Ataques a empleados de EU, todo debidamente planeado - Jueces acusados, jueces defendidos

Ataques a empleados de EU, todo debidamente planeado

Cínica intervención de EU

Los ataques a esos grupos de empleados de los Estados Unidos que se dice trabajan en labores de adiestramiento de la fuerzas militares en nuestro país, los bloqueos, las llamadas que hace el vecino del Norte a sus enviados para que permanezcan atentos y en alerta ante cualquier situación que los ponga en peligro, así como el reporte de este tipo de situaciones, enmarcan un panorama en el que nada parece ser sorpresivo sino más bien debidamente planeado. Se vienen presentando escenarios en los que se apunta a intervenciones mucho más descaradas que las que ya se viven respaldadas por estos supuestos ataques en los que, casualmente, no hay un solo muerto.

Se habla de que al final del sexenio se presenta un reacomodo de los cárteles y puede ser que también esta versión tenga sustento, es más, cualquier suposición en ese terreno es válida ya que se carece de verdad oficial y sobre todo de confianza en que lo que se exprese en ese sentido, por lo que todo lo que pueda referirse al por qué de estas acciones tiene fundamento y por supuesto que resulta mucho más creíble que las declaraciones de cualquiera de los que integran el famoso gabinete de seguridad que, desde su conformación, ha demostrado su inutilidad.

Es un hecho que Felipe Calderón entrega un país arruinado por más que le hagan comerciales y anuncios y promociones en los que, tema por tema, intenta que se le reconozcan algunos rubros con éxito. Hasta ahora hablar de la necesidad de llegar a pactos incluso con los narcos y los de la delincuencia organizada causa tanto pavor como el mencionar la probabilidad de legalizar las drogas. Sin embargo, habrá que analizar y muy a fondo el peligro real en el que nos encontramos de seguirse observando acciones de las mafias de la envergadura de las que se han venido presentando.

Claramente va quedando expuesta la inconformidad de la sociedad con sus gobiernos, ya sean municipales, estatales o federales. Sin embargo, se sigue antojando sumamente difícil que puede generarse un estallido social sano, limpio e incluso sin violencia sino más bien los que pudieran presentarse con una fuerte dosis de rebeldía para pagar impuestos o con marchas y mítines, etcétera. Solo que, a diferencia de otros tiempos en los que si bien las revoluciones y los movimientos armados los respaldaban los de la clase media alta o los poderosos y los campesinos servían como carne de cañón, muchos de ellos aportando sus propias armas, las campañas de despistolización llevadas a cabo durante varios años han terminado hasta con las más rudimentarias escopetas.

En nuestros días las armas las tienen los de la delincuencia organizada ya sea los narcos o los incrustados dentro de la propia esfera gubernamental y si nos atenemos al ejército que ya han formado quienes se dedican al tráfico de estupefacientes, el país está en un grave riesgo, en uno que seguramente los vecinos del Norte ya tienen visualizado y previsto hasta en el grado de estallido sin control en el que puede caerse ya no solo por respaldar esta actividad sino por la fortaleza política que pudieran alcanzar. Hoy se sabe del grado de filtración en los cuerpos policíacos que han tenido y día a día se registra un mayor número de ellos en franca actividad mezclados con los portadores de un uniforme que debería brindarnos seguridad.

La detención de generales, los policías federales arraigados, los hechos registrados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los señalamientos en contra del propio titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, lo errático de la “guerra” decretada por el michoacano en contra de los cárteles, sin tener un equipo de inteligencia que pudiera detectar movimientos que van más allá de los que ejecutan el tipo de organizaciones a las que se dice combatir, etcétera, han logrado conformar un panorama verdaderamente aterrador en el que todo apunta que, para conservar la tranquilidad, para poder retomar las tiendas del poder hay que pactar, con Dios y con el diablo y al mismo tiempo detener el baño de sangre que a diario se vive en este territorio.

Las posiciones al respecto seguirán siendo encontradas y aceptadas por unos con el abierto rechazo de otros en cualquier de sus extremos. Sin embargo, no abordar todas las posibilidades es encerrarnos en un círculo sin salida sobre todo cuando no es en nuestro suelo en donde está el mayor consumo de drogas sino en el de ese vecino que ahora pretende intervenir de manera mucho más abierta, pero no para combatir sino para completar debidamente el control de un mercado que le significa uno de sus principales puntales económicos y de paso obtener toda la información necesaria para mantenerse vendiendo armas, recibiendo petróleo y todo ello para sostener su imperio.

Lilia Arellano - Opinión EMET

 

Jueces acusados, jueces defendidos

Tardada, pero aparentemente con efectividad, ha llegado la respuesta del ministro presidente de la SCJ y, a un mismo tiempo, cabeza del Consejo de la Judicatura Federal, Juan Silva Meza

No sólo una, sino en varias ocasiones, Felipe Calderón ha enderezado críticas a los integrantes del Poder Judicial que, en algunos casos, han sido consideradas verdaderas embestidas en contra de los jueces, magistrados y aún ministros de la Suprema Corte. Nada extraña es la actitud del ocupante de Los Pinos quien, a tono con la mediocridad imperante, culpa a la judicatura en lugar de asumir su responsabilidad en el fracaso –uno entre muchos-- de su ya perdida guerra en contra del narcotráfico y la delincuencia mejor organizada.

Tardada, pero aparentemente con efectividad, ha llegado la respuesta del ministro presidente de la SCJ y, a un mismo tiempo, cabeza del Consejo de la Judicatura Federal, Juan Silva Meza, quien en un discurso ante sus pares sentenció que ese organismo “no vacilará en defender a cualquier juzgador que sea indebidamente perseguido o presionado por hacer su trabajo con apego a la Constitución y la ley, a partir de conjeturas sin sustento probatorio o de imputaciones basadas, a veces, en la propia legalidad”.

Esta del señor Silva Meza es una muy clara respuesta al michoacano quien, para no variar, ha recurrido en este y otros casos al torpe recurso de la descalificación genérica que resulta mucho más lamentable cuando procede de quien ocupa la Presidencia de la República –gracias, precisamente, al fallo de un Tribunal-- y que, en su condición de abogado, si no por exigencia ética, al menos por imperativo técnico, debiera hallarse habituado a un ejercicio más racional de la crítica.

Tal deslegitimación constante de una institución clave en el Estado de Derecho como es el Poder Judicial, lejos de fortalecerla, produce unos efectos sobre su credibilidad que son de costosa y difícil reparación.

Y no, no es que no haya que criticar el proceder de algunos de los miembros de la judicatura. La crítica es legítima. Pero lo es, desde el respeto indiscutible de la libertad de expresión, invariablemente rebasados por algunos políticos, Calderón entre ellos, quienes sobrepasan sus límites y hacen graves ofensas personales a miembros de la judicatura con lo que, superados determinados límites, manosean los umbrales de lo punible: la calumnia y la injuria.

Cuando se reacciona ante las críticas, como lo ha hecho Silva Meza, es por la gravedad de las mismas. Y eso también es legítimo.

El poder judicial, de otra parte, debe admitir las críticas sobre el contenido de sus resoluciones, pero esas críticas también deben ofrecer un planteamiento jurídico alternativo, sobre todo vale reiterar, cuando aquél que las profiere es abogado, cual dice el título que tiene colgado en algún muro.

Lo que no se admite es que se desacredite a la institución con argumentos que no son jurídicos, sino que responden a posicionamientos ideológicos o, en el caso del ocupante de Los Pinos, a berrinches, frustraciones y enojos.

Y sí, hay críticas que deben enderezarse al Poder Judicial.

La primera, por la percepción general que tiene la ciudadanía respecto a jueces, magistrados y ministros, incluso respecto de la Administración de justicia, sobre su lejanía con la sociedad. Muy lejana, sí, y perversamente politizada, amén de excesivamente endogámica y corporativa.

Pareciera que el Poder Judicial se ha vacunado y no se ha dejado permear por la democracia como ha ocurrido, en mayor o menor medida, con el Poder Legislativo. Es refractario a la sensibilidad social, incluso se vanaglorian de ello. Parecen una casta conservadora y, reitero, endogámica, llena de hermanos y parientes. Y eso parte del mismo proceso de formación y selección.

Durante mucho tiempo, los mexicanos acatamos sin oponernos lo que emanaba de una suerte de santísima trinidad omnipotente: el cura, el maestro, el soldado. El juez estaba un escalón más arriba: pues media vida dependía de una sola decisión suya. O la vida entera. Los maestros saben bien cómo ha dado la vuelta esa tortilla. Son hoy un colectivo cuestionado por las familias hasta extremos, a veces, de difícil comprensión o de nula justificación. La Iglesia ha manifestado en alguna ocasión que sus efectivos se sienten perseguidos. Del Ejército podría decirse que, desde que Calderón los sacó de los cuarteles, el ciudadano ya sabe con quién está hablando.

¿Y los jueces, qué ocurre con ellos? Atacados. Finalmente defendidos.

Francisco Rodríguez - Opinión EMET