El “árbitro” electoral, ciego, lento y autocomplaciente
El consejero presidente del Instituto Federal
Electoral (IFE), Leonardo Valdés.
Foto: Eduardo Miranda
Foto: Eduardo Miranda
Durante el proceso electoral, aun antes de las campañas, el Instituto Federal
Electoral se presentó como un árbitro atento e hizo intentos por pulir las leyes
que garantizaran un ejercicio transparente. Pero a partir del martes 3 por la
noche, cuando su consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, se apresuró a
cantar victoria, se le vinieron las inconformidades encima, incluidas la del
mandatario Felipe Calderón y las de los candidatos perdedores: Andrés Manuel
López Obrador y Josefina Vázquez Mota.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El martes 3 por la noche, luego de que los
integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) festejaron
que los ciudadanos empadronados ejercieron su derecho a votar y hablaban de una
jornada limpia, comenzaron a manifestarse las inconformidades por “la iniquidad
antes y durante la campaña”.
“Señoras y señores consejeros y representantes: más de 50 millones de
mexicanos acudieron a las urnas el domingo pasado. Cada uno de ellos ejerció su
derecho y decidió en las casillas libremente el sentido de su voto”, expuso
Leonardo Valdés Zurita en la sesión de consejo del IFE poco antes de iniciar el
conteo oficial de los votos presidenciales.
“Esta elección ha sido buena; ha sido limpia”, lo secundó el consejero
Francisco Guerrero Aguirre.
Pero las quejas y observaciones se desataron. Venían del propio presidente
Felipe Calderón, de los candidatos del PAN y del Movimiento Progresista,
Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente, de la
sociedad civil y del movimiento estudiantil #YoSoy132. Todos exigían al árbitro
electoral dar respuesta satisfactoria o, decían, “habrá razones para no aceptar
la elección”.
Y como telón de fondo, algunos diarios publicaron imágenes de “simpatizantes
del PRI” cuando realizaban compras de pánico ante el rumor de que las tarjetas
entregadas por ese partido a cambio de su voto se iban a cancelar. El mismo
miércoles 4 López Obrador exhibió miles de plásticos con el logotipo de la
cadena de tiendas Soriana.
Avasallada por las pruebas contra el PRI y su candidato, la panista Vázquez
Mota se sumó a los reclamos de iniquidad en la contienda presidencial. El
presidente Calderón Hinojosa retomó las acusaciones sobre uso indebido de
recursos en las campañas.
Entrevistado por Pascal Beltrán del Río, director editorial de Excélsior, el
Ejecutivo federal expuso que el “tema” no está en el conteo de votos, sino en el
uso indebido del dinero. Un asunto que, dijo, el IFE aún no aborda.
–A las personas que están inconformes con el resultado, con el desarrollo de
los comicios, a quienes están protestando en las calles, ¿qué mensaje les
enviaría? –preguntó Beltrán del Río.
–No sólo a ellos; yo creo que también a las autoridades. Yo diría que es
importante que se atiendan sus cuestionamientos… Si esto no es atendido
debidamente, evidentemente habrá razones, por lo menos, para no aceptar o, por
lo menos, protestar en el proceso. Mi mensaje es que se haga legalmente por las
vías institucionales. Creo que no son cosas triviales, yo creo que deben
atenderse.
Calderón, “El Peje” y Vázquez Mota
Pese a que Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota se quejaron
ante el IFE por el uso indebido de recursos, rebase de topes, manipulación de
encuestas e iniquidad “antes y durante el proceso electoral” por parte del PRI,
la Unidad de Fiscalización del instituto no consideró urgente su resolución;
incluso adelantó que las investigaciones podrían concluir en cinco años.
El viernes 5, justo cuando terminó el conteo oficial de los votos para
presidente de la República, el cual dio al priista Peña Nieto una ventaja de
siete puntos sobre López Obrador, el diario Excélsior publicó la entrevista de
su director editorial con Calderón, quien se pronunció por una revisión del
proceso electoral:
“Yo creo que el tema no está, por ejemplo, en el conteo de votos. Yo creo que
el conteo de votos va a arrojar más o menos las mismas cifras, porque,
honestamente, las casillas estuvieron muy vigiladas y (los votos estuvieron)
bien contados. Y qué bueno. Fue un poco como en mi elección.”
Y aclaró: “Pero ahí no está el tema. Las acusaciones son sobre uso de
recursos indebidos en las campañas que provocan una desigualdad”.
Poco antes de la medianoche del domingo 1, una vez que el IFE emitió los
resultados del conteo rápido que dio como puntero a Peña Nieto, Calderón emitió
un mensaje en cadena nacional en el cual expuso sus primeras dudas sobre el
proceso.
