Promete AMLO creación de la Secretaría de la Cultura y a Poniatowska como su titular
Elena Poniatowska, escritora.
Foto: Alejandro Saldívar
Foto: Alejandro Saldívar
MÉXICO, D.F. (apro).- El aspirante presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que si el próximo 1 de julio le favorecen los votos, su gobierno no tratará la cultura como “un simple negocio del espectáculo”.
Para “fortalecer el papel del arte y la cultura en el desarrollo de nuestro pueblo”, dijo, se crearía una Secretaría de la Cultura que estaría a cargo de Elena Poniatowska, a quien calificó como “un ángel de sabiduría”.
Además, se pronunció por establecer “una política cultural desde el Estado que integre y dé coherencia a la acción de todas las instituciones culturales del país, que elimine el burocratismo, la duplicidad de funciones y optimice instalaciones y presupuestos”.
Y más: prometió democratizar los medios de comunicación. “No los vamos a expropiar, sencillamente no se va a permitir monopolio. Va haber competencia para que no se concentre el manejo de información en unos cuantos”, afirmó el aspirante presidencial.
Durante su participación en el Foro Nacional de Arte y Cultura, en el Centro de Convenciones de Morelia, Michoacán, el exjefe de Gobierno del Distrito Federal manifestó que la Secretaría de Cultura “propondrá un marco legal de competencias que dé coherencia y potencie la labor de organismos culturales”, entre ellos el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).
Ello, sostuvo, permitirá aumentar el presupuesto a la cultura y “que muchas decisiones económicas sobre el sector cultural, que se tomen en la Secretaría de Hacienda o en las políticas presupuestarias generales del país, se hagan valer los aspectos culturales en la distribución de fondos, en los impuestos sobre producción y comercialización de bienes culturales, en el financiamiento del cine o en el funcionamiento e impulso de industrias culturales”.
El precandidato presidencial de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano ofreció poner en práctica un amplio programa de fomento a las culturas que contemple, además de la creación de la Secretaría de la Cultura, el apoyo a las actividades de investigación, preservación y divulgación del patrimonio cultural del país.
Asimismo, se pronunció por darle el lugar que les corresponde a las culturas indígenas, y poner la cultura nacional y universal al alcance de los grupos étnicos y de los sectores marginados del país.
También ofreció otorgar permisos y concesiones para la operación de estaciones de radio y televisión dedicadas a la educación, la cultura y el fortalecimiento de las costumbres, tradiciones y de la organización social de las comunidades indígenas.
Y apoyar la producción, distribución y exhibición de películas mexicanas de calidad, además de fomentar la lectura con un fortalecimiento a la red de bibliotecas, salas de lectura y librerías, entre otros puntos.
Para “fortalecer el papel del arte y la cultura en el desarrollo de nuestro pueblo”, dijo, se crearía una Secretaría de la Cultura que estaría a cargo de Elena Poniatowska, a quien calificó como “un ángel de sabiduría”.
Además, se pronunció por establecer “una política cultural desde el Estado que integre y dé coherencia a la acción de todas las instituciones culturales del país, que elimine el burocratismo, la duplicidad de funciones y optimice instalaciones y presupuestos”.
Y más: prometió democratizar los medios de comunicación. “No los vamos a expropiar, sencillamente no se va a permitir monopolio. Va haber competencia para que no se concentre el manejo de información en unos cuantos”, afirmó el aspirante presidencial.
Durante su participación en el Foro Nacional de Arte y Cultura, en el Centro de Convenciones de Morelia, Michoacán, el exjefe de Gobierno del Distrito Federal manifestó que la Secretaría de Cultura “propondrá un marco legal de competencias que dé coherencia y potencie la labor de organismos culturales”, entre ellos el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).
Ello, sostuvo, permitirá aumentar el presupuesto a la cultura y “que muchas decisiones económicas sobre el sector cultural, que se tomen en la Secretaría de Hacienda o en las políticas presupuestarias generales del país, se hagan valer los aspectos culturales en la distribución de fondos, en los impuestos sobre producción y comercialización de bienes culturales, en el financiamiento del cine o en el funcionamiento e impulso de industrias culturales”.
El precandidato presidencial de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano ofreció poner en práctica un amplio programa de fomento a las culturas que contemple, además de la creación de la Secretaría de la Cultura, el apoyo a las actividades de investigación, preservación y divulgación del patrimonio cultural del país.
