Votos de oferta
Con el “árbitro” electoral reducido a un mero ente legalista que cuando no es
omiso actúa con lentitud y autocomplacencia, el caso de la escandalosa compra
masiva de votos que se le atribuye al PRI mediante las tiendas Soriana pone de
nuevo en entredicho al IFE y la legitimidad misma del proceso electivo nacional.
La magnitud de lo que muestran las numerosas evidencias no sólo concitó la
impugnación lopezobradorista, sino que incluso le devolvió la voz al presidente
Felipe Calderón y a la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, quienes en un
primer momento validaron la elección del 1 de julio y el triunfo de Enrique Peña
Nieto y ahora denuncian la inequidad del proceso.
El coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador, el senador Ricardo
Monreal, consideró los comicios del 1 de julio como “los más sucios” de la
historia electoral mexicana, y su calificación se halla confirmada en la
denuncia de la izquierda contra el candidato presidencial priista Enrique Peña
Nieto (EPN) por rebasar los gastos de campaña; el escándalo de los 56 millones
de pesos no pagados por el equipo del mexiquense al Grupo Financiero Monex bajo
el acuerdo de posicionar su imagen; los convenios millonarios otorgados por
gobernadores priistas al Grupo Soriana para repartir miles de tarjetas con el
fin de comprar millones de votos; la aportación de dinero de particulares, y un
paquete de 37 facturas y tres listados del Grupo Financiero Monex por un monto
de 240 millones de pesos, con el registro de “recompensas corporativo carga de
saldos prepago”.
Así terminó la Operación maletas, como fue llamada la estrategia detallada
por la reportera Jesusa Cervantes en Proceso 1860, del 24 de junio, donde dio
cuenta de estos tipos de “promoción” del voto a favor de Enrique Peña Nieto.
La triangulación de recursos estuvo en buena parte a cargo de empleados de la
educación y maestros, así como de militantes priistas, porque al PRI le
preocupaba el resultado de los comicios, sobre todo en seis entidades: Jalisco,
Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco y el Distrito Federal.
En entrevista con Proceso, Monreal manifestó: “El problema no está en el
conteo de votos, sino en el compreo de votos. Hubo una campaña sucia, no hubo
equidad, no hubo profesionalismo, no hubo objetividad del Instituto Federal
Electoral. Fue incluso la más sucia en la historia del país, pero, además, de un
cinismo y de una corrupción que quieren hacer parecer como normales o que
aceptemos como normales.
“Fueron tres operaciones: la de los 4 millones de tarjetas Soriana
prepagadas, la de Monex, y la alineación de las encuestadoras para favorecer la
imagen de Peña Nieto”, resaltó Monreal.
Expuso que la elección del Estado de México realizada en enero de 2011 y en
la cual ganó el priista Eruviel Ávila pese a la comprobación de que fueron
rebasados topes de campaña mediante la entrega de la tarjeta llamada La
Efectiva, fue “el ensayo de la doble contabilidad de la campaña electoral” de
Enrique Peña Nieto.
En el caso de las encuestadoras, el senador sostuvo que demostrarán la
inducción del voto mediante la difusión de sus encuestas, aunque casi todas
fallaron en sus predicciones aritméticas o porcentuales respecto a las
preferencias electorales para el priista sobre López Obrador.
Votos de “a mil” pesos
A nivel social, precisó Monreal, es necesario reconocer que el PRI compró
millones de votos porque mucha gente se los vendió.
Del 1 de julio a la fecha, a la casa de campaña de López Obrador o a las
oficinas de Monreal no han dejado de llegar las evidencias de la compra de
millones de votos para el candidato priista a la Presidencia. Sin embargo,
cuenta Monreal que lo más triste es que los denunciantes no están arrepentidos
por haber proporcionado los datos de sus credenciales de elector ante la promesa
de despensas o de más de mil pesos para las tarjetas Soriana, sino muchas veces
molestos por el pago incumplido.
“Incluso le llegué a preguntar a un señor que llevó tarjetas de Soriana por
qué le prometieron mil 700 pesos y la tarjeta sólo tenía 100, de modo que le
debían mil 600. Cuando lo cuestioné sobre si estaba arrepentido y si había
votado por el priista, me dijo que sólo quería que le pagaran porque sí votó por
Peña Nieto, pues él sí era un hombre de palabra.
“A cada persona le daban entre cuatro y cinco tarjetas, y son miles. A diario
nos están llegando miles. Llevamos documentadas más de 20 mil tarjetas. Ya
presentamos 3 mil y tantas al IFE, y las aportadas el jueves por López Obrador
son más de 3 mil 700, pero que llegaron en sólo tres días. Entonces, no sólo son
corruptos sino cínicos”.
El equipo de campaña de la izquierda detectó las mayores compras de votos en
Veracruz y en el Estado de México, entidad ésta donde se realizó la reunión con
gobernadores priistas y Peña Nieto para la cuota de votos por entidad.
“Sólo en el Estado de México hemos calculado la entrega de 1 millón 800 mil
tarjetas, que el prepago variaba de mil 500 pesos a 750, a 500 y hasta 100
pesos. Calculamos que sólo ahí se gastaron más de mil 500 millones de pesos. Eso
en Soriana, y nada más en el Estado de México, porque también operaron en
Michoacán, en Nuevo León, en Veracruz, con la misma tienda.
“Ahora los delincuentes electorales no se esconden en la noche para entregar
dádivas. Lo hicieron a plena luz del día en tiendas cuya complicidad es
evidente”, agregó.
Soriana y Edomex
El viernes 6 de julio, la periodista Carmen Aristegui dijo en su noticiario
de MVS Radio poseer documentos que vinculan a los gobernadores del Estado de
México, Nuevo León, Coahuila, Sinaloa, Guerrero, así como al municipio
mexiquense de Metepec, con la contratación de al menos 5 mil millones de pesos
en paquetes de despensas con la Organización Soriana entre 2009 y 2012, de los
cuales casi 4 mil millones fueron gastados por el gobierno mexiquense que
encabezaba Enrique Peña Nieto.
A su vez, Proceso ha confirmado que, en el caso del Edomex, el acuerdo con
Soriana viene desde la administración de Peña Nieto y formó parte de la
estrategia de recuperación electoral de su gobierno.
Tan sólo entre agosto de 2009 y enero de 2011, Soriana ganó seis contratos
con la administración de Peña Nieto para proveer despensas, paquetes
nutricionales y desayunos escolares por un monto de 2 mil 966 millones de pesos,
sin contar el IVA.
De los seis contratos, cinco fueron otorgados por el DIF estatal y el otro
fue por el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social. Esta dependencia de
la Secretaría del Desarrollo Social asignó un contrato por mil 295 millones de
pesos en diciembre de 2009, después de la elección federal de ese año.
El gobierno de Eruviel Ávila –quien tomó posesión en septiembre de 2011–
también firmó dos contratos millonarios con Soriana, a través del mismo Consejo
Estatal de la Mujer y Bienestar Social. El 13 de abril de 2012, en plena campaña
electoral federal, se le asignó un primer contrato por 472 millones 866 mil
pesos y luego otro por 123 millones 89 mil pesos para la entrega de canastas
alimentarias. (Ver Proceso 1861.)
Las autoridades mexiquenses han negado “categóricamente” que estas tarjetas
Soriana hayan sido utilizadas “a favor de partido político alguno”, pero los
testimonios que se están generando en los más de 36 establecimientos en los
municipios conurbados indican que el PRI mexiquense tiró la casa por la ventana
y engañó a miles de ciudadanos para obtener sus votos.
Las tarjetas más comunes se llaman “Mi Ahorro”, que muchos rebautizaron como
“Mi Voto. Los más abusados acapararon entre 30 y 40 tarjetas con 100, 200, mil
500 y hasta 2 mil pesos.
La coacción del voto a través del reparto de despensas se intensificó en el
Estado de México desde la elección federal de 2009, concurrente con los comicios
para 125 presidentes municipales y 45 diputados locales.
En ese año, el Presupuesto de Egresos del Estado de México dispuso para la
Secretaría de Desarrollo Social un presupuesto de 2 mil 220 millones 248 mil 522
pesos. De ese monto, el exdirigente estatal del PRD, Luis Sánchez, calculó que
mil 600 millones de pesos se presupuestaron para el reparto de 3 millones de
despensas.
“El gasto es totalmente desproporcionado, si consideramos que el Programa de
Apoyo al Gasto de Inversión en Municipios tuvo sólo mil 445 millones de pesos y
era para que 125 municipios realizaran obra pública”, afirmó Sánchez.
Sánchez también recordó que en 2008 “prácticamente no hubo despensas ni
desayunos en los DIF municipales, preservando que se aplicaran los recursos en
el año electoral” de 2009.
Pero ahora, únicamente el 20 de junio de 2012, en el Centro Cívico de Río de
la Luz, del municipio de Ecatepec, el candidato priista a alcalde Pablo Bedolla
tuvo una reunión con mil ministros de distintas iglesias y cultos religiosos que
atienden a enfermos de esta demarcación. Les pidió su voto y su apoyo para los
comicios del 1 de julio. Se rifaron dos computadoras y dos televisores de plasma
entre los asistentes, algunos de ellos enfermos.
Al final del evento, Bedolla y sus acompañantes Isidro Moreno y Alfredo
Torres repartieron tarjetas Soriana con mil pesos cada una para los ministros y
de 500 pesos para los enfermos. De acuerdo con uno de los asistentes, que dio su
testimonio a Proceso pidiendo mantener en reserva su nombre, calcula que cada
uno de los mil ministros tiene a su cargo a cinco enfermos. Es decir, se
repartieron unas 6 mil tarjetas en ese evento.
No resulta fortuito que esto haya ocurrido en este municipio conurbado al
Distrito Federal. En Ecatepec, el municipio más poblado del país y recuperado
por el PRI en 2009, el exalcalde priista y actual mandatario estatal Eruviel
Ávila inició el proceso de reparto de tarjetas de despensa para inducir el voto.
Entonces eran llamadas “Las Efectivas”.
La Organización Soriana fue fundada en 1968 por la familia Martín Bringas,
empresarios coahuilenses que pusieron su primera tienda en Torreón. Sus primeros
establecimientos de expansión se inauguraron en Durango y Monterrey en 1974. En
el 86, Soriana llegó a Reynosa, Tamaulipas. Desde el 87 cotiza en la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV). En 2008 se alió a Comercial Mexicana y Gigante para
competir con Walmart.
Uno de sus principales “atractivos” es la promoción permanente con “Tarjetas
del A-Precio”, en las que se reúnen puntos con cada compra para obtener
descuentos, productos gratis o “dinero electrónico”. Además, opera un centro de
maquilado en frutas y verduras denominado Ampuero, que exporta productos a
Estados Unidos. Es dirigido por Ricardo Mota Calixto.
“Ahora –comentó Monreal– han modificado su operación. Actualmente, en lugar
de dar una despensa, dan una tarjeta prepagada, y así operaron en todo el país.
Soriana, yo creo, tiene hasta problemas de evasión de impuestos. Hay pruebas de
que en todos los estados priistas no licitan programas, asignan directo, y
cuando licitan hacen tan difícil las bases que sólo Soriana puede
participar.”
El senador advirtió que este asunto es un escándalo en Alemania, Francia,
España, Japón, Estados Unidos, y que “aquí no pasa nada”.
Dijo que los priistas y los medios de comunicación afines piden a la
izquierda reconocer los resultados, aunque estén plagados de irregularidades.
Pero los izquierdistas agotarán las instancias legales para demostrar la
millonaria compra de votos.
Aunque esto último no es causal de anulación de unos comicios, sí lo es el
rebase de los gastos de campaña de cualquier candidato, indicó.
El caso Monexgate
La izquierda puso también en la mira al Grupo Financiero Monex después de la
denuncia que José Luis Ponce Aquino, propietario de Frontera Televisión Network,
presentó contra priistas cercanos a Peña Nieto en una Corte de California,
Estados Unidos, por utilizar la forma de un contrato para obtener 56 millones de
dólares de “procedencia desconocida” y que fueron depositados en Banco
Monex.
Ponce Aquino los acusó de incumplimiento de contrato, de conspiración y
fraude argumentando que su compañía firmó un contrato para obtener 56 millones
de dólares en la promoción de la imagen de Peña Nieto en Estados Unidos.
A esto se sumó, explicó Monreal, la operación que triangula los recursos para
la compra de votos. Dijo que recibió 42 facturas de manera anónima que
demuestran transferencias millonarias entre mayo y junio, en plena campaña
electoral, a través de Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V., e Importadora y
Comercializadora Efra, S.A. de C.V. Éstas, insistió, se usaron para comprar el
voto de los ciudadanos mediante las tarjetas Soriana y las telefónicas con la
imagen del priista en la carátula.
Ese dinero, de acuerdo con Monreal, es presentado como dinero de particulares
que pueden aportar a la campaña, en una cifra que no debe rebasar los 1.6
millones de pesos por persona, hasta 32 millones, según la ley electoral.
Pero, según Monreal, el Banco Monex trianguló recursos por más de 240
millones de pesos, de “procedencia desconocida”, a las empresas Grupo Comercial
Inizzio e Importadora y Comercializadora Efra con el supuesto propósito de
realizar “recompensas corporativo carga de saldos prepago” –sea lo que eso
signifique–, aunque conforme al senador fueron usados para las tarjetas de
prepago y las telefónicas con el rostro de Peña Nieto en la carátula.
El último 4 de julio, la columna Capitanes del diario Reforma publicó que
Monex decidió invertir en la compra de la empresa francesa Schneider, que
“básicamente se especializa en transferir dinero de una compañía a otra, en
distintas monedas. Ahora, esta subsidaria será llamada Monex Europe”. La compra
fue por 100 millones de dólares.
Otro escándalo donde se vincula a Monex y al PRI es por la emisión de las
tarjetas de débito que supuestamente eran usadas para depositar el pago de los
colaboradores de Peña Nieto. Héctor Lagos Dondé, consejero presidente y director
del Grupo Financiero Monex, asegura que la emisión de dichas tarjetas fue para
una “empresa mercantil”, de la cual no reveló el nombre cobijándose en el famoso
“secreto bancario”.
El ave fénix coahuilense
De acuerdo con versiones periodísticas, el nombre de Tomás Yarrington, muy
cercano a Peña Nieto, resurge de sus cenizas como el vínculo entre el PRI y
Monex.
Tales versiones señalan que desde 2009 Monex es investigado por autoridades
mexicanas y gringas por sus presuntos vínculos en operaciones de procedencia
ilícita. Afirman que en la Procuraduría General de la República (PGR) hay
registradas cuatro averiguaciones previas por presuntamente mover capitales de
dudosa procedencia.
“Entre estas averiguaciones se encuentran los casos de lavado de dinero de
los exgobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, y Eugenio
Hernández Flores, en las que se detectaron por lo menos 18 operaciones bajo
sospecha, además de la reciente acusación de compra de votos a favor de Peña
Nieto, con recursos ‘paralelos’ a la campaña electoral”, se publica en el
periódico 24 Horas, en su edición del viernes 6.
Aunque advierte que en estos ilícitos la relación de Monex es indirecta, sí
refiere que el Grupo Financiero es la herramienta preferida por los
“sospechosos” para realizar sus actividades ilícitas.
Según ese diario, uno de los casos está radicado en el expediente
PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009 en México, el cual en Estados Unidos fue consignado en
el expediente B-12-435, sobre lavado de dinero de parte de ambos exmandatarios
coahuilenses. Su forma de operar era solicitar a instituciones bancarias
créditos para adquirir inmuebles mediante empresas “fantasma”, dejando como
garantía bienes en México.
Los créditos eran pagados con dinero presuntamente procedente del
narcotráfico. Aquí fue donde Monex “trianguló” los recursos al traspasar el
dinero de un banco a otro entre 2007 y 2009. De junio de 2008 a diciembre de
2009 se transfirieron 2 millones 700 mil dólares.
Monex está conformado por tres entidades: Banco Monex, Monex Casa de Bolsa y
Monex Operadora de Fondos. Su labor es cambiar divisas, operar cuentas
digitales, fondos de inversión, mercado bursátil, fideicomisos, derivados,
inversión internacional, cartas de crédito y crédito con prenda bursátil. Se
fundó en 1985 y actualmente lo dirige Héctor Lagos Dondé. Tiene 42 oficinas en
México, una en Houston, Texas, y realiza transferencias de dinero a nivel
mundial. (Con información de Jenaro Villamil)
No hay comentarios:
Publicar un comentario