Rarámuris, Wirikuta y los acuerdos de San Andrés Larráinzar- El desastre ecológico nacional- La tierra, el agua y la resistencia

Rarámuris, Wirikuta y los acuerdos de San Andrés Larráinzar

Jaime Martínez Veloz

    Los pueblos indígenas de la sierra Tarahumara y los huicholes que defienden el sitio sagrado del pueblo wixárika, donde abundan la plata y el oro en el subsuelo de Wirikiuta, sobreviven entre el hambre y la riqueza de los recursos naturales de sus tierras y territorios, concesionados a compañías mineras trasnacionales, principalmente.

Ante noticias acerca de la hambruna que existe en la sierra Tarahumara y la información de casos de suicidio, la sociedad mexicana se movilizó en forma solidaria para brindar ayuda humanitaria a los miles de indígenas rarámuris, odamis, tepehuanes, pimas y warijoos que habitan en ese lugar.
Las televisoras no podían dejar pasar la ocasión para presumir su filantropía y mandar unas cuantas limosnas, acompañadas de la respectiva publicidad, donde se enfatice el alma bondadosa de los caritativos medios electrónicos del país. Sin embargo, cabe preguntarnos, ¿por qué tanta pobreza en una región tan próspera económicamente?
El estado de Chihuahua cuenta con una gran cantidad de reservas minerales, es el segundo productor nacional de oro y plata en México. La mitad del territorio del estado, alrededor de 12 millones y medio de hectáreas, ha sido concesionado por el gobierno federal a consorcios mineros privados, principalmente canadienses. Del año 2006 al 2010, el valor de la producción minera en el estado ascendió a la cantidad de 84 mil millones de pesos, de cuyo monto no se beneficiaron ni las comunidades ni las finanzas del estado ni del país.
Las dueñas de las concesiones mineras en la sierra Tarahumara son empresas canadienses y del Grupo México, el mismo de la tragedia de Pasta de Conchos en Coahuila. Estas empresas sólo pagan un ridículo impuesto –si es que así se pudiera llamar– de cinco pesos por hectárea. Las empresas facturan en su país de origen, eluden el pago de impuestos en México, tienen proyecciones que indican el ascenso de sus utilidades, y en contrapartida los poseedores originarios de las tierras y territorios se están muriendo de hambre, y cada día se agudizan sus condiciones de miseria y desigualdad.
Frente a esta injusticia, cuyo origen radica en un modelo desigual y un trato inequitativo del Estado mexicano para con los pueblos indígenas del país, los protectores de los consorcios extranjeros, tanto los que tienen a su alcance concesiones en los medios electrónicos, cuyos servicios son contratados para evitar cualquier cuestionamiento de fondo, recurren al viejo expediente de la lástima, la caridad y la limosna, pero evaden abordar el tema de la hambruna de los habitantes de la Tarahumara como una expresión directa de la negación de sus derechos, ligados indisolublemente al incumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, donde se aborda el tema de los recursos naturales ubicados en las tierras y territorios de los pueblos indígenas mexicanos y el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de derecho público, que les permitirían a éstas el establecimiento de una correlación de fuerzas diferente frente a las compañías privadas, nacionales y extranjeras, mediante la cual las condiciones de negociación y distribución de la riqueza que se extrae del subsuelo nacional serían otras muy diferentes y mucho menos desiguales.

Otro caso similar es el que viven los pueblos wixaritari, quienes sufren el despojo y el desplazamiento de sus lugares de origen debido al otorgamiento de concesiones mineras a empresas canadienses del centro ceremonial de Wirikuta, con una extensión de más de 140 mil hectáreas, donde existen grandes cantidades de riquezas minerales, que contrastan con la miseria de los poseedores originales de dichas tierras.

A pesar de haberse firmado el pacto de Huauxa Manaka entre cinco gobernadores y el gobierno federal, el 28 de abril de 2008, donde se le aseguraba a los huicholes la preservación de los lugares sagrados, las rutas de peregrinaje y sus recursos naturales, y teniendo como antecedente el hecho de que México es signatario del Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a realizar procesos de consulta con los pueblos indígenas para realizar cualquier acción en sus comunidades, fueron argumentos insuficientes para que el gobierno federal entregara 35 concesiones mineras a empresas canadienses sobre un sitio natural sagrado considerado por la UNESCO y que es el santuario más importante de los indígenas huicholes.