Asimismo, se pronunció por darle el lugar que les corresponde a las culturas indígenas, y poner la cultura nacional y universal al alcance de los grupos étnicos y de los sectores marginados del país.
También ofreció otorgar permisos y concesiones para la operación de estaciones de radio y televisión dedicadas a la educación, la cultura y el fortalecimiento de las costumbres, tradiciones y de la organización social de las comunidades indígenas.
Y apoyar la producción, distribución y exhibición de películas mexicanas de calidad, además de fomentar la lectura con un fortalecimiento a la red de bibliotecas, salas de lectura y librerías, entre otros puntos.
Ciudadanía anulada
AMLO, EPN y JVM.
Foto: O. López, G. Canseco, M. Pérez
Foto: O. López, G. Canseco, M. Pérez
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Ahora que las tres principales fuerzas políticas han definido sus candidatos presidenciales, habría que preguntarnos si vale la pena votar por alguno de ellos o mejor abstenerse o anular nuestra boleta el próximo 1 de julio. Resulta evidente que ninguno de los tres candidatos podrá por sí solo salvarnos del naufragio nacional. El poder del Estado nunca fue lo que algunos imaginaban que era, y hoy, después de 30 años de entreguistas políticas neoliberales, se encuentra más debilitado y vulnerable que nunca. Independientemente de quién sea el próximo mandatario, difícilmente podrá hacer grandes cambios por pura fuerza de voluntad.
El impulso para el cambio social tendrá que venir de otra parte. Tal y como ha sido a lo largo de la historia, los ciudadanos, y no los políticos, enseñarán el camino. A principios del siglo XX, fueron Emiliano Zapata y Pancho Villa, no Francisco I. Madero, los principales responsables de que la Revolución Mexicana hubiera desembocado en una de las Constituciones más avanzadas de su época en materia de derechos sociales. Durante la “transición” actual, por más que sus panegiristas quieran vestir a Ernesto Zedillo, Vicente Fox o José Woldenberg como los arquitectos del cambio político, en realidad han sido los combativos movimientos estudiantiles, campesinos, obreros e indígenas los que han obligado al sistema a transformarse.
Dicen que la historia la escriben los vencedores, y la nuestra no es ninguna excepción. Los pocos avances que tenemos hoy en materia democrática se nos presentan como si fueran el resultado de la visión ilustrada de los hombres y mujeres del poder. Mientras, los verdaderos héroes que ofrendaron sus vidas, sudor e inteligencia son enviados al basurero de la historia.
Aun cuando algunos de los actuales candidatos cuentan con perfiles “ciudadanos”, como Isabel Miranda de Wallace, Juan Manuel Márquez o Purificación Carpinteyro, en el momento en que aceptan ser candidatos para algún cargo de elección popular automáticamente tienen que jugar con las reglas de la política. Y si llegan a conquistar el poder, deben devolver el favor no solamente a sus electores, sino también a sus respectivos padrinos.
Ante esta situación, la salida más fácil y cómoda es simplemente mandar al diablo las elecciones en un acto de supuesta pureza ciudadana para no ensuciarse las manos con los juegos del poder. “Anulemos el voto para enviar un mensaje de repudio a la clase política nacional”, dicen algunos; “ni siquiera vale la pena salir a votar”, dicen otros.
El detalle es que, independientemente de lo que cualquiera de nosotros decida hacer en el terreno electoral el próximo 1 de julio, el gobierno seguirá existiendo, como bien lo ha señalado Octavio Rodríguez Araujo. Y mientras haya gobierno, siempre existirá el enorme riesgo de que se abuse del poder estatal para reprimir a la población, enriquecer a los funcionarios públicos y consolidar el control de los monopolios, el imperialismo y los poderes fácticos sobre la economía nacional.
La orientación y los compromisos del gobierno federal en estas materias tienen una gran relevancia para los movimientos sociales que nos tendrán que guiar durante el próximo sexenio. Tenemos la obligación de preguntarnos cuál de los tres candidatos presidenciables estará más dispuesto a tomar en cuenta y escuchar las demandas ciudadanas o, en su caso, simplemente será utilizado para reprimir a los inconformes, como en Atenco, en Ciudad Juárez o en Chilpancingo. Para esta evaluación habría que tomar en cuenta tanto el talante autoritario y las trayectorias de cada candidato como los compromisos políticos que pesarán a la hora de tomar decisiones clave.
