Si se demuestran irregularidades en 25% de casillas, la elección se puede anular
"La elección sí se puede anular": Ackerman
Tras un minucioso análisis sobre la facultad que tienen las autoridades electorales para anular unos comicios, John Ackerman, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no duda en afirmar que si el Movimiento Progresista demuestra que hubo irregularidades graves en 25 por ciento de las casillas instaladas el primero de julio, “eso automáticamente anula la elección presidencial”.
El camino se amplía, de acuerdo con el investigador, cuando se recurre al tema de “la violación a principios constitucionales” de equidad, legalidad, libertad, autenticidad, como expone en su más reciente libro, Autenticidad y nulidad, por un derecho electoral al servicio de la democracia.
Ackerman, en entrevista, defiende que los criterios ya se han aplicado en elecciones estatales o municipales –como ocurrió con los comicios por la gubernatura de Tabasco en 2000, y en diciembre pasado con los de Morelia, a partir de la resolución adoptada en 2008 con la elección municipal de Acapulco, al abrir una nueva causal por violación de principios constitucionales
De manera que, “en lugar de buscar pretextos para no actuar, tanto el Instituto Federal Electoral (IFE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tienen la obligación constitucional de hacer todo lo legalmente posible para garantizar que las elecciones sean verdaderamente auténticas y libres”.
Luego de año y medio de estudiar los fundamentos jurídicos para la nulidad, el académico sostiene que el TEPJF “está para garantizar la verdadera voluntad popular, depurar el proceso, no violentarlo”, más si “desde mi punto de vista esta elección fue más sucia que la de 2006, cuando hubo campaña negra, espots de televisión ilegales pagados, intervención muy agresiva del Ejecutivo...
“Hoy es diferente, pero más fuerte incluso: está el tema de las encuestas, del sesgo mediático, la ausencia de debates, el rebase del tope de campaña, la compra y coacción del voto, y aquí el tema es la suciedad”, insiste y resalta la distribución masiva de las tarjetas Soriana y Monex, por parte del PRI.
–¿Hay posibilidad de anular la elección presidencial?.
–Si el Movimiento Progresista impugna y el tribunal no desestima las pruebas aportadas por Andrés Manuel López Obrador y el pueblo de México, respecto de que hubo irregularidades graves en al menos 25 por ciento de las casillas, la elección sí se puede anular”.
–Entonces, se le tiene que dar legitimidad a la elección
–Exacto, demostrar que el proceso electoral fue válido y no solamente rechazar las pruebas que se pueden presentar
Revista EMET - La Jornada
Los casos Monex y Soriana involucran recursos estatales, municipales y del crimen organizado
Entre el equipo de juristas se encuentran el propio Cárdenas, Jesús González Schmal, Ricardo Monreal, así como litigantes de PRD, PT y Movimiento Ciudadano, quienes desde ayer integran los recursos que serán interpuestos
La probable compra de votos por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la elección presidencial constituiría un caso de uso irregular de fondos más grave que el Pemexgate, en 2000, cuando el sindicato de Petróleos Mexicanos transfirió mil millones de pesos a la campaña de Francisco Labastida Ochoa, evaluó el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo (PT).
El legislador, quien era consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) en el año del Pemexgate, dijo que ahora “los casos de Monex y Soriana son gravísimos porque, al parecer, involucran recursos de gobiernos estatales y municipales para comprar las tarjetas, y de origen ilícito, del crimen organizado”.
En entrevista, informó que el Movimiento Progresista solicitará al IFE todos los elementos que turnó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para incluirlos en la impugnación del proceso comicial, y planteó que si el Partido Acción Nacional no quiere acompañar la solicitud, al menos puedan aportar los elementos que ese organismo político tiene sobre la probable doble contabilidad del PRI.
Una vez concluido el cómputo distrital, el Movimiento Progresista se prepara –con un grupo de abogados– a impugnar los 300 distritos electorales.
Entre el equipo de juristas se encuentran el propio Cárdenas, Jesús González Schmal, Ricardo Monreal, así como litigantes de PRD, PT y Movimiento Ciudadano, quienes desde ayer integran los recursos que serán interpuestos –a más tardar el próximo jueves– por desigualdad en la contienda presidencial y rebase del tope de gastos de campaña por la distribución de tarjetas de Monex y Soriana.
La decisión de impugnar cada uno de los distritos se dio a conocer a unas horas de que Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición, anuncie la mañana de hoy su “postura firme” sobre el proceso electoral, y de que el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero Muñoz, presente al Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul la solicitud de su homólogo del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalva, de aportar la información de que dispongan para exigir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores investigue los presuntos movimientos financieros entre Monex y el tricolor.
Luego de que La Jornada publicara ayer que a la Fepade le llevará al menos tres meses resolver los expedientes sobre el eventual uso de Monex y Soriana para la coacción del voto, Cárdenas Gracia planteó: “Seguramente se va a tardar más, pero ayudaría mucho que antes de la calificación de la elección consignara por la probable comisión de compra y coacción del sufragio”.
Sin embargo, explicó que la persecución de los delitos electorales por parte de la fiscalía, y la solicitud del Movimiento Progresista que se presentará al IFE, para que éste a su vez la turne al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), son procedimientos autónomos. “Lo que ocurra en el ámbito penal no está vinculado con ilícitos electorales administrativos”, indicó el legislador.
Cárdenas Gracia amplió que si bien el IFE no quiso entrar al fondo de las quejas que por separado presentaron el Movimiento Progresista y el PAN sobre las tarjetas de débito en las que el PRI habría depositado fondos para sus representantes electorales, y el uso de los monederos de la tienda Soriana, el TEPJF tendrá que resolver la petición de nulidad a partir de las constancias que debe solicitarle a los consejeros.
El legislador, quien era consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) en el año del Pemexgate, dijo que ahora “los casos de Monex y Soriana son gravísimos porque, al parecer, involucran recursos de gobiernos estatales y municipales para comprar las tarjetas, y de origen ilícito, del crimen organizado”.
En entrevista, informó que el Movimiento Progresista solicitará al IFE todos los elementos que turnó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para incluirlos en la impugnación del proceso comicial, y planteó que si el Partido Acción Nacional no quiere acompañar la solicitud, al menos puedan aportar los elementos que ese organismo político tiene sobre la probable doble contabilidad del PRI.
Una vez concluido el cómputo distrital, el Movimiento Progresista se prepara –con un grupo de abogados– a impugnar los 300 distritos electorales.
Entre el equipo de juristas se encuentran el propio Cárdenas, Jesús González Schmal, Ricardo Monreal, así como litigantes de PRD, PT y Movimiento Ciudadano, quienes desde ayer integran los recursos que serán interpuestos –a más tardar el próximo jueves– por desigualdad en la contienda presidencial y rebase del tope de gastos de campaña por la distribución de tarjetas de Monex y Soriana.
La decisión de impugnar cada uno de los distritos se dio a conocer a unas horas de que Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición, anuncie la mañana de hoy su “postura firme” sobre el proceso electoral, y de que el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero Muñoz, presente al Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul la solicitud de su homólogo del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalva, de aportar la información de que dispongan para exigir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores investigue los presuntos movimientos financieros entre Monex y el tricolor.
Luego de que La Jornada publicara ayer que a la Fepade le llevará al menos tres meses resolver los expedientes sobre el eventual uso de Monex y Soriana para la coacción del voto, Cárdenas Gracia planteó: “Seguramente se va a tardar más, pero ayudaría mucho que antes de la calificación de la elección consignara por la probable comisión de compra y coacción del sufragio”.
Sin embargo, explicó que la persecución de los delitos electorales por parte de la fiscalía, y la solicitud del Movimiento Progresista que se presentará al IFE, para que éste a su vez la turne al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), son procedimientos autónomos. “Lo que ocurra en el ámbito penal no está vinculado con ilícitos electorales administrativos”, indicó el legislador.
Cárdenas Gracia amplió que si bien el IFE no quiso entrar al fondo de las quejas que por separado presentaron el Movimiento Progresista y el PAN sobre las tarjetas de débito en las que el PRI habría depositado fondos para sus representantes electorales, y el uso de los monederos de la tienda Soriana, el TEPJF tendrá que resolver la petición de nulidad a partir de las constancias que debe solicitarle a los consejeros.
Con información de La Jornada
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