Cuatrocientos votos por un baño- Bienvenidos a 2006...-Encuestas: ¿anomalía estadística o alineamiento deliberado?

Cuatrocientos votos por un baño

Inocencio Santiago*

 

        La pequeña comunidad mixe de Santiago Tutla, municipio de San Juan Mazatlán, Oaxaca, brincó a la fama nacional hace unos pocos meses cuando los policías comunitarios –o topiles– de ese poblado retuvieron por algunas horas al sacerdote Alejandro Solalinde, quien denuncio como responsable de los atropellos que sufrió al violento cacique José Raymundo.

 

Santiago Tutla, o Nuevo Tutla, como también se le conoce, es un pueblo mixe que durante los últimos 50 años ha estado sometido a feroces caciques, quienes mantienen el control por medio de actos de violencia extrema. Decenas de indígenas han sido asesinados o expulsados por no acatar las órdenes del dueño del pueblo. Durante muchos años el cacicazgo de Tutla ha recibido protección e impunidad a cambio de aportarle votos al PRI.

Los caciques, con sus pistoleros, han obligado al pueblo a que por acuerdo de asamblea toda la comunidad vote por el PRI. En las elecciones federales de 2006 sólo una ciudadana se rebeló, y fue castigada. Desde esa fecha no ha podido regresar a su comunidad. Lo mismo ha ocurrido en las elecciones locales. Nuevo Tutla tiene fama de tener casillas zapato. Todos los votos son para el mismo partido. En ocasiones han llegado observadores o representantes de otros partidos, quienes de inmediato han sido corridos, en medio de amenazas y empujones.

Este primero de julio la modernidad democrática no llegó a Nuevo Tutla. Tampoco llegó por ningún lugar el nuevo PRI que tanto pregonan. Como ha ocurrido desde hace muchos años, en estas últimas elecciones federales toda la comunidad fue obligada a votar a la vista a favor de Peña Nieto, a cambio de un baño público: 400 votos a cambio de un retrete.
Sofí Castro, candidata a senadora, ex diputada federal y políticamente cercana al siniestro Ulises Ruiz, logró que toda la comunidad de Nuevo Tutla diera su voto a los candidatos del PRI en ese lugar, pero también en las comunidades de San Juan Cotzocón, Matamoros, Puxmetacan y otras de la región del Bajo Mixe. También consiguió que, a cambio de pequeñas obras y dinero para las autoridades comunitarias, se obligara a los vecinos a votar por ese partido. De esa manera Peña Nieto ganó miles de votos en el Bajo Mixe.

En toda la región se cometieron abusos y fraudes en estas elecciones. Se entregaron materiales de construcción, despensas y dinero a cambio del sufragio; los operadores del PRI y del PAN coaccionaron de manera abierta a los votantes e intimidaron a los representantes de otros partidos. En el pueblo de El Porvenir los representantes de un partido fueron amenazados de muerte por un ganadero priísta conocido también por sus lazos con el narco.

En enero de este año el padre Solalinde denunció los atropellos que se cometen en la zona. Señalo que la policía comunitaria de Nuevo Tutla es una banda paramilitar al servicio de los Raymundo, y que estos topiles portan armas de alto poder, de uso exclusivo del Ejército. Además, el sacerdote denunció el nexo que tiene el cacicazgo con el crimen organizado. Pero no pasó nada. Aunque las autoridades estatales y federales saben que algo grande se cocina en Nuevo Tutla, no actúan, y por ello el pasado primero de julio, bajo presiones y amenazas, todos los ciudadanos votaron por el PRI a cambio de un baño.

¿Cómo se atreven a comprometer un cambio, cuando ellos mismos no cambian? Este año no llegó el nuevo PRI al Bajo Mixe... ni llegará.

A la memoria del luchador social mixe Armando Agustín Bonifacio, asesinado en Tutla en 1995 por los caciques.

* Profesor bilingüe

Bienvenidos a 2006...

