Conflicto poselectoral- El beneficio de la duda

Conflicto poselectoral

Cierra el TEPJF expediente del juicio madre; hoy por la tarde, sentencia definitiva

Se prevé que el tribunal desechará las impugnaciones y validará los comicios

Vigilancia en el tribunal electoral debido a la protesta de #YoSoy132 y otros inconformesFoto Cristina Rodríguez

Fabiola Martínez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada
Jueves 30 de agosto de 2012, p. 2

La comisión de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) responsable de calificar los comicios ordenó anoche el cierre de instrucción del juicio de inconformidad del Movimiento Progresista en que se demanda la invalidez de esa votación. Más tarde se confirmó que la sesión pública para resolver el juicio madre de la elección se realizará hoy a las 17 horas.

Con esa determinación, la coalición de izquierda ya no podrá presentar nuevas pruebas relacionadas con el juicio promovido contra la elección presidencial. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación señala que el límite temporal para la presentación de pruebas supervenientes es el cierre de instrucción.

La comisión de magistrados –integrada por Flavio Galván, Salvador Nava y Constancio Carrasco– consideró que el cierre de instrucción obedece a que ya está concluida la sustanciación del citado medio de impugnación, por lo que queda en estado de dictar sentencia.

Acusaciones de uso excesivo de dinero y compra de voto

Seis años después de la controvertida elección presidencial que provocó el descabezamiento del Instituto Federal Electoral (IFE) y una reforma constitucional para intentar zanjar las deficiencias del sistema, de nuevo los magistrados se encuentran en la disyuntiva de resolver una polémica elección, ahora por el presunto uso desmesurado de recursos y la compra del voto.

De acuerdo con los recientes veredictos del TEPJF (recuento de votos de sólo mil 125 casillas, de 70 mil solicitadas; la anulación de sólo 524 casillas de 143 mil 132 instaladas, y el rechazo a acelerar la fiscalización de gastos de campaña, entre otros elementos), la ruta previsible es que el recurso madre de la coalición se declare infundado.

En las horas o días posteriores a la resolución del juicio central, con el límite del 6 de septiembre, el tribunal convocará a la sesión para calificar la elección presidencial y, en su caso, validarla. Enseguida emitirá la declaratoria de presidente electo y entregará la constancia respectiva.

El texto del proyecto del juicio madre incluye la respuesta a cada uno de los siete agravios expuestos por el bloque que postuló a Andrés Manuel López Obrador: parcialidad de las televisoras y de las empresas encuestadoras a favor del priísta Enrique Peña Nieto; rebase de gastos de campaña, triangulación ilegal de recursos y la parcialidad de los gobernadores, entre otros.

La coalición pidió la nulidad de los cómputos distritales que dieron como ganador a Peña Nieto y, de manera simultánea, promovió la invalidez por violaciones a la Constitución.

La ruta en 2006 y 2012

– En 2006 los partidos interpusieron en conjunto 375 juicios contra la elección presidencial, y en el proceso en curso se contabilizan 364, correspondientes a 296 distritos electorales.

– Hace seis años, tras 47 días de diligencias, presentación de pruebas y análisis de los comicios, el TEPJF desahogó todos los juicios (242 fueron promovidos por la izquierda y 131 por el PAN).

– En aquel momento, los agravios documentados por la coalición Por el Bien de Todos se concentraron en la falta de equidad, la injerencia del presidente Vicente Fox, una campaña negra alentada por el PAN, uso indebido de programas sociales, abierta intervención de sectores empresariales y, como ahora, parcialidad del IFE.

– La sesión para resolver los juicios se realizó el 28 de agosto de 2006 y desechó por improcedentes o infundados la mayoría de esos procesos.

– Ese año, como ahora, los magistrados advierten que el juzgador no es investigador; en su opinión, los demandantes son quienes deben poner a disposición del tribunal los elementos indiciarios y pruebas que sustenten sus acusaciones.

– En ambos procesos, ante la petición de nulidad, los magistrados aludieron a la existencia de errores, pero afirmaron que éstos no se cometieron con dolo, sino por falta de pericia de los ciudadanos que participaron como funcionarios de casilla.

Posiblemente la única diferencia, en esta fase de análisis de la elección, fue que hace seis años la coalición integrada por el PRD, el PT y Convergencia pidió el recuento total voto por voto, casilla por casilla y se les concedió sólo una mínima parte, con el argumento de que la ley no incluía esa revisión.

Ahora, la propia reforma electoral desactivó esa petición, ya que el recuento se acepta a nivel de los cómputos distritales y por causas específicas; de ahí que el IFE autorizó el nuevo escrutinio en 54.5 por ciento de los paquetes y el tribunal añadió menos de un punto porcentual, esto es, mil 125 casillas.

– Tras dirimir el caudal de juicios, en 2006 los magistrados se concentraron en evaluar el impacto de la intromisión de Fox y la propaganda sucia contra López Obrador, alegato central del recurso madre de la coalición, mientras en el proceso electoral vigente el juicio madre incluye siete agravios, por lo que se exige la invalidez de los comicios.

– Una vez concluido todo lo relacionado con los juicios, se abre un lapso para el análisis de la calificación de todo el proceso. En 2006 esta sesión ocurrió el 5 de septiembre, un día antes de que venciera el plazo legal.

Aquel martes, los magistrados reconocieron la existencia de anomalías y concluyeron que las declaraciones de Fox constituyeron un riesgo para la validez de la elección; sin embargo, declararon válidos los comicios, con ventaja mínima de Felipe Calderón sobre López Obrador, de apenas 0.56 por ciento: 233 mil 831 sufragios.

Un día después, el 6 de septiembre, Calderón acudió al tribunal a recibir su constancia como presidente electo. La ceremonia fue breve, no más de 17 minutos. Afuera llovían huevos que se estrellaban en la explanada, con el coro de repudio al fraude.

– En la actualidad, la comisión calificadora ha emitido 40 acuerdos, relativos a intercambio de información y recepción de pruebas de los impugnadores.

– Tras el cierre de instrucción, de nuevo se anuncia una sentencia adversa a la izquierda.

La basura en su lugar-Rocha

rocha@jornada.com.mx

Conflicto poselectoral

No seremos cómplices de su discurso hueco, advierte a políticos

Cacerolazo del #YoSoy132 frente al tribunal; exige invalidar elecciones

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Jueves 30 de agosto de 2012, p. 5

Ciudadanos convocados por el movimiento #YoSoy132 llevaron un recital armonizado con cacerolas a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en demanda de que se invalide la elección presidencial.

Unas 250 personas respondieron al llamado del colectivo estudiantil y con ollas, sartenes, tambores, bongos, batacas, platillos, garrafones, botellas, piedras o alguna improvisación dieron un recital de tamborazos durante más de tres horas en la sede del órgano electoral.
En ese contexto, se dio a conocer una carta dirigida a la sociedad redactada por el colectivo estudiantil, en la que se hacen varias interrogantes ante la cercanía del fallo del TEPJF.
“¿Qué democracia es ésta, donde siete magistrados con sueldos millonarios deciden el rumbo de la cuestionada elección presidencial y con ello el destino de nuestra patria? ¿Qué clase de democracia es ésta donde hay gente que renuncia al voto libre con tal de comer un día? ¿Qué clase de telenovela es ésta que quieren presentarnos como una democracia? ¿A quién le sirve esta democracia, donde se puede ganar una elección sin respetar las reglas de campaña?
¿Qué clase de democracia es ésta donde la clase política tiene miles de millones a su disposición, mientras en educación y ciencia se regatea el presupuesto, donde los políticos se arrodillan ante el poder del dinero, donde los partidos políticos son, con cinismo, negocios familiares? ¿Es esto una democracia si hay millones de jóvenes sin escuela ni trabajo?

El pronunciamiento agrega: “¿Qué democracia es ésta donde existe el fenómeno demencial de las llamadas narcofosas, donde los defensores de derechos humanos son tratados como delincuentes y los criminales como defensores de derechos humanos? ¿Qué democracia es ésta, donde no hay frontera entre la clase política y el narcotráfico, donde los ciudadanos no pueden impugnar una elección y sólo los partidos pueden hacerlo? ¿Es democrático un sistema donde, tan sólo en el área metropolitana, 190 mil jóvenes son excluidos de la educación superior? ¿Puede llamarse democrático un modelo que pretende hacernos creer que la política sólo es votar cada seis años, aunque ni eso respetan? ¿Qué democracia es ésta, donde miles de estudiantes salen de sus aulas para que respondan a estas preguntas y a la clase política no le importa?”

El movimiento considera que la clase política se equivocó de generación. No seremos cómplices de su discurso hueco, de su cinismo. Se quedarán solos con su fallo judicial, mientras nuestras preguntas los persiguen. Vamos a cercar sus mentiras con preguntas, cuestionamientos éticos y legales. Se quedarán solos con su fallo si pretenden presentarnos y avalar esta vergüenza como democracia. Vamos a decirle al mundo que su democracia es ilegal e ilegítima, porque evidentemente es un fraude una democracia que tiene sentido sólo para quienes se han llenado de riqueza, mientras nuestro país vive en violencia, desempleo, miseria y dolor.

Tal cual-Helguera

ahelguera@jornada.com.mx

El beneficio de la duda

Jorge Eduardo Navarrete

Cuando aparezcan estas líneas, escritas la víspera, faltarán dos días para que se agote el plazo con que cuentan los tres magistrados designados para indicar al pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el sentido en el que proponen que éste responda la demanda de invalidez de la elección presidencial. Según los indicios y filtraciones acumulados hasta ahora, cabe esperar que ponentes y pleno se inclinen por declararla válida y proclamar electo al candidato que recibió el mayor número de votos considerados válidos por el propio tribunal. Una resolución de este corte condenará al país, por segunda ocasión consecutiva, a ser regido por un presidente elegido con aparente arreglo a las formalidades legales, pero carente de legitimidad. A estas alturas, ya no es posible extender al tribunal el beneficio de la duda.

 

La brecha entre legalidad y legitimidad será más notoria si el tribunal decide no agotar el plazo asignado al proceso de calificación y anuncia sus proclamas antes del 6 de septiembre. Será evidente entonces que prefirió desechar, actuando al menos con premura, las causas de invalidez que le fueron presentadas, a pesar de que las informaciones e indicios sobre las mismas continuaban apareciendo de hecho hasta el último día. Bajo cualquier supuesto, resultaba indispensable agotar la investigación por los órganos concernidos, dentro de la esfera de competencia de cada uno. Si algo resultaba necesario, en materia de plazos, era explorar la posibilidad de ampliarlos, ante la excepcionalidad de la situación y la obvia necesidad de contar con tiempo adicional para realizar indagaciones exhaustivas. Si se falla cuando aún se dispone de tiempo y están a la vista de todos extremos no suficientemente examinados de las denuncias e impugnaciones, habrá un incumplimiento flagrante de la responsabilidad política e institucional del tribunal: garantizar que se cumplieron los supuestos constitucionales del proceso electoral y que, por tanto, su resultado es válido y cierto.

Conviene meditar sobre las consecuencias que tendrá otra decisión precipitada o no suficientemente fundada. Algunos analistas han destacado, con razón, la destrucción de la credibilidad de los procesos electorales. La electoral había sido la dimensión de la democracia en la que parecía haberse registrado el mayor avance desde mediado el decenio de los 90. Si el de 2012 concluye de manera precipitada se tendrá una situación paradójica: tras dos procesos razonablemente aceptables, en el último decenio del siglo pasado, en el presente se habrán legitimado dos procesos viciados: el primero por la negativa a establecer la certeza del cómputo y el segundo por la negativa a investigar a fondo y con exhaustividad irregularidades cuyo número y gravedad establecían el imperativo de la invalidez.

En la experiencia latinoamericana ha solido darse por instaurada o restablecida la democracia electoral tras los primeros comicios libres después de uno o varios periodos de gobierno dictatorial. Tales han sido los casos de Argentina, Brasil y Chile –por mencionar unos cuantos–. En ellos la experiencia positiva se ha reproducido en las elecciones siguientes y puede hablarse, por tanto, de democracias electorales consolidadas. ¿Cómo decir algo semejante de México tras la experiencia tan contrastante de los últimos cuatro procesos? La confiabilidad de las instituciones electorales habrá sufrido una merma muy difícil, quizá imposible de remontar. El enorme déficit de credibilidad no va a repararse con la oleada propagandística de finales de agosto, dedicada a exaltar la excelencia de dichas instituciones.
 

La ausencia de legitimidad lleva a la administración que la resiente, desde antes de iniciar su ejercicio, a anunciar o adoptar acciones orientadas a tratar de suplirla, tanto en lo interno como en las relaciones internacionales. Cuando se esclarezca la genealogía de la priorización absoluta de la llamada guerra contra el narcotráfico y la decisión concomitante de convertir a la Iniciativa Mérida en la más importante operación de colaboración externa, se encontrará que el afán de conseguir legitimidad fue la savia que las alimentó. De manera similar, Peña Nieto parece haber utilizado la oportunidad de una temprana conversación telefónica con la secretaria de Estado estadunidense, realizada el 25 de julio según el boletín EPN-162 del PRI, para despejar dudas de que en materia de seguridad seguirá, e incluso se intensificará la relación bilateral y se mantendrá una comunicación constante en los siguientes meses. Las búsquedas de legitimidad parecen heredarse, sin reparar en las atroces secuelas que en este caso las caracterizan.

 

Otra manifestación del afán por ganar legitimidad se encuentra en las iniciativas anticipadas, orientadas sobre todo a mostrar preocupación por temas vinculados a las falencias más reconocidas del candidato deseoso de ser proclamado triunfador. Aludiré a sólo una de ellas, la referida a la publicidad e, indirectamente, a la cuestión de la relación entre el líder político y los medios de información, que en el caso Peña-Televisa ha sido un claro ejemplo de simbiosis. Parte de la legitimación buscada pasa por aparentar que se toma distancia de los medios que construyeron su personalidad y estatura políticas a lo largo de varios años. Por ello se anuncia que se otorgará prioridad a crear una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de publicidad entre los gobiernos y los medios de comunicación, con el propósito de que la información que los gobiernos den a conocer a través de los medios de comunicación y de espacios contratados se apegue a principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad de prensa y fomento al acceso a la información de la ciudadanía, en términos del comunicado EPN-159, de 11 de julio. Más allá de la confusión entre información y publicidad –cuya diferencia nunca ha sido clara para el PRI–, es lamentable que se eluda la necesidad evidente de prohibir la contratación de espacios de publicidad por los órganos de gobierno y se confirme el uso de los tiempos del Estado para la difusión de informaciones de interés general sobre la acción gubernativa. Lo demás, para decirlo en una palabra, es dispendio. Cabe esperar que éste aumente exponencialmente porque es claro que se piensa, cada vez más, que gobernar es publicitar.