Justicia pendiente- El Estado mexicano, a juicio en Juárez- El acaparamiento total

Justicia pendiente

EU: persiste en México la impunidad de militares que violan derechos humanos

Los abusos, ligados sobre todo a la lucha contra el crimen organizado, señala

Grupos trasnacionales, principales responsables de delitos violentos, sostiene

Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que la mayoría de desapariciones forzadas cometidas por las fuerzas de seguridad ocurrieron durante operativos contra criminales. En la imagen, camión con mariguana detectado por policías en Tijuana, Baja California

Foto Notimex

David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 25 de mayo de 2012, p. 2

      

        Nueva York, 24 de mayo. Las violaciones a los derechos humanos en México están ligadas principalmente a la lucha contra el crimen organizado, ya que integrantes de las fuerzas de seguridad han estado involucrados en matanzas, desapariciones forzadas, torturas y otros abusos, mientras persiste un alto índice de impunidad y corrupción oficial, señaló el Departamento de Estado.

En la sección dedicada a México en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo –2011 Country reports on human rights practices–, subraya además que las organizaciones criminales trasnacionales son las principales responsables de delitos violentos en el país.

Esos grupos muestran nulo respeto ante las bajas civiles en sus batallas contra las fuerzas de seguridad y/o sus rivales; además, promueven el tráfico de seres humanos e intimidan a periodistas y defensores de derechos humanos, señala.

En ese contexto, se preguntó al secretario asistente de Estado para Derechos Humanos, Michael Posner, si las violaciones cometidas por fuerzas de seguridad en México son abordadas con el gobierno calderonista en el contexto de la asistencia estadunidense por la Iniciativa Mérida.

En su respuesta, Posner insistió en que hay una discusión bilateral constante sobre el asunto. Hemos sido muy claros con el gobierno de México (...) en intentar asegurar el rendimiento de cuentas por excesos de militares mexicanos; mayor rendimiento de cuentas en parte con el traslado de casos a tribunales civiles; mayor rendimiento de cuentas con mayor transparencia sobre cuáles casos están bajo investigación.

Se realiza un proceso de evaluación porque parte de la asistencia por la Iniciativa Mérida está condicionada al respeto de derechos humanos, indicó.

Agregó que, a largo plazo, hay una necesidad de fortalecer una policía nacional o provincial y un sistema legal para ofrecer una forma de abordar esta violencia constante.

El informe resume los problemas reportados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México (CNDH), incluyendo secuestros, abuso físico, sobrepoblación en las prisiones, arresto arbitrario, corrupción y falta de transparencia, que engendran impunidad dentro del sistema judicial, así como las confesiones basadas en torturas.

Los problemas sociales incluyen violencia doméstica, homicidio de mujeres, amenazas y ataques a periodistas, tráfico de personas, discriminación social y económica contra integrantes de comunidades indígenas y trabajo de menores de edad.

El informe indica que, a pesar de algunos arrestos por corrupción, una amplia impunidad ante abusos de derechos humanos por oficiales permaneció como un problema en jurisdicciones civiles y militares.

Como ejemplos de corrupción de alto nivel, en el informe están el caso del ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira, el del ex alcalde de Cancún Gregorio Sánchez y otros ex funcionarios, así como los de policías.

El informe indica que la Secretaría de Defensa Nacional, con un papel cada vez mayor en la lucha contra el crimen organizado, es la entidad con el mayor número de denuncias por abusos, según la CNDH, con un total de mil 695 quejas a lo largo de 2011.

Las quejas contra la Secretaría de Marina se incrementaron de 198 en 2010 a 495 en 2011. Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos creíbles continuaron acusando que un sistema de justicia militar opaco contribuyó a la impunidad, indicando un fracaso en investigar, fiscalizar y condenar a militares por violaciones de derechos humanos.

Reporta que hubo múltiples casos de desapariciones forzadas cometidas por el Ejército, la Marina y policías, y la mayoría ocurrió durante operaciones de seguridad.

En esos casos, cita informes de la Organización de Naciones Unidas que subrayaron un patrón de impunidad y falta de investigación, y que el número de casos se ha multiplicado.

