ASTILLERO- MVS: parcialidad y extorsión- Guerra de exterminio contra los mineros

Astillero

Buenos tratos

Optimismo impostado

MVS: la venganza

De Acapulco a Atlacomulco

Julio Hernández López

CÓNCLAVE PERREDISTA EN ACAPULCO. Marcelo Ebrard, Dolores Padierna, Jesús Zambrano, Ángel Aguirre, Miguel Ángel Mancera y Gabino Cué

Foto Pedro Pardo

 

 

      Ya deslizándose abiertamente hacia el humor negro, Felipe Calderón ha hecho saber en uno de los vértices de la norteña violencia extrema, Durango, que difícilmente la siguiente administración federal habrá de tratar a esa entidad federativa tan bien como él presume que lo ha hecho a partir de índices de inversión pública de por sí discutibles.

 

El responsable histórico del sangriento y sombrío sexenio por terminar pretende mostrar buena cara al mal tiempo. Derrotado en su afán de hacerse del control panista antes de dejar Los Pinos, y catastrófico en la inmensa mayoría de los rubros del gobierno que ejerció desde la ilegitimidad, Calderón desea mostrarse de muy buen humor, con talante de triunfador, todo un político satisfecho de haber cumplido con creces el encargo recibido.

El tragicómico optimismo impostado del fúnebre personaje que aún habita en Los Pinos contrasta con el cinismo confeso de Vicente Fox, que al final de su gestión elogiaba la sublimación de la tontera al decir que él ya podía declarar ante los medios en los términos que le diera la gana, al cabo que ya iba de salida. Pero, en el caso de Calderón, no deja de ser un abuso cruel, una pesadísima broma de mal gusto histórico, pretender que trató bien a los mexicanos y que en el futuro ese récord de benevolencia no podrá ser superado.

Joaquín y Ernesto Vargas, por ejemplo, tienen fundadas razones para declararse muy maltratados y esperar reivindicaciones en un nuevo contexto de poder. El hecho incontrovertible es que la administración calderonista les impidió desarrollar un negocio lícito y legítimo, consistente en la prestación del servicio de banda ancha, a partir de la aplicación de facultades discrecionales que obstruyeron sistemáticamente el arranque de esa empresa en la que concurrían inversionistas extranjeros. También es incontrovertible que ese mismo gobierno federal decidió adelantar el rescate (una especie de expropiación) de las concesiones de las frecuencias sobre las que se montaría ese negocio.

Las primeras impresiones negativas que generó ese arranque autoritario del calderonismo de fin de sexenio fueron precisadas y confirmadas ayer por dos miembros de la familia Vargas –Joaquín y Ernesto–, quienes ofrecieron una amplia conferencia de prensa para dar su versión del conflicto. Apoyado solamente en la validez de su palabra, sin prueba alguna mostrada en el acto, Joaquín Vargas hizo saber que la actual administración federal amenazó a MVS, la firma de televisión por cable y radiofonía que tiene como programa estelar el noticiero matutino conducido por Carmen Aristegui, con no aprobar el negocio de la banda ancha móvil si no había una disculpa pública de la periodista luego de haber abordado al aire los señalamientos hechos en un amplio contexto político (en la propia Cámara de Diputados, para dar un ejemplo) de que el ocupante de Los Pinos fuese alcohólico. No solamente eso: también dijo Vargas que el gobierno federal les chantajeó para que no se criticara la fusