Guardería ABC, ¿y el desarrollo sicomotor integral?- Seguridad y justicia en las campañas

Casi diario

Antonio Gershenson

      En la semana, por lo menos desde el sábado 19 pasado, han salido a la calle numerosos estudiantes y otros manifestantes. Los temas son relacionados, pero en un caso es contra el candidato del PRI; el domingo 20 fue centralmente en apoyo a López Obrador; el miércoles 23, sobre Televisa, y en cada caso sobre los otros temas. La coordinación para televisión llama a dar un apagón a Televisa y Tv Azteca el 30 de mayo.

Estudiantes de la Universidad Iberoamericana han jugado un papel importante, pero han participado de numerosas universidades públicas y privadas, de diferentes ciudades.
Ha habido, desde hace semanas, encuestas o votaciones en numerosas y variadas universidades. Alrededor de 80 por ciento prefirieron a López Obrador. Desde la Universidad Pedagógica Nacional a finales de marzo, hasta la UNAM y otras recientemente, incluso universidades particulares, y todas muestran esa orientación.
Los hechos del domingo 20 fueron en escala casi mundial (creo que sólo faltó África). El Zócalo destacó por los numerosos estudiantes y otros ciudadanos, pero no contingentes ni dirigentes conocidos; fue convocado por Morena, pero se fue organizando en buena medida vía Internet y corriéndose la voz. El contingente que se había organizado con López Obrador y numerosos dirigentes y contingentes estudiantiles fue el día siguiente, el lunes, en Tlatelolco.
Esta oleada que se ha cargado sobre todo en el candidato presidencial del PRI, va sobre otras anteriores. En mi artículo del pasado domingo, mencionaba yo que en el debate entre los cuatro candidatos a la Presidencia sólo López Obrador “defendió a Pemex, a su integridad y a su papel como soporte de la economía nacional.
Los otros tres candidatos, con diferentes palabras, antes de la discusión y durante ella, plantearon que las empresas privadas deberían entrar a jugar un mayor papel en Pemex. En realidad, ya hay muchas empresas privadas, sobre todo trasnacionales, por todos lados en Pemex, así que lo que se plantea es el aumento de las mismas a una mayor escala.
Ante estas posiciones, en especial la del candidato del PRI, que había andado por todos lados, incluso en Estados Unidos, presumiendo de la entrega de Pemex a empresas privadas, el artículo citaba ejemplos de casos como el de Burgos, en el que ya se han entregado a trasnacionales, hasta por 15 o 20 años, amplios terrenos de Pemex para que los exploraran y explotaran.

Y se mencionaba la decadencia de la producción de gas de estas trasnacionales que, en menos de tres años, habían declinado de mil 515 millones de pies cúbicos diarios en 2008, al primer trimestre de este año, con la producción es de 975 millones, o sea 36 por ciento menos.
En cambio, zonas propiamente de Pemex, y se citaba el litoral de Tabasco, aumentó en ocho años más de seis veces la producción de crudo, y la de gas natural, para comparar a Burgos, aumentó en el mismo lapso más de siete veces. Y siguen aumentando.
Con éste y otros ejemplos se mostraba que el candidato del PRI sólo planteaba una mayor donación, y una mayor decadencia de la producción, con su mayor entrega de Pemex a particulares y, en especial, a las trasnacionales. Al decirlo ante las trasnacionales y sus representantes, les ofrecía una mayor entrega para tener su apoyo para alcanzar la Presidencia,
Otros casos de muestra de oposición al candidato del PRI empiezan por Querétaro, que hace algún tiempo no era precisamente de izquierda, en la que, en un acto de este candidato, lanzaron gritos e insultos contra el mismo, y en cartulinas exhibieron a este candidato. También bloquearon el paso de su camioneta.
Como hay cargos penales contra los ex gobernadores de Tamaulipas y Baja California Sur, y ex funcionarios, todos del PRI, el candidato de este partido se deslinda de los acusados: ¡cómo van a creer que tiene que ver con delincuentes o posibles de serlo! ¿Y sus antecedentes en el estado de México? ¿Y sus familiares?
Finalmente, una multitud acumulada en un estadio de Sinaloa, al llegar tarde el candidato priísta y avanzar en su discurso, abandonó el estadio habiendo 34 grados de temperatura y ellos habían estado tres horas.
Yo quisiera que los encuestadores oficiales, que han puesto no sólo en primer lugar sino con superventajas al candidato del PRI: todo lo mencionado en este artículo, ¿no ha tenido ningún efecto? ¿Cómo es posible que numerosas encuestas parciales y otras generales de instituciones no compradas, tengan resultados opuestos a las oficiales?
antonio.gershenson@gmail.com