El informe agrega que la CNDH recibió mil 626 quejas de trato cruel e inhumano y 42 por tortura en 2011 (comparado con mil 170 en el primer rubro y 10 en el segundo en 2010), incluyendo algunos casos de ciudadanos estadunidenses que reportaron ese tipo de maltrato al estar bajo custodia de autoridades mexicanas.

También indica que Human Rights Watch reportó 170 casos de tortura cometidos por fuerzas de seguridad en los estados de Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco desde el inicio de la guerra contra las drogas, en 2006.

Además, los secuestros continuaron como un problema serio para personas de todos los niveles socioeconómicos, según el informe, el cual añade que hubo reportes creíbles de la participación de policías a nivel local y estatal en los plagios.

Cita además información de la CNDH sobre violaciones a los derechos de indocumentados cometidos por policías, oficiales de migración y de aduanas.

En otro rubro, señala las consecuencias de la violencia ligada al crimen organizado sobre la libertad de prensa y la integridad física de periodistas.

Destaca que las organizaciones criminales trasnacionales cometieron delitos que parecían ser políticamente motivados, incluyendo el asesinato de 20 alcaldes entre 2010 y 2011. Y reporta el asesinato contra tres activistas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que supuestamente perpetraron sicarios.

El informe aborda los derechos laborales. Afirma que “en la práctica, el gobierno no protegió de manera consistente esos derechos.

Su fracaso general en hacer cumplir leyes laborales dejó a trabajadores sin muchos recursos en torno a la violaciones de la libertad de asociación, entre otros problemas.

Indica que en varios sectores se quejan de la participación abierta y casi siempre hostil del gobierno contra los esfuerzos por desarrollar sindicatos independientes.

La sección sobre México del informe se puede revisar en: www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dynamic_load_id=186528#wrapper

El Estado mexicano, a juicio en Juárez

Víctor M. Quintana

  

        El calentamiento social y el calentamiento global convergen en Juárez, en Chihuahua, como en pocas partes. La sequía y el calor polvoso muestran los rigores de un clima cambiado por la irresponsabilidad humana. Los homicidios sin fin, las desapariciones, el desempleo, los feminicidios, las miles de casas abandonadas, las miles de empresas cerradas, los cien mil desempleados, hacen omnipresente el calentamiento social: un tejido social desgarrado, desigual, hirviendo de desigualdades, de enfrentamientos, competencias por lo más mínimo, atropellos de los poderosos a los pobres, desesperación.

Nada mejor que haber elegido Ciudad Juárez como sede de la primera audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, estos días 27, 28 y 29 de mayo. Porque esta sociedad fronteriza, que fue por muchos años la punta de lanza de la integración del país al sistema mundializado de libre comercio y globalización de los procesos de trabajo, de producción y de reproducción de la vida cotidiana, ahora es el ejemplo vivo –o muerto– de la devastación.
¿A quién se va a acusar? Al Estado mexicano, en sus tres órdenes de gobierno y sus tres poderes, a todas sus instituciones y dependencias. Al sistema político de leyes, partidos, procesos. A las instancias paraestatales, como los sindicatos que no representan a sus agremiados y se someten al gobierno. A los patrones del Estado: el bloque hegemónico de la globalización compuesto por el gobierno de Estados Unidos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los grandes poderes económicos trasnacionales y nacionales. A los grandes poderes mediáticos, sus aliados de siempre.
¿De qué lo acusan? De haber entregado a la sociedad mexicana junto con toda la comunidad de seres vivos a un modelo económico que ha generado una gran devastación y múltiples violencias. La novedad de este tribunal es que, a diferencia de los casos de Vietnam y Sudamérica, por ejemplo, no pone en el centro una agresión militar o policiaca contra un pueblo. Gira en torno a los varios conjuntos que componen las políticas de ajuste, los tratados comerciales internacionales, las diversas formas de guerra sucia contra la población y los impactos sociales que reprodujeron ampliadamente su perversa incidencia. Por primera vez se analizan las políticas económicas, aparentemente tan técnicas y tan neutras, como generadoras de violencia, de destrucción. Porque, si bien de estos últimos 30 años sólo llevamos seis de una guerra no declarada, con balas, asesinatos y desaparecidos, los 24 años anteriores no fueron menos letales: en nombre de los ajustes y de las reformas estructurales se desplazó de su lugar de residencia a varios millones de personas, la inmensa mayoría de ellas de escasos recursos; se cerraron miles de fuentes de trabajo; se comprimieron el salario y las prestaciones de los trabajadores; se hicieron desaparecer ramas productivas completas; se talaron millones de hectáreas de bosques, se contaminaron miles de kilómetros de aguas y de suelos; se descuidaron la vida de las personas, la convivencia de las familias, se destruyeron comunidades enteras; se atropellaron los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

¿Quiénes son los agraviados? La sociedad mexicana en general, en la mayoría de sus clases sociales, sobre todo los grupos más vulnerables: mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores; pueblos indios, personas con discapacidad. Los sectores productivos más orientados al mercado interno: agricultores de granos básicos, pequeñas y medianas empresas industriales, pequeños comercios, tiendas de abarrotes, deudores de la banca. Todos los sectores que han sido criminalizados por la protesta social: jóvenes, disidentes, comunidades que defienden su tierra o sus recursos naturales.

Todo esto se hizo con premeditación: las políticas de ajuste y de libre comercio se planearon detalladamente desde las agencias del Consenso de Washington, se elaboraron en México en forma de planes gubernamentales, como el Plan Inmediato de Reordenación Económica de 1982 o los planes nacionales de Desarrollo de 1983, 1989, 1995, 2001 y 2007. El TLCAN se estuvo discutiendo de manera cupular y en cada detalle desde 1990 hasta 1994. La contrarreforma agraria también se hizo con todo cuidado entre 1991 1992. En ningún caso se tomaron en cuenta las críticas, sugerencias, propuestas de académicos, de diversos sectores económicos, que hicieron ver los peligros y desventajas que implicaba para la nación adoptar estas políticas y firmar estos tratados. Numerosos movimientos sociales emergieron para impugnarlos; el más destacado, el levantamiento del EZLN el mismo día que entró en vigor el TLCAN; las acciones de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio o los movimientos campesinos como El campo no aguanta más o Sin maíz no hay país. Nada de esto fue escuchado.

Se obró con toda alevosía y ventaja: todo el aparato represor de Estado se empleó de manera autoritaria para aplastar disidencias. Todo el aparato ideológico del Estado y del duopolio televisivo acalló y descalificó cualquier crítica al modelo económico librecambista, con la complicidad de actores políticos como el PRI y el PAN.

El Tribunal Russell, antecesor del Tribunal Permanente de los Pueblos, logró que se queden bien grabadas en la conciencia colectiva de la humanidad las condenas a la guerra genocida de Vietnam, epitomizada en el uso del napalm contra los seres humanos; o la agresión omnímoda contra las personas y las instituciones democráticas, perpetrada por las dictaduras sudamericanas. Ahora, en México, tenemos la gran oportunidad de que la guerra que se ha emprendido contra el pueblo por quienes han impuesto el ajuste estructural, el libre comercio y la represión, sea condenada por una instancia simbólica, de conciencia, de la mayor autoridad moral, como es el Tribunal Permanente de los Pueblos.

Habrá que hacerle llegar de manera numerosa y entusiasta nuestras denuncias, nuestros agravios. Tornémonos sujetos, desde lo local lacerado lancemos la primera acusación a lo global perversamente localizado. Que esta rebelión simbólica y ética sea ahora nuestra nueva práctica para resistir al neoliberalismo, para empezar a desmontar su hegemonía y su impunidad.

El acaparamiento total

Gustavo Duch Guillot *

   

       Primero fue el control de las semillas. Las grandes corporaciones, sabiendo que son el principio de la vida y ávidas por dominar la vida de todas y todos, se lanzaron al control de un bien común que las haría poderosas. Muchas fueron las estrategias: patentaron la vida, hicieron desaparecer muchas variedades autóctonas con suposiciones productivistas, engendraron simientes estériles que se llaman híbridas o transgénicas; engullen a las pequeñas empresas locales de semillas o financian el Arca de Noé en el Polo Norte, donde las preservan (para ellas) en un gran banco de germoplasma.