La gran pregunta no es entonces cuál de los tres candidatos es “mejor”, ni siquiera cuál es el “menos peor”, sino cuál encabezará un gobierno más propicio para el florecimiento de una sociedad combativa y exigente. La mayor parte de los que anularán su voto, o simplemente se abstendrán de participar en los comicios como acto de protesta, implícitamente mantienen la tesis de que las cosas tienen que empeorar antes de que mejoren, de que lo mejor para el país sería seguir por el mismo camino de la ignominia neoliberal con el fin de que eventualmente detone un violento estallido social.
Otros “anulistas” más bien parecen ser derechistas “de clóset”. No se atreven a confesarlo públicamente, pero al final de cuentas prefieren la continuidad del PRIAN a la llegada del “populismo” de izquierda. Llama la atención, por ejemplo, que muchos de los que promovían el voto nulo en las elecciones intermedias de 2009 eran los mismos que defendían el “voto útil” a favor de Fox en el año 2000 bajo el argumento de que la alternancia podría ayudar a dinamizar el sistema político nacional.
¿Acaso no es tan importante hoy echar al PRIAN de Los Pinos como lo fue echar al PRI hace 12 años? Si la respuesta es negativa, entonces se evidenciaría un claro sesgo que, inspirado en una sentencia atribuida a Benito Juárez, daría pie a un nuevo dicho: “Para mis amigos, gracia y ‘voto útil’; para mis enemigos, ‘voto nulo’ a secas”.
Todavía existe una última oportunidad para enderezar el camino de nuestra fallida transición democrática. No se trata de elegir a un nuevo salvador de la patria, sino simplemente de dar una oportunidad a la izquierda política para que pruebe su suerte al mando del país. Tanto la historia del PRD como la trayectoria personal de Andrés Manuel López Obrador revelan una gran apertura hacia las más diversas expresiones sociales. En contraste, los perfiles de Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota, así como la experiencia con el PAN y el PRI durante los últimos 30 años, garantizan una total continuidad de las políticas actuales.
Las elecciones presidenciales no son para escoger dioses ni emitir cheques en blanco, sino únicamente para decidir quién gobernará durante los próximos seis años. En lugar de anular nuestra ciudadanía deberíamos participar activamente en esta decisión, así como, simultáneamente, exigir a cada paso y en cada momento el cumplimiento de una agenda social de avanzada por el nuevo gobierno federal.
El impulso para el cambio social tendrá que venir de otra parte. Tal y como ha sido a lo largo de la historia, los ciudadanos, y no los políticos, enseñarán el camino. A principios del siglo XX, fueron Emiliano Zapata y Pancho Villa, no Francisco I. Madero, los principales responsables de que la Revolución Mexicana hubiera desembocado en una de las Constituciones más avanzadas de su época en materia de derechos sociales. Durante la “transición” actual, por más que sus panegiristas quieran vestir a Ernesto Zedillo, Vicente Fox o José Woldenberg como los arquitectos del cambio político, en realidad han sido los combativos movimientos estudiantiles, campesinos, obreros e indígenas los que han obligado al sistema a transformarse.
Dicen que la historia la escriben los vencedores, y la nuestra no es ninguna excepción. Los pocos avances que tenemos hoy en materia democrática se nos presentan como si fueran el resultado de la visión ilustrada de los hombres y mujeres del poder. Mientras, los verdaderos héroes que ofrendaron sus vidas, sudor e inteligencia son enviados al basurero de la historia.
Aun cuando algunos de los actuales candidatos cuentan con perfiles “ciudadanos”, como Isabel Miranda de Wallace, Juan Manuel Márquez o Purificación Carpinteyro, en el momento en que aceptan ser candidatos para algún cargo de elección popular automáticamente tienen que jugar con las reglas de la política. Y si llegan a conquistar el poder, deben devolver el favor no solamente a sus electores, sino también a sus respectivos padrinos.
Ante esta situación, la salida más fácil y cómoda es simplemente mandar al diablo las elecciones en un acto de supuesta pureza ciudadana para no ensuciarse las manos con los juegos del poder. “Anulemos el voto para enviar un mensaje de repudio a la clase política nacional”, dicen algunos; “ni siquiera vale la pena salir a votar”, dicen otros.
