Comenzó la guerra
Autor: Jorge Melendez Preciado
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Sección: Opinión
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Dos acontecimientos aparentemente inconexos muestran cómo la guerra por la silla embrujada (que concluirá en julio próximo) ha tomado un vuelo significativo. Tanto, que ya empiezan a temblar en muchas partes.
Uno, el “descubrimiento” en el aeropuerto de Toluca de dos maletines en los que se encontraban 25 millones de pesos en efectivo, que enviaba el gobierno de Veracruz a la empresa del mexicano Willy Sousa (fotógrafo, director de cine y director creativo del Museo Monumental Itinerante México en Tus Sentidos) es algo no providencial, sino más bien sofisticado, donde hubo una intervención telefónica de por medio o, quizá, una larga pesquisa oficial.
Y dos, que tres exgobernadores de Tamaulipas (Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández) fueran alertados que sobre ellos había una investigación, seguramente por narcotráfico y lavado de dinero. El gobierno federal intentará detener a mandatarios priístas que dejaron hacer y pasar muchas tropelías en sus entidades.
Las dos acciones se hacen cuando hay reclamos serios contra el presidente Felipe Calderón, sobre todo en Guadalajara, por ejemplo, por parte de Tonatiuh Moreno (Haz hecho público que te gusta.
monero y animador mexicano; creador de juegos de rol, videojuegos y animación), debido a la “guerra” tan prolongada y la falta de resultados, amén que ya se sabe, el michoacano se irá a vivir al extranjero en cuanto termine su gestión.
Además en la contienda interna del Partido Acción Nacional se espió telefónicamente a Josefina Vázquez Mota que hubo una ofensiva sucia en su contra, básicamente en las redes sociales. En esto la mirada se dirige hacia el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y el Palacio de Covián (el edificio que ocupa la Secretaría de Gobernación), donde Alejandro Poiré Romero, titular de dicha secretaría, no tiene las riendas muy sujetas para manejar la política interior.
Lo del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, un individuo muy débil que fue la invención del exgobernador, Fidel Herrera Beltrán es muy lamentable. Resulta absurdo que un gobierno local mande esos 25 millones por medio de dos individuos: Said Zepeda y Miguel Morales, quienes, a decir del exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, ni siquiera figuran en la estructura gubernamental. Menos aún que dicha cantidad sea para hacer los promocionales de la Feria de la Candelaria, tres días antes de que comience y de la siempre cuestionada fiesta en El Tajín.
De acuerdo con expertos en procedimientos administrativos, en una época electrónica no hay porque cargar esa cantidad de dinero. Primero, porque las transacciones monetarias cuestan, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 3 por ciento al moverlas; es decir, habría una erogación innecesaria de 750 mil pesos. Segundo, ya que podría tratarse de lavado de dinero, pues nadie en su juicio, excepto la mafia, transporta así los billetes. Y en tercero, y gravísimo lugar, podría ser para financiar la campaña, costosísima, de Enrique Peña Nieto.
Duarte se arriesgó a todo. Y tuvo que pagar con uno de sus principales operadores financieros, Víctor Bárcenas, el tesorero. Hasta ahora la lumbre no ha llegado a Tomás Ruiz, el secretario de Finanzas jarocho, quien en una larga entrevista (Reforma, 31 de enero pasado) lejos de aclarar las cosas se enredó al máximo.
Ruiz, uno de los hombres de Elba Esther Gordillo, a quien le salpicará también el lodo, explicó que la lana se entregó de un banco (sin precisar cual) en una camioneta de valores a la Tesorería estatal. Algo realmente insólito, pues dicha institución financiera la pudo transportar y dársela a quien era el destinatario. Pero ya sabemos que cuando los políticos son agarrados con las manos en el dinero no saben cómo justificar sus vicios.
En su nuevo portal, Arena pública, Samuel García –economista desde 1986, y que ha ejercido el periodismo económico en los últimos 24 años–¿qué opinará al respecto el Servicio de Administración Tributaria? Un organismo que es muy estricto con los contribuyentes, tiene ahora que decir algo por el manejo desparpajado de un monto elevado de dinero.
Por cierto, en la red el compañero Emilio Treviño aportó un dato importante: Sousa hizo la famosa exposición México en Tus Sentidos. La tuvo en principio apalabrada con Marcelo Ebrard, pero Calderón le ofreció una cifra mayor; obviamente cambió de parecer. El que paga manda, ya sabemos que así son los comerciantes. ¿Quién es ahora el que ofrece más?
Vayamos ahora al Norte, a Tamaulipas. La entidad es famosa hace muchos años por un contrabandista y después narcotraficante, Juan García Ábrego. Desde hace muchos años, al estado se le conoce como Mataulipas, pues no hay reposo en muchas poblaciones. En ese clima de asesinatos e impunidad han estado al frente de las últimas administraciones: Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández.
Cavazos Lerma, lejos de intentar utilizar las herramientas de la política y la sociología para resolver los problemas, se dejaba guiar por los espíritus y las pirámides mágicas. Eso sí, muy ligado al expresidente Carlos Salinas de Gortari y, hoy, posible candidato a senador con la venia de Peña Nieto.
Yarrington, un economista mediocre, hizo tanto dinero que vive desde hace años en Estados Unidos donde compró grandes propiedades, especialmente en Texas y la Isla del Padre.
El más reciente, Hernández, iba a ser protegido del expresidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira, el Bailador, y que endeudó a Coahuila. Pero la mala fama de Eugenio era tan conocida, que mejor no lo incluyeron abiertamente en el priísmo actual.
Se trata de tres personajes que han mostrado algo en común: servirse del gobierno para sus fines personales sin importarles nada.
Por cierto, la operación para incriminarlos estuvo tan mal hecha que un funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes intervino para no dejarlos salir del país, algo inconcebible. Ahora la Procuraduría General de la República, de la no muy eficaz Marisela Morales, toma parte en el asunto. Pero dados los antecedentes: el michoacanazo; el asunto del empresario y político mexicano, Gregorio Greg Sánchez Martínez; el caso del expresidente municipal de Tijuana, Jorge Hank Rhon; las imputaciones a un candidato del PRI en Jalisco en 2006, y otras que han terminado en un auténtico fracaso, pueden repetirse ahora en Tamaulipas.
Como sea, la batalla por Los Pinos va escalando en una guerra sin cuartel. ¡Y lo que nos falta!
*Periodista
Las inquisiciones judiciales como previa censura
Autor: Álvaro Cepeda Neri *
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Sección: Defensor del periodista
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El periodismo de investigación publica, sustentado en la veracidad y la información contrastada de gran calado, que funcionarios impugnan al pedir indemnizaciones por la vía de lo contencioso en materia civil. Y cuando los empresarios son pillados en actividades meritorias de ser cuestionadas periodísticamente para conocimiento de los lectores, entonces con sus poderosos despachos de abogados recurren al acoso judicial. Para, con procedimientos penales manipulados para sus intereses, obtener resoluciones que obliguen a los medios de comunicación a retractarse, e imponer, particularmente a la prensa escrita, la previa censura para que no vuelva a informar con relación al caso. Se trata de poner en marcha la inquisición judicial de esa censura.
Esos empresarios que exigen impunidad para que sus actividades no sean objeto de la información, han acosado judicialmente a la revista Contralínea, para que sus reporteros dejen de investigar, periodísticamente, cuanto hacen con sus empresas y quisieran ocultar, para vivir en el paraíso de los intocables. Con abuso de su poder económico, atacan brutalmente las libertades constitucionales y sus reglamentaciones para reducirlas, y que los periodistas que indagan el quehacer empresarial, los dejen en paz para estar al margen de la información y la crítica; al fin y al cabo que tienen a sus orquestadores que los entrevistan a modo y columnistas que, de forma gratuita o no, los ensalzan hasta convertirlos en damas de la caridad que no alteran sus transacciones.