Los candidatos y lo energético

José Antonio Rojas Nieto

       Sin consultar a Perogrullo, permítaseme decir que es profunda, muy profunda, la superficialidad con la que los candidatos a la Presidencia de la República afrontan la problemática y las perspectivas de solución de lo que podemos llamar lo energético. Y llamémoslo así lo energético, para no restringir el diagnóstico y, mucho menos, las líneas de solución, a la pregunta sobre qué hacer con Petróleos Mexicanos (Pemex) y con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde ya hay, por cierto, adelantos plagados de superficialidad e ignorancia.

Esta pregunta es muy importante. Pero no puede ser ni la única ni la más importante de una reflexión seria y cuidadosa sobre esta problemática tan sensible para todos los mexicanos. Por eso, regresemos a lo energético. Este regreso exige estudiar y analizar –en la más amplia perspectiva social– al menos cinco aspectos sustantivos: 1) la magnitud y las características de la energía útil –sí, energía útil– que la sociedad mexicana requiere y demanda hoy, pero también requerirá y demandará en un futuro próximo de seis, 10, 15, 20, 30 e, incluso, 50 años, para atender de la mejor manera, racionalmente, con solvencia, al menor costo, al menor precio, sin daño social ni daño ecológico y, sin duda, en una perspectiva de justicia social básica, las necesidades de iluminación, cocción de alimentos, refrigeración, calentamiento de agua, mejoramiento del ambiente –aire acondicionado o calefacción–, utilización de aparatos de entretenimiento y de trabajo, calor de proceso, transporte de personas y mercancías, bombeo de aguas potables y negras, bombeo de aguas para riego agrícola y alumbrado público, entre otras; 2) a partir de esto –y de un imprescindible juicio sobre la mayor o menor pertinencia de esa magnitud y de esa estructuración de la energía útil demandada– el volumen y la estructura de energéticos con los que se logrará la satisfacción de esa energía útil necesaria, también con una visión prospectiva de mediano y largo plazo, justamente para estar preparados a atender, revisar, ampliar o restringir estos volúmenes de energía que exige y exigirá la sociedad; 3) la disponibilidad interna o externa de recursos energéticos con los que se atenderá la demanda social racional de combustibles y electricidad, y los costo internos y externos que implicará la explotación y el desarrollo de estos recursos para –justamente– determinar el nivel y la estructura relativa de precios que se derivan no sólo de esos costos internos o externos, sino también de las exigencias de un uso racional, eficiente, limpio y –permítaseme decirlo– exageradamente responsable de la energía; 4) el análisis de las rentas económicas que la mayor o menor disponibilidad de recursos energéticos permitirá a la nación (en mi caso, supongo que no hay cambio constitucional sobre la propiedad originaria de los recursos naturales, ni sobre el carácter estratégico de la organización integral de la industria petrolera ni, mucho menos, sobre el control nacional del servicio público de electricidad, pero aun en el caso contrario este análisis es imprescindible), para proponer las formas de utilización actuales y futuras de dichas rentas, en el marco de las cuales debe estudiarse con extremo cuidado monto, destino y estructura de los subsidios al consumo de combustibles y de electricidad; 5) finalmente, para sólo señalar un punto más que me parece obligado en una discusión seria –electoral o no– las formas de organización de la producción, el transporte, la distribución y el consumo de combustibles y electricidad, pero también los mecanismos regulatorios que garanticen que las finalidades deseadas y determinadas por la nación para lo energético, sean cubiertas fehacientemente.

