Los sueldos de la elite dorada mexicana- ¿Libertad de expresión o ley de la selva?- Las izquierdas en el ojo de la tormenta

¿Libertad de expresión o ley de la selva?

En marzo de 2004, en el texto Cómplices del terror, firmado por el entonces subdirector de Letras Libres Fernando García Ramírez y publicado en esa revista que dirige Enrique Krauze, se acusó y calumnió, sin fundamento alguno, a La Jornada de ser cómplice de la organización terrorista vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Este diario envió a la revista una carta en la que se demandó que probara lo dicho o, en su defecto, se retractara. Letras Libres no aportó prueba alguna, mucho menos se retractó. Ante la gravedad de la acusación, Demos, Desarrollo de Medios, S. A. de C. V., casa editora de La Jornada, presentó una demanda por daño moral en contra de Editorial Vuelta, S. A., a la que pertenece Letras Libres.

Empezó entonces un largo proceso legal que, en sus diversas instancias y sucesos, ha tenido varias sentencias –dos de ellas favorables a La Jornada y otras tantas a Letras Libres– y que se ha llevado más de siete años. En 2010, a instancias de la mentada revista, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción sobre el caso, el cual fue turnado al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Este magistrado elaboró un proyecto de resolución que pretende situar la querella como resultado de derechos que se encuentran en pugna: el relativo al honor y la reputación y el que garantiza la libertad de expresión, para concluir que el segundo debe imperar sobre el primero.
Con estos y otros argumentos, la ponencia concluye que si bien García Ramírez empleó expresiones desabridas y de mal gusto y que “resulta evidente la exageración utilizada en el texto, especialmente al concluir que la línea editorial de La Jornada equivalía a ponerla ‘al servicio de asesinos hipernacionalistas’, la cual podría resultar sumamente desagradable”, el tono empleado (en el artículo difamatorio) se encuentra justificado por su propósito de causar impacto entre los lectores, de modo que una eventual condena inhibiría el debate abierto sobre temas que, como éste, son de interés público.
De esta manera, el diferendo es minimizado y reducido a que Letras Libres y La Jornada “‘piensan’ de forma distinta y que sostienen puntos de vista alternativos respecto de los mismos hechos”, que lo publicado por la primera acerca de la segunda no es lo suficientemente insultante o desproporcionado y que “las expresiones utilizadas en la columna ‘Cómplices del terror’ se encuentran amparadas constitucionalmente”.
Resulta casi inverosímil que en un documento de la SCJN se pretenda dar protección legal a las falsedades vertidas contra La Jornada en Letras Libres. Pero es igualmente preocupante que uno de sus integrantes no logre ver más que exageración y mal gusto en una acusación pública que atribuye –falsamente– vinculación con el delito más severa y discrecionalmente perseguido y castigado en el mundo contemporáneo, ni que esa acusación conlleva riesgos concretos para quien es víctima de ella. Para aquilatar la gravedad de la calumnia contra La Jornada, es pertinente recordar que la denominada lucha contra el terrorismo internacional, emprendida por el pasado gobierno de Estados Unidos, y a la cual se sumaron la mayor parte de los gobiernos del mundo –incluidos los de Europa y México– se ha traducido en una violenta persecución contra toda persona o entidad sospechosa de actividades terroristas o de vínculos con ellas, y que en el contexto de esa persecución las autoridades han hecho caso omiso de derechos humanos y garantías individuales. En nombre del combate al terrorismo se ha justificado la tortura, la desaparición forzada, la comisión de crímenes de guerra y el acoso judicial –a la postre, ilegal e injustificado– contra individuos, organizaciones y medios informativos inocentes de cualquier práctica terrorista.
Por lo demás, ninguna de las consideraciones contenidas en el proyecto de resolución de marras invalida la contundencia y claridad de los términos en que están redactados los artículos constitucionales reproducidos en el mismo proyecto de resolución del ministro Zaldívar: La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público (6°) y “la libertad de imprenta (…) no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública”. Los límites a la libertad de expresión quedan claramente fijados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (el respeto a los derechos o a la reputación de los demás) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (“restricciones necesarias (…) para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás”), ambos textos también considerados en la tesis referida.

Este diario considera improcedente, pues, que se pretenda, a pesar de esos ordenamientos, esgrimir la libertad de expresión para justificar y exonerar acusaciones y calumnias como la cometida en 2004 contra La Jornada por Letras Libres y García Ramírez y amparadas por Enrique Krauze. No ha de omitirse la paradoja de que ese derecho fundamental, cuyo ejercicio ha sido mantenido en forma consistente y convencida por La Jornada desde su fundación –en un entorno caracterizado por la uniformidad noticiosa y la connivencia entre la mayor parte de los medios y poderes públicos autoritarios y antidemocráticos–, pretenda ahora usarse como argumento para permitir la propagación de calumnias como las que dieron pie a este ya largo proceso legal contra La Jornada.

