Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

lunes, 28 de noviembre de 2011

Muertos de Calderón- Las criminalidades de gobernantes, delincuentes y empresarios




Muertos de Calderón

Autor:
Sección: Opinión


Francisco Blake Mora y Felipe de Jesús Zamora, secretario y subsecretario de Gobernación del gobierno espurio, vienen a sumarse a la larga lista de muertos que ha dejado este sexenio, sea por la supuesta guerra contra el narco, o por misteriosos accidentes dentro de la clase política. Es obligado recordar que en noviembre de 2008, la aeronave que transportaba al entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se desplomó en pleno Distrito Federal; el joven empresario había ocupado un lugar especial en el volátil afecto del ilegítimo, hasta poco tiempo antes.


Exactamente lo mismo le ocurrió a Blake Mora el pasado 11 de noviembre, cuando se dirigía en helicóptero a la ciudad de Cuernavaca. Felipe Calderón y otros funcionarios se apresuraron a señalar que el percance fue culpa de la “nubosidad”, convertida providencialmente en un obstáculo insuperable para la navegación aérea.

Retórica oficialista

Como en otras ocasiones, esta vez Calderón trató de hacerse propaganda a costa de la tragedia ajena mediante con retórica exagerada hasta lo ridículo. Al rendir homenaje a los extintos exfuncionarios, el presidente espurio los llamó “servidores públicos ejemplares, que dieron siempre lo mejor para México y para los mexicanos”.
Dramáticamente, se refirió al “doloroso deceso ocurrió en la plenitud de su vida, cuando contribuían con su talento, su experiencia, su energía al progreso y al bienestar de la nación”. Con frases grandilocuentes se refirió a Blake Mora como “uno de mis más cercanos colaboradores y amigo entrañable. Con su inesperada partida nuestro país pierde a un gran ser humano, a un servidor público ejemplar y a un político excepcional […] Que fue el buen ejemplo de su generación y de su tiempo (sic), y cuya acción estuvo siempre guiada por la vocación de servicio a México”.
Más retórica hueca o mentirosa: “En el servicio público brilló con luz propia […]. Lo invité a integrarse a mi gabinete como secretario de Gobernación, cargo que desempeñó siempre con absoluta entrega, con rectitud y con lealtad a toda prueba. Desde esa alta responsabilidad sirvió con pasión, dedicación y con alegría a la patria hasta el último instante de su vida […] Fue un funcionario admirable…” (sic).
También aseguró con cursilería: “Con Blake no sólo tuve la satisfacción de compartir experiencias de trabajo, sino, también, principios, valores, ideales y sueños […]. El gran propósito que nos movía era la construcción de una nación cada vez más justa, ordenada y generosa…”.
Sin dilación, la jauría mediática al servicio de Calderón hizo un elogio de los pretendidos méritos y virtudes de Blake Mora, que en realidad consistieron esencialmente en haber detentado una parcela del poder dentro de un gobierno de origen fraudulento.
Beneficiaria del gobierno calderonista, la jerarquía católica también se rasgó las vestiduras por el exsecretario de Gobernación y compañía, ocasión que aprovechó el obispo auxiliar Antonio Ortega Franco, en la misa dominical oficiada en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, para hacer la apología del gobierno actual, pues según él en el medio político “…hay personas responsables que verdaderamente ven por la marcha adecuada de nuestro país” (El Universal, 14 de noviembre de 2011).

Secretario gris

Escarmentado quizá por la suerte de sus predecesores, Blake Mora lucía bastante gris: más sumiso al poder del inquilino de Los Pinos, que deseoso de alimentar su propio protagonismo, navegando entre la proximidad de las elecciones presidenciales y el empeño de Calderón por permanecer en el poder.
José Francisco Blake Mora nació en Tijuana el 22 de mayo de 1966. Estudió derecho en la Universidad Autónoma de Baja California. Panista, fue diputado federal, secretario general de Gobierno de Baja California de 2007 a 2009, y en 2010 reemplazó al también panista Fernando Gómez Mont en la Secretaría de Gobernación (Segob).
Murió el pasado 11 de noviembre, cuando el helicóptero en el que viajaba se estrelló en el municipio de Chalco, Estado de México. Con él murieron otros funcionarios del gobierno usurpador: el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, Felipe de Jesús Zamora Castro; el director de Comunicación Social de la Segob, José Alfredo García Medina; Diana Miriam Hayton, secretaria técnica de la oficina de Blake Mora; el mayor René de León Sapién; el teniente coronel Felipe Bacio Cortés (piloto); el teniente Pedro Ramón Escobar Becerra (copiloto); y el sargento segundo Jorge Luis Juárez Gómez (mecánico).