Quieren que el mercado laboral, mercantil, financiero y sus negocios con empresas públicas se celebren en lo oscurito. Y abortar esos hechos es una de las tareas de la información, para ser exhibidos ante la opinión pública individual y colectiva de la nación. Sin ésta y toda la demás información, la democracia está mutilada. Las embestidas al semanario por empresarios de tal proceder obedecen a la concepción autocrática de quienes, no obstante de tener actividades públicas y de toma y daca con el sector gubernamental, empresas y órganos centralizados y descentralizados con su relativa autonomía, quisieran pasar desapercibidos. Pero no.
La prensa escrita y en particular la que busca información veraz, tierra adentro de lo que quieren ocultar funcionarios y empresarios, debe, cueste lo que cueste, de exhibir información, análisis, crítica y comentarios que ilustren a los lectores para que éstos, como ciudadanos, hagan de esa información su punto de partida para opinar y juzgar a gobernantes y protagonistas (empresarios, banqueros, patrones, etcétera) de la vida pública nacional. Contralínea ha ejercido plenamente las libertades de expresión y de publicar escritos, lo que ha provocado reacciones de censura a través de inquisiciones judiciales. No la han doblegado. Y mientras permanezca como un medio de comunicación, sostendrá a toda costa la constitucionalidad de su tarea periodística.
Nuestras son las palabras del tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson: “Es preferible periódicos sin gobierno”. Y, también, las de John Adams, segundo presidente de ese país: “No os sintáis intimidados, pues, por cualquiera amenazas que os impidan publicar con la mayor libertad todo aquello que autoricen las leyes de vuestro país; ni permitáis que se os despoje de vuestra libertad por cualquiera pretextos de cortesía, delicadeza o decencia, que son, únicamente, tres nombres diferentes de la hipocresía, la trapacería y la cobardía”.
Contralínea ha sufrido de los empresarios –que el periodismo de investigación ha puesto frente a la opinión pública– toda clase de inquisiciones judiciales para obligarla a desdecirse, cuando sus reportajes tienen el sustento de la veracidad y buscan siempre la versión de todos los involucrados para completar el cuadro informativo, aunque por lo general, éstos se niegan. Y es que “la libertad de prensa significa libertad para obtener noticias, escribirlas, publicarlas y hacerlas circular”, como resolvió una corte.
El que los funcionarios de los poderes del Estado y los dueños del poder económico insistan en cercar a los medios, sobre todo escritos, con sus demandas civiles y penales, no para dirimir un conflicto de puntos de vista, sino para tratar de censurar la información y solicitar que la prensa no se vuelva a ocupar de ciertos temas con el objeto de imponer una censura previa, significa que tratan de silenciar al periodismo que insiste en ventilar todo cuanto importa a la sociedad civil. Contralínea ha sido víctima de esos actos de acoso judicial por empresarios que quieren la impunidad informativa. Pero, la prensa democrática y republicana a ningún precio ha de abandonar su deber constitucional de informar cuanto sus reporteros investigan. Y publicarlo.
*Periodista
Lunes 13 febrero de 2012
• Problemas en Ley Antilavado
• Intocable el crimen organizado
• Afecta más a economía formal
• Intocable el crimen organizado
• Afecta más a economía formal
En la “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico y el crimen organizado es un hecho que las estructuras económicas de las organizaciones criminales no se han visto afectadas. Los protagonistas de esta confrontación al Estado mexicano –que muchos analistas comienzan a declarar fallido– siguen utilizando los circuitos financieros y los mercados negros para mover miles de millones de dólares y blanquear los recursos resultantes de sus actividades ilícitas.En Colombia, relatan quienes vivieron las primeras fases del ataque a los cárteles de la droga, la clausura del sistema de pagos para los criminales fue tan fuerte y definitiva que poderosos jefes de la mafia no tuvieron otra opción que comenzar a acumular dólares en paredes y pisos de pequeñas casas. Su dinero sucio cada día era más difícil de integrar a círculos formales de la economía y, para muchos, allí comenzó su debacle.
