¿Por qué temen las mujeres a Peña Nieto?
Organizaciones de derechos humanos y ONG’s especializadas en feminicidios en México alertaron ayer que, si se confirma su arribo a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto representa un riesgo para las mujeres.
Sus críticas se centran en la “opacidad” con que el virtual ganador de la elección del 1 de julio manejó este problema de seguridad cuando fue gobernador del Estado de México –entre 2005 y 2011–.
Para María de la Luz Estrada, coordinador del Observatorio Nacional del Feminicidio, Peña Nieto fue “insensible” ante una situación crítica y, como consecuencia, el Edomex se convirtió en el estado con más asesinatos y desapariciones de mujeres en todo el país.
Además, “Peña Nieto se negó a que se realizara una investigación por parte del Sistema Nacional para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”.
Otro dato sobre la negativa del ex gobernador mexiquense para coadyuvar y resolver esta problemática lo aporta Teresa Ulloa, de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres en América Latina y el Caribe: “En los últimos cinco años, 25 mil mujeres fueron sepultadas en fosas comunes como consecuencia de la falta de protocolos para identificación de cadáveres y bases de datos de desaparecidas”.
En junio pasado, SinEmbargo.mx publicó un reportaje sobre las fosas comunes en el Estado de México [EDOMEX: LAS MUERTAS TENDRÁN QUE ESPERAR].
Para elaborarlo se requirió al Sistema de Control de Solicitudes de Información del Estado de México (SICOSIEM) el número de cadáveres de mujeres enviadas a la fosa común. Pero esos datos fueron negados por la Procuraduría General de Justicia del Estados de México (PGJEM).
“Uno de los compromisos de la Conferencia Nacional de Procuradores –respondió el director del Instituto de Servicios Periciales–, es la homologación de criterios y protocolos para la identificación de cadáveres con identidad desconocida; para dar cumplimiento a tal acuerdo, el instituto a mi cargo, se encuentra realizando la actualización, depuración y el registro en un sistema informático de los cadáveres con identidad desconocida”. Con tal explicación, la PGJEM justificó la negativa.
Teresa Ulloa ha insistido en diversos foros nacionales e internacionales que sin esta información será muy difícil localizar a las víctimas desaparecidas e identificarlas en el caso de que se pidiera la exhumación de un cadáver.
El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló una sentencia histórica contra el Estado Mexicano, conocida como “Campo Algodonero”. Entre los puntos más relevantes está la obligación de los 31 estados y el Distrito Federal para elaborar bancos de datos genéticos de mujeres no identificadas y enviadas a las fosas comunes. Sólo 16 gobiernos estatales han cumplido con la instrucción. El Estado de México –que en ese tiempo era gobernado por EPN y ahora por el también priista Eruviel Ávila Villegas– no está entre ellos, a pesar de que la mayoría de los asesinatos y desaparición de mujeres se da en ese territorio.
Además de exponer su desconfianza a la disposición que pueda tener Peña Nieto para resolver estas exigencias, también plantearon que no debe olvidarse la deuda que el virtual ganador de las elecciones del 1 de julio tiene con las mujeres de Atenco, municipio del Estado de México.
Gloria Ramírez, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, destaca que el priista está actualmente sometido al escrutinio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues el caso Atenco también será expuesto en el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas: “Como Peña Nieto asumió ya la responsabilidad del operativo [que se realizó el 3 y 4 de mayo de 2006] en la Universidad Iberoamericana, va a tener que rendir cuentas ante los mecanismos internacionales”.
El gobierno de EPN coordinó un ataque para desarticular las protestas del Frente Pueblos en Defensa de la Tierra, con las policías federal, estatal y municipal, mismo que dio lugar a diversos abusos: lesiones, allanamientos de morada, tortura, robos, vandalismo, violaciones sexuales y dos homicidios.
El recelo de las activistas está fundado: tienen pruebas de la omisión e incluso de la falta de interés del ex gobernador del Edomex y su equipo de seguridad en el caso de la justicia para las mujeres. Por eso tienen miedo.
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