Voto nulo y abstencionismo- Retrato del hambre: rarámuris, campesinos y trabajadores- La prueba de ácido: primera reacción

Voto nulo y abstencionismo

Octavio Rodríguez Araujo

   Entre ciertos sectores de la llamada sociedad civil, que etimológicamente es también política (cîvîlis, cîvîle = ciudadano, político, público, según mi diccionario latín-español), se reproduce la idea de anular el voto en las próximas elecciones federales. El argumento más generalizado es que tanto los partidos como los candidatos no son creíbles o, por lo menos, no son lo que algunos quisieran. Otra consideración semejante, pero distinta en su esencia, es que la mal llamada clase política ha expropiado a la sociedad sus derechos civiles (en el sentido de ciudadanos), para usarlos a su favor en la esfera del poder, de un poder con el que no cuentan los ciudadanos comunes. Otro razonamiento, que viene fundamentalmente del anarquismo, es que todo poder y toda jerarquía son, por definición, autoritarismo e imposición de unos sobre otros (dominación).

Daré por buenas, sin estar de acuerdo, las anteriores justificaciones para querer anular el voto el próximo primero de julio. Pero destacaré un problema que ahí está pero no quieren ver ni los anulistas ni los abstencionistas: que voten o no, alguien ganará la Presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados, aunque sea por un voto sobre sus competidores. Y no sólo esto, sino que mientras no se cambien la Constitución y las leyes que determinan y sustentan nuestro sistema político, habrá un gobernante, además de legisladores. Y esto será así porque en nuestra democracia, tan imperfecta como se la quiera ver, con un voto se gana. Bien lo dijo López Portillo cuando era el único candidato presidencial: si voto por mí, gano. Y tenía razón, pues no había alternativa: ciertamente era el único registrado como tal.
Algunos de los defensores del voto nulo o de la abstención (que en el contexto son casi sinónimos) sostienen también que si todos echaran a perder sus votos o se quedaran en su casa el día de la elección, se demostraría que ni los partidos ni sus candidatos tienen legitimidad. Pero toca el caso que esto nunca ocurrirá, por alguna de las siguientes razones: no todo mundo está de acuerdo en abstenerse o en votar nulo, entre otras cosas porque son militantes de partidos, porque les gustan uno o varios candidatos, porque pese a no ser una obligación votar, como en otros países, lo consideran un deber cívico y porque no hay autoridad moral suficiente entre los anulistas y abstencionistas para convencer a todos los mexicanos mayores de edad. Metafóricamente se ha hablado del partido de la abstención, pero no existe como tal: no todos los que se abstienen lo hacen por rechazo; muchos lo hacen por apatía o porque el partido de futbol está muy interesante o porque ese día llovió y no quieren mojarse.
Estos defensores del voto nulo o de la abstención generalizados como supuesta lección para los políticos en realidad son víctimas del pensamiento ilusorio (en inglés wishful thinking), o de una suerte de voluntarismo, más que subjetivo, solipsista.

En la realidad concreta de cada país y de sus respectivas elecciones, los partidos existen porque no se ha encontrado mejor fórmula para proponer alternativas organizadas a lo existente (en el mejor de los casos), así como candidatos a gobernar y a representar (mal o bien) los deseos y necesidades de las sociedades complejas en que vivimos. Por lo mismo, los políticos y los gobernantes también existen; y tanto unos como otros son también ciudadanos, que hacen política como otros hacen comida, casas o música (aunque puede haber políticos que cocinen bien, o sean constructores o toquen el piano; no son actividades excluyentes).

Por lo tanto, les guste o no a muchos que ven feo a la política y a los políticos, éstos no dejarán de existir y la representación y el poder no serán eliminados por los buenos o malos deseos de sus detractores.

Lo mismo se puede decir de aquellos que se sienten tan puros en su ética y en su ideología que no encuentran, a la medida de su subjetividad, ningún partido ni candidato que les cuadre. No me siento representado en ninguno de ellos, suelen decir, para añadir de inmediato: mejor no voto, o si voy a las urnas anulo mi boleta. La gran paradoja de quienes así piensan es que con su voto nulo o su abstención le estarán tendiendo un puente de plata a quienes tienen la sartén por el mango o la fuerza suficiente para apoderarse de ella, es decir a quienes ya gobiernan o a quienes gozan de mayores apoyos de los poderes fácticos que controlan los medios de comunicación y concentran las mayores riquezas del país, de un país donde el voto se compra incluso con una despensa o con láminas de cartón enchapopotado. Estos puros e impolutos ciudadanos, henchidos de ética y a veces de moralina, no quieren aceptar que con su posición favorecen a quienes tienen ya el poder o la fuerza suficiente para disputarlo en una realidad donde con un voto se gana.

