De EU y de El Chapo nos deben explicaciones- De la razón de Estado a los derechos permitidos- La telenovela electoral mexicana

De EU y de El Chapo nos deben explicaciones

Jorge Carrillo Olea

      Este texto se refiere a un hecho insólito en la historia política contemporánea que se mantiene en la total oscuridad por el gobierno. El Presidente es responsable constitucional de informar sobre el estado de su administración. Puede delegar ciertos casos por su especificidad. Lo que no puede es evadirlos.

El caso de Joaquín Guzmán Loera hace rato que trascendió el marco de lo delictivo y se insertó en la conducción de la política interna, con serios rebotes al interés internacional. Debe quedar clara la disposición de Estados Unidos (EU) a sobredimensionar a esa persona. Ha sido ese país y nadie más el que ha propagado una imagen ensanchada y exaltada del individuo.
EU lo ha inscrito en la lista de los hombres más ricos del mundo, aunque se cuida bien de decir de dónde salió la información, cuáles fueron sus fuentes y, si éstas fueran verdaderas o confiables, por qué delinquiendo Washington mismo no puso tal información en manos de la justicia, como obliga la ley. Ningún país u organismo internacional, público o privado ha respaldado tal información. Colofón: interesa sólo a EU. ¿Por qué? Es el crucigrama a descifrar, pero mucho tendría que ver con un propósito de un mayor sometimiento al gobierno en turno y quizá al que ya asoma como futuro. ¿El argumento? Nuestra incompetencia. EU sí sabe ver más allá.
La verdad es evidente, y Estados Unidos no la externa, espera a que brote como deducción del pueblo: el gobierno de Calderón no ha querido o no ha sabido o no ha podido someter ni al delincuente ni a su órbita criminal, según reveló el secretario de la Defensa Nacional. Así de simple, y ello demanda por parte de Felipe Calderón una explicación política fundamental: por qué esta falla de la justicia. Son 11 años cumplidos desde la fuga. ¡Nada en 11 años! No lo creo. Tampoco creo que Guzmán esté en una superfortaleza en la Sierra Madre, no. Está en muchas partes y en ninguna, en un sitio urbano anónimo, en México o fuera, como se ha pescado a tantos otros capos.
En Mérida, febrero de 2007, Calderón le solicitó a George W. Bush software, hardware, entrenamiento y muchos millones de dólares. Nada se supo después. El equipo electrónico para qué otra cosa sería si no para localizar, para rastrear huellas, para interceptar sistemas de comunicaciones; ¿sirvió para algo? La fuga cumplía seis años y recién había iniciado su guerra, de la que presumió en la reunión. Y entonces, ¿por qué no ha pasado nada?

Porque él sí sabe y tolera la ominosa presencia de agentes estadunidenses, sí sabe lo que hacen, en qué se meten. Entonces, por qué no exigirles resultados de sus ya larguísimos años de trabajo disponiendo de técnicas poco menos que increíbles: radares, satélites, aviones foto y termodetectores –como el Lockheed U-2–, cuentas bancarias, tarjetas, teléfonos, depósitos en paraísos fiscales, infiltrados, soplones. ¿Por qué se les tolera?

Joaquín Guzmán pudiera haberse convertido en una pieza del rompecabezas que no hemos sabido armar y que agudizará las tensiones binacionales al definir Washington a México como un país en riesgo, un vecino incómodo y potencialmente peligroso. Seguramente los augures de Calderón ya saben cuáles son las verdaderas y ulteriores intenciones de sus asociados estadunidenses.

Esas extrañísimas visitas del general David Petraeus, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), ex comandante en Bosnia, Irak y Afganistán, más el grupo de representantes (diputados) encabezados por el propio líder de la cámara, John Boehner, ¿sólo tuvieron por objeto intercambiar puntos de vista sobre la seguridad binacional, como se dijo? ¿Viaja el director de la CIA y ese pesadísimo grupo de legisladores sólo para intercambiar ideas? La verdad podría ser que exigen tener mayor influencia en nuestra seguridad interior, incluida la electoral. ¿No tienen las recientes filtraciones de la agencia antidrogas estadunidenses algo que ver? Quieren más, lo quieren ya y mañana. Esto es, con éste y con el siguiente gobierno, que deberá ser a su modo.

Más que nunca México se ha transformado en el vecino incómodo, y en plena campaña electoral en EU. Es certidumbre de los republicanos y tiene para ellos mucha miga el utilizar el argumento de que México es incapaz de regir su propio destino y es un riesgo nacional. El Chapo y el gran narco se han convertido en una muestra de nuestras debilidades; por eso se transmutó en peligroso símbolo. Hay que resolverles a los mexicanos los problemas que ellos no pueden. Ésa es la finalidad de Estados Unidos. Por tanto, con el tema de Guzmán Loera, Calderón nos tiene ante una gran mentira o un gran enmascaramiento, que es igual.