El dramatismo que hoy vemos en la Tarahumara y en muchos lugares del país, por los efectos de la hambruna y el despojo de las tierras indígenas, es inversamente proporcional a la campaña infame en donde el gobierno de Ernesto Zedillo para justificar el incumplimiento de lo pactado en San Andrés Larráinzar acusaba a los indígenas mexicanos de querer balcanizar al país y de crear un Estado dentro de otro Estado. Cuánta infamia y cuánto lodo se lanzó en contra de nuestros pueblos originarios, tratando de hacerlos parecer como verdaderos monstruos, cuando hoy vemos cómo los indígenas se están muriendo de hambre.

Frente a esta realidad, no puede ni debe haber olvido: la sociedad mexicana debe movilizarse, las ahora llamadas izquierdas deben entender que no todo es la aspiración por un cargo cueste lo que cueste y atropelle a quien atropelle, y diseñar esquemas de lucha para defender estas causas, como lo hacían las viejas organizaciones políticas de la izquierda cuando éstas ni siquiera registro tenían.

Por ello, hoy más que nunca, se requiere un relanzamiento de un movimiento nacional, desde todos los frentes, todos los estados, todos los pueblos y todas las organizaciones, para exigir el cumplimiento irrestricto de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, en los términos pactados entre el gobierno federal y el EZLN el 16 de febrero de 1996. Esa es la única forma de detener el saqueo nacional y las injustas condiciones de vida a las que el Estado mexicano ha condenado a los pueblos indígenas de México

El desastre ecológico nacional

Napoleón Gómez Urrutia

   

   A la explotación desmedida del trabajo humano que con frecuencia se da en la actividad minera del país, hay que sumar desde hace mucho tiempo la devastación del medio ambiente que se produce en los sitios de extracción o beneficio de minerales y metales. Se trata de una explotación sin control de los recursos naturales, precisamente por falta de políticas y regulaciones del gobierno, donde éste obligue a las empresas mineras y metalúrgicas a cumplir con la conservación de aguas, suelos, subsuelo, bosques, atmósfera, plantíos, cañaverales y pastizales donde se destruye la biodiversidad.

La actividad de algunas de las empresas minero-metalúrgicas que actúan sin responsabilidad social, especialmente las más poderosas, va acompañada por el daño, hasta hoy irremediable, que se ocasiona a los sistemas ecológicos en las áreas de trabajo minero. Y si muy frecuentemente las empresas no ofrecen las condiciones básicas de seguridad, higiene industrial y salud a sus propios trabajadores, tampoco lo hacen en materia de protección al medio ambiente. El hecho es que, según estimaciones del Inegi, el daño ambiental le cuesta al país 8 por ciento del producto interno bruto.
No hay que ir muy lejos para descubrir quién es el principal responsable de la tremenda destrucción ambiental. Es el gobierno federal, que con esto agrega otro fracaso a los que inocultablemente ha acumulado en los dos sexenios de política panista. La depredación ecológica en las minas y lugares adyacentes, una vez más es producto de una política unilateral y exenta de visión que sólo atiende al interés de un sector: el de las compañías mineras. Es evidente que existe una total inconformidad, porque el gobierno nunca consulta a los pueblos del entorno minero sobre los inevitables daños a la ecología de los lugares cuando otorga las concesiones a las empresas, tanto mexicanas como extranjeras. Sobre todo cuando se abusa del agua en los procesos de producción y lavado de las tierras extraídas, contaminándola con cianuro y otros productos químicos, dejando sin este recurso básico a las comunidades. Hay una ausencia criminal del gobierno en este renglón, si no es que una participación cómplice y sumisa de gobernantes y políticos, que comienza en el momento en que la Secretaría de Economía concesiona fundos mineros a las compañías, sin definir ella misma los límites ni obligar a las empresas a establecer de antemano compromisos firmes e ineludibles para el respeto y la conservación de la naturaleza. La búsqueda de la ganancia determina las acciones empresariales y gubernamentales. De nuevo la ignorancia y la avaricia puestas al servicio únicamente de intereses particulares.
En los dos gobiernos conservadores surgidos desde el año 2000 se han otorgado concesiones mineras a manos llenas, sin ninguna limitación, al grado que las dos administraciones panistas han entregado 26 por ciento del territorio nacional a empresas tanto del país como de capital foráneo, y en los últimos años han aprobado 757 proyectos extranjeros para extracción minera. Esto significa que han cedido a grupos empresariales de la minería un total aproximado de 56 millones de hectáreas, en una dimensión territorial de 200 millones de hectáreas de toda la extensión nacional. El gobierno otorga a unas cuantas empresas mineras y metalúrgicas mexicanas concesiones escandalosamente lesivas al interés nacional, como es el caso del Grupo México de Germán Larrea, al cual le obsequiaron recientemente más de 400 concesiones, cada una de ellas con más de 15 mil hectáreas, así como la dádiva inconstitucional de explotar el gas metano proveniente de las minas de carbón, cosas que ocurrieron en los momentos del homicidio industrial de Pasta de Conchos en febrero de 2006, del cual es responsable directa esa misma empresa. En ninguna de todas estas concesiones otorgadas ha habido un compromiso ambientalista serio, mucho menos de respeto a los derechos laborales y humanos, sino que la protección de la ecología sólo se quedó en las intenciones escritas pero difícilmente verificadas o nunca evaluadas.