“Dije por ejemplo –le recuerda a su entrevistador– que había señalamientos
muy serios y de preocupación de algunos partidos y candidatos; que tenían que
ventilarse debidamente las inconformidades y que nuestra democracia, claramente,
requiere perfeccionarse.
“Los señalamientos que hace, por ejemplo, el candidato del PRD-PT-Movimiento
Ciudadano, López Obrador, son relativos a la iniquidad y al uso de recursos. Él
tiene una expresión: que hubo dinero a raudales en la campaña. Y Josefina
(Vázquez Mota) ha hecho una declaración en el mismo sentido, que hubo una
desproporción muy importante en el uso de dinero.”
Calderón –quien contendió en 2006 contra López Obrador en una jornada tras la
cual el tabasqueño exigió el recuento voto por voto– puntualizó al respecto:
“Yo no puedo afirmar que lo haya habido (el gasto excesivo), pero sí creo,
como presidente y como ciudadano, que las autoridades electorales están
obligadas, desde luego, a darnos a todos una respuesta sobre ello.”
El jueves 5, la candidata presidencial del PAN denunció la falta de equidad.
Sostuvo que así como aceptó que los números no le favorecían, igualmente exigía
a las autoridades una investigación al respecto.
“En esta elección se hicieron visibles circunstancias de iniquidad que
tuvieron un efecto determinante en el resultado electoral. Esas circunstancias
se dieron antes y durante la campaña electoral.”
Añadió: “En esta elección algunas encuestas en algunos medios dieron
resultados que sólo pueden interpretarse como instrumentos de propaganda
electoral y no basta un ‘me equivoqué, ustedes disculpen’”.
Y, al igual que López Obrador, pidió a la autoridad electoral revisar “con
todo detalle los gastos que evidentemente rebasaron los topes de campaña
establecidos por la ley por parte de algunas fuerzas políticas y que se asocian
a la compra y coacción al votante y al uso ilegal de recursos públicos y
privados”.
También sentenció que “la legitimidad que deriva de las urnas se pierde
cuando se ha violado la ley para alcanzar un propósito electoral”.
Un árbitro complaciente
Satisfecho por la elevada participación ciudadana en la jornada del domingo
1, el presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, se precipitó al declarar que
el proceso fue “limpio” y al desdeñar las pruebas y demandas presentadas por el
PAN y la coalición PRD-PT-Movimiento Ciudadano a lo largo del proceso contra el
PRI y su candidato, en particular por el rebase del tope de campaña, la compra y
coacción del voto y las encuestas de la empresa GEA-ISA que favorecieron a Peña
Nieto a lo largo de tres meses, aun cuando nunca cumplieron con los requisitos
establecidos por el IFE.
Además, bajo la consigna de la aplicación “literal” de la ley, el instituto
se negó a emitir un mensaje para conminar a los consejos distritales a abrir
todos los paquetes electorales y disipar cualquier duda sobre los votos
obtenidos por el candidato triunfador.
Esta última decisión crispó el ánimo de integrantes del movimiento #YoSoy132,
quienes desde el domingo 1 por la noche manifestaron su rechazo del conteo
rápido y los resultados preliminares que daban como ganador a Peña Nieto. Desde
ese día mantienen bloqueada la entrada del IFE y demandan que se limpie la
elección.
Sobre la presencia del movimiento, a cuyos integrantes ni siquiera los han
invitado a dialogar, el consejero Francisco Guerrero se quejó porque, dijo, “el
IFE sigue bajo el asedio. Según he podido platicar con gente que conoce el IFE,
pareciera que no hay precedente en torno a este sitio al que se le quiere
someter al IFE… Esta situación la señalo porque este clima de asedio nos debe
hacer reflexionar el tono y la manera en que estamos conduciendo los trabajos de
este consejo general”.
Pero mientras sus consejeros dicen una cosa, el IFE se muestra omiso ante las
demandas. Así, para evitar sesgos en las encuestas que realizarían algunos
medios de información, desde el 14 de diciembre de 2011, según el acuerdo
CG411/2011, el instituto fijó como requisitos obligatorios la entrega de las
bases de datos.
El 25 de abril último, en vísperas del arranque formal de las campañas, el
Movimiento Progresista denunció que el Grupo de Economistas y Asociados, S.C. e
Indagaciones y Soluciones Avanzadas, S.C. (GEA-ISA) desde febrero publicó todos
los días una encuesta en Milenio diario y Milenio TV, pero nunca entregó la base
de datos, por lo que pidió como medida cautelar que se suspendiera la encuesta
en tanto no cumpliera con la obligación y el IFE tuviera certeza jurídica sobre
lo que revelaba.
