Rescatadores no solicitados- CPI: pertinencia del escrutinio- México SA

Los de Abajo

Rescatadores no solicitados

Gloria Muñoz Ramírez

Nadie en su sano juicio puede dejar de condenar enérgicamente la trata de personas con fines de explotación sexual en México, y exigir que se castigue a los auténticos responsables de secuestrar, amenazar y obligar a prostituirse a miles de niñas y adultas mexicanas, centroamericanas y de otros países. Pero, como advierte la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, en el marco del Día Internacional de la Eliminación a la Violencia Contra las Mujeres, desafortunadamente las políticas del gobierno supuestamente encaminadas al combate de la trata colocan a todas las trabajadoras sexuales como víctimas y esclavas por decreto, sin excepción alguna.

Elvira Madrid y Jaime Montejo, de la Brigada Callejera, organización que se dedica a la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores sexuales, señalan que para este sector de la población este 25 de noviembre hay poco qué celebrar, pues el Programa Nacional de Derechos Humanos de la administración pública federal menciona como un objetivo erradicar la prostitución, sin atender las causas que la generan.
Además, señalan los activistas, hace apenas dos días, con 325 votos, la Cámara de Diputados aprobó eliminar el consentimiento de la víctima como excluyente de responsabilidad para los inculpados por el delito de trata de personas, borrando por decreto la diferencia entre víctimas de trata y trabajadoras sexuales móviles, que migran permanentemente de un lugar a otro. Con esta disposición, a partir de ahora todas las trabajadoras sexuales son víctimas de trata, sin excepción, negándole por decreto el derecho a decidir qué hacer sobre su cuerpo y sobre su permanencia en la industria sexual.

Esta victimización, advierte Jaime Montejo, “no es otra cosa que violencia institucionalizada contra las mujeres trabajadoras sexuales. Impulsada básicamente por mujeres, es un despliegue de poder, un abuso que se legitima asegurando que sólo se busca el bien de las presuntas víctimas, cuando en realidad su fuerza material radica en perpetuar la precariedad del trabajo sexual, incluso en fomentarlo y ampliar sus redes para justificar el ‘rescate’ de trabajadoras sexuales que no requieren, no necesitan y no buscan ser rescatadas de ninguna situación abusiva en su contra”.

Una verdadera solución a la trata de personas en México no debe dejar de contemplar y consultar las voces de, en primer lugar, las trabajadoras sexuales, además de las organizaciones que defienden los derechos humanos de este sector, comisiones gubernamentales de derechos humanos, académicos, religiosos, vecinos y trabajadores de medios de comunicación sensibles a esta situación, considera la brigada.

losylasdeabajo@yahoo.com.mx - http://desinformemonos.org

CPI: pertinencia del escrutinio

Activistas sociales, organizaciones de la sociedad civil, miembros de la academia y de la clase política y ciudadanos aislados dieron ayer un paso fundamental frente al paroxismo de violencia y barbarie que se desarrolla en el país. Contenida en un expediente de 700 páginas, y con el respaldo de más de 23 mil firmas, la denuncia interpuesta formalmente en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya podría llevar, en meses próximos, a que la fiscalía de ese tribunal investigue –en caso de que lo juzgue procedente– la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad en nuestro país en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, e incluso a que establezca algún tipo de responsabilidad contra los inculpados, entre quienes figuran, además del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, los secretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna; de Defensa Nacional, Guillermo Galván, y de Marina, Francisco Saynez, así como el presunto líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.

En primer término, resulta lamentable que grupos de la sociedad hayan tenido que recurrir a una instancia internacional para solicitar el esclarecimiento y la investigación de delitos cometidos en territorio mexicano, ante la falta de capacidad o de voluntad del sistema de justicia local para analizarlos. Como ha señalado el abogado Netzaí Sandoval –el encargado de presentar la denuncia ante la CPI–, algunos de los crímenes documentados en el citado expediente –ya sea por elementos de las fuerzas públicas o por miembros de las organizaciones delictivas– ni siquiera están tipificados en el Código Penal, y a ello debe añadirse la persistencia del fuero militar, que suele traducirse en impunidad y falta de transparencia a la hora de juzgar delitos cometidos contra civiles.
Resulta claro, por otra parte, que el elevadísimo costo de la guerra contra el narcotráfico –más de 50 mil muertos, 230 mil desplazados y más de 10 mil desaparecidos– es reflejo de una distorsión y perversión de varios de los fundamentos del marco legal mexicano, como los principios de presunción de inocencia, de separación de poderes y de atribuciones constitucionales de las fuerzas armadas, pero también de la violación sistemática de postulados humanitarios fundamentales: aun si se diera crédito a la especie de que la mayoría de las víctimas pertenecieron a las filas de la delincuencia, no hay razón para que el Estado renuncie, con base en esos argumentos, a su tarea fundamental de garantizar la integridad física y la vida de las personas; para porfiar en los procedimientos ya habituales que prescinden de órdenes de captura y de allanamiento, ni para legitimar el accionar cada vez más discrecional y arbitrario de las corporaciones civiles y militares.