Estos cinco aspectos de lo energético exigen lineamientos claros. Y plazos y formas de evaluación de estos lineamientos, y de las formas de organización y los mecanismos regulatorios. En este último punto –por cierto, pero sólo en este– aparece la discusión sobre Pemex y CFE, empresas que –adelantando un poco las cosas– me parece que exigen ser autónomas, aunque con mandatos y finalidades claras. Por cierto, no hay que dejar de señalar la necesaria y urgente reflexión sobre los trabajadores del sector energía, sus organizaciones sindicales y sus responsabilidades frente a la nación, una reflexión que, sin duda, debe ser realizada con ellos. Asimismo sobre la mayor o menor participación privada –nacional o extranjera– en el funcionamiento y organización de lo energético. Sí, creo que un debate serio sobre lo energético nos obliga a repasar y repensar estos puntos. Y, en estos momentos, obliga a los candidatos a la Presidencia de la República a presentar con profunda seriedad, lo que piensan, discurren, consideran y proponen para este sector tan sensible y tan importante para los mexicanos. Así como los principios y la lógica en la que fundamentan sus propuestas. Sí, es momento de preguntarles sobre la energía útil necesaria, la energía primaria y secundaria que la sustenta, sobre los recursos y su forma de explotación, sobre las rentas –petrolera y eléctrica en este caso– sobre las formas de organización empresarial en el sector, sobre los trabajadores de la energía y sus sindicatos y, finalmente, sobre la participación privada en lo energético.

Incluso con muchos ejemplos concretos. Claro que –por ejemplo– al preguntarles sobre qué consideran mejor para la cocción de los alimentos o para el calentamiento de agua en las viviendas del país, el gas LP, el gas natural o la electricidad, se corre el riesgo de que –soberbiamente– alguno responda: ¡Yo qué sé!¡ Yo no soy la señora de la casa! Pero…ni modo. ¿Qué hacemos? Arriesguémonos y preguntémosles. De veras.

antioniorn@economia.unam.mx

Guardería ABC, ¿y el desarrollo sicomotor integral?

Gustavo Leal F.*

       La primera infancia está expuesta. Los esquemas ordinarios de IMSS e ISSSTE están deliberadamente subfinanciados, mientras los subrogados son letales. Lo demostró la tragedia de la guardería ABC: son negocios peligrosos. Las 10 mil estancias changarro de Calderón, empleadas electoreramente por Vázquez Mota y aplicadas por la asambleísta y ex panista Lía Limón, son mucho más peligrosas. La primera infancia, integrada por 13.5 millones de niños –de cero a cinco años– merece otro futuro.

Sólo en julio de 2010, Protección Civil clausuró tres de esos changarros de Sedeso en Acapulco, por no cumplir con las condiciones para operar y encontrase en zonas de alto riesgo. En Ciudad Juárez, 13 albergues suspendieron servicios por extorsión, cuatro de ellos eran de Sedeso. En 2009 ya habían cerrado otras nueve y lo mismo puede decirse de varias casas de cuidado diario (centros comunitarios de atención infantil para mujeres trabajadoras sin acceso a seguridad social).
En el Distrito Federal se diagnosticó que 35 por ciento (509) del total de los establecimientos (mil 437) se encontraban en condiciones de alto riesgo, mientras de 45 por ciento (655) se ignoraban sus condiciones de operación. Estas últimas eran, precisamente, los changarros de Sedeso.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2010 (Inegi), las madres están al cuidado de 78.4 por ciento de ellos, mientras que las guarderías públicas atienden 2.6 por ciento y las privadas apenas a uno por ciento. Otra persona tenía responsabilidad sobre el 18 por ciento restante. No obstante, a ciencia cierta ignoramos cuántos de ellos permanecen solos.
Según la misma encuesta, pero para 2009, cerca de 1.4 millones de niños cuyas madres trabajan son cuidados por sus abuelas. Ello resulta de la falta de acceso a las guarderías de seguridad social, desconfianza en los servicios, así como lejanía o falta de espacio en los establecimientos. Hasta 91 por ciento de las abuelas no recibe ningún pago, y las que cuentan con él perciben menos de 600 pesos mensuales; 60 por ciento de los niños atendidos por ellas es menor de 3 años.
Para Calderón y Vázquez Mota, el asunto es sencillo. Como candidato ofreció primero guarderías universales (en Tampico, el 4 de febrero de 2006) y luego guarderías operadas por abuelitas (en Atizapán, el 15 de febrero de ese año). Más adelante dio rienda suelta a su proyecto electorero de estancias changarro Sedeso, que no guarderías, pues no se ajustan a la NOM 167 (1997).
La propia Unicef, a través de su representante en México, Susana Sottoli, debió reconocer que el modelo tiene características muy diferentes a un sistema de cuidado infantil más formalizado.
Ahora, Calderón las usa electoralmente, como cuando concentró, acompañado de Margarita Zavala, mil 800 niños de sus estancias Sedeso en la posada presidencial realizada en Los Pinos el 23 de diciembre de 2010.