Contra sus propias reglas, el IFE declaró improcedente el recurso. Las
encuestas siguieron publicándose. Otro par de ejemplos: cuando el PAN denunció
el caso de Monex y el Movimiento Progresista el de Soriana, así como el rebase
del tope de gastos de campaña –según el cual hasta el 4 de junio el PRI había
gastado 719.5 millones de pesos, 383.3 millones por encima de lo permitido–, el
instituto no actuó.
Meses antes, el 8 de febrero, López Obrador presentó 12 puntos para evitar la
compra y coacción del voto, entre ellos uno en el que pidió “reforzar acciones
como el revisar los perfiles de los capacitadores electorales”. El Estado de
México y Veracruz, expuso, “son ejemplos vivos de la utilización de programas
sociales”.
Pidió también que la Unidad de Fiscalización fijara reglas para la
contabilidad y registro de los bienes que se distribuyen como propaganda durante
las precampañas y las campañas, así como realizar auditorías durante la campaña
para verificar el origen y destino de recursos y evitar la simulación de compra
indebida de espacios en radio y televisión, entre otras acciones.
Tres meses después, el IFE respondió que se estaban realizando esas acciones.
Pero no fue así. Prueba de ello es que el miércoles 4 el Movimiento Progresista
presentó un escrito con la denuncia de tres consejeros propietarios del Distrito
05 en Coahuila, en el cual pedían que el vocal de esa circunscripción, Jorge
Luis Grana Hernández, no participara en el recuento de votos, ya que desde el 22
de febrero, en una plática a los futuros capacitadores y asistentes electorales,
les comentó que López Obrador “hizo mucho daño a la democracia”.
En cuanto a las denuncias acerca de Monex, Soriana y el rebase de tope de
gastos de campaña, el representante del Movimiento Progresista ante el IFE,
Eleazar Márquez Madrid, se reunió con el director de la Unidad de Fiscalización,
Alfredo Cristalinas, la tarde del jueves 5 para solicitarle información. El
funcionario le respondió que no era su obligación dársela; incluso le dijo que
se la proporcionaría en cinco años más.
En la sesión de ese día, Márquez Madrid pidió al consejero presidente del IFE
que se les entreguen “los proyectos de resolución de dichas quejas, porque hay
que destacar que el proceso electoral tiene que analizarse antes, durante y
después de la jornada electoral”.
Y expuso: “El señor Cristalinas dijo que él no está obligado a rendir ningún
informe ni a adelantar ningún avance de lo que ha investigado ni lo que le ha
informado el SAT o la CNBV ni los requerimientos que ha hecho a Soriana, ni los
que ha hecho al PRI. Hay una violación al principio de equidad, legalidad y
transparencia sobre el uso de recursos de dudosa procedencia que utilizó el
PRI”.
Valdés Zurita respondió a Márquez Madrid: “Analizaremos con la Unidad de
Fiscalización la pertinencia de su solicitud”.
Cristalinas dijo a Proceso que dará su informe el próximo 26 de julio.
En la sesión del jueves 5, el representante del PAN, Agustín Castilla
Marroquín, le reclamó al IFE el hecho de que aún permanezcan “vigentes prácticas
nocivas como la compra y coacción del voto, o la inducción a través de
encuestas”. Y Pablo Gómez, representante del PRD, manifestó que la elección fue
“una práctica que no consiste en la manipulación de votos en casillas, sino en
la compra de votos y en presionar a los electores”.
En una de sus peticiones para evitar la compra y coacción de voto, López
Obrador demandó que se prohibiera el uso de celulares el día de la elección. El
IFE desechó la solicitud el 21 de junio con este argumento: “no tenemos base
jurídica alguna para prohibir celulares, prohibir fotografías o hacer registros
en la privacidad de la casilla”.
Sin embargo, en su acuerdo CG41/2012, emitido como respuesta a la petición
que el 11 de junio pasado hizo el dirigente del Sindicato Mexicano de
Electricistas, Martín Esparza, para que se permitiera al votante fotografiar su
propio sufragio, el consejo se negó porque, dijo, daría pauta a la compra o
coacción del voto:
“El fomentar que los ciudadanos puedan fotografiar la boleta electoral una
vez emitido su voto, más allá de velar por la autenticidad y efectividad del
sufragio, podría utilizarse como un elemento que propiciara una práctica
contraria al principio de secrecía y libertad del sufragio, como son la compra y
la coacción del voto.”
De acuerdo con las denuncias, el PRI pedía a los ciudadanos mostrar una foto
de su voto a favor del partido para entregarles la tarjeta Soriana.
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