Más allá de la injusticia que se pretende consumar, la ponencia del ministro Zaldívar, de ser aprobada por la SCJN, establecería un precedente indeseable y peligroso para el periodismo nacional, por cuanto daría pie a la difusión de toda suerte de infundios en contra de lo que se denomina personas que se dedican a actividades públicas (físicas o morales), categoría aplicable a los medios, y los eximiría de cualquier responsabilidad legal por la propagación de falsedades, por evidentes que éstas sean.

Asimismo, la adopción de la tesis del ministro Zaldívar por parte de la primera sala de la SCJN instauraría una suerte de ley de la selva en la que las entidades informativas podrían afirmar, unas de otras, las falsedades y acusaciones que quisieran, sin que por ello se les pudiera imputar en forma alguna. Y, en las condiciones de inequidad que caracterizan al país, tal escenario conduciría, de manera inevitable, al triunfo de los poderosos sobre los débiles, del músculo corporativo y financiero sobre las iniciativas sociales, de los discursos dominantes por encima de las voces disidentes.

El ejercicio de la libre expresión conlleva responsabilidades que no deben ser suprimidas. La Jornada no pretende, ni mucho menos, limitar el ejercicio de la libertad de expresión, como tramposamente ha planteado el señor Krauze en su largo peregrinar por sus medios y por los pasillos de la SCJN, cabildeando para llevar agua a su molino.

Es lamentable que se pretenda convertir las libertades de pensamiento, opinión y debate en un envoltorio aceptable de la difamación y la calumnia. Ese es, finalmente, el fondo del aberrante proyecto de resolución elaborado por el ministro Zaldívar. En caso de aprobarse en la instancia agendada para la semana próxima, la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá asestado un golpe mortal al ejercicio responsable de informar.

Y si se trata de acabar con La Jornada y con otros medios independientes que son molestos a los poderes político-empresariales, cabe decir que no nos apartaremos un milímetro de nuestro compromiso fundacional de ejercer la crítica responsable y de dar voz a quienes no la tienen.

Y, como dice el clásico, justicia retardada, justicia denegada.

Copete para la maestra-Rocha

rocha@jornada.com.mx

Las izquierdas en el ojo de la tormenta

Raúl Zibechi

En la edición de noviembre de Le Monde Diplomatique, Serge Halimi desarrolla en un extenso artículo su visión de los problemas que atraviesa la izquierda europea. En La izquierda que ya no queremos desgrana una fuerte crítica a los gobiernos que se proclaman socialistas por su manejo de la crisis, ya que no encuentra mayores diferencias entre lo que hacen los conservadores y los progresistas una vez que conducen la cosa pública.

La izquierda reformista se distingue de los conservadores mientras dura la campaña por un efecto óptico. Luego, cuando se da la ocasión, se esfuerza por gobernar como sus adversarios, por no perturbar el orden económico, por proteger la platería del castillo, escribe Halimi. También critica a la izquierda radical, que sueña con aislarse en una contrasociedad aislada de las impurezas del mundo y poblada de seres excepcionales.
Lo interesante de su análisis es que apuesta por rupturas. Rescata el triunfo electoral del Frente Popular francés en 1936, no por lo que hizo el gobierno, sino porque su victoria liberó un movimiento de revuelta social al dar a los obreros la sensación de que ya no chocarían como antes con el muro de la represión policial y patronal. En suma, apuesta a lo electoral en tanto pueda ser un activador de la protesta social para procesar las necesarias rupturas con el capitalismo. Es un cambio respecto de la tradicional estrategia de las izquierdas, no sólo europeas, ya que el sujeto vuelve a ser la lucha social, la lucha de clases, y ya no los aparatos político-electorales.
Halimi reconoce los riesgos que encierra la crisis actual, o sea, el desborde del capital financiero contra los estados luego de su ataque frontal a los sectores populares. Su análisis no alcanza, pese a todo lo positivo que incluye, a diseñar una estrategia alternativa a la que hasta ahora fue hegemónica en las izquierdas: tanto las europeas como las de los países periféricos, tanto moderadas como radicales. Muchos de los dilemas que se le plantean al continente que vio nacer el sindicalismo, el socialismo y el comunismo y que parece resignarse más que otros a su desaparición, son en realidad problemas que nos aquejan a todos los anticapitalistas en todas partes del mundo.
Los resumiré en dos aspectos: no tenemos estrategias para vencer al capital, ni electorales ni insurreccionales, y no tenemos siquiera un imaginario alternativo a las urnas o a la toma del palacio. En segundo lugar, no hemos puesto en pie economías autosustentables, capaces de sostener la vida y de entusiasmar a los de abajo a dedicar todas sus energías a esas tareas. En suma, si llegamos a triunfar contra el capital, no sabemos con qué sustituir el capitalismo, salvo empeñarnos en repetir aquel socialismo de Estado (que en realidad era un capitalismo de Estado autoritario) que fracasó a finales de la década de 1980.
No es dramático carecer de estrategias, por lo menos durante un tiempo. Lo terrible sería creer que sabemos hacia dónde vamos y con qué pretendemos sustituir un sistema que agoniza. La crisis en curso, que apunta hacia la desarticulación geopolítica del mundo conocido, dividido en centro, semiperiferia y periferia, y a la parálisis de la acumulación de capital (o sea a la guerra de conquista como manifestación extrema de la acumulación por desposesión), implica que las fuerzas antisistémicas ya no podrán seguir operando en los escenarios conocidos.

Socialdemocracia, socialismo, comunismo y movimiento sindical están paralizados porque el mundo en el que nacieron y crecieron está desapareciendo rápidamente. Aun eso que llamamos movimientos sociales está en crisis, porque ya no pueden seguir actuando del mismo modo. Ya se habla de crisis de la democracia, de golpes de Estado, adivinando que aquel mundo que dio a luz las ideas y prácticas emancipatorias está en bancarrota. Eso es la crisis del capitalismo o el fin del sistema-mundo capitalista.

Cuando las izquierdas dicen que el capitalismo está en crisis, apenas se asoman a una media verdad. Si aceptamos que estamos ante la crisis del sistema-mundo, debemos comprender que nosotros somos parte de esa crisis, porque nuestros movimientos nacieron en ese sistema y están llamados a desaparecer con él. Por eso se trata de construir otra cosa, de imaginar otras estrategias para cambiarnos en el mundo, porque no sólo se trata de cambiar el mundo, como si fuera algo externo a nosotros.

Faltan dos cuestiones. La primera es comprender que hace falta mucha más crisis para que algo pueda cambiar. Hace falta que el sistema se desmorone, y debemos trabajar para que eso suceda. Cuando algo se derrumba, es evidente que nosotros caemos, y ese es un riesgo que no podemos eludir, porque sería vanidoso pretender que podemos salvarnos por el solo hecho de creernos revolucionarios, y porque resulta éticamente inaceptable ocultar ese riesgo a los seres humanos con los que convivimos y con quienes militamos.

Hay habilidades para reducir el impacto de un derrumbe siendo parte de lo que se autodestruye. Pero es bueno saber que la lógica de un derrumbe consiste en que no se puede controlar el proceso entero, porque las cosas en la vida real no funcionan como esas demoliciones programadas que nos muestra la televisión. En esta caída sistémica hay un impulso interior autodestructivo incontrolado (léase sistema financiero o guerra nuclear). En ese escenario debemos reconstruir algo que no sea capitalismo.

La segunda cuestión es que hay que hacer no capitalismo aquí y ahora, porque lo que venga luego del derrumbe no se puede improvisar. Sólo los pueblos indígenas y campesinos, los afrodescendientes y sectores populares urbanos de nuestro continente tienen experiencia en vivir de este modo. Sus saberes serán imprescindibles para sobrevivir en las caídas y para hacer un mundo mejor. Pero, claro está, nada de eso es útil para ganar elecciones. La lógica del mal menor también está en crisis.

Dinero

Los sueldos de la elite dorada mexicana

Ocupemos Wall Street se hace global

Instituto Nacional de Pesca

Enrique Galván Ochoa

Todavía hasta los sexenios de los presidentes Ruiz Cortines y López Mateos, incluso Díaz Ordaz, existió cierto escrúpulo en la determinación de los ingresos de los funcionarios públicos, incluyendo a los propios presidentes. Ninguno de ellos salió multimillonario del poder. En el sexenio de Salinas de Gortari se dio rienda suelta al abuso, con el pretexto de que los funcionarios deberían ser bien pagados a fin de evitar que se corrompieran. Como otros tantos mitos, el tiempo nos ha mostrado que no es así. La elite burocrática constituye hoy 1% de la población –junto con los grandes empresarios– que se han apoderado de la mayor parte de la riqueza del país, frente a 99% que vive en estado de necesidad. El Presupuesto de Egresos que acaba de aprobar la Cámara de Diputados contiene el tabulador de los privilegiados. El mejor pagado es el presidente de la Suprema Corte de Justicia; incluso recibe mil pesos como ayuda para el Día de la Madre. ¿Ustedes creen que alguien que gana casi 6 millones de pesos al año necesite de esos mil pesos? Pues no los perdona. Le sigue el Presidente de la República, con más de 4 millones anuales, que incluye un bono de riesgo de más de 800 mil pesos. Tal vez corremos más riesgo los ciudadanos de a pie y no nos regalan ni un chaleco antibalas, pues a Calderón lo protegen elementos del Estado Mayor y de todas las dependencias de seguridad. Los ingresos de los secretarios de Estado son casi idénticos a los del Presidente. Y la que es más que ofensiva es la paga del presidente del IFE: más de 4 millones de pesos. Los datos que aparecen en la gráfica (arriba) corresponden al ingreso anual bruto, es decir, antes de impuestos, incluyendo aguinaldo, vacaciones, seguros, y un largo etcétera.

Ocupemos Wall Street se globaliza

Esta semana el movimiento cumplió dos meses apenas y, junto con los indignados de Madrid, puede decirse que se ha globalizado. En Estados Unidos las autoridades comienzan a perder la paciencia; ya los han obligado a levantar sus campamentos en algunas ciudades, pero se reorganizan y regresan. No encuentran cómo encararlos: no son comunistas, no son terroristas, no están exigiendo la caída del gobierno. Simplemente exigen que la riqueza se reparta con más equidad, porque el 1% usufructúa lo que le corresponde al 99% de la población. Si vemos un poco más hacia atrás llegaremos a la conclusión de que Ocupemos Wall Street y los indignados son saldos de la recesión. Y lo que viene es impredecible.

@Vox Populi

Asunto: sin aumento de ingresos

Además del Instituto Mexicano de la Juventud y de la Comisión Nacional del Agua, a los técnicos e investigadores del Instituto Nacional de Pesca, dependiente de la Sagarpa, tampoco nos han cubierto el incremento salarial de 2011, dispuesto desde noviembre de 2010. En años anteriores nos han aplicado el incremento salarial prácticamente a finales de año, aunque en esta ocasión de plano ya se pasaron. Ya llevamos 11 gasolinazos, con los consecuentes incrementos de precios y servicios. Este año el director en jefe del Inapesca, Raúl Romo Trujillo, sólo ha atinado a señalar…. que no hay dinero. Sin querer abusar del espacio, sólo me permito mencionar la contratación irregular de plazas fuera de lo establecido en el correspondiente estatuto del personal técnico e investigador, con el consecuente deterioro de la calidad del trabajo institucional. A dónde se ha de llegar si a las autoridades espléndidamente remuneradas, por la alta responsabilidad del cargo, no les preocupa la calidad del trabajo institucional al contratar personal sin que cubra los requisitos correspondientes, como tampoco si se pasan por el arco del triunfo los documentos normativos de nuestras relaciones laborales.

Investigadores del Instituto Nacional de Pesca

R: Vean la gráfica que aparece en esta sección y se darán cuenta de que hay privilegiados del sistema. Ellos llevan una vida de vino y rosas.

Asunto: tiempos compartidos

Compré un tiempo compartido de la empresa Royal Holiday, en Acapulco, y un bono para irme a Los Cabos con mi esposa y mi hijo. Nos invitaron a desayunar y después de más de una hora de insistencia de los vendedores nos obligaron a firmar un nuevo contrato que durante seis meses estuve pagando con mi tarjeta de crédito (antes ya les había pagado un primer contrato). Me hicieron un plan de pagos fijos a cinco años que ya no pude seguir cubriendo; no he hecho uso nunca de los puntos que se compran anualmente hasta llegar a los 30 años, y ahora me han amenazado por teléfono que me van a mandar al buró de crédito y a quitar mis propiedades; me hostigan las 24 horas del día por un servicio que les pagué dos años y que nunca he utilizado. ¿A quién debo acudir para que me dejen en paz?

Álvaro Zúñiga Villanueva/Distrito Federal

R: No hay con quien quejarse, por eso abusan. Intente –aunque no se haga ilusiones– una denuncia en Profeco.

Twitter

Y encima de todo esto @JLozanoA le quiere quitar los pocos derechos que le respetan al trabajador con la reforma laboral.

@IsraelRamosC

Ya nomás va a faltar que en Coahuila cobren impuestos por tener perros y gatos. ¿Qué está pasando en México?

@Emendezd

Si Volaris está comprando 44 aviones a Airbus, ¿tendrá algo que ver con las trabas para que vuelva a volar Mexicana?

@Mahgan11

Ya se veía @felipecalderon viviendo en Michoacán con su hermanita la gobernadora después de su sexenio de sangre, pero parece que no será así.

@NEO_BAHAMUTH

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://elforomexico.com/encuestas/

El último-Helguera

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