Por ello, si antes de que concluya el gobierno de Calderón no se logra desmantelar la estructura del poder económico del crimen organizado, entonces se confirmará la derrota largamente anunciada de la actual administración contra las drogas y que la candidata panista a la Presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, nos amenaza con darle continuidad a esa política fallida de ganar las elecciones.
El tardío anuncio de modificaciones a diversas regulaciones financieras para frenar el lavado de dinero en el sector financiero, inmobiliario y de servicios le resta posibilidades al combate del dinero sucio en la economía, en un momento en el que se asegura hay una mínima recuperación, pero se padece una profunda crisis de liquidez, desempleo y falta de oportunidades para los ciudadanos.
Así, mientras en el Poder Legislativo, específicamente en el Senado de la República –en donde estrenan una costosa sede pagada por los contribuyentes en tiempos de crisis–, retrasan la toma de decisiones respecto a la iniciativa para aprobar la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, la economía y la sociedad siguen padeciendo una terrible ola de violencia en todo el país que pone en riesgo hasta al mismo proceso electoral. Pero el mayor problema no es la aprobación de dicha Ley, sino la ausencia de un debate serio sobre la propuesta de Felipe Calderón.
La iniciativa enviada por el presidente, que fue anunciada con bombo y platillo como si en el anuncio en sí mismo se anotara alguna victoria política, busca fortalecer la regulación en el sistema financiero mexicano y la normatividad para la prevención del blanqueo de capitales, a través de disposiciones generales que emanan de diferentes leyes aplicables a instituciones financieras.
Con esta legislación se busca frenar el lavado de dinero a través de depósitos bancarios de cantidades importantes, cuyo origen resulta sospechoso; pagos en efectivo en la compra de bienes inmuebles (mansiones, haciendas, hoteles, terrenos, entre otros activos); compra de hoteles, de centros o clubes turísticos, de restaurantes, de bares, de empresas quebradas o con problemas económicos; compra de cheques de caja o cheques de viajero y, por supuesto, transferencias electrónicas sospechosas.
Han pasado casi 14 años desde que el gobierno federal, ante la demanda de organismos multilaterales, inició la modificación de disposiciones para combatir el blanqueo de capitales. Fue en 2004 cuando, por primera vez, se incluyó el concepto de Financiamiento al Terrorismo y se buscó un mayor cumplimiento de los requerimientos internacionales (GAFI). Además se creó la Unidad de Inteligencia Financiera y, a partir de entonces, expertos en el tema ubican un parte aguas –aunque no definitivo– en el que se incrementa de manera considerable el número de definiciones para un mejor entendimiento de las disposiciones dirigidas a identificar, por ejemplo, a beneficiarios finales pero, sobre todo a las Personas Políticamente Expuestas (PPE).
En la banca, en las casas de bolsa y en intermediarios financieros y cambiarios con operaciones relevantes en el sistema de pagos se incluyen y agrupan las disposiciones por apartados, en donde destaca la política de identificación del cliente; los reportes regulatorios y estructuras internas, entre otras. Una medida determinante, según un recuento presentado por los expertos de casa de cambio Tiber durante una mesa redonda sobre lavado de dinero organizado por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Camara de Diputados, fue el establecimiento de los llamados “umbrales de operación por producto”, así como la creación de expedientes para la identificación de transacciones a partir de 5 mil dólares, que incluyen mecanismos de aprobación interna. También llegaron los mecanismos de aprobación interna y los nuevos reportes regulatorios para transferencias.
La nueva regulación, de ser aprobada, llega cuando en el sector financiero no todos los intermediarios están vigilados (casas de empeño, centros cambiarios, Sofomes, por sólo mencionar algunas), cuando no existe igualdad en las regulaciones y cuando se aplican leyes importadas de problemáticas diferentes a las que vive el sistema financiero de México.
