, mucho menos para reprimir al pueblo.

También impulsan la creación de una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes del pasado y los cometidos en el marco de la guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Inseguridad e ineficiencia: hartazgo de la sociedad

Simón Vargas Aguilar*

El pasado 24 de noviembre se dio a conocer a la opinión pública la novena Encuesta sobre percepción de inseguridad ciudadana en México, ejercicio estadístico realizado de manera conjunta por la asociación México Unido Contra la Delincuencia y la empresa especializada en estudios de mercado y opinión pública Consulta Mitofsky. Desde 2007, las citadas instituciones han presentado una serie de encuestas trimestrales con el propósito de mostrar cuál es la percepción de los mexicanos respecto de la seguridad, el combate al crimen organizado y la cultura de la legalidad, entre otros temas.

La encuesta, realizada durante octubre, señala en lo referente al apartado percepción de inseguridad que ocho de cada 10 mexicanos consideran que la seguridad hoy es peor a la que se vivía un año; que el principal problema del país es la inseguridad, con 35 por ciento de las menciones, frecuencia que es mayor a la obtenida en este aspecto desde 2007.
En el apartado denominado cercanía con el delito, tres de cada 10 consultados afirman que ellos o algún familiar han sido víctimas de algún delito en los últimos tres meses, mientras uno de cada cuatro ciudadanos indicó haber conocido a alguna de las personas que han fallecido por la guerra contra el narcotráfico.
En el renglón cambio de hábitos, 65 por ciento de los encuestados ha reducido el monto de dinero en efectivo que trae consigo; 57 por ciento prefiere no usar joyas; 45 por ciento ha decidido no salir de noche; 43 por ciento ha prohibido a sus hijos salir a la calle; 30 por ciento ha decidido no usar taxis, y 27 por ciento, dejar de hacer visitas a amigos o parientes.
En el capítulo combate a la inseguridad llama la atención que 44 por ciento de los mexicanos consideran que los operativos emprendidos por el gobierno federal han sido un fracaso. En ese sentido, 70 por ciento está de acuerdo en que el Ejército sea la institución que combata al crimen organizado; sin embargo, este porcentaje ha disminuido con respecto al de 2007, el cual se ubicó en 84 por ciento.
Al preguntar a los ciudadanos sobre si al final del sexenio el presidente Felipe Calderón ganará la guerra contra el crimen organizado, sólo 14 por ciento piensa que ello ocurrirá, mientras 44 por ciento de los encuestados se inclinan a pensar que las cosas seguirán igual y 30 por ciento que la situación incluso empeorará.

Sin embargo, llama la atención que sobre las propuestas para acabar con la violencia generada por el narcotráfico, 86.3 por ciento está de acuerdo con incrementar la presencia militar, 37.4 por ciento con permitir la presencia de agentes estadunidenses trabajando en México, 33.5 por ciento con legalizar las drogas y 32.6 por ciento considera como solución negociar o hacer pactos con las bandas del crimen organizado; de ese porcentaje 34.2 por ciento correspondió a la zona norte del país, 29.6 al Bajío, 35.2 a la zona centro y 29.5 al sureste.

Las cifras que arrojó la citada encuesta reflejan la dimensión real de la problemática de la violencia derivada de la lucha contra el narcotráfico; representa elementos que pueden ser entendibles en el contexto de una sociedad harta, que hasta la década pasada vivía en mejores condiciones; no obstante hoy, bajo la perspectiva de inseguridad, considera optar por soluciones como la negociación o el pacto con los criminales, lo cual significaría la capitulación del gobierno y de la sociedad misma, al reconocer que es imposible ganar la lucha contra el narcotráfico.

En los últimos años se han llevado a cabo diversos ejercicios de diálogo y consultas entre el gobierno y la sociedad organizada, mediante los cuales se han planteado diversas soluciones a esa problemática del país; no obstante, solamente el crimen organizado ha logrado desarrollarse, generando un mayor nivel de violencia e incrementando el tráfico de estupefacientes, lo que en consecuencia ha intensificado la incertidumbre y la zozobra en la sociedad, con mayor incidencia en los estados fronterizos.

Hoy el crimen organizado amenaza también a la clase política, incluso a sus familias. Por ello, algunos gobernadores, como los de Sinaloa y Nuevo León, han optado por enviar a sus familias a Estados Unidos. Si los funcionarios prefieren exiliar a su primer círculo, ¿qué podemos esperar los ciudadanos?

Las consecuencias de no actuar a tiempo y de manera eficaz están teniendo un costo muy alto para el país.