Esto ha orillado a que las poblaciones de los sitios mineros protesten valientemente contra la devastación ecológica, por razones de simple supervivencia o en relación con la demanda indígena de respeto a sus lugares sagrados. Es larguísima la lista de las poblaciones que reaccionan contra esta situación, sin que el gobierno les dé cauce o solución. Así vemos cómo la empresa de capital canadiense Minera San Xavier, de explotación del oro y otros minerales, ha devastado el cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, con el apoyo cómplice de gobernantes federales y estatales, donde se ha denunciado la participación del ex presidente Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún entre los beneficiarios de esta depredación, pese a las protestas de sus pobladores y de un amplio sector de la sociedad civil. De la misma manera, ante la cauda innumerable de violaciones ecológicas, los gobiernos federal y casi todos los de los 26 estados donde hay explotaciones mineras sólo formulan vagas promesas y le dan soluciones largas a los problemas de fondo. Pero eso sí, en vez de atenderlos, utilizan la fuerza pública para reprimir las protestas de las comunidades, lo mismo que hacen con los reclamos laborales de los trabajadores mineros.

Esta es una situación de desastre verdaderamente grave, que debe ponerse en un primer lugar de las prioridades nacionales en el futuro próximo. Es una insensatez absoluta y suicida la manera en que se manejan las concesiones mineras y se ignora en ellas la protección y la conservación de la ecología. México requiere de una política radical y enérgica en contra de la dilapidación de los recursos naturales no renovables.

     La tierra, el agua y la resistencia

Raúl Zibechi

     Lo que está sucediendo en América Latina en relación con los bienes comunes (agua, tierra, biodiversidad) es algo más que una sucesión de conflictos locales. Por momentos la intensidad de los enfrentamientos da la impresión de que marchamos hacia una conflagración general, que por ahora tiene expresiones locales y regionales, pero que se repiten en casi todos los países.

La Gran marcha nacional del agua, que comenzó el primero de febrero en Cajamarca, es la respuesta de los movimientos populares a la represión y al estado de excepción en tres provincias por parte del gobierno de Ollanta Humala, ante la huelga de 11 días en Cajamarca contra el proyecto minero Conga. La caravana llegará este viernes a Lima para frenar el uso de productos contaminantes como el mercurio y declarar el agua como derecho humano.

Conga es un proyecto de la Minera Yanacocha, la primera en extracción de oro en América del Sur, que prevé invertir casi 5 mil millones de dólares y drenar cuatro lagunas, dos para extraer oro y otras dos para almacenar desechos. Las actividades en Conga están paralizadas desde la huelga de noviembre. Lo más importante es que el movimiento ha conseguido trascender lo local para convertirse en la confluencia de las más importantes organizaciones sociales para una gran acción de carácter nacional.

En el norte de Argentina se reactivó la resistencia a la minería. En enero se produjeron masivas movilizaciones impulsadas por las asambleas ciudadanas, en La Rioja, Catamarca y Tucumán, contra los proyectos mineros Famatina y Bajo La Alumbrera. En La Rioja la movilización popular forzó al jefe comunal de la capital provincial a pronunciarse contra la megaminería, aunque está alineado con el gobierno nacional.