A estas tendencias inaceptables y peligrosas ha de agregarse un incremento en el número de asesinatos de personas incuestionablemente inocentes. Tal sería el caso de los cadáveres hallados anteayer en Guadalajara, la mayoría de los cuales no contaba con antecedentes penales, así como el de los miles de migrantes centro y sudamericanos que han sido secuestrados por grupos de la delincuencia organizada en colusión con autoridades; de los cientos de personas que han perecido, en condiciones casi nunca esclarecidas, en el marco de las confrontaciones entre efectivos gubernamentales y pistoleros de las organizaciones delictivas, en retenes militares o en simples equivocaciones y confusiones. Mucho más estremecedor resulta el dato proporcionado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que ubica en 4 mil el número de niños muertos en el presente sexenio, amén de los 3 mil 700 huérfanos y de los más de 400 infantes que –según ese mismo organismo– han sido reclutados por las organizaciones delictivas.

En suma, las estrategias oficiales que buscaban –se dijo en un inicio– el fortalecimiento de la seguridad pública y del estado de derecho han logrado los resultados exactamente opuestos: zozobra generalizada en extensas regiones del país y suspensión de facto de postulados fundamentales de la legalidad y de los derechos humanos de connacionales y extranjeros. Es inevitable concluir que los encargados de la estrategia, empezando por el jefe del Ejecutivo y algunos miembros de su gabinete, tienen algún grado de responsabilidad por ese deterioro. Por ello, la colocación de la circunstancia nacional bajo la mirada de la CPI es un paso pertinente y necesario y cabe esperar que la labor de ese organismo no se vea desvirtuada por las previsibles presiones y resistencias del gobierno mexicano.

El Sistema de Ahorro para el Retiro y sus comisiones

Gustavo Leal F.*

Mientras en Perú, Mario Vargas Llosa aseguraba que el candidato presidencial Ollanta Humala respetará el derecho de propiedad y las administradoras de fondos de pensiones, en México, Vanesa Rubio, vocera de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), y Óscar Franco, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), reiteran que frente al modelo Issste, con aportaciones de 11.3, las de los trabajadores del apartado A –amparados por la Ley IMSS reformada por Zedillo en 1997– son de las más bajas en comparación internacional: 6.5 por ciento más la cuota social. El gran desafío, claman, consiste en aumentar el esfuerzo del ahorro para el retiro.

Pero la evidencia reciente muestra más bien que, junto con la reforma a fondo al fracasado SAR-Zedillo –para ajustarlo a la realidad laboral del siglo XXI mexicano– hay todavía algo que hacer: actuar decididamente sobre el nivel de comisiones que cobran las administradoras de fondos de ahorro para el retiro (Afore).
Es de sobra conocido que el monto de las pensiones corre el riesgo de ser menor en el futuro por la falta de regulación que incentive a las Afore a reducir esas comisiones. Ellas montan 1.52 por ciento del saldo de la cuenta. El promedio anual cobrado suma mil 220 pesos (104 dólares), uno de los niveles más altos de América Latina.
Urge rediseñar esta estructura para que la comisión no sea más que de medio punto, toda vez que ellas no están para beneficiar a las Afore, cuya inversión ha sido más que recuperada.
No falta quien señale que medio punto de comisiones cobradas de más por la Afore durante la vida laboral de un trabajador reduciría su pensión en más de 10 por ciento. Y tampoco falta quien critique a Vanesa Rubio y la Consar como regulador, porque sólo argumentan que las comisiones están al nivel de las internacionales. Con la agravante de que el grueso de esa comisión se consume en el pago de promotores, costo que deberían asumir las propias Afores de sus fondos y no del bolsillo de los trabajadores.
Lo que la experiencia internacional muestra, y que ya debería estarse ensayando en México, es que, al menos, en Suecia, Bolivia, Colombia, El Salvador, Bulgaria, Estonia, Hungría, Kazajstán, Polonia y Eslovenia se procura evitar que las comisiones mermen la pensión obligando a que, por ejemplo, las que cobran las Afores no superen las de las sociedades de inversión o creando subastas de paquetes de afiliados para entregarlos a la administradora que ofrezca la comisión más baja. Igualmente, que éstas garanticen rendimientos mínimos que, de no materializarse, las obligue a no cobrar comisión alguna.
Pero sin duda, el problema de fondo para realmente reformar el fracasado SAR-Zedillo es el del alcance efectivo de la pensión. Y es que, aun con un salario medio y suficientes años de cotización, el punto final de la carrera laboral de quienes opten al retiro vía cuentas individuales devengarán una pensión extraordinariamente baja.