El detalle es que, independientemente de lo que cualquiera de nosotros decida hacer en el terreno electoral el próximo 1 de julio, el gobierno seguirá existiendo, como bien lo ha señalado Octavio Rodríguez Araujo. Y mientras haya gobierno, siempre existirá el enorme riesgo de que se abuse del poder estatal para reprimir a la población, enriquecer a los funcionarios públicos y consolidar el control de los monopolios, el imperialismo y los poderes fácticos sobre la economía nacional.
La orientación y los compromisos del gobierno federal en estas materias tienen una gran relevancia para los movimientos sociales que nos tendrán que guiar durante el próximo sexenio. Tenemos la obligación de preguntarnos cuál de los tres candidatos presidenciables estará más dispuesto a tomar en cuenta y escuchar las demandas ciudadanas o, en su caso, simplemente será utilizado para reprimir a los inconformes, como en Atenco, en Ciudad Juárez o en Chilpancingo. Para esta evaluación habría que tomar en cuenta tanto el talante autoritario y las trayectorias de cada candidato como los compromisos políticos que pesarán a la hora de tomar decisiones clave.
La gran pregunta no es entonces cuál de los tres candidatos es “mejor”, ni siquiera cuál es el “menos peor”, sino cuál encabezará un gobierno más propicio para el florecimiento de una sociedad combativa y exigente. La mayor parte de los que anularán su voto, o simplemente se abstendrán de participar en los comicios como acto de protesta, implícitamente mantienen la tesis de que las cosas tienen que empeorar antes de que mejoren, de que lo mejor para el país sería seguir por el mismo camino de la ignominia neoliberal con el fin de que eventualmente detone un violento estallido social.
Otros “anulistas” más bien parecen ser derechistas “de clóset”. No se atreven a confesarlo públicamente, pero al final de cuentas prefieren la continuidad del PRIAN a la llegada del “populismo” de izquierda. Llama la atención, por ejemplo, que muchos de los que promovían el voto nulo en las elecciones intermedias de 2009 eran los mismos que defendían el “voto útil” a favor de Fox en el año 2000 bajo el argumento de que la alternancia podría ayudar a dinamizar el sistema político nacional.
¿Acaso no es tan importante hoy echar al PRIAN de Los Pinos como lo fue echar al PRI hace 12 años? Si la respuesta es negativa, entonces se evidenciaría un claro sesgo que, inspirado en una sentencia atribuida a Benito Juárez, daría pie a un nuevo dicho: “Para mis amigos, gracia y ‘voto útil’; para mis enemigos, ‘voto nulo’ a secas”.
Todavía existe una última oportunidad para enderezar el camino de nuestra fallida transición democrática. No se trata de elegir a un nuevo salvador de la patria, sino simplemente de dar una oportunidad a la izquierda política para que pruebe su suerte al mando del país. Tanto la historia del PRD como la trayectoria personal de Andrés Manuel López Obrador revelan una gran apertura hacia las más diversas expresiones sociales. En contraste, los perfiles de Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota, así como la experiencia con el PAN y el PRI durante los últimos 30 años, garantizan una total continuidad de las políticas actuales.
Las elecciones presidenciales no son para escoger dioses ni emitir cheques en blanco, sino únicamente para decidir quién gobernará durante los próximos seis años. En lugar de anular nuestra ciudadanía deberíamos participar activamente en esta decisión, así como, simultáneamente, exigir a cada paso y en cada momento el cumplimiento de una agenda social de avanzada por el nuevo gobierno federal.
Las “guerras” de TV Azteca
Ricardo Salinas, dueño de TV Azteca.
Foto: Félix Reyes
Foto: Félix Reyes
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Primero fue su alegato en contra de la Comisión Federal de Competencia, seguido de una guerra informativa en contra del “monopolio” de Carlos Slim –que nunca vieron cuando antes estaban cercanos al magnate de Telmex-Telcel–, luego un intento de convertir a Grupo Iusacell en víctima de los malos modos del notificador de la CFC, y después la emprendieron en desplegados y en notas en Hechos contra el Grupo Reforma. Ahora dirigen sus baterías contra las empresas de TV por cable, afiliadas o dominadas por su presunto socio, Televisa.