hienca@prodigy.net.mx

Ayuda desinteresada-Fisgón

rfisgon@jornada.com.mx

De la razón de Estado a los derechos permitidos

Magdalena Gómez

     El próximo 16 de febrero se cumplen 16 años de que fueron firmados en Chiapas los emblemáticos acuerdos de San Andrés por el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En este periodo el Estado no sólo dejó sentado su incumplimiento, sino también la profundización de las políticas que los contradicen, a fin de sacar adelante el proyecto neoliberal. Ése fue el sentido de la razón de Estado que se perfiló en 2001, cuando se operó la contrarreforma indígena, cuyos candados centrales se colocaron al negar a las comunidades el carácter de entidades de derecho público, que les diera la posibilidad de concretar el ejercicio de la libre determinación y autonomía, e impedir el acceso de los pueblos indígenas a los recursos naturales en sus tierras y territorios. Todo ello para proteger el corazón de la trasnacionalización que se practica, en especial mediante las concesiones mineras.

Dicha contrarreforma propició la continuidad de la política indigenista al elevar a rango constitucional la ley que creó al INI en 1948. La clase política mexicana se mostró dispuesta a continuar tratando a los pueblos indígenas como objetos de atención antes que sujetos de derecho y por ello agregó el apartado B al nuevo texto del artículo segundo constitucional, que sirvió de vehículo para el recambio institucional indigenista. Con ello ofrece a los pueblos indígenas más de lo mismo, sólo que con nuevo disfraz.
Está en juego una operación de Estado y no es una más, pues busca sacarle el agua a la autonomía. El llamado combate a la pobreza logra paliativos que permiten limitados márgenes de legitimación ante la clientela favorecida por sus acciones. Pero aquí la pobreza y su abatimiento no es el fin, sino el medio para penetrar los procesos y dividirlos. Como señaló Brisna Caxaj, hay derechos permitidos, como el relativo a la educación bilingüe e intercultural; en cambio, en la práctica la defensa del territorio se constituye en un derecho prohibido, criminalizado. Mejor regular el derecho al traductor que la integridad de las tierras. En esa lógica, además de la Comisión de Desarrollo Indígena, se crearon espacios institucionales como la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe dentro de la Secretaria de Educación Pública, once universidades interculturales, así como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Líneas importantes, sin duda, pero que no guardan relación alguna con la supuesta libre determinación y autonomía que se reconoció a los pueblos indígenas. En cambio sustentan la lógica de los derechos permitidos, y con ello, del neoindigenismo.

Sin embargo, pese a las limitaciones del derecho interno, no podemos caer en el equívoco de negar que los pueblos indígenas tienen derechos, pues existe el derecho internacional, de manera relevante el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Normativas cuya justiciabilidad interna se ve fortalecida con la reciente reforma al artículo 1º constitucional: Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia (Decreto del 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación).

Esta reforma, que fue una demanda social, permite romper con la histórica visión defensiva del Estado frente a las normas internacionales de derechos humanos. Tal posibilidad se concreta en la estrategia de combinar la organización con el uso del derecho. La experiencia reciente en Cherán es muy singular, pues, reivindicando su autonomía, lograron que el tribunal federal electoral aplicara el derecho internacional y, aun sin normas estatales al respecto, se ordenó y propició la validación de su elección por usos y costumbres.

Por otra parte, los pueblos continúan su resistencia frente a megaproyectos, con la proverbial energía que les ha permitido su persistencia. Por ello tenemos experiencias organizativas que los propios pueblos reivindican como autonomías de hecho, para expresar su distanciamiento de los tres poderes del Estado. Tales son los casos de las juntas de buen gobierno en Chiapas y de la policía comunitaria en Guerrero. Observamos que, lejos de disminuir la distancia entre los pueblos indígenas y el Estado, la brecha se amplía.

Como vemos, a partir de 2001 se ha consolidado la razón de Estado para ubicar los acuerdos de San Andrés como cosa juzgada y se ha actuado en consecuencia, de manera que ya resulta políticamente correcta la frase a secas de que se cumplan los históricos acuerdos que se pronuncia en ciertos espacios, sin cuestionar a fondo el proyecto neoliberal. Obviamente no en todos, pues el calderonismo ha transitado sin mención alguna al respecto, profundizando, eso sí, el proyecto extractivista sin rebasar el ámbito de los derechos permitidos.

Su mero día-Magú

magu@jornada.com.mx

La telenovela electoral mexicana

Luis Hernández Navarro

     La trama de la telenovela electoral mexicana ha dado un vuelco en las últimas tres semanas. En el último capítulo de la serie, la nave tricolor y su piloto hacen agua. Enrique Peña Nieto, el joven galán que prometía renovar el país, ha resultado ser un macho irresponsable que procreó hijos fuera del matrimonio y atormentó a su primera esposa con sus infidelidades. Si así se porta con sus seres cercanos –dicen los mensajes transmitidos por las redes sociales–, ¿qué no le hará al país?