Por las mismas fechas, Diconsa decidió ampliar su cobertura a mil 215 estancias changarro de Sedeso: surtirlas no sólo con leche, también con pasta para sopa, galletas, chocolate, atún y gelatina, entre otros producto, mediante un crédito de pago en 15 días.

Por otro lado, además, los 700 pesos mensuales por hijo –el subsidio de Sedeso– están estancados desde 2007, lo que impacta sobre el servicio otorgado en al menos dos comidas calientes y una colación. El resultado fue incrementar el cobro a los padres: 800 pesos mensuales por niño, con independencia de la aportación de los materiales que se requieran.

La capacitación es otro gran pendiente. Las encargadas de estas estancias consideran inadecuada la que reciben de Sedeso, pues los instructores carecen de experiencia en el trabajo con niños, manejo de grupos y primeros auxilios.

Para agosto de 2010, las fracciones senatoriales de PRI y PAN habían presentado sendas iniciativas para crear una Ley General de Estancias Infantiles, mientras el gobierno federal había circulado un anteproyecto. Ninguna consolidaba la protección de la infancia como obligación del Estado, delegándola en particulares, además de no reconocer los derechos de los niños. Como en los últimos modelos de atención del IMSS-Karam –asistido por Federico Reyes Heroles (Transparencia Mexicana)–, su fin eran las condiciones físicas de los establecimientos. Finalmente, la iniciativa del PRD arribó el 30 de noviembre.

Afortunadamente, el Movimiento Ciudadano 5 de Junio consolidó, junto con senadores, la iniciativa de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, dictaminada por esa soberanía en abril de 2011 y aprobada por el pleno de diputados el 15 de septiembre.

Si bien el dictamen condensa más que claros avances en materia de protección civil y derechos de los niños, persiste la indefinición respecto de las vías y medios para conciliar la naturaleza de los modelos subrogados –que buscan rentabilidad abatiendo costos– con la garantía de calidad del servicio que, en este caso, se materializa en el adecuado desarrollo sicomotor de los infantes.

Por abatir costos, esos modelos subrogados –particularmente el modelo-contrato IMSS, diseñado por Santiago Levy, que derivó en la tragedia de Hermosillo por la estructura de mínimos con que se operaba el servicio– comprometen de entrada la adquisición de funciones motoras, sensitivas, sensoriales, intelectuales y afectivas que integran tal desarrollo sicomotor, en el periodo de cero a cinco años.

¿Cómo fortalecerlo en el debate sobre el reglamento de la Ley 5 de junio para que los niños sean realmente personas?

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

Seguridad y justicia en las campañas

Miguel Concha

       Con el propósito de informar a la ciudadanía, y en lo posible mejorar la calidad de las campañas, distintas organizaciones civiles han venido realizando diversos ejercicios de evaluación de las propuestas de la candidata y candidatos a la Presidencia de la República. Dada la emergencia nacional en que se encuentra el país, me referiré de manera sucinta a las conclusiones de la revisión y análisis de las plataformas que registraron en el IFE sobre seguridad y justicia, que desde el 3 de abril viene haciendo el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD). En primer lugar se identifica su diagnóstico, para saber qué análisis hacen de la problemática; se revisan enseguida las propuestas, evaluando no sólo los fines que pretenden alcanzar, sino sobre todo la manera concreta que piensan aplicar para conseguirlos: planes y políticas públicas. Finalmente, se valora la viabilidad e innovación de las propuestas desde la perspectiva de los derechos humanos, bajo la consideración de que éstos son fundamentales en cualquier política de gobierno en materia de seguridad y justicia. Desde ya, vale la pena hacer notar que, según este estudio, sólo en la plataforma registrada en el IFE por la Coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) hay una mención explícita sobre el respeto a los derechos humanos, y que en general todas las propuestas presentadas por los partidos adolecen de falta de vinculación con los derechos humanos, así como de las formas y plazos con que quieren lograr sus propósitos. Además de que no se inscriben en la transformación de las instituciones que desde hace más de 10 años se requieren en México para transitar hacia la democracia, lo que hace evidente que entre la mayoría de los candidatos no hay conciencia de que una política exitosa y duradera es la en los derechos humanos.

Frente a las propuestas que plantean incrementar sustantivamente el número de efectivos de la policía federal (con o sin cambio de nombre), o bien dotar de autonomía a los ministerios públicos, el IMDHD, con realismo, observa por un lado que ello traería consigo complicaciones particulares, como el presupuesto y el tiempo que se necesita para sostener la capacitación y homologación de las condiciones laborales de los cuerpos policiacos, y, con atingencia, hace notar, por otro, que la autonomía del ministerio público no significa por sí misma una transformación estructural de la procuración de justicia. Todo ello, sin dejar de observar también con preocupación que pareciera que para la Coalición Compromiso por México, el Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza es suficiente aumentar el número de policías, así sea mejor calificados, incluso, como se ha dicho, con disciplina militar, para garantizar seguridad.
Una dificultad semejante a las anteriores encontramos en las propuestas de crear más instancias para el combate a la corrupción y al narcotráfico, lo que, además de engrosar la burocratización y el presupuesto, duplicaría funciones con otras áreas de la administración pública. El IMDHD señala también con perspicacia que todavía hace unos meses las víctimas de la violencia y del delito estaban presentes y aparecían como prioridad para los futuros gobiernos, pero hasta hoy ni el candidato de la Coalición Compromiso por México ni la candidata del Partido Acción Nacional han concretado ninguna respuesta para hacer efectiva esa prioridad. Al aspirante del Partido Nueva Alianza ni siquiera le merecen mención alguna. En el mismo sentido, tampoco se ofrecen propuestas específicas para problemas acuciantes, como la búsqueda de miles de personas desaparecidas, la investigación pronta y adecuada de los cada vez más numerosos feminicidios, o bien qué se hará para que las más de 60 mil víctimas de la actual estrategia pasen del anonimato a su identificación personal, se conozcan las causas de cada una de esas muertes, y qué tipo de acciones se llevarán a cabo para revertir el desplazamiento forzado que está provocando la violencia.

Sólo el candidato de la Coalición Progresista se refiere a las víctimas de desaparición forzada y de las violaciones a los derechos humanos, aunque no precisa exactamente qué hará por ellas. Otro tema ausente en las propuestas de todos los aspirantes es el fuero militar. Como señala el IMDHD, el asunto es urgente, porque de manera por demás arbitraria y sintomática no se aprobó su reforma en la anterior Legislatura federal, y entre los diferendos se argumentaron la presunta existencia de tribunales especiales y el alcance de la justicia civil. Para la comunidad de derechos humanos en México es urgente que los candidatos y la candidata se definan al respecto, pues de otra manera no podemos creer que sean diferentes o busquen el cambio verdadero. No se encuentran tampoco propuestas precisas para saber cómo harán frente al grave problema de impunidad en materia de derechos humanos. Una vez más, sólo el candidato de la Coalición Movimiento Progresista, quien afirma que el Estado dejará de ser el principal violador, hace mención de este asunto, aunque no precisa cómo concretarlo. “Como última conclusión –con lucidez, expresa el IMDHD– se puede decir que ningún candidato ha presentado al día de hoy una propuesta totalmente articulada para asegurar la paz, disminuir la violencia, combatir al narcotráfico y la corrupción, y acabar con la impunidad en todos los ámbitos y niveles”. Por tanto es indispensable que tomen en cuenta la opinión de la sociedad, de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y del delito, y las sentencias y recomendaciones que en materia de derechos humanos han hecho la ONU y la OEA a México.