Según la Consultora Lorant MS, un trabajador con 30 años cotizando –que cobra 44 mil 850 pesos– sólo llegará a una pensión de 13 mil 886: 15.46 por ciento de su último salario, debido a la baja aportación y al impacto de la comisión. Además de que todavía deberá asumir el costo de contratar una aseguradora que se la ministrará, calculándola sobre la base del salario acumulado y su expectativa de vida (Reforma, 3/5/11).

Es mucho peor el caso de quien sólo gana mil 794 pesos. Con 30 años cotizados, la pensión mensual sumará apenas 934 pesos: 26.05 por ciento del último salario.

Ese es el problema de fondo del SAR-Zedillo, que debe ser urgentemente reformado. Como bien señala el actuario experto en pensiones José Luis Salas, todos los trabajadores que se tengan que jubilar con la Ley Zedillo del IMSS (1997) tendrán que comprar su pensión en una aseguradora. México será un país de viejos pobres. Por más eficiente que hagamos el sistema, las pensiones van a ser pobres.

Por algo, también, 12 actuarios especialistas –Marcela Flores y Alejandro Turner, entre ellos– han concluido impecablemente que el SAR no resultó como se planeó y los trabajadores que se jubilen dentro de 25 años recibirán únicamente entre 10 y 20 por ciento de su último salario. Eso sucederá –demuestran– porque los rendimientos son insuficientes, el SAR carece de incentivos para la competencia y los trabajadores no cuentan con la información necesaria (temas relevantes y aplicaciones prácticas en materia de retiro y jubilaciones en México, Ernst&Young, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas-IMEF, Lockton).

Pero para Vanesa Rubio y Óscar Franco, el asunto es otro. A pesar de las recurrentes minusvalías, Rubio estima que cerca de 40 por ciento de los 1.6 billones de pesos en las Afores son solamente rendimientos, y ellas siguen siendo los instrumentos más rentables del mercado mexicano en el largo plazo. Muchos esfuerzos de difusión se han hecho para concientizar a los trabajadores de ver el rendimiento neto, insiste. Porque lo que importa son los rendimientos de largo plazo. ¿Pero es, acaso, un problema sólo de concientización? Y Franco reitera cómodamente que los trabajadores deben informarse bien.

Sin duda: junto a la reforma de raíz al fracasado SAR-Zedillo, y la reforma Calderón del Issste, hay mucho que hacer.

*Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco

México SA

Ocupación informal a galope

Empleo formal, paso a pasito

La obsesión de Peña Nieto

Carlos Fernández-Vega

En octubre de este año, la tasa de desempleo abierto se ubicó en 5 por ciento de la población económicamente activa (PEA), nivel por abajo del registrado en el mismo mes del año pasado, cuando se ubicó en 5.7 por ciento. De esta manera, con una PEA de 49 millones 577 mil 700 personas, el número de desempleados se ubicó en 2 millones 478 mil 885, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta cifra ha sido la más baja para un mes de octubre en los pasados tres años, e implicó una disminución de 295 mil 587 personas. Pese a que la tasa de desempleo disminuyó, ésta se mantiene aún en niveles altos y no se perfila un descenso importante, consideraron analistas del grupo financiero Banamex-Citi. La imagen, de desempleados en la Plaza de San Jacinto, en San Angel, en la ciudad de MéxicoFoto Carlos Cisneros

 

 

En Los Pinos están muy contentos, porque el más reciente informe del Inegi en materia laboral, divulgado ayer, da cuenta de que la tasa oficial de desocupación en el país se redujo 0.7 por ciento en octubre de 2011, con respecto a igual mes de 2010. Qué bueno, pero en la residencia oficial (donde pernocta el autodenominado Presidente del empleo) este reporte debería provocar vergüenza y no alegría, toda vez que el citado descenso es atribuible en dos terceras partes a la generación de plazas informales, es decir, aquellas sin prestación alguna e ingresos más que miserables, algo que ni de lejos puede ser motivo de regocijo. Ahora que, en el balance de cinco años, lejos de reducirse la tasa oficial de desocupación se ha incrementado 40 por ciento, con todo y el resultado de octubre de 2011.

De acuerdo con la reciente evaluación del Inegi sobre el mercado laboral, en el décimo mes del presente año alrededor de 347 mil mexicanos abandonaron las filas de la desocupación abierta, lo cual, a simple vista, parece una buena noticia. Sin embargo, a la hora de desmenuzar la información lo primero que surge es que sólo uno de cada tres trabajadores pudo colarse al mercado formal de la economía, mientras que los otros dos fueron remitidos, sin mayor trámite, a la informalidad.