Resulta además que el transporte en que Peña Nieto viaja camino a Los Pinos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), no es el eficaz y moderno vehículo que presumía ser, sino la misma carcacha de siempre, la que condujo al país al desastre en el que se encuentra. El golpeteo sobre la nave tricolor ha sido despiadado y la fantasía de su reinvención se ha ido desvaneciendo conforme avanzan los días, tanto así que la ilusión de que la gasolina del voto duro le alcance para llegar como puntero a julio se ha ido desvaneciendo.
El que encuentre el nuevo PRI, que lo devuelva. Cinco años construyendo una imagen novedosa, rejuvenecida del partido han comenzado a irse por la borda. Y eso que las campañas electorales no comienzan aún oficialmente. No deja de ser significativo que, a pesar de todo el dinero invertido, ningún intelectual de peso haya expresado simpatía por Peña Nieto.
La nueva estrella de la telenovela es Josefina Vázquez Mota, que triunfó en las elecciones internas del Partido Acción Nacional (PAN) presentándose como la abanderada del cambio sin ruptura, como la candidata de los ciudadanos que, sin romper con Felipe Calderón, pero sin plegarse incondicionalmente a él, quiere un nuevo rumbo para la nación, al tiempo que impide el regreso del PRI a Palacio Nacional.
En un país de machos –dice el nuevo guión de la tragicomedia nacional– Vázquez Mota representa la posibilidad de que una mujer sea, por primera vez en la historia, presidente de la República. Asesorada por un equipo de personajes notables que la han acompañado en su peregrinar por la administración pública y los puestos de elección popular, ella encarna –según sus publicistas– la verdadera modernidad.
Y como los guionistas quieren que la contienda electoral sea solamente de dos, han decidido arrumbar a Andrés Manuel López Obrador y su república amorosa, a fuerza de encuestas, al tercer lugar de la competencia. No crece, dicen, mientras en los medios de comunicación arrecia la campaña contra el tabasqueño.
Pero, por más que ése sea el mensaje que se quiere enviar, Vázquez Mota no representa la modernidad y su independencia de Calderón está en entredicho. Como documentó la prensa nacional desde el día mismo de la elección interna, ella triunfó con el apoyo de funcionarios federales y estatales que utilizaron recursos públicos para inducir el voto a su favor. Utilizó los viejos métodos corruptos puestos en práctica durante décadas por el PRI. El sello de su victoria fueron los sobornos, las amenazas, la entrega de despensas a los votantes más pobres y el uso del gobierno con fines facciosos.

Proveniente de las filas del sindicalismo empresarial más conservador, Vázquez Mota es impulsada por una importante coalición de fuerzas de ultraderecha, el Yunque incluido. Forjado como sociedad secreta en las catacumbas para defender la religión católica y luchar contra las fuerzas de Satanás, así sea mediante la violencia e instaurar el reino de Dios en la Tierra, la bendición del Yunque fue muy importante para la diputada con licencia.

Como señaló en estas mismas páginas Soledad Loaeza, a lo largo de su campaña Josefina había logrado despertar simpatía en quienes ven con buenos ojos que una mujer gane los comicios presidenciales del próximo 1º de julio. Sin embargo, su integrismo religioso decepcionó a quienes sin ser panistas temen el regreso del PRI al poder y ven con recelo a López Obrador. Cuando el pasado 31 de enero, la aspirante pidió a los militantes de su partido que el día de las elecciones internas fueran primero a misa y luego a votar, el desencanto cundió. La autora de la más importante historia del PAN lo llamó el voto del Espíritu Santo. El exhorto a ir a misa fue visto como llamado a un pasado que se creía desaparecido y como la constatación de que el PAN no es un partido confesional.

Pero, además, como han señalado diversas agrupaciones feministas, la candidatura de Vázquez Mota pone en entredicho la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. El PAN está en contra de que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo. Ninguna de las ocho iniciativas que ella propuso en la Cámara de Diputados tiene que ver con los derechos de las mujeres.

Vázquez Mota fue secretaria de Educación Pública. Allí construyó una estrecha alianza con un grupo de poderosos empresarios que impulsan la privatización de la enseñanza, promueven el abandono de la educación laica en las escuelas públicas y quieren impulsar una ambiciosa ofensiva contra el sindicato magisterial y sus maestros.

Ése es el caso de Mexicanos Primero. El organismo nació por iniciativa de Alejandro Ramírez Magaña, hijo del dueño de Organización Ramírez-Cinépolis. Egresado de Harvard, trabajó en la Sedeso con Vázquez Mota como secretario técnico del gabinete de Desarrollo Humano. A pesar de que Mexicanos Primero fue fundada en 2005 –curiosamente cuando Ramírez era funcionario de Sedeso–, su lanzamiento público coincide con el momento en el que Josefina fue designada titular de Educación. Tras la salida de Vázquez Mota de la SEP, el grupo privado empezó a criticar a la secretaría.

Para presentarse como opción moderna, Vázquez Mota, la heroína en ascenso en la nueva trama de la telenovela electoral, tiene ante así el reto de ocultar el abanico de las fuerzas reaccionarias y confesionales que la apoyan. Habrá que ver si lo logra.