Zamora: enemigo de las libertades

Panista y católico, Zamora Castro (quien murió a los 41 años) se destacó en la lucha contra el Estado laico y los derechos de las mujeres. Como otros funcionarios derechistas, estudió en la Escuela Libre de Derecho; perteneció a la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional, donde se relacionó con Blake Mora, quien al llegar a la Segob le ofreció una subsecretaría. Defensor de la sangrienta estrategia “antinarco” de Calderón, que tantos muertos ha costado al país, se decía “defensor de la vida”, consigna con la que el clero y los panistas aluden a la penalización del aborto. En ese sentido se refirió a él Calderón el 12 de noviembre en la correspondiente ceremonia luctuosa, como “tenaz defensor del derecho a la vida…”.
En 2007, Zamora promovió varios amparos ante juzgados del Distrito Federal, a nombre de “niños no nacidos que serían afectados por la despenalización del aborto impulsada por el gobierno de Marcelo Ebrard”. Apenas hace unos meses, presionó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que avalaran en Baja California el encarcelamiento de las mujeres que abortan, sanción que es un proyecto prioritario para la derecha católica.
En septiembre pasado, entregó una carta a esos ministros, donde defendía la penalización del aborto, porque el “sujeto de derechos” (La Jornada, 29 de septiembre de 2011); con hipocresía, aseguraba que no trataba de presionar a la Suprema Corte. Además, pagó un desplegado con las mismas ideas en un medio de circulación nacional; según él, esa publicación no fue costeada con recursos públicos, sino con su dinero “y el de otros particulares”.
*Maestro en filosofía; especialista en estudios acerca de la derecha política en México

Las criminalidades de gobernantes, delincuentes y empresarios

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Sigue subiendo la marea de la criminalidad, cuya gorgona (monstruo de la mitología griega) es el narcotráfico, con sus tribales ejércitos de sicarios, en plena y abierta rebelión contra la sociedad, las instituciones del Estado, la policía y los militares que sí cumplen con sus deberes para rescatar la perdida seguridad nacional. Los cárteles se han convertido en sangrienta realidad sobre los mexicanos, como escribió el novelista Albert Camus, igual que una peste “para desgracia y enseñanza de la humanidad” al haber despertado “a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa”. Esa medusa del narcotráfico es “un monstruo alado de garras afiladas, cuya espantosa cabeza tiene serpientes en lugar de cabellos, una lengua larga, unos dientes puntiagudos y, sobre todo, una mirada penetrante que, según la leyenda, convertía a los hombres en piedra” (Varios autores, Diccionario de la milotogía clásica, Alianza Editorial).
Los capos compran funcionarios, militares y policías e infunden miedo a los servidores públicos para hacerlos sus cómplices; secuestrar, exigir “impuestos”, incendiar edificios y sembrar toda clase de terror con sus matones, drogadictos –capaces de todas las barbaries– como la de colgar cuerpos, para mantener a la sociedad enlutada y sobreviviendo en la angustia de ser baleados a plena luz del día. Pero hay otra criminalidad: la de los gobernantes, quienes, además de ser socios en el reparto del botín por el comercio de las drogas, también hacen del poder estatal el poder de matar. A algunos les ha dado por cobrarse así sus venganzas. Son una nueva versión de Fuenteovejuna (obra teatral en tres actos escrita por Félix Lope de Vega, una de las más importantes de su carrera): “todos a una” en la feroz criminalidad. Con cerca de 60 mil homicidios (cifras oficiales), otros datos revelan que entre feminicidios, niños y bebés quemados vivos, estudiantes dentro de sus escuelas, padres y madres de familia, son más de 100 mil y la lista aumenta a cada minuto.
Entre esos homicidios (para no sumar los allanamientos a domicilios, las violaciones sexuales de soldados y marinos contra mujeres indefensas, etcétera), están los periodistas que en su labor han caído víctimas de esa triple criminalidad. Los ensayos de Luis María Díez-Picazo, en su obra La criminalidad de los gobernantes (Crítica, Grijalbo Mondadori), y en la revista Claves, edición 69: “Criminalidad gubernativa y acusación independiente”(enero-febrero de 1997), son textos vigentes sobre la barbarie de quienes hacen suya la divisa cavernícola de que el poder es el poder de matar. Y que, como gobierno, es decir, funcionarios o llamados burlonamente “servidores públicos”, está por encima de la legalidad. Existe la criminalidad de los narcotraficantes y de los empresarios quienes, cuando no recurren a los tribunales para tratar de silenciar a la prensa, agreden a los periodistas, asaltan sus oficinas y los intimidan para que no aparezca ni información ni críticas a su desempeño público con contratos para robar en Petróleos Mexicanos, por ejemplo, y recibir beneficios del sector público en perjuicio de los intereses nacionales.
Esa triple criminalidad se ha convertido en un azote sangriento: la de los gobernantes en la completa impunidad; la de los narcos en abierta rebelión; y la empresarial en México al embestir con su capitalismo salvaje con la protección oficial. Todos devastan a la nación al censurar la información en cualquier medio, al grado de querer imponer el absoluto silencio a sus actos de violencia. “La expresión [de la] criminalidad gubernativa es meramente convencional y sirve para designar cualesquiera hechos delictivos cometidos por los integrantes y agentes del poder Ejecutivo [agreguemos del Legislativo y Judicial]. Comprende, así, tanto los delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos: prevaricación, malversación, como aquellos que, sin estar específicamente vinculados con el ejercicio de sus funciones públicas poseen una connotación política: espionaje a la oposición, financiación ilegal de partidos políticos, etcétera”, escribió Díez-Picazo. Y le faltó la criminalidad de matar.
La cual está aumentando en todo el país. Contra esos tres frentes es que la población sufre toda clase de delitos a buen recaudo de la impunidad. Entre ellos los periodistas en todas sus facetas que no tienen limados sus filos para la crítica. Los gobernantes se parecen a los delincuentes y éstos a los empresarios. Así los tres bandos, como pandillas al estilo de los nazifascistas, tienen bajo su terror sangriento a los mexicanos que no saben cuándo va a terminar esta noche sangrienta que es una peste donde las ratas del narcotráfico han hecho realidad la criminalidad contra la nación.
*Periodista

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