En Catamarca el bloqueo a los camiones que se dirigen a Bajo La Alumbrera llevó a la empresa a licenciar al personal y detener la explotación por la falta de insumos y provisiones en la mina. Hace más de tres semanas que los militantes de la Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el Agua bloquean el tránsito de camiones que pertenecen a la empresa minera y que circulan por Tinogasta, Belén y Santa María.

Uno de los conflictos menos visibles pero con gran potencial desestabilizador es el que se está registrando en Paraguay entre campesinos y colonos de origen brasileño, conocidos popularmente como brasiguayos. Se estima que hay 8 millones de hectáreas, 20 por ciento de la superficie del país, adjudicadas ilegalmente, sobre todo bajo la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). Una parte importante fueron entregadas a colonos provenientes de Brasil, en hasta un dólar la hectárea en la zona fronteriza.

Ahora son grandes productores de soya que sacan su producción por Brasil sin pagar siquiera impuestos. Tranquilo Favero, el rey de la soya, posee 45 mil hectáreas de tierras de alta calidad en las que cosecha hasta 130 mil toneladas cada año, que le rinden unos 50 millones de dólares, en la zona de Ñacunday, Alto Paraná. Esta es la región más caliente del conflicto actual, en la que se enfrentan sin tierra y terratenientes, pero en la que están también involucrados los gobiernos de Fernando Lugo y Dilma Rousseff.

Si la producción de soya, con su secuela de contaminación y expulsión de campesinos, es grave, la cuestión fronteriza también lo es. De los 400 mil brasileños que viven en Paraguay, unos 250 mil ocupan la faja fronteriza con Brasil. En 2007 el gobierno paraguayo aprobó la Ley de Frontera por la cual los extranjeros no pueden tener tierras a menos de 50 kilómetros de la frontera, como forma de afirmar la soberanía nacional. Brasil tiene una legislación similar aunque más estricta.

En 2011 se conformó la Coordinadora Nacional de Lucha por la Recuperación de Tierras Malhabidas –en la que participan más de 20 organizaciones campesinas, sociales y partidos de izquierda–, que realizó su primera marcha el 25 de octubre pasado. Los dirigentes sostienen que la recuperación de esas tierras podrían favorecer a 400 mil campesinos.

La cuestión de la tierra es uno de los temas más delicados en Paraguay, por la larga historia de corrupción, abusos y represión que forzaron el despojo de los campesinos. Lugo llegó al gobierno en gran medida por su estrecha relación con la lucha por la reforma agraria cuando era obispo. Bajo su gobierno no se avanzó en la reforma agraria, pero en los últimos meses los campesinos agrupados en la Liga Nacional de Carperos (porque acampan en carpas) están ocupando tierras de brasiguayos.

La liga nació dos años atrás ante la inacción del movimiento campesino en la lucha por la tierra, pero la coordinadora en un reciente comunicado estima que sus acciones forman parte de una estrategia desestabilizadora contra el gobierno de Lugo y que en su interior está primando la influencia de provocadores que objetivamente perjudican la histórica lucha por la tierra y la reforma agraria.

En el complejo panorama de los movimientos paraguayos, no conviene simplificar. La lucha de los carperos es legítima pero todo indica que junto a una nueva camada de dirigentes populares se puede percibir la influencia de políticos tradicionales de la derecha, ya sea colorados o liberales, éstos aliados de Lugo, y oportunistas que nunca faltan. Sin embargo, también es cierto que los movimientos históricos, que integran la coordinadora, priorizan las negociaciones en vez de la presión desde abajo por la reforma agraria, y se muestran muy preocupados por la sucesión presidencial en las elecciones de 2013.

La lucha por los bienes comunes está en el primer lugar de la agenda en toda la región. Es posible, como señala un dirigente sindical de Chilecito, que las multinacionales mineras estén sufriendo una una derrota catastrófica en el norte de Argentina. Grupos pequeños como las asambleas ciudadanas, en lugares remotos de la cordillera, han logrado frenar gigantescas empresas que gozaron de todo el apoyo estatal. Es mucho. Es el producto del tesón, que en algún momento rinde frutos.