Asumen, asimismo, que votar por el que ellos consideran menos malo no es ético ni mucho menos revolucionario (en el caso de que dichos puros sean revolucionarios), pero no toman en cuenta que ese que llaman menos malo puede significar cambios que millones de personas, sobre todo los menos favorecidos de la sociedad, quieren aunque sea por el famoso peor es nada.

En mi lógica el a veces llamado menos malo es el bueno, incluso el mejor que podamos tener bajo ciertas circunstancias, reales y concretas. Que no es socialista, ¿importa? En el México de nuestros días muy poca gente aspira o lucha por el socialismo, y aun así no se ponen de acuerdo en su significado para un país como el nuestro. Es más lo que se sabe de lo que no se quiere que de lo que realmente se desea.

Una última reflexión: no les vaya a ocurrir a los anulistas y abstencionistas que por seguir sus sentimientos antipolíticos se desayunen con la novedad de que los gobierna quien, al final, resulte candidato del PRI o del PAN, es decir más de lo mismo, o peor.

http://rodriguezaraujo.unam.mx

Priístas-Helguera

ahelguera@jornada.com.mx

Retrato del hambre: rarámuris, campesinos y trabajadores

Adolfo Sánchez Rebolledo

   La fotografía de Tomás Montero Torres tiene el aura de una imagen clásica. Capaz de fijar el rostro cincelado por los elementos, sobresale la mirada, más de angustia que de extrañeza o temor. El retrato subraya la altivez del hombre, y al hacerlo propicia acaso involuntariamente el estereotipo, el viejo cliché fundador que, sin negar la desolación causada por la pobreza, reivindica como valor nacional recuperable la fuerza ancestral de la raza (Rarámuri: el indio de los pies alados) o la fuente de su otredad (La superstición: ruina de la raza india), en definitiva ese viejo recurso de autodescargo moral que permite mirar sin ver la realidad de los pueblos originarios bajo la óptica del desarrollismo integrador de mediados del siglo XX. Montero viaja a la sierra Tarahumara junto con el cronista Ignacio Mendoza Rivera para realizar un muy extenso reportaje que se publicaría a lo largo de 10 continuos en la revista Mañana, según registra su hija Martha, responsable del valioso archivo que ella conserva hasta hoy. Y lo hacen con la urgencia de registrar los episodios de hambre y mortandad que amenazan la sobrevivencia de las comunidades ubicadas en los páramos grandiosos de la serranía de Chihuahua: Hambre, sed y enfermedades en la Tarahumara, Huida a las montañas, son algunos de los títulos de la investigación periodística. La fecha: junio de 1953.

Hace unas semanas, poco antes de que la sequía prolongada mostrara sin tapujos la situación imperante en vastas regiones del país, y en particular en la Tarahumara, el líder de los ceramistas rarámuris Ramón Gardea denunció que las cosas ya estaban llegando a límites intolerables. La aparición de la palabra suicidio desató el estupor nacional y, como en 1953, se precipitó la llegada de los medios para comprobar sobre el terreno qué estaba pasando. Las autoridades de inmediato rechazaron el amarillismo de las primeras informaciones, pero no pudieron evitar que el mundo se enterara de cómo malviven en pleno siglo XXI las comunidades indígenas, y otras que no lo son pero comparten con ellas la inequidad social, agravada en este caso por la sequía, la imprevisión oficial y el desprecio que en general se observa hacia el mundo rural no capitalista. Ante la sucesión de dichos y autoexculpaciones, el legislador local indígena Samuel Díaz Palma, según el registro de Jaime García Chávez, denunció lo que ya debería ser desde hace décadas un fragoroso lugar común: Ya se requiere un programa integral con visión de largo plazo para que las comunidades indígenas en extrema pobreza reciban algo más que cobijas y despensas... Si insistimos con el asistencialismo, sólo vamos a provocar que sigan muriendo más indígenas.
Si esto no ocurre, asegura el mismo García Chávez, ello se debe a “la incuria e indolencia gubernamental… Los gobiernos anteriores han mantenido un costoso y corrupto aparato burocrático denominado Coordinadora de la Tarahumara, que sólo sirve para alimentar el clientelismo electoral y malbaratar una parte del presupuesto en el otorgamiento de becas a una red de funcionarios que viven más atentos a los movimientos del PRI que a los sufrimientos de las etnias. Si nos vamos más atrás, Profortarah, como organismo descentralizado del gobierno federal, se erige en uno de los más sonados fracasos por llevar justicia, innovación y mediación en el precio de la madera de que se tenga memoria.