Desde la semana pasada, en el segmento informativo nocturno de Canal 13, en emisiones de Proyecto 40 y con sus replicantes en la prensa, Grupo Salinas ha emprendido una campaña contra el Grupo Reforma, editor de los periódicos Reforma, Metro y Muro, entre otros.
“La verdadera cara del Grupo Reforma” es el título de los segmentos de linchamiento televisivo. TV Azteca repitió y enriqueció el guión que meses atrás aplicó Televisa para atacar al periódico de Alejandro Junco de la Vega. Se trata de exhibirlo como un periódico de “doble moral” porque vende anuncios de masajes y en el Metro publica fotos sensacionalistas.
No terminaba su guerra punitiva contra Reforma cuando se le abrió otro frente conflictivo a la televisora de Ricardo Salinas Pliego que representa, en apariencia, un distanciamiento con Televisa: el cártel de las empresas de televisión por cable, afiliadas o filiales de la empresa de Emilio Azcárraga Jean, se negaron a pagarle a TV Azteca su paquete de canales en señal abierta.
Las empresas que excluyeron la señal de los canales 13 y 7 son Cablevisión Monterrey, Cablemás y Cablecom, estas tres últimas filiales de Grupo Televisa, así como Megacable, la empresa más grande de televisión por cable, asociada a Televisa en la estrategia de triple play conocida como Yoo.
Lo que ha hecho TV Azteca es lo mismo que ha realizado Televisa: “empaquetar” sus canales de televisión abierta a otros canales, lo cual se traduce en ventas atadas. Una práctica típica cuando no existe ninguna regulación en materia de must offer, es decir, la obligación de todas las empresas de televisión restringida de retransmitir las señales radiodifundidas, entre ellas, las de televisión abierta.
TV Azteca canceló el convenio con las empresas cableras que les ofrecía sus señales de televisión abierta de manera gratuita y ahora pretende cobrarles entre 65 y 80 centavos de dólar por usuario. En otros casos, cobra entre 1.65 y hasta dos dólares a otros grupos, como Dish, filial de MVS, para darles sus señales abiertas.
El punto no es la crítica a otro medio como Reforma o el enfrentamiento con empresas de televisión por cable. Lo riesgoso es que no existe ninguna autoridad que regule o funja de árbitro en esta guerra desatada entre grupos de televisión y de telecomunicaciones que actúan como si fueran cárteles.
Lo mismo sucedió hace un año con el ataque sincronizado de Televisa y TV Azteca a Grupo Carso, en especial a Telcel y Telmex. De pronto, el duopolio televisivo “descubrió” que Carlos Slim es monopolista. De pronto, se envolvieron en la bandera de la disminución de las tarifas de telefonía celular, pero Grupo Iusacell por poco se muerde la lengua.
Lo mismo cuando ambas televisoras acusaron al columnista Miguel Angel Granados Chapa de “calumnias” y otros delirios por haber revelado en enero de 2011 que Televisa y TV Azteca negociaban una sociedad en Iusacell. Lo que negaron ruidosamente, lo confirmaron en abril del mismo año.
La misma sincronización se ha dado ahora que Televisa y TV Azteca han emprendido una campaña contra el Instituto Federal Electoral (IFE) porque “restringe la libertad de expresión” e impedirá los debates en las campañas presidenciales.
El duopolio repite el guión que sus asesores escribieron durante la “rebelión de los conductores” ante el Senado de la República, en 2007, ante la aprobación de la reforma electoral que prohibía la compra de tiempo-aire en épocas electorales.
No es la libertad de expresión lo que les preocupa. Nunca les ha preocupado. Es su libertad de ponerle precio y mercantilizar la información ahora que vienen las campañas electorales y también la mercantilización de las señales de televisión abierta que son concesiones públicas.
El verdadero rostro de las pantallas de la “señal con valor” y del “canal de la familia mexicana” se observa con toda su crudeza sin que ninguna autoridad les ponga un alto, un mínimo extrañamiento.
Televisa y TV Azteca detentan concesiones de un bien público. Eso siempre lo olvidan. Sobre todo, cuando asaltan las instalaciones del Cerro del Chiquihuite, cuando emprenden campañas contra posibles competidores de una tercera cadena o cuando la soberbia les hace creer que esta es una dictadura de pantalla.