Jorge Camil

 

        La derrota de Josefina el domingo pasado fue también la derrota de Felipe Calderón, el gran perdedor de la contienda. Fue, como reconoció Gustavo Madero al día siguiente, una derrota mayúscula. Calderón jamás se perdonará haberle regresado el poder al PRI, un partido al que ha odiado desde niño. Pero el triste fracaso de su gobierno no dejaba lugar a muchas opciones. Sabía cuál sería el resultado, por eso se cuidó de no dar la impresión de estar demasiado involucrado en el proceso, como hizo Vicente Fox. Prefirió dejar en los electores la impresión de ser un presidente como Ernesto Zedillo. Él sería el presidente de la segunda alternancia. Y así marcó nuestro destino político: ir de alternancia en alternancia, sin arribar jamás al puerto de la plena democracia y sin acabar de salir de una transición interminable.

 

Alguna extraña influencia ejerce Calderón sobre Josefina, porque sin ser santo de su devoción, y sin haberle ayudado en la campaña, la convenció de salir a los medios a aceptar la derrota antes de que se conocieran las cifras del conteo rápido. Enfrentada a ese predicamento humillante, después de tres arduos meses de campaña, a lo más que llegó la candidata fue a lanzar, con ojos llorosos, sonsonete desgastado y sonrisa desdibujada, un par de mensajes subliminales de su propia cosecha; pidió que el partido volviera a ser una institución ciudadana y, más extraño aún, una opción de libertad.

Estoy seguro de que fueron frases suyas, porque las machacó durante toda la campaña; especialmente la del tema de la libertad, que fue quizá su manera tibia de separarse de Calderón. Nunca se dio cuenta de que dejaba en los electores la impresión de que éste era un tirano que había secuestrado el partido para convertirlo en un castillo de la pureza (el hombre que en 1950 encerró a su familia 18 años para que no la contaminara el mundo exterior). Hoy, con la autoridad de haber sido candidata presidencial, y con sus 12.5 millones de votos, Josefina podría usar su movimiento anunciado para disputarle el poder a Calderón, y regresar al PAN de los Gómez Morin, los González Luna y los Preciado Hernández del siglo pasado. Quizá regresando a sus raíces y valores originales el partido dejaría de ser tabla de lanzamiento para oportunistas como Fox y panistas pragmáticos como Calderón.

Fue buena decisión no impugnar la elección ni cuestionar el segundo lugar. Eso los hubiese obligado a ventilar los motivos de la derrota frente a más de 12 millones de electores cautivos y analistas dispuestos a hurgar aún más en las entrañas de un sexenio que convirtió al PAN en otro daño colateral de Calderón. Al término de la justa electoral Calderón felicitó a Peña Nieto y anunció el resultado de la elección en cadena nacional. Con eso, el candidato priísta se sintió en libertad de pronunciar su mensaje a la nación.

Hace dos semanas advertí en este mismo espacio que nos asomábamos a un conflicto electoral que podría volverse violento: http://bit.ly/LGCZc3. Y el martes pasado, antes de que el IFE se pronunciara oficialmente, Andrés Manuel López Obrador abandonó la república amorosa y denunció un enorme fraude electoral. ¿Es una violación del pacto de civilidad? ¡Para nada! Lo firmó porque iba a ganar.

AMLO acusó irregularidades ocurridas antes, durante y después de la elección (lo que indica que ya está consultando abogados, porque esa descripción tan precisa es la de un delito continuado). Añadió que por la cobertura de los medios y el dinero a raudales del PRI, se trató de una elección inequitativa en violación de la Constitución, y plagada de irregularidades. Ya impugnó los comicios y pidió el recuento de todos los votos de la elección presidencial. Lo acompañaban los presidentes de los partidos de su coalición. Así que regresamos a una elección de tres: Peña Nieto, AMLO… y ahora Felipe Calderón.

Antes de las elecciones dije en mi blog (http://bit.ly/P21Rlj) que la guerra de las encuestas fue un espejismo que logró distraernos del escenario de un conflicto electoral. Advertí que López Obrador, consciente del fraude orquestado en su contra en 2006, había iniciado su campaña curándose en salud; alegando que se preparaba un fraude electoral. Hoy finalmente lo está denunciando.

En 2008 publiqué en La Jornada un artículo titulado Un conflicto interminable (http://bit.ly/Nu0HaK). En él lamentaba que dos años después del conflicto de 2006 la república languidecía dividida, y enfrascada en la pelea del voto por voto y casilla por casilla. Proyectábamos la imagen de un país atrapado sin salida, convertido en rehén de ambiciones, odios y venganzas. En 2012 vamos por el mismo camino.