Siempre según las cuentas de la referida institución, en el periodo citado de los 347 mil mexicanos que abandonaron la desocupación sólo 123 mil se emplearon en el sector formal de la economía, y de esta última cifra una tercera parte lo hizo de forma eventual, o lo que es lo mismo, en breve volverá a la desocupación. En síntesis, de esos 347 mil mexicanos que durante octubre pasado lograron colarse al mercado laboral sólo 24 de cada cien lo hicieron de manera permanente y en el sector formal, lo que de ninguna forma, salvo en alguna mente perversa, puede generar alegría.

En septiembre de 2011 el propio Inegi reportó que la ocupación en el sector informal ha crecido a galope, mientras que el empleo formal lo ha hecho paso a pasito. El resultado está a la vista: en el calderonato, más de 2 millones de plazas en el primero, y menos de 900 mil permanentes en el segundo. A estas alturas, 13.5 millones de mexicanos buscan la vida en la informalidad (sin considerar 6.2 millones adicionales que se encuentran en disponibilidad) y 13.25 millones en la formalidad, todos ellos de forma permanente.

En el último quinquenio se reporta mayor ocupación informal que empleo formal: en 2006 el empleo permanente registrado en el IMSS era superior a la ocupación generada por la informalidad; para 2011, la situación se invirtió, es decir, la generación formal de empleo es superada por la ocupación informal. De la misma forma que se han deteriorado las condiciones laborales de los trabajadores y que no ha existido un avance en la generación de empleo, se evidencia un retroceso importante en lo que los gobiernos panistas han denominado emprendedores. En este sentido, ha existido una reducción significativa de la población ocupada por cuenta propia, así como de la generación de empleo en el total de los micronegocios, siendo que, en los que no cuentan con establecimiento, se registró más personas ocupadas que en aquellos que cuentan con uno.

Como días atrás se apuntó en este espacio, el ingrato balance de la Presidencia del empleo es el siguiente: más de 3 millones de trabajadores mexicanos no perciben remuneración; más de 6 millones obtienen hasta un salario mínimo o menos; más de 30 millones no cuentan con acceso a la salud; otros 12 millones no cuentan con otra prestación distinta a la salud; al cierre del tercer trimestre de 2011, la población ocupada en la informalidad creció 8 por ciento con respecto a igual periodo de 2010, lo que representa un tercio de la población económicamente activa (13.5 millones de personas en informalidad): la tasa oficial de desocupación de 5.6 por ciento en septiembre del presente año (5 por ciento en octubre) fue igual a la registrada durante el mismo periodo en 2010, siendo las más altas y superadas únicamente por la observada en la crisis de 2009; la situación de precariedad se agrava al considerar el crecimiento de la informalidad (existen más de 13 millones de personas trabajando en este sector) y los trabajadores sin contrato escrito (más de 14 millones), teniendo implicaciones importantes para la economía, lo que además sugiere la incapacidad del sistema productivo para generar empleo formal bien remunerado y con prestaciones adecuadas (Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México).

Por si fuera poco, la tasa de subocupación en septiembre pasado fue la más alta desde que se mide esta condición (8.5 por ciento de la población ocupada, proporción que se incrementó a 9.3 por ciento en octubre), es decir ha existido una elevación importante de personas que cuentan con dos empleos dado que los ingresos de uno sólo no resultan suficientes para cubrir sus gastos, siendo más de 4.5 millones de personas las que se encuentran en esta situación, por arriba de lo registrado durante la crisis de 2009. A nivel estatal, algunas entidades de la República reportan niveles históricos de desocupación, como en el caso de Aguascalientes y Chihuahua, con 7.64 y 7.39 por ciento, respectivamente, de su población económicamente activa en tal situación.

El panorama empeora cuando se conoce que la generación de empleo formal y de ocupación informal está fundamentalmente orientada al sector servicios: 63 de cada 100 plazas corresponden a esta actividad; el resto se distribuye entre la industria manufacturera, la construcción y las actividades agropecuarias. En esta República de servicios, cada día se produce menos y se sirve más.

Las rebanadas del pastel

Mientras el tipo de cambio se debilita aún más (ayer se pagaron hasta 14.40 pesos por dólar, con todo y que el billete verde lejos está de su mejor momento), el candidato engominado, Enrique Peña Nieto, asegura que si llega a Los Pinos encabezará un gobierno obsesionado por el crecimiento económico. Pues bien, si su obsesión no empieza por cambiar el modelo económico, de nada servirá: los resultados serán los mismos que en los pasados 30 años… Feliz inicio del sexto y, felizmente, último año en Los Pinos: Felipe Calderón ha sido denunciado ante la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de guerra y lesa humanidad durante el combate de su gobierno en contra del crimen organizado. La denuncia también involucra a funcionarios de su gabinetazo y al empresario marca Forbes Joaquín El Chapo Guzmán.

cfvmexico_sa@hotmail.com