*Analista en temas de seguridad y justicia

simon.9@prodigy.net.mx

El buen engaño

John M. Ackerman

La semana pasada Felipe Calderón convirtió la fiesta cívica de reconocimiento a la gran valentía del pueblo mexicano de 1910 en otro pretexto para enaltecer el militarismo y el consumismo. El 101 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana fue marcado por un ostentoso desfile militar y opacado por el abusivo despliegue mediático del llamado buen fin. Una vez más, los ciudadanos y el interés público fueron relegados a segundo plano.

El buen fin no fue diseñado para mejorar la calidad de vida de todas las familias mexicanas, como señaló de manera engañosa la propaganda, sino para ayudar a los grandes empresarios a deshacerse de sus inventarios y apoyar políticamente a Calderón. Los datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (http://bit.ly/sBOkVB) son elocuentes: solamente 60 por ciento de los que acudieron a tiendas en el Distrito Federal se beneficiaron de alguna oferta o promoción y, entre ellos, 30 por ciento manifestó que el buen fin no cumplió con sus expectativas. Es decir, únicamente 40 por ciento de los consumidores estuvieron satisfechos, y la insatisfacción seguramente fue mayor en otras zonas donde el poder de compra es menor que en la capital.
Esta desilusión surge de que gran parte de las promociones no incluyó reducción alguna de precios, sino solamente facilidades de pago hasta de 48 meses, muchas veces con elevadas tasas de interés. Los que realmente se aprovecharon del buen fin fueron los bancos, las instituciones de crédito y las grandes tiendas que ahora tendrán un flujo constante de pagos mensuales y podrán cobrar de manera despiadada comisiones y sanciones a sus nuevos clientes cada vez que se les dificulte la entrega de sus cuotas.
La organización El Poder del Consumidor ha puesto el dedo en la llaga al comentar que “el objetivo central [del buen fin] es aumentar las ventas y reducir los inventarios de las empresas, más que beneficiar a los consumidores”, ya que contribuye a poner en riesgo [su] situación financiera. Una investigación de campo conducida por CNNExpansión también concluyó que “los consumidores consideran que las verdaderas ganadoras [del buen fin] son las tarjetas de crédito y los bancos”.
Se da, entonces, nueva significación al propósito de la Iniciativa México, convocante destacado del fin de semana de compras, de pasar del México del no se puede al México del sí se pudo. Este salto aparentemente se cumplirá con el endeudamiento generalizado de la población. Con estos apoyos, las familias mexicanas finalmente pudieron adquirir nuevos televisores y sentirse más clasemedieros que nunca. Pero en realidad se esclavizan aún más a los poderes oligopólicos que controlan la economía y la política nacional, ya que tendrán que trabajar horas extras en ínfimas condiciones para saldar sus deudas.

El buen fin también tiene una clara intencionalidad política. Un aumento artificial de compras en 2011 generará una burbuja financiera que permita a Calderón anunciar nuevos números de supuesto crecimiento económico a principios de 2012 en plena campaña presidencial. Asimismo, una población endeudada y acosada por los bancos es más tímida y menos dispuesta a apoyar cambios políticos radicales. Esto beneficiará al proyecto político del PAN, que en 2012 hará todo lo posible por asustar a la población con una política de miedo: Más vale malo por conocido que bueno por conocer, será su verdadero lema de campaña.

El 20 de noviembre de 1999 Vicente Fox anunció su propósito de remplazar la celebración del Día de la Revolución por el día del Plan Puebla-Panamá como símbolo de la supuesta modernización del país. Hoy, Calderón va más allá y ni siquiera plantea un nuevo proyecto de supuesto desarrollo económico, que Fox siempre enfocaba desde una lógica depredadora y colonial, sino recurre al puro consumismo y al endeudamiento social como motores de la economía nacional.

Lo que los ciudadanos mexicanos realmente necesitamos no son más ofertas engañosas, sino una verdadera reducción de los precios de los bienes de consumo a partir de una desarticulación del oligopolio empresarial que controla el país. Nuestro país ha recibido una calificación reprobatoria de 3.5 (de un total de siete puntos) en materia de política antimonopolios por parte del Foro Económico Mundial. Esta concentración económica es la causa de que hoy en México pagamos 200 por ciento más que en Estados Unidos por cemento y telefonía fija y 150 por ciento más en tarjetas de crédito, créditos bancarios, teléfono celular y otros productos. También existen serios problemas de competencia y de precios elevados para los productos más básicos, como leche, huevo, tortilla y pan.