El martes pasado, mientras el consejo del IFE discutía la petición de López Obrador, se infiltraron brigadas de choque entre los estudiantes de #YoSoy132 impidiendo el acceso al edificio. Esperemos que después de una jornada cívica ejemplar no se anule la elección, y que nadie caiga en la tentación de convertir este conflicto en un problema estudiantil. Debemos recordar la frase: 2 de octubre no se olvida.

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Encuestas: ¿anomalía estadística o alineamiento deliberado?

           Durante los meses que duraron las precampañas y campañas presidenciales, diversas empresas encuestadoras, en sociedad con medios impresos y electrónicos, dieron seguimiento periódico –incluso cotidiano, en algunos casos– a la evolución de las preferencias electorales en el país mediante estudios que fueron presentados como científicos, representativos de la realidad y susceptibles de un margen de error hasta de 3 por ciento. En general, esos sondeos atribuyeron durante prácticamente todo el periodo una ventaja hasta de 18 puntos porcentuales al aspirante presidencial de PRI, Enrique Peña Nieto, respecto de sus competidores, la cual persistió a pesar de los dislates verbales cometidos por el mexiquense en diciembre de 2011, de su accidentada comparecencia en la Universidad Iberoamericana y de las sucesivas movilizaciones en su contra que dieron origen al movimiento #YoSoy132, y sembró la percepción de una tendencia irreversible en las preferencias electorales a favor del mexiquense.

Por su parte, el candidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador –quien ocupa, según las tendencias oficiales, el segundo lugar de la elección del pasado domingo– fue recurrentemente colocado en empate técnico con la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, e incluso por debajo de ésta, en los referidos sondeos.

A la luz de los resultados preliminares de la elección presidencial, es posible constatar que la mayoría de esas compañías erró en sus estimaciones respecto de la contienda: en promedio, las encuestas presentadas en la semana previa al primero de julio otorgaron a Peña Nieto una ventaja que duplica la diferencia oficial respecto del aspirante presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador (6.5 por ciento). Paradójicamente, los sondeos electorales que obtuvieron resultados más cercanos a las tendencias oficiales –elaborados por las compañías Ipsos-Bomsa, Demotecnia y Berumen y Asociados– fueron en su momento objeto de críticas y cuestionamientos metodológicos por comunicadores y analistas, habida cuenta de sus divergencias respecto del llamado mercado de encuestas.

Los estudios estadísticos son por principio susceptibles de error y pueden estar afectados por los sesgos socioeconómicos, políticos y culturales de los grupos poblacionales en que se aplican, por la desconfianza o resistencia de los entrevistados a informar sobre sus preferencias y por fallas diversas en la obtención, el procesamiento y la interpretación de los datos. No obstante, el carácter sistemático y generalizado de los errores de las casas encuestadoras al medir las preferencias electorales, en conjunto con la ausencia de explicaciones plausibles respecto de tales fallos, contrasta con las pretensiones de cientificidad, representatividad y precisión estadística con que se promocionó a esos estudios, y siembra dudas sobre si las encuestas se vieron afectadas por una anomalía estadística hasta ahora no identificada o bien si fueron objeto de un alineamiento deliberado para apuntalar la candidatura presidencial priísta.

De ser cierto el segundo de estos escenarios, se confirmaría la percepción –compartida por un sector importante de la opinión pública– de que el papel principal de las encuestadoras en la pasada elección presidencial no consistió en reflejar tendencias, sino en inducirlas, y se asistiría a una intromisión indebida y a trasmano de empresas demoscópicas y consorcios mediáticos en el proceso electoral, la cual, por desgracia, quedaría impune habida cuenta de la ausencia de regulaciones para este tipo de ejercicios en la legislación nacional.

Intencional o no, es previsible que el desempeño errático de las encuestadoras en el proceso electoral aún en curso derive en un costo proporcional en su propia credibilidad y en la de los medios que difundieron y defendieron sus estimaciones. Por lo que hace a la institucionalidad política del país, ésta tendrá que padecer también, y en forma injusta, la erosión de un instrumento que supuestamente debiera dar credibilidad, transparencia y predictibilidad a los procesos electorales, y cuyo uso excesivo y poco transparente ha contribuido, en cambio, al enrarecimiento del clima político nacional.