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Astillero

AMLO: tiempos y ritmo

Imposición ¿irreversible?

Contingencias Monex

ACTA, amago

Julio Hernández López

Ricardo Monreal presenta a los medios la documentación que integra el recurso de inconformidad que fue presentado al IFE, mediante el cual Andrés Manuel López Obrador solicitó la anulación de los comicios del 1º de julio pasado

Foto Marco Peláez

 

       López Obrador anunció ayer la continuación del trazo por la vía legal contra el fraude electoral y la apertura de un nuevo canal de activismo genérico. No hubo sorpresas en la conferencia de prensa que ofreció: hizo un diagnóstico general de lo sucedido antes, durante y después de los comicios envenenados; describió pasos, actores, concurrencias y tretas de última hora para sostener la candidatura en declive de Enrique Peña Nieto, y terminó convocando a la defensa de la democracia y la dignidad, específicamente un plan nacional que, sin embargo, será detallado a mediados de la semana venidera.

 

Tal como se había anticipado, el Movimiento Progresista buscará que sea declarada inválida la elección que hasta ahora muestra como ganador oficial a Enrique Peña Nieto. Las razones son las mismas que ya se han expresado en términos generales y que día a día se ven fortalecidas con acumulación de pruebas y evidencias. Sin embargo, los tiempos y el ritmo táctico escogido por el lopezobradorismo parecieran jugar en su contra. Entrampado por los medios televisivos y los empresarios a respetar un pacto de civilidad (¡sin que esos mismos medios y empresarios denuncien la incivilidad de las muestras de fraude que tienen enfrente!), AMLO ve que cada día se consolida la instalación de Peña Nieto, en un proceso irreversible en el ánimo social, aunque persistan las muestras de rechazo a esa imposición de tres colores.

Dejar para mediados de la próxima semana la descripción de un plan de resistencia significa también dejar que gane más tiempo esa consolidación sin que los ciudadanos opositores encuentren otro camino que la marcha pública o el desahogo internético. En realidad, el plan anunciado no contiene en su título un llamado a luchar contra imposiciones y fraudes, sino a la defensa de valores como la democracia y la dignidad. En positivo, no en negativo. ¿Hacia adelante, no hacia atrás? ¿Pensando más en la reorganización morena que en la viabilidad de impedir la instalación copetona? ¿Preparar la resistencia ya no tanto electoral, sino orientada a enfrentar el sombrío panorama peñanietista ya inevitable?

Los enigmas y las discusiones en la cúpula lopezobradorista podrán tener asomos de luz este sábado, cuando se realicen en todo el país marchas en las que concurrirán las expresiones juveniles nucleadas alrededor del 132 y grupos y organizaciones netamente identificadas con el lopezobradorismo. Será una especie de sondeo extraoficial de las verdaderas posibilidades de pelear contra la imposición de Peña Nieto. Lo importante no será solamente el número de asistentes, sino el ánimo exteriorizado y la organización interna.

Por otra parte, como maniobra de distracción, provocación o venganza, el calderonismo añadió su firma al acuerdo comercial contra la falsificación (conocido como ACTA, conforme a su nombre oficial en inglés). Ni siquiera podría alegar ignorancia de lo que significa una adhesión de ese calibre, pues el propio Senado mexicano había expresado su oposición a esa firma en septiembre del año pasado, en una postura tomada por unanimidad de los partidos políticos allí representados. La Comisión Federal de Telecomunicaciones recomendó, por su parte, abstenerse de estampar esa rúbrica institucional. Y, de manera aplastante, el Parlamento Europeo rechazó apenas el pasado 4 la aprobación del citado acuerdo, por considerar que lesiona los derechos de los usuarios de Internet.

Pero a quien todavía ocupa Los Pinos le pareció necesario agregar un elemento de tensión al cuadro de por sí complicado que presenta el país. En lo inmediato, con esa firma a favor del ACTA, el felipismo abre otro flanco de discusión y combate, con la esperanza de que no todo se concentre en lo electoral. Además, y aun cuando falta que el Senado retome el asunto y apruebe o rechace tal firma (con los antecedentes, esa cámara habría de votar indudablemente en contra), Calderón avanza en la tarea de amago al uso libre de Internet. Aun cuando ese planteamiento genera un rechazo en el Poder Legislativo tal como hoy está conformado, FCH pretende sentar las bases jurídicas para que, con el pretexto del combate a la piratería (que es uno de los negocios concurrentes en la amplia denominación del crimen organizado al que finalmente el calderonismo no ha hecho verdadero daño, sino todo lo contrario), se pueda actuar contra usuarios de Internet con un margen de discrecionalidad que coloca en riesgo a la gran mayoría. A partir de una demanda presentada por el dueño de determinada marca o producto, los prestadores de servicios de Internet podrán aportar a las autoridades los datos que correspondan a los usuarios involucrados en esa denuncia, con la puerta abierta para acciones penales y policiacas. A nadie escapa que tan amplias facultades podrían permitir el ataque desde el poder a internautas caracterizados por sus críticas a los poderes.

Una trastada más de fin de ¿fiesta? ha hecho Los Pinos respecto a la ley de víctimas que impulsó el movimiento encabezado por Javier Sicilia. Traicionando el acuerdo político discreto que había hecho con el poeta besuqueador, Calderón esperó a que pasaran los comicios para reventar en su parte final el proceso que mediante la ley citada establecería una estructura burocrática con presupuesto público suficiente para atender a personas agraviadas por la violencia desbordada, o a sus familiares, incluyendo la posibilidad de desembolsos económicos.

Calderón pretendió devolver esa ley al Congreso, supuestamente para mejorías varias, pero éste, a través de su comisión permanente, sostuvo que tal retorno se producía fuera de tiempo, así que el texto fue ahora de regreso a Los Pinos para que sea promulgado sin más, en un ping pong institucional vergonzoso. Sin embargo, Calderón estudia la posibilidad de interponer otros recursos para frenar la entrada en vigor de la mencionada ley.

El Grupo Financiero Monex entregó ayer a sus empleados en todo el país claves de conexión por Internet para trabajar fuera de sus oficinas en casos de contingencia.

Francisco Rojas Paz, oficial de la seguridad de la información de ese corporativo, envió un memorando de carácter confidencial en el que expresa: Debido a que estás como personal crítico para el plan de continuidad y negocio, anexo datos de tu acceso a conexión remota (VPN). Es importante que sólo es funcional para efectos de contingencia declarada por la organización.

Y, mientras el expediente Monex va ganando explosiva presencia pública, ¡feliz fin de semana!

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Elección impugnada

Ayer por la tarde el candidato presidencial por el Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, anunció la presentación de un juicio de inconformidad para demandar la invalidez de la elección presidencial realizada el primero de julio. El trámite correspondiente fue iniciado unas horas más tarde ante el Instituto Federal Electoral (IFE), bajo protesta, por el titular nacional perredista, Jesús Zambrano. De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, la demanda habrá de ser turnada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual deberá analizarla, sopesar sus argumentos, documentos y pruebas, y emitir un fallo definitivo sobre la validez de los comicios antes del 6 de septiembre.

 

Debe destacarse, en primer lugar, el hecho de que el abanderado presidencial de las izquierdas y su equipo cumplen, de esta forma, su compromiso de sujetarse a las vías legales y a los canales institucionales para dirimir su inconformidad ante las prácticas indebidas, si no es que abiertamente ilegales, que mancharon la contienda electoral y que ahora extienden una sombra de sospecha sobre el propio IFE y sobre la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por su permisividad ante la comisión de flagrantes irregularidades.

A contrapelo de lo expuesto ayer mismo por el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Pedro Joaquín Coldwell, en la presentación de este recurso legal no hay ninguna suerte de desconocimiento a la autoridad electoral–pues se interpone ante el propio IFE– ni de lo firmado días antes de la elección. En la situación presente, cuando es particularmente necesario que los actores se expresen con precisión, resulta poco responsable confundir crítica con desconocimiento.

A juzgar por los ejemplos de irregularidades mostrados ayer por López Obrador y por el coordinador de su campaña, Ricardo Monreal, y con la argumentación jurídica expuesta en el mismo acto por el diputado Jaime Cárdenas Gracia, el recurso del Movimiento Progresista no puede ser desechado a la ligera. En la petición de anulación están contenidas un cúmulo de pruebas de compra de votos y de presuntos manejos sospechosos de dinero que podrían configurar, además de delitos propiamente electorales, desvío de recursos y lavado de dinero por parte del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto.

Asimismo, se hace una detallada demostración de cómo se rebasó el tope de gastos de campaña impuesto por la ley y se presen- tan numerosos elementos de juicio sobre la parcialidad con la que se condujo la mayor parte de los medios electrónicos y de las firmas encuestadoras en favor del abanderado priísta. El argumento central del recurso de inconformidad es que esas y otras irregularidades, independientemente de que sean violatorias del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), representan un atropello a las disposiciones constitucionales sobre la realización de elecciones, particularmente las contenidas en el artículo 41 de la Carta Magna. Como señaló Cárdenas Gracia, existen diversos ejemplos en la historia reciente del país de comicios anulados por su inconstitucionalidad.

El documento legal presentado ayer por la coalición de izquierdas no sólo refleja la posición de los partidos y organizaciones que la conforman, sino que recoge también el malestar de amplios sectores sociales por el desaseo y la opacidad que caracterizó a los comicios pasados, vicios que han sido abrumadoramente documentados, expuestos y difundidos en medios tradicionales y en redes sociales.

En tal circunstancia, la máxima instancia jurisdiccional en materia electoral tiene ante sí el deber de analizar a fondo los elementos contenidos en la demanda y de deliberar y fallar con estricto apego a la letra y el espíritu de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias. De la seriedad y honestidad con la que realice su tarea depende, en buena medida, el futuro de la democracia en el país y la gobernabilidad en el futuro inmediato. Dicho de otra manera, si el tribunal opta por declarar válida la elección del primero de julio, tendrá que desvirtuar en forma convincente y hasta contundente, uno por uno, los elementos contenidos en el recurso presentado ayer; si, por el contrario, decide anular la elección, deberá hacerlo con un fundamento legal sólido. De otra forma, el TEPJF causará un daño gravísimo a la credibilidad de los organismos electorales –de suyo maltrecha–, a la democracia en general y a la gobernabilidad.

Por último, en el trámite legal referido no hay motivo para incertidumbre o inquietud de la ciudadanía; por el contrario, el recurso por las vías previstas en la legislación apunta a restituir a las instituciones la solidez y la autoridad que perdieron en el curso de un proceso electoral marcado desde un inicio por la forma omisa y complaciente con la que se desempeñaron y por las transgresiones inocultables de uno de los bandos contendientes y sus aliados: agentes empresariales, medios electrónicos y gobiernos estatales.

Economía Moral

La elección vista desde la casilla

Lecciones de una experiencia personal en una casilla en el DF

Julio Boltvinik

       Mi mujer y yo nos acercamos a Morena y expresamos nuestro deseo de participar activamente el día de la elección. Fuimos asignados como representantes de casilla del PT en la sección en la que votamos (ella en la básica, yo en la contigua) y que se instala en la entrada (semi techada) del edificio del Colegio de Ingenieros en Camino a Santa Teresa. Fuimos capacitados espléndidamente por una coordinadora distrital de Morena. En esta sección se mezclan votantes de muy alto ingreso con una parte de los residentes de la Villa Olímpica (clasemedieros), Hubo una alta tasa de participación electoral (TPE): 71 por ciento. Enumero lo sobresaliente de mi vivencia destacando algunas conclusiones que podrían llevar a reformar las leyes electorales o a nuevos acuerdos del Consejo General del IFE:

 

a) No se puede convocar a la ciudadanía a votar a partir de las 8 am y, al mismo tiempo, como se hizo el primero de julio, instruir a los funcionarios de casilla a empezar a armar ésta a esa misma hora. En la sección hubo un conato de bronca entre los integrantes y observadores de la casilla contigua, por un lado, y algunas personas formadas en la fila, por el otro. La preparación de la casilla consume mucho tiempo (entre 60 y 90 minutos) cuando se cuentan las boletas recibidas y se firman atrás una por una.

b) Para mi sorpresa, la casilla sólo tuvo representantes del PT y de ningún otro partido. Llama la atención la ausencia del PAN y del PRI. ¿Sabiduría de estos partidos al no cuidar lo que no necesita cuidarse, o estaban representados por algún funcionario de casilla?

c) Los representantes del PT en ambas casillas nos pusimos de acuerdo para firmar las boletas por atrás con diferente color de tinta, lo que facilitó después identificar las boletas de la básica depositadas en urnas de la contigua y viceversa. Una vez identificadas las boletas mal depositadas, gracias a las firmas, las intercambiamos, logrando así que las cuentas de boletas y votos cuadraran en ambas casillas. Esto debería convertirse en práctica institucionalizada, puesto que el espacio asignado a las secciones (suele ser) muy reducido y los votantes se confunden con tantas urnas juntas (particularmente ahí donde hay elecciones locales simultáneas como en este caso, donde había 12 urnas).

d) La capacitadora de Morena nos había recomendado probar, aplicando cloro en el dedo después de votar, si la tinta era indeleble. La coordinadora (por Morena) de un subgrupo de secciones del distrito nos proveyó de un frasco con cloro y algodón para tal efecto. Una vez que hube votado, tanto en las elecciones federales como en las del DF apliqué cloro a mi dedo y froté un poco. La mancha federal desapareció casi de inmediato. La local requirió más persistencia de mi parte, pero también desapareció. Se formuló y entregó un acta de incidente que, lamentablemente, no se incluyó en el acta de casilla (el cansancio me hizo olvidar del mismo en el momento de firmar el acta de casilla: casi a las once de la noche) pero que sí está en el paquete de la casilla y del cual tomó testimonio un notario. Éste es un ejemplo palpable de la irresponsabilidad de los consejeros del IFE. Probar la tinta y asegurarse que sea indeleble es su obligación y la omitieron totalmente a pesar de que, desde hace tiempo, los representantes de los partidos de izquierda ante el IFE lo habían denunciado.

e) A la apertura del paquete electoral, comenté con la presidenta de la casilla el asunto de los lápices que sustituyeron a las crayolas en la votación federal. Para mi sorpresa, el paquete electoral incluye una goma de borrar. Hice la prueba delante de ella, tracé una línea y la borré con dicha goma. Con un poco de insistencia desapareció completamente sin dejar huella. Ni la tinta es indeleble, ni los trazos de los lápices son imborrables. Esa es la realidad del proceso electoral federal, señor Valdés. La tinta indeleble se desarrolló para impedir el voto repetido de una persona en diferentes casillas y, aunque no es indeleble, refleja, junto con la credencial para votar con fotografía, la lista nominal con fotografía y la marca en la credencial después de votar, la obsesión por identificar plenamente al votante e impedir que vote más de una vez. Sin embargo, al mirar muchas actas de casilla del medio rural digitalizadas en el PREP me he percatado de que no hay en los controles de casilla ninguna prueba de que los votantes a los cuales se marcó en la lista nominal el sello de Votó acudieron realmente a votar. Resulta, por ello, totalmente posible (en cualquier casilla en la que haya representantes de un único partido y que los funcionarios de casilla también sean simpatizantes del mismo o, en ambos casos, habiéndolos de otros partidos, que protesten débilmente o no se atrevan a hacerlo) que las actas se llenen sin relación alguna con lo ocurrido durante la jornada electoral. Ello seguramente ocurrió en muchas localidades rurales (y en algunos barrios) del país, pero resultará muy difícil probarlo. No es extraño, por ello, que la superioridad numérica de los votos por EPN esté casi totalmente basada en las secciones no urbanas (rurales y mixtas) como se aprecia en la gráfica. Según el conteo distrital, la ventaja total de EPN sobre AMLO fue de 3.33 millones (m), de los cuales 84 por ciento (sí, leyó bien estimado lector o lectora), 2.84 millones (7.24 m vs. 4.44m) la obtuvo en las casillas no urbanas, que representan poco menos de la tercera parte de los votos totales emitidos, y sólo 16 por ciento, 0.53 m (11.96 m vs. 11.42 m), en las urbanas. Los representantes de la izquierda son, en muchos casos, como se colige del hecho que no se registran votos de personas fuera de la lista nominal en las actas de casilla, de la misma comunidad. Pensar que en comunidades autoritarias como las nuestras, regidas caciquilmente (como muestra magistralmente Luis Estrada en sus películas La ley de Herodes, Un mundo maravilloso y El infierno) puede haber independencia de funcionarios de casilla y de representantes de partido que no vengan de fuera de la comunidad es pecar de ingenuos. Detrás de esta absoluta falta de controles de si, en efecto, los votos corresponden a personas reales que acudieron a votar, está la falta de voluntad, pero también el hecho de que, salvo por la lista nominal con fotografía impresa de la que se dispone en cada casilla, las elecciones mexicanas se celebran en condiciones similares a las del siglo XIX, mientras en EU las elecciones son electrónicas en la mayoría de los estados y en Venezuela todo el proceso electoral es cibernético. En un sistema electrónico avanzado de votación, la máquina puede identificar la credencial del votante y verificar su huella digital asegurando que nadie votará dos veces y que todos los votos registrados correspondan con un votante real. La modernización del sistema electoral nacional ni siquiera ha estado en la agenda del IFE.

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