Además, en la prevención e investigación de casos vinculados con el lavado de dinero, se pretende fortalecer al Poder Judicial sobre el Ejecutivo (la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), cuando la Procuraduría General de la República enfrenta un gran problema de mala imagen y descrédito público.
En el análisis de la iniciativa, el sector financiero –especialmente el cambiario– recuerda que el documento exhibe algunos problemas estructurales. Por ejemplo, aunque en México ya no se abren cuentas en dólares a personas físicas, con excepción de la región fronteriza, destacan la importancia de recordar que la economía mexicana está prácticamente dolarizada y que esta legislación no lo reconoce. Para muestra de ello, señalan que los principales ingresos lícitos del país vienen del petróleo, de las remesas, del turismo, del comercio internacional. Además, es imposible ignorar más de 3 mil kilómetros de litorales con un país en donde muchos de sus ciudadanos son declarados consumidores de droga.
Es obvio, dicen los empresarios del sector cambiario, que se está generando, les guste o no a las autoridades, un mercado paralelo de divisas. Pero no sólo hacen referencia a la circulación de dólares y los retos que involucran su control y vigilancia. La iniciativa también pretende controlar el mercado financiero en pesos, las transacciones en efectivo.
Los números también confirman la complejidad: en México la economía informal es un imperio; el 65 por ciento se opera en efectivo; incluye a 28.4 millones de personas y, a pesar de los logros que difunda la Asociación de Bancos de México en cuanto a su cobertura, el 57 por ciento de los municipios no tiene acceso a la banca. ¿Entonces cómo se pretende frenar el dinero sucio en la economía? Pero el problema va más allá. ¿Cómo se controlará la realización de transacciones de bienes inmuebles, obras de arte, joyas?
Para empezar, el Registro Público de la Propiedad y Comercio no está actualizado de forma oportuna; el Registro Único de Población es poco confiable: es un hecho la venta de base de datos. En México, un individuo puede tener varias credenciales para votar, aunque esto es ilegal. Así, el control de las operaciones en pesos puede frenar a la economía formal con más restricciones regulatorias, mientras que los negocios ilícitos siempre encontrarán vías para concretarse.
Sin embargo, es necesario reconocer la importancia de intentarlo para reforzar la prevención de lavado de dinero en el país. Rendirse, en cambio, no es una alternativa.
Antes, sin embargo, es necesario reconocer las debilidades que enfrenta el gobierno federal, pues no se cuenta con la infraestructura necesaria para analizar el universo de reportes que generaría esta legislación. Ya hemos dicho en este espacio que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se vio rebasada en su capacidad de análisis de la información. Según los banqueros, se transformó en un órgano técnico que no trascendió en el análisis estratégico para ubicar fuentes de recursos ilícitos. Trasladar sus operaciones a la PGR, sin embargo, tampoco aparece como la mejor opción frente al descrédito al que se enfrenta esa instancia.
Actualmente sólo se investiga el 8 por ciento del dinero sucio, según medios
informativos. El problema de falta de capacidad aumentaría frente a la propuesta de incorporar a más sujetos obligados (gatekeepers), aún
cuando no se han incorporado a todos los integrantes del sistema
financiero. Además, según un análisis de casa de bolsa Tiber, se enfoca a sujetos, aunque debiera ser a actividades vulnerables. Tampoco se incluyen a iglesias, aduanas, partidos políticos, lo cual no se entiende en el marco de la obligatoriedad y compromiso de México con organismos multilaterales para identificar a las PPE.
Es importante también mencionar que aunque en México opera la banca internacional, la especialización de expertos en materia antilavado en el sistema financiero a nivel nacional e internacional, ha llevado varios años. La delincuencia parece ir más rápido.