Por fortuna, la conciencia crítica perdura a pesar de los múltiples embates desde el poder que quisieran desaparecer el espíritu revolucionario del pueblo Mexicano. En lugar de planear el siguiente buen fin, mejor habría que dirigir la mirada hacia propuestas mucho más efectivas que reducirían directamente los precios y aumentarían los ingresos de la población.

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

Especulación necrófila-Magú

magu@jornada.com.mx

Pacto Exxon-Semarnat: otro desatino del sexenio

Iván Restrepo

Gracias a costoso anuncio de una página publicado en varios diarios de circulación nacional, supimos que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la ExxonMobil refrendaron su compromiso con el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en temas de género, ambiente y desarrollo sustentable. Por ello han renovado el acuerdo de colaboración mediante el cual otorgarán capacitación a integrantes del Consejo Consultivo de la Semarnat con el objetivo de impulsar la participación de la mujer en temas medioambientales. Por un desarrollo sustentable con perspectiva de género. Hasta aquí el anuncio que, suponemos, pagó la trasnacional estadunidense, una de las que registran mayores utilidades en el mundo y con actividades en más de 40 países. Destacadamente la explotación, elaboración y comercialización de derivados de los hidrocarburos y el gas natural: desde productos químicos y plásticos hasta fertilizantes.

La más reciente noticia de la Exxon es de julio pasado, cuando se vio obligada a reconocer que una fuga de petróleo en su oleoducto colocado en el fondo del río Yellowstone (estado de Montana) se extendería más de 16 kilómetros.
El oleoducto lleva diariamente 40 mil barriles de petróleo a una refinería. Las autoridades locales habían denunciado que no cumplía con las normas de seguridad requeridas y era un peligro ante la crecida del caudal del Yeollowstone. Cerrado dos meses antes del accidente, el oleoducto nuevamente entró en funcionamiento al garantizar la Exxon que era seguro.
Se calcula que pagará unos 135 millones de dólares (más del triple de lo estimado inicialmente) para revertir el daño en el río y a quienes viven en sus riberas. De poca monta si se compara con el caso del Exxon Valdez, el gigantesco buquetanque que en 1989 derramó casi 40 mil toneladas de crudo en Alaska. Varios miles de kilómetros cuadrados de manchas contaminaron 800 kilómetros de costas, islotes y ensenadas, una de las mayores catástrofes ambientales.
De ser tan importante la colaboración entre Semarnat y la Exxon, sobraba publicitarla a tan alto costo. Una conferencia de prensa habría bastado para informar al país de los detalles de la misma, los logros alcanzados hasta ahora y las acciones futuras en el tema de género y medio ambiente. Además de explicar el papel que cumple el citado Consejo Consultivo Nacional. Y, ya entrada la Exxon en el mecenazgo para lavar culpas, dedicar lo erogado en publicidad a uno que otro proyecto de género relacionado con el ambiente.

Esta muestra de colaboración con empresas que no se distinguen por su respeto a los recursos naturales y la población se suma a muchos otros desatinos del actual sexenio. Cuando crece el repudio por el visto bueno de la Semarnat al proyecto hotelero en Cabo Pulmo, Baja California Sur, se denuncian las concesiones a una minera canadiense para explotar Wirikuta, sitio sagrado del pueblo huichol localizado en San Luis Potosí. Igualmente, la antigua mina Real de Catorce, en la misma entidad. Otra concesión permitirá a la empresa Sempra Energy (de cuya negra historia hemos dado cuenta aquí) establecer un enorme sistema de generación de energía eólica en Sierra de Juárez, ecosistema único por su riqueza natural y muy frágil, habitado por indígenas mexicanos. Ocupa parte de los municipios de Tecate, Mexicali y Ensenada. En el área de Costa Azul de este último municipio Sempra posee una planta de gas natural. Con la nueva concesión eólica, Baja California se convierte en gran generadora de energía para Estados Unidos.

A la hora de mostrar sus preferencias trasnacionales, el titular de Semarnat no tiene límites. Como su declaración de que en el norte del país es posible sembrar grandes extensiones con maíz transgénico porque allí no ponen en peligro la biodiversidad y los maíces nativos. Desoye, así, las recomendaciones en sentido contrario de los organismos internacionales.

Sospecho que Monsanto, Sempra, las mineras canadienses o las cadenas hoteleras españolas se disputarán a don Juan una vez que deje Semarnat.

Así no sabrá lo que es estar desocupado.

Felicidades.