Cuba: Examen en Ginebra
Las Damas de Blanco rezan en la Habana, Cuba.
Foto: AP
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GINEBRA (apro).- Las detenciones arbitrarias en Cuba “contra elementos
políticos hostiles al régimen” pueden durar hasta una semana, las llevan a cabo
diferentes organismos de seguridad del Estado y habrían sido 2 mil 400 en lo que
va del año, unas 420 sólo en el pasado mes de marzo.
Así lo denunció el Comité de la ONU contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanas o Degradantes ante el que Cuba compareció la semana pasada en
Ginebra.
La acusación –negada en forma unánime por los delegados cubanos– fue
pronunciada por dos de los diez expertos independientes de diferentes
nacionalidades que componen este Comité: la noruega Nora Sveaass y el español
Fernando Mariño Menendez.
La denuncia significaría una criminalización de la protesta social, definida
por la peligrosidad potencial de las víctimas, un fenomeno que hermana en la
técnica represiva a la socialista Cuba con varios otros paises capitalistas
latinoamericanos.
Sin embargo, para el embajador de Cuba en Ginebra, Alfonso Reyes, la
información es falsa y su origen abreva en agentes de los servicios de
inteligencia estadunidenses que trabajan para anexar a la isla mayor del Caribe
a Estados Unidos.
Sveaass y Mariño pidieron asimismo a Cuba, entre otros casos, que aclarara
dos muertes: la del disidente Wilman Vilar Mendoza, condenado a 4 años de
cárcel, quien sucumbió el 21 de enero de 2012 tras 50 dias de huelga de hambre;
y la del opositor Juan Soto García, el 7 de mayo de 2011, presuntamente abatido
de manera salvaje en cautiverio.
El vicefiscal general de Cuba, Rafael Pino Becquer, quien también participó
en las dos jornadas de debates en Ginebra, indicó que los fallecimientos de
presos en Cuba son objeto de control judicial por investigaciones de oficio, con
sus debidas autopsias, y que no existió violencia en las causas esos
fallecimientos.
No obstante, Pino Bécquer admitió que “del 2007 a 2011 fueron atendidas en la
Fiscalía 419 mil 982 personas que presentaron denuncias, quejas o peticiones”,
de las cuales 263 fueron por malos tratos en lugares de detención, en razón de
lo cual “resultaron penalmente responsables 46 agentes de las fuerzas del
orden”, castigados con sanciones entre uno y ocho años de cárcel.
Durante las deliberaciones la experta de Marruecos, Essadie Belmir, estimó
que la justicia en Cuba no es independiente porque no existe separación de
poderes en el sistema de gobierno y los tribunales dependen de la Asamblea
Nacional o del Consejo de Estado, la estructura ejecutiva de gobierno nacional,
lo que consideró que es una debilidad para prevenir y combatir la tortura.
Pino Bécquer le salió al paso. Afirmó que los magistrados en Cuba obedecen la
ley, existen garantías jurídicas, no existen lugares secretos de detención ni se
practica la tortura.
La experta de Estados Unidos, Felice Gaer, abogó por su compatriota, Alan
Gross, detenido el 4 de diciembre de 2009, reiterando la petición de liberación
efectuada por el expresidente James Carter. Cuba replicó que Gross fue condenado
por atentar “contra el orden constitucional cubano”, supuestamente instigado por
Estados Unidos, al que ha ofrecido “dialogar para encontrar una solución”, sin
tener todavía respuesta.
El experto de Senegal, Abdoulaye Gaye, criticó que la tortura no sea un
delito que se castigue en el Código Penal de Cuba, que haya detenciones de
caracter indefinido, sin plazos maximos, y requirió se le informe si un detenido
puede elegir a un médico para que lo examine. Cuba reconoció que el delito de
tortura no está aun tipificado como tal en su legislación. Aseguró que esta
ausencia legal se va a remediar por medio de una reforma en curso y agregó que
las detenciones sólo las puede llevar a cabo la policia y por 24 horas, las que
pueden prorrogarse hasta 72 horas bajo orden de la fiscalía. Luego el juez
procesa o libera al detenido.
El experto de Japón, George Tugushi, manifestó que la situación en las
penitenciarias de Cuba es de hacinamiento, malnutrición, mala higiene y
propagación de enfermedades, en las que se propinan palizas a los que protestan,
y se fuerza al exilio a detenidos, con penas de 5 años de carcel si no
aceptan.
Cuba lo desmintió. Dijo que la capacidad carcelaria es holgadamente
suficiente: hoy de 57 mil 337 presos. Aseguró que las condiciones son
humanamente aceptables, carentes de golpizas e intimidaciones. Los
representantes cubanos no asumieron la existencia de traslados forzozos ni
desplazamientos en el territorio nacional. Tampoco reconocieron el exilio
interno o externo.
El chileno Claudio Grossman, presidente del Comité, cuestionó el criterio de
“proclividad” a cometer delito contra “la forma de vida socialista” que rige en
Cuba para sostener condenas a muerte, insistiendo en la posición de la ONU en la
materia, de promover su abolición.
Grossman sostuvo que existen juicios sumarisimos de tres dias, sin
intervencion visible de los abogados defensores, ante tribunales que han
proclamado la pena capital. Cuba adelantó que espera algun día se reunan las
condiciones para prohibirla, y avanzó que estudia ratificar los dos pactos
fundadores de Naciones Unidas: el de los derechos civiles y politicos y el de
los derechos económicos, sociales y culturales, para dejar de ser el unico país
del mundo que no lo ha hecho. Además, y con ambiguedad diplomática, dejó
vislumbrar que podría alguna vez ratificar las Convenciones de la ONU sobre los
Estatutos de los Refugiados y de los Apátridas, adoptadas respectivamente en
Ginebra, el 28 de julio 1951, y en Nueva York, el 28 de septiembre de 1954.
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