Un control que en pocos años ha alcanzado la categoría de acaparamiento. Como explican los estudios de ETC Group, sólo entre tres empresas se reparten la mitad del mercado global de las semillas comerciales (Monsanto, con una cuarta parte ella sola), siendo prácticamente las mismas empresas que dominan el polo opuesto: los pesticidas, herbicidas o plaguicidas; en definitiva: el final de la vida.
Cifras similares de acaparamiento las encontramos si analizamos el poder corporativo en otros segmentos de la producción agroalimentaria, como los fertilizantes, la silvicultura, la comercialización de granos básicos, la genética, la industria farmacéutica veterinaria y la producción animal; o el procesamiento y distribución de los alimentos.
Pero no es suficiente manjar para tantas tragaderas y en los últimos latidos de un capitalismo que se desmorona, buscan asegurar sus inversiones en nichos a prueba de bombas. Así hemos visto, y ha sido ampliamente denunciado por GRAIN, cómo en la última década ha brotado un impulso irrefrenable por el acaparamiento global de tierras. Disponer el capital como dispone actualmente (y sigue creciendo) entre unos 60 y 80 millones de hectáreas de tierra fértil, significa administrar para su beneficio millones de toneladas de biomasa vegetal, convertida en alimentos, agrocombustibles o madera, así como otros recursos minerales ciertamente estratégicos.
El acaparamiento de tierras se extiende fundamentalmente por África, pero también por otros lugares, generando violentos conflictos como en Honduras o Colombia, con decenas de personas campesinas muertas en la defensa de sus tierras; o en Andalucía (España), donde recientemente campesinos y campesinas sin tierra han sido desalojados de una finca pública que ocuparon para evitar su venta especulativa.

Pero no hemos acabado aquí. Un elemento estratégico falta para quien quiera controlar el mundo: el agua dulce, pues sin ella es imposible la producción de alimentos y la producción de negocios. La conquista por el agua camina de la mano del acaparamiento de tierras recién explicado. De hecho, leyendo en un nuevo informe de GRAIN al respecto las declaraciones de Peter Brabeck-Letmathe, presidente y ex director general de Nestlé, las compras en realidad no son de tierra, sino del libre acceso al agua que con ellas se consigue. Ciertamente, en dicho informe se analiza muy bien cómo la mayoría de las adquisiciones de tierras que se están dando en años recientes se corresponden con tierras que pueden acceder a buenos acuíferos y, sobre todo, a cuencas de importantes ríos como el Níger, el Senegal o el Nilo.

Los discursos en defensa de esta apropiación ya los conocemos: utilizamos tierras y aguas que la gente no aprovecha para grandes plantaciones o cultivos que generarán desarrollo. Pero la historia de estos megaproyectos, la realidad de estas superplantaciones ligadas a la exportación, sabemos que no reporta beneficios a la población local. Hay demasiados ejemplos para ilustrarlo.

El acaparamiento de agua, además de ser un expolio que debe denunciarse y detenerse, acrecienta el problema de acceso directo al agua de muchos miles de familias campesinas, mermando sus posibilidades de vida, pues estos proyectos se localizan en cabeceras o puntos estratégicos de los cauces. Pero surge un nuevo problema, el modelo intensivo de agricultura que se desarrolla para estos cultivos comerciales, así como los propios cultivos seleccionados para esas zonas, y el exigir a la tierra que esté en cosecha permanente (independientemente de lo que dicten el cielo y las lluvias) significa que todas esas nuevas zonas de cultivo conquistadas a la población local van a poner en grave riesgo un sistema hídrico delicado que sólo con la sabiduría comunitaria se ha podido mantener. Es como dice GRAIN: un suicidio hídrico.

Semillas para producir intensivamente,

tierra para producir intensivamente,

agua para regar intensivamente

en manos de unos pocos fondos de inversión

para acumular capital intensivamente,

es la peor de las pesadillas.

* Coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas