ASTILLERO- ¿Ganó México?- La SCJN, por la opacidad

Astillero

Reincidencia delatora

Amagos y endurecimiento

Soriana anuncia querellas

Ataque a Grupo Reforma

Julio Hernández López

CHERÁN. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y el concejo mayor de la comunidad de Cherán hablaron sobre el asesinato de Urbano Macías y Guadalupe Jerónimo. En la imagen, familiares de los comuneros desaparecidos el domingo, cuyos cuerpos fueron encontrados ayer

Foto José Antonio López

 

 

          Hizo bien Enrique Peña Nieto en precisar ayer, en conferencia de prensa, su posición respecto de las abundantes e incesantes acusaciones de que hubo compra de votos para favorecerlo, sobre todo a través de tarjetas clientelares correspondientes a la cadena de almacenes Soriana.

 

Sin embargo, el tono y los conceptos centrales que utilizó resultan ominosos, como si la intención principal de su discurso ante las actuales circunstancias fuera la advertencia punitiva, el amago oscurecido, el anticipo de un endurecimiento en curso. Desde la reaparición sombría del fantasma del diazordacismo en la Universidad Iberoamericana, cuando reivindicó con altivez provocativa la autoría de la represión a pobladores de San Salvador Atenco, EPN se había cuidado de reincidencias delatoras. Ante movilizaciones juveniles que llegaron a irrumpir en recintos donde se realizaban actos de proselitismo con él presente, e incluso en episodios sujetos a polémica, en los que su camioneta fue alcanzada físicamente por algunos de sus presuntos opositores, EPN había privilegiado las alocuciones pacificadoras y benevolentes.

 

A 10 días del formal triunfo que ya le adjudicó el IFE, que le es impugnado por un segmento social numeroso y activo, y que está por resolverse en términos litigiosos en el tribunal electoral federal, Peña Nieto no muestra paciencia personal ni habilidad política para permitir el desahogo del curso jurídico que conlleva alegatos, pruebas y testimonios que podrían ser falsos, exagerados y torpes (o todo lo contrario), pero que necesitan ser declarados como tales por la instancia resolutoria que constituye el antes mencionado tribunal y no por las palabras y consideraciones subjetivas de la parte acusada que así, al revolverse indispuesta a escuchar a los otros y a dejar que lo institucional decida controversias, parece peligrosamente encaminada a asumir sus juicios subjetivos como palabra de poder, imperiosa, incontestable, ejecutante.

      Los sucesos de la Ibero generaron una viva reacción ante el discurso peñanietista por considerarse que se había faltado a la verdad en el acto estudiantil en sí pero, sobre todo, por la manera torpe, provocadora y dinosáurica en que el aparato priísta respondió a los hechos, pretendiendo adjudicar responsabilidades a infiltrados, provocadores y desquiciados. Con sus planteamientos de ayer, Peña Nieto comete un error parecido: en lugar de presentar pruebas exculpatorias suficientes, que por sí mismas desarmaran a sus opositores y ayudaran a esclarecer los términos del conflicto, o de rechazar las acusaciones que ha recibido, pero reservando a la palabra institucional el dictamen final, el sobrino de Arturo Montiel ha saltado a la arena hablando de mentiras sin sustento, infundios absolutos, montajes y descalificaciones. Tanta maldad desbordada habría afectado incluso a personajes de frágil criterio, ha de suponerse, como Felipe Calderón, quien también habría sido engañado con ese cuento.

        El otro punto destacado de sus respuestas de ayer a periodistas fue el rechazo a que partidos o actores políticos pretendan lastimar la unidad de los mexicanos y polarizar aún más los ánimos de tensión y diferencias que son naturales en una contienda. México, dijo EPN, quiere vivir en paz. Las preolímpicas palabras del jefe del priísmo se producen a 48 horas de que el principal opositor a su presunto triunfo, Andrés Manuel López Obrador, delinee la ruta política que seguirá mientras el tribunal electoral analiza los expedientes que presentará con la pretensión de invalidar o anular los comicios presidenciales.

         Por lo pronto, Soriana, la empresa de larga y consistente asociación con gobiernos priístas, ha anunciado que emprenderá acción penal contra el actual senador y próximo diputado federal Ricardo Monreal, por los señalamientos que reiteradamente ha hecho del uso de tarjetas plásticas para la compra de votos en favor del PRI. La firma de la familia Martín Bringas extenderá sus querellas contra quienes resulten responsables, en una apertura al infinito que podría significar abrir expedientes acusatorios contra cualquier ciudadano que hubiera reproducido o hecho suyas las acusaciones referentes al Sorianagate.

      En el marco del renovado enrarecimiento de la vida pública nacional, con la reaparición de crímenes y enfrentamientos relacionados con el narcotráfico, actividades estas que parecieran haber entrado en un receso por razones electorales (aunque en el norte del país hubo presión y amenazas que favorecieron al PRI), han sucedido dos atentados contra sendas sucursales del Grupo Reforma, cuyo principal diario se edita en la ciudad de México, pero cuya cuna ha sido Monterrey, donde mantiene una preponderante presencia periodística bajo el título de El Norte. Ayer, las instalaciones de las sucursales La Silla y Linda Vista fueron atacadas con productos explosivos, por fortuna sin que hubiera personas lesionadas.

        Siendo Monterrey sede de grupos criminales sin control, que lo mismo retan al gobierno estatal que a empresas e individuos, hacia ese rubro se encaminan de manera natural las primeras sospechas. Sin embargo, cierto es también que en esa entidad hay poderes priístas ofendidos por la publicación de material periodístico que exhibe algunas de sus andanzas negativas y que ese partidismo de tres colores ha tenido grave descalabro electoral reciente. También es de recordarse que Reforma ha estado bajo fuego televisivo de doble moral a propósito de anuncios clasificados de contenido sexual, en una acometida hipócrita que tenía como verdadero móvil la venganza porque en ese diario se publicaban noticias, reportajes y artículos que obstruían los grandes arreglos de cúpula que significaban ganancias de miles de millones de pesos para Televisa.

        Y, mientras Margarita se asoma desde ahora para sugerirse como carta del PAN para el regreso blanquiazul en 2018, ¡hasta mañana, con Gobernación instalando a una ex diputada federal panista como coordinadora de la defensa oficial de defensores de derechos humanos y periodistas!

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Plan de gobierno-Helguera

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¿Ganó México?

José Steinsleger

      En la transitada calle de doble vía, la fila de coches se detiene por completo. Quince minutos después, con la venia de un vecino que fisgonea desde la planta alta, estaciono el vehículo en la entrada de su garaje y sigo a pie.

Metros adelante, la policía despliega cintas amarillas, acordonando el lugar. Sobre el asfalto, en charcos de sangre fresca aún, tres jóvenes abatidos por quién sabe. Santiguándose, la señora de una tienda los cubre con cartones de cerveza. El oficial a cargo ordena a un patrullero que se traslade a las guarderías y escuelas cercanas, con el fin de aguantar la salida de los niños.

A la entrada de la escuela, papás y mamás se consuelan: menos mal que nuestros hijos no fueron testigos del crimen…. ¡Ja! No bien se abren las puertas, la excitación de los niños resulta incontenible. Todos han oído el tiroteo, todos piden ver a los muertitos.

La endemoniada topografía de Cuernavaca me obliga a tomar un taxi, dando un rodeo para regresar al punto de partida. En tanto, mi hijo rezonga porque no puede ver a los muertitos. El chofer inquiere:

–¿Asistió usted al evento?

–¿Cuál evento? ¡Hay tres muertos!

–Pos sí, la seguridad está canija…

¿Qué será más desquiciante?: ¿el discurso del poder mediático que emplea eufemismos (crimen organizado) para nombrar esta guerra importada de Washington? ¿O el discurso del todavía no presidente electo que anuncia más guerra contratando como asesor a un policía de Colombia que en su país ha sido denunciado como cómplice del paramilitarismo y el narcotráfico?

Pensándolo bien, nuestro pueblo se las ingenia de maravillas para nombrar lo innombrable, lo indecible, lo implosivo de la vida cotidiana. Recuerdo, años ya, la extraordinaria exposición montada por la inolvidable escultora Helen Escobedo en el Museo de la UNAM: La muerte: expresiones mexicanas de un enigma.

El monero Naranjo promovió la muestra dibujando a un charro de mirada agresiva, limpiándose los bigotes con botella de tequila en mano, y un pie apoyado sobre una calavera en cuya frente decía: Me vale.

¿Será verdad que la virtual institucionalización de la muerte violenta interesa cuando matan a los conocidos, mientras se induce al México profundo a padecer la suya con resignación beata? ¿Cuánto de seudoantropología social habrá en esta verdad que los impostores de la historia remontan, mañosa y fatídicamente, a la piedra de sacrificios de Tenochtitlán?

Como miembro de la raza que se intoxica de información, en los días previos a los comicios presidenciales compré Nexos, Letras Libres y Este País. Pero en la cafetería a la que suelo concurrir me fue imposible hojear las revistas de los que saben. A David, joven mesero de 19 años, le encanta platicar. Y a mí también.

–Bueno: ¿a quién le vas el próximo domingo?

–No lo sé… ¿y usted?

–A López Obrador.

–Mi esposa también le va a López Obrador.

–¿Y tú no?

–Me gustaría… pero no puedo.

–¿Cómo que no puedes?

–En la colonia, los amigos que me quedan (sic) le van al PRI.

–Y los otros qué… ¿se mudaron?

–No, se los llevó la chingada. A dos que cursaron la prepa conmigo, los mataron en Guerrero. Y otros dos, más chavos, viera usted las naves que traen. Portan armas que dan miedo. El año pasado mataron a la familia de un viejo que distribuía droga. Pero con nosotros son amables.

–¿Y eso qué tiene que ver con el PRI?

–Quién sabe… Algunos dicen que con el PRI estaremos más seguros que con la policía.

–¿La policía no ayuda?

–¿A quiénes? Cuándo ellos visitan la colonia, el patrullero desaparece.

David, sobra aclarar, no tiene el privilegio de pertenecer al movimiento #YoSoy132. Y de querer, no podría. Mantiene a su madre, esposa y bebé. David pertenece al 26.4 por ciento de la población que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tiene de 15 a 29 años de edad: 30 millones de jóvenes.

De ajustarnos a los análisis estadísticos de los que saben, chicos como David no figuran entre los desempleados citadinos de un país que ocupa el cuarto lugar que en América Latina pertenecen a hogares pobres encabezados por padres jóvenes. Tiene trabajo: con propinas, junta cinco mil al mes. En cambio, sus amigos multiplican por cinco sus ingresos mensuales.

–David: ¿alguna vez tus amigos te han ofrecido trabajar con ellos?

–Siempre lo hacen. Pero no quiero.

–¿Y qué te dicen?

–Nada. Se ríen.

–¿No temes amenazas? Después de todo, sabes muy bien quién es quién y a qué se dedican.

–A mí y otros chavos nunca nos han amenazado. Pero ellos también nos conocen porque nacimos y crecimos juntos. Y el que le entra, le entra…

¿Para qué gasto en estas revistas que se especializan en reforzar las tuercas de la explotación y el control democrático de una sociedad que lleva tantos años debatiéndose en los subsuelos de la ignominia nacional?

Si saco conclusiones apresuradas de los cómputos oficiales del IFE, concluyo que las fuerzas conservadoras y reaccionarias del país son invencibles: 33 millones sobre poco menos de 16 millones de sufragios. Mentiras. No les creo nada.

Vende caro tu amor-Fisgón

rfisgon@jornada.com.mx

La SCJN, por la opacidad

         El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó ayer, por seis votos a cuatro, el amparo interpuesto por un particular en contra de la decisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de no hacer públicos los nombres de las personas o las compañías a las que se cancelaron créditos fiscales por casi 74 mil millones de pesos en 2007, así como a qué obedecieron tales cancelaciones.

De tal forma, el máximo tribunal del país dio cobertura legal a una decisión contraria a la transparencia y rendición de cuentas que pregona el gobierno federal. El designio de escamotear a la mirada pública datos fundamentales de la administración federal ha persistido, a pesar de cuatro resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) en favor de la publicación de tal información, y resulta contraria incluso a prácticas del propio SAT: en efecto, desde 2008 la dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha proporcionado al Buró de Crédito la información de los contribuyentes que cuentan con créditos fiscales que no han sido pagados ni garantizados en los plazos y términos que la ley establece –según se lee en la página del organismo–, en una medida que no guarda relación alguna con la defensa a ultranza del secreto fiscal efectuada ayer por la Corte y que incluso fue avalada por los integrantes del máximo tribunal en noviembre de 2010.

Más allá de la inocultable doble moral en el desempeño de las autoridades tributarias y en los criterios del máximo tribunal –perjudicar a quienes se ven imposibilitados para pagar sus impuestos, y cobijar a los causantes a los que las contribuciones les son condonadas por cualquier procedimiento–, la discrecionalidad y la opacidad del gobierno federal en lo que concierne a la cancelación de los adeudos fiscales referidos siembra dudas atendibles respecto de la legalidad de esa decisión. Si dicha cancelación obedeció a criterios estrictamente legales –como la supuesta imposibilidad de cobro de los créditos o su incosteabilidad, como argumenta el SAT–, no hay razón alguna para no hacer públicos, cuando menos, el número preciso y los nombres de los causantes condonados.

En cambio, la negativa sistemática del órgano encabezado por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena a proporcionar esa información; el monto de recursos federales perdidos por la cancelación de esos créditos –que duplica el presupuesto destinado al programa Oportunidades para este año, o equivale a la mitad del costo de una refinería de gran capacidad–, que ha pasado a formar parte de la cartera incobrable del SAT, y el historial de tratos obsequiosos para con los grandes capitales que ha acumulado el grupo que detenta el poder siembran las sospechas de que la práctica comentada pudiera ser una maniobra para otorgar beneficios fiscales indebidos en favor de un grupo de privilegiados –como ha denunciado el comisionado del Ifai Ángel Trinidad– y de un desfalco mayúsculo a las arcas públicas.

La SCJN habría podido ejercer su función de contrapeso al Ejecutivo, desempeñarse como garante de la legalidad y la transparencia y ordenar el pleno esclarecimiento de un episodio que confirma el manejo opaco, discrecional y patrimonialista de los recursos públicos en el país. Por el contrario, con el aval otorgado ayer al desempeño del SAT, el máximo tribunal se erige en defensor de un accionar presumiblemente ilícito y abiertamente inmoral, y se desacredita como factor de certidumbre jurídica y de corrección de los extravíos en los que pueden incurrir –e incurren, sin duda– los otros poderes de la Unión.