La alternativa parecería ser la referencia internacional. Algunos países han iniciado paulatinamente diversas acciones: Colombia, en 2006 se ocupó de los juegos de azar; en 2007, vehículos y actos notariales; en 2008, transacciones en oro; en 2009, transportes de valores. Lo mismo sucedió en Argentina: 2003, juegos de azar; 2007, notarios; 2009, firmas de remesas.
Bajo estas consideraciones, los actores del sector financiero temen que no se alcancen los objetivos antilavado de dinero y que, en cambio, se restringe la economía lícita en un momento clave para la recuperación. Además, también existe el riesgo de que esta legislación se siga aplicando con un sesgo fiscal, lo que impacte, una vez más, a los comercios lícitos.
Así, el restringir no implica necesariamente que el problema desaparezca. La propuesta de diferentes sectores que se verían afectados en sus operaciones formales es destinar recursos económicos, técnicos y humanos a la autoridad encargada para poder procesar toda la información de inteligencia que se genere.
Adaptar la iniciativa a la realidad de México y no seguir, una vez más, modelos importados de otros países con problemáticas diferentes. También se destaca la importancia de las campañas preventivas a la población y, por supuesto, abarcar la estrategia con otros frentes: no olvidar que el principal problema es el narcotráfico, para no dejar a un lado las campañas sanitarias antidrogas.
El reto es incorporar en primera instancia a todos los participantes del sistema financiero. También sugieren identificar los ejes centrales en donde convergen tarde o temprano las actividades económicas y productivas de un país. Y, sobre todo, realizar pruebas pilotos con los llamados gatekeepers: agentes inmobiliarios, corredores de arte, vendedores de joyas y de autos. Es así en donde se están moviendo grandes cantidades de efectivo, por lo que gradualmente se deben incorporar a la regulación.
Según la banca, no es en los circuitos financieros en donde se lava la mayor parte del dinero sucio, porque, dice, simplemente ya llega limpio. Así se reportó a las autoridades estadounidenses: “México es de los pocos países en los que es posible incorporar recursos ilícitos a la economía formal, para
lavarlos, sin necesidad de que los mismos entren al sistema financiero”.
oficiodepapel@yahoo.com.mx
Por ello, si antes de que concluya el gobierno de Calderón no se logra desmantelar la estructura del poder económico del crimen organizado, entonces se confirmará la derrota largamente anunciada de la actual administración contra las drogas y que la candidata panista a la Presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, nos amenaza con darle continuidad a esa política fallida de ganar las elecciones.
El tardío anuncio de modificaciones a diversas regulaciones financieras para frenar el lavado de dinero en el sector financiero, inmobiliario y de servicios le resta posibilidades al combate del dinero sucio en la economía, en un momento en el que se asegura hay una mínima recuperación, pero se padece una profunda crisis de liquidez, desempleo y falta de oportunidades para los ciudadanos.
Así, mientras en el Poder Legislativo, específicamente en el Senado de la República –en donde estrenan una costosa sede pagada por los contribuyentes en tiempos de crisis–, retrasan la toma de decisiones respecto a la iniciativa para aprobar la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, la economía y la sociedad siguen padeciendo una terrible ola de violencia en todo el país que pone en riesgo hasta al mismo proceso electoral. Pero el mayor problema no es la aprobación de dicha Ley, sino la ausencia de un debate serio sobre la propuesta de Felipe Calderón.
La iniciativa enviada por el presidente, que fue anunciada con bombo y platillo como si en el anuncio en sí mismo se anotara alguna victoria política, busca fortalecer la regulación en el sistema financiero mexicano y la normatividad para la prevención del blanqueo de capitales, a través de disposiciones generales que emanan de diferentes leyes aplicables a instituciones financieras.
Con esta legislación se busca frenar el lavado de dinero a través de depósitos bancarios de cantidades importantes, cuyo origen resulta sospechoso; pagos en efectivo en la compra de bienes inmuebles (mansiones, haciendas, hoteles, terrenos, entre otros activos); compra de hoteles, de centros o clubes turísticos, de restaurantes, de bares, de empresas quebradas o con problemas económicos; compra de cheques de caja o cheques de viajero y, por supuesto, transferencias electrónicas sospechosas.
Han pasado casi 14 años desde que el gobierno federal, ante la demanda de organismos multilaterales, inició la modificación de disposiciones para combatir el blanqueo de capitales. Fue en 2004 cuando, por primera vez, se incluyó el concepto de Financiamiento al Terrorismo y se buscó un mayor cumplimiento de los requerimientos internacionales (GAFI). Además se creó la Unidad de Inteligencia Financiera y, a partir de entonces, expertos en el tema ubican un parte aguas –aunque no definitivo– en el que se incrementa de manera considerable el número de definiciones para un mejor entendimiento de las disposiciones dirigidas a identificar, por ejemplo, a beneficiarios finales pero, sobre todo a las Personas Políticamente Expuestas (PPE).
En la banca, en las casas de bolsa y en intermediarios financieros y cambiarios con operaciones relevantes en el sistema de pagos se incluyen y agrupan las disposiciones por apartados, en donde destaca la política de identificación del cliente; los reportes regulatorios y estructuras internas, entre otras. Una medida determinante, según un recuento presentado por los expertos de casa de cambio Tiber durante una mesa redonda sobre lavado de dinero organizado por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Camara de Diputados, fue el establecimiento de los llamados “umbrales de operación por producto”, así como la creación de expedientes para la identificación de transacciones a partir de 5 mil dólares, que incluyen mecanismos de aprobación interna. También llegaron los mecanismos de aprobación interna y los nuevos reportes regulatorios para transferencias.
La nueva regulación, de ser aprobada, llega cuando en el sector financiero no todos los intermediarios están vigilados (casas de empeño, centros cambiarios, Sofomes, por sólo mencionar algunas), cuando no existe igualdad en las regulaciones y cuando se aplican leyes importadas de problemáticas diferentes a las que vive el sistema financiero de México.
Además, en la prevención e investigación de casos vinculados con el lavado de dinero, se pretende fortalecer al Poder Judicial sobre el Ejecutivo (la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), cuando la Procuraduría General de la República enfrenta un gran problema de mala imagen y descrédito público.
En el análisis de la iniciativa, el sector financiero –especialmente el cambiario– recuerda que el documento exhibe algunos problemas estructurales. Por ejemplo, aunque en México ya no se abren cuentas en dólares a personas físicas, con excepción de la región fronteriza, destacan la importancia de recordar que la economía mexicana está prácticamente dolarizada y que esta legislación no lo reconoce. Para muestra de ello, señalan que los principales ingresos lícitos del país vienen del petróleo, de las remesas, del turismo, del comercio internacional. Además, es imposible ignorar más de 3 mil kilómetros de litorales con un país en donde muchos de sus ciudadanos son declarados consumidores de droga.
Es obvio, dicen los empresarios del sector cambiario, que se está generando, les guste o no a las autoridades, un mercado paralelo de divisas. Pero no sólo hacen referencia a la circulación de dólares y los retos que involucran su control y vigilancia. La iniciativa también pretende controlar el mercado financiero en pesos, las transacciones en efectivo.
Los números también confirman la complejidad: en México la economía informal es un imperio; el 65 por ciento se opera en efectivo; incluye a 28.4 millones de personas y, a pesar de los logros que difunda la Asociación de Bancos de México en cuanto a su cobertura, el 57 por ciento de los municipios no tiene acceso a la banca. ¿Entonces cómo se pretende frenar el dinero sucio en la economía? Pero el problema va más allá. ¿Cómo se controlará la realización de transacciones de bienes inmuebles, obras de arte, joyas?
Para empezar, el Registro Público de la Propiedad y Comercio no está actualizado de forma oportuna; el Registro Único de Población es poco confiable: es un hecho la venta de base de datos. En México, un individuo puede tener varias credenciales para votar, aunque esto es ilegal. Así, el control de las operaciones en pesos puede frenar a la economía formal con más restricciones regulatorias, mientras que los negocios ilícitos siempre encontrarán vías para concretarse.
Sin embargo, es necesario reconocer la importancia de intentarlo para reforzar la prevención de lavado de dinero en el país. Rendirse, en cambio, no es una alternativa.
Antes, sin embargo, es necesario reconocer las debilidades que enfrenta el gobierno federal, pues no se cuenta con la infraestructura necesaria para analizar el universo de reportes que generaría esta legislación. Ya hemos dicho en este espacio que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se vio rebasada en su capacidad de análisis de la información. Según los banqueros, se transformó en un órgano técnico que no trascendió en el análisis estratégico para ubicar fuentes de recursos ilícitos. Trasladar sus operaciones a la PGR, sin embargo, tampoco aparece como la mejor opción frente al descrédito al que se enfrenta esa instancia.
Actualmente sólo se investiga el 8 por ciento del dinero sucio, según medios
informativos. El problema de falta de capacidad aumentaría frente a la propuesta de incorporar a más sujetos obligados (gatekeepers), aún
cuando no se han incorporado a todos los integrantes del sistema
financiero. Además, según un análisis de casa de bolsa Tiber, se enfoca a sujetos, aunque debiera ser a actividades vulnerables. Tampoco se incluyen a iglesias, aduanas, partidos políticos, lo cual no se entiende en el marco de la obligatoriedad y compromiso de México con organismos multilaterales para identificar a las PPE.
Es importante también mencionar que aunque en México opera la banca internacional, la especialización de expertos en materia antilavado en el sistema financiero a nivel nacional e internacional, ha llevado varios años. La delincuencia parece ir más rápido.
La alternativa parecería ser la referencia internacional. Algunos países han iniciado paulatinamente diversas acciones: Colombia, en 2006 se ocupó de los juegos de azar; en 2007, vehículos y actos notariales; en 2008, transacciones en oro; en 2009, transportes de valores. Lo mismo sucedió en Argentina: 2003, juegos de azar; 2007, notarios; 2009, firmas de remesas.
Bajo estas consideraciones, los actores del sector financiero temen que no se alcancen los objetivos antilavado de dinero y que, en cambio, se restringe la economía lícita en un momento clave para la recuperación. Además, también existe el riesgo de que esta legislación se siga aplicando con un sesgo fiscal, lo que impacte, una vez más, a los comercios lícitos.
Así, el restringir no implica necesariamente que el problema desaparezca. La propuesta de diferentes sectores que se verían afectados en sus operaciones formales es destinar recursos económicos, técnicos y humanos a la autoridad encargada para poder procesar toda la información de inteligencia que se genere.
Adaptar la iniciativa a la realidad de México y no seguir, una vez más, modelos importados de otros países con problemáticas diferentes. También se destaca la importancia de las campañas preventivas a la población y, por supuesto, abarcar la estrategia con otros frentes: no olvidar que el principal problema es el narcotráfico, para no dejar a un lado las campañas sanitarias antidrogas.
El reto es incorporar en primera instancia a todos los participantes del sistema financiero. También sugieren identificar los ejes centrales en donde convergen tarde o temprano las actividades económicas y productivas de un país. Y, sobre todo, realizar pruebas pilotos con los llamados gatekeepers: agentes inmobiliarios, corredores de arte, vendedores de joyas y de autos. Es así en donde se están moviendo grandes cantidades de efectivo, por lo que gradualmente se deben incorporar a la regulación.
Según la banca, no es en los circuitos financieros en donde se lava la mayor parte del dinero sucio, porque, dice, simplemente ya llega limpio. Así se reportó a las autoridades estadounidenses: “México es de los pocos países en los que es posible incorporar recursos ilícitos a la economía formal, para
lavarlos, sin necesidad de que los mismos entren al sistema financiero”.
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