Comentarios: www.homozapping.com.mx
Desde la semana pasada, en el segmento informativo nocturno de Canal 13, en emisiones de Proyecto 40 y con sus replicantes en la prensa, Grupo Salinas ha emprendido una campaña contra el Grupo Reforma, editor de los periódicos Reforma, Metro y Muro, entre otros.
“La verdadera cara del Grupo Reforma” es el título de los segmentos de linchamiento televisivo. TV Azteca repitió y enriqueció el guión que meses atrás aplicó Televisa para atacar al periódico de Alejandro Junco de la Vega. Se trata de exhibirlo como un periódico de “doble moral” porque vende anuncios de masajes y en el Metro publica fotos sensacionalistas.
No terminaba su guerra punitiva contra Reforma cuando se le abrió otro frente conflictivo a la televisora de Ricardo Salinas Pliego que representa, en apariencia, un distanciamiento con Televisa: el cártel de las empresas de televisión por cable, afiliadas o filiales de la empresa de Emilio Azcárraga Jean, se negaron a pagarle a TV Azteca su paquete de canales en señal abierta.
Las empresas que excluyeron la señal de los canales 13 y 7 son Cablevisión Monterrey, Cablemás y Cablecom, estas tres últimas filiales de Grupo Televisa, así como Megacable, la empresa más grande de televisión por cable, asociada a Televisa en la estrategia de triple play conocida como Yoo.
Lo que ha hecho TV Azteca es lo mismo que ha realizado Televisa: “empaquetar” sus canales de televisión abierta a otros canales, lo cual se traduce en ventas atadas. Una práctica típica cuando no existe ninguna regulación en materia de must offer, es decir, la obligación de todas las empresas de televisión restringida de retransmitir las señales radiodifundidas, entre ellas, las de televisión abierta.
TV Azteca canceló el convenio con las empresas cableras que les ofrecía sus señales de televisión abierta de manera gratuita y ahora pretende cobrarles entre 65 y 80 centavos de dólar por usuario. En otros casos, cobra entre 1.65 y hasta dos dólares a otros grupos, como Dish, filial de MVS, para darles sus señales abiertas.
El punto no es la crítica a otro medio como Reforma o el enfrentamiento con empresas de televisión por cable. Lo riesgoso es que no existe ninguna autoridad que regule o funja de árbitro en esta guerra desatada entre grupos de televisión y de telecomunicaciones que actúan como si fueran cárteles.
Lo mismo sucedió hace un año con el ataque sincronizado de Televisa y TV Azteca a Grupo Carso, en especial a Telcel y Telmex. De pronto, el duopolio televisivo “descubrió” que Carlos Slim es monopolista. De pronto, se envolvieron en la bandera de la disminución de las tarifas de telefonía celular, pero Grupo Iusacell por poco se muerde la lengua.
Lo mismo cuando ambas televisoras acusaron al columnista Miguel Angel Granados Chapa de “calumnias” y otros delirios por haber revelado en enero de 2011 que Televisa y TV Azteca negociaban una sociedad en Iusacell. Lo que negaron ruidosamente, lo confirmaron en abril del mismo año.
La misma sincronización se ha dado ahora que Televisa y TV Azteca han emprendido una campaña contra el Instituto Federal Electoral (IFE) porque “restringe la libertad de expresión” e impedirá los debates en las campañas presidenciales.
El duopolio repite el guión que sus asesores escribieron durante la “rebelión de los conductores” ante el Senado de la República, en 2007, ante la aprobación de la reforma electoral que prohibía la compra de tiempo-aire en épocas electorales.
No es la libertad de expresión lo que les preocupa. Nunca les ha preocupado. Es su libertad de ponerle precio y mercantilizar la información ahora que vienen las campañas electorales y también la mercantilización de las señales de televisión abierta que son concesiones públicas.
El verdadero rostro de las pantallas de la “señal con valor” y del “canal de la familia mexicana” se observa con toda su crudeza sin que ninguna autoridad les ponga un alto, un mínimo extrañamiento.
Televisa y TV Azteca detentan concesiones de un bien público. Eso siempre lo olvidan. Sobre todo, cuando asaltan las instalaciones del Cerro del Chiquihuite, cuando emprenden campañas contra posibles competidores de una tercera cadena o cuando la soberbia les hace creer que esta es una dictadura de pantalla.
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