La extraordinaria respuesta de la gente común para auxiliar a las comunidades rarámuris da cuenta, por fortuna, de un potencial de solidaridad que, sin embargo, no funciona como gran palanca para la equidad que, por lo visto y aprendido, no puede estar en manos de los grupos de poder que alternándose han gobernado Chihuahua y el país entero. Menos cuando se dejan en la orilla, o se abandonan, los principios y los instrumentos que permitirían a la sociedad mexicana reducir la desigualdad que la caracteriza. Es un hecho demostrable que es imposible salir de la encrucijada en la que nos hallamos por el simple expediente de aplicar las recetas que nos han conducido a la crisis, mismas que observan la cuestión social como un aspecto subsidiario de las políticas económicas que en última instancia propician la concentración del ingreso, aunque se proclamen humanistas.

Que este es el tema central de la coyuntura lo comprueba el fracaso global de las políticas neoliberales para frenar el crecimiento de la desigualdad, marcada por los datos del desempleo que ha dado a conocer la Organización Internacional del Trabajo en su última investigación al respecto (Tendencias mundiales del empleo 2012: prevenir una crisis mayor del empleo). Allí se asienta que cerca de 30 por ciento de todos los trabajadores del mundo –más de 900 millones– vivían con sus familias por debajo de la línea de la pobreza en 2011, unos 55 millones más de lo previsto con base en las tendencias anteriores a la crisis. De estos 900 millones, alrededor de la mitad vivía por debajo de la línea de pobreza extrema de 1.25 dólares al día. Además, el número de trabajadores en empleo vulnerable en 2011 se estimaba en mil 520 millones a escala mundial, un incremento de 136 millones desde 2000 y cerca de 23 millones más comparado con 2009. En la siguiente década, la sociedad tendrá que crear 600 millones de empleos, lo cual parece imposible sin un cambio de fondo en los paradigmas hoy dominantes.

Por ello es muy saludable el hecho de que un importante contingente de campesinos y obreros mexicanos, desafiando el frío, la frivolidad electoral y el silencio mediático, se manifestara, como pasó el martes, por las calles de la capital de la República para exigir un cambio de rumbo al gobierno y medidas de urgencia para restaurar la seguridad alimentaria. Seguramente los adictos a la retórica oficialista (los propios interesados en fabricarla) prefieren noticias menos amargas, como las que les proporciona a tiro por viaje la oficina del Ángel de la Dependencia. ¿Y por qué, mejor, de una vez no venden el país entero, con todo y sus reservaciones indias, antes de que la bolsa estalle? Abur.

Con razón-Ahumada

ahumada@jornada.com.mx

La prueba de ácido: primera reacción

Jorge Eduardo Navarrete

   Es frecuente que se caracterice la relación con Estados Unidos como la prueba de ácido de la política exterior y de la diplomacia de México. No son pocas las razones que respaldan este aserto. Es también común el planteamiento de que para este país no hay relación bilateral de mayor importancia. Al subrayarlo, a veces se implica que es la única que de veras importa, en la que deben concentrarse recursos e iniciativas. Con un enfoque utilitario, inmediatista, se asegura que ofrece mayores rendimientos, dado el enorme caudal acumulado a lo largo del tiempo. Este punto de vista ha prevalecido en varias épocas, en particular en los últimos tres decenios. Dada la geografía y ya entrados en gastos –se alega–, hay que ir más adelante por el mismo camino. Un ejemplo se halla en Un futuro para México, texto que Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda publicaron en Nexos en diciembre de 2009 y que ha sido debatido con alguna amplitud.

La preponderancia, histórica y futura, de la relación bilateral con Estados Unidos exige asumirla en su dimensión e importancia reales y, sobre esta base, en lugar de persistir en el camino seguido desde los años 90, trazar para ella un rumbo distinto, que rechace la subordinación, abata la vulnerabilidad, disminuya la dependencia –que ha llegado a ser umbilical– y multiplique las opciones. Este objetivo no puede alcanzarse sin reconstruir el conjunto de la política exterior del Estado mexicano, de suerte que México se constituya en actor relevante de una globalidad en trance de profunda transformación a partir, por lo menos, de la Gran Recesión.
Como coincidencia que ocurre cada 12 años, en 2012 México y Estados Unidos elegirán jefe de Estado. Para ambos son elecciones definitorias. México está enfrentado a una opción nítida: persistir en la orientación en general errada que ha seguido al menos por tres decenios y que se ha extraviado aún más en este siglo, o adoptar un nuevo proyecto de nación, que corrija en profundidad ese rumbo. En Estados Unidos, con la crisis y sus secuelas y como reacción al resultado electoral de 2008, que llevó por primera vez a un ciudadano afroestadunidense al Ejecutivo, se cierne el riesgo de un retroceso histórico que encumbre, al menos por un cuatrenio, al conservadurismo extremo y fundamentalista. Podrá alegarse que muchas de las propuestas radicales de los precandidatos republicanos son sólo ruido de campaña. Lo cierto es que inclinan el eje del debate público y crean ambientes de opinión que será difícil revertir, cualquiera que sea el resultado. En México, un tercer gobierno del PAN aceleraría la deriva autoritaria, insistiría en el desmantelamiento del Estado laico y mantendría políticas económicas, sociales, educativas y culturales contrarias a los intereses de la mayoría emprobrecida. El PRI propone en esencia un retorno al presidencialismo omnímodo, en nombre de la eficacia como atributo máximo del gobernante. El proyecto alternativo de la izquierda, que continúa integrándose y precisándose, ofrece la posibilidad de un futuro diferente, construido a partir de un combate frontal a la desigualdad, que alentaría la recuperación del crecimiento.
Por lo anterior, en mayor grado que en cualquier momento del pasado reciente, el futuro de la relación bilateral pende de los resultados electorales de julio y noviembre. Muchas de las oportunidades de corregir el sentido de esa relación, a favor de ambos países, suponen que México elija la opción progresista y que en Estados Unidos mantenga el poder un gobierno dispuesto al diálogo, la negociación y el entendimiento. En cualquier circunstancia, por supuesto, habrá que pugnar porque México corrija el rumbo de sus relaciones con el vecino del norte, pero con la derecha entronizada la tarea sería mucho más difícil y compleja, si es que acaso se emprende.

La primera reacción de la prueba de ácido alude al segmento más sensible e importante de la relación bilateral, el de la legislación y las acciones migratorias estadunidenses, que afectan a uno de cada 10 mexicanos. En el último decenio, dos acontecimientos deterioraron las condiciones y actitudes que encuentran los emigrantes: la obsesiva prioridad otorgada desde septiembre de 2001 a la seguridad interna y la explosión de los niveles de desocupación traída por la crisis. Provocaron tanto la reducción de la demanda de trabajadores inmigrados como el reforzamiento de los prejucios, la discriminación y el rechazo que sufren. Sin apoyo legislativo, se extremaron las prácticas restrictivas de autoridades federales y locales. Se pensó que el endurecimiento de las acciones represivas –como multiplicar las inspecciones de centros de trabajo en busca de inmigrados irregulares por deportar o la exclusión de ellos y sus familias de los servicios públicos de educación y salud– ayudaría a movilizar apoyo para iniciativas inteligentes, como la llamada Dream Act. Los resultados fueron dolorosamente contraproducentes. Algunos estados de la Unión adoptaron leyes migratorias dictadas por la intolerancia, al margen de la legislación federal en la materia.

El contenido y tono del debate político-electoral sobre migración en Estados Unidos parece cerrar casi todas las opciones de reforma, excepto las más desfavorables. Si el gobierno estadunidense decide emprender la reforma de fondo de su legislación migratoria, correspondería a México, en primer lugar, señalar con claridad los requisitos esenciales que deberían satisfacerse para hacerla compatible con los derechos humanos y laborales de los mexicanos –y otros extranjeros– que se encuentran en ese país, con independencia de su calidad migratoria. Deben establecerse y publicitarse los límites que cualquier legislación nacional estadunidense debe respetar para no resultar violatoria de la legalidad internacional. Si bien es facultad soberana de los estados legislar en materia migratoria, es claro que toda legislación nacional debe respetar y ser congruente con los derechos reconocidos en instrumentos internacionales y proscribir toda forma de discriminación de los inmigrados.

Habría que emprender, además, un amplio ejercicio de cabildeo con organizaciones políticas, sociales y sindicales estadunidenses a favor de los contenidos básicos de cualquier nueva legislación migratoria. Las comunidades mexicanas residentes en aquel país serían aliadas invaluables en esta amplia tarea de información y convencimiento. Es indispensable responder a la retórica antimigrante. En paralelo, deberían corregirse en México las vergonzosas prácticas y actitudes frente a los emigrantes que cruzan el territorio nacional.

Debería buscarse también el apoyo de gobiernos latinoamericanos interesados en posibles planteamientos comunes y, más allá, la consideración del tema en organismos multilaterales como la OIT, el Ecosoc y la Asamblea General de la ONU, cuyas agendas comprenden la migración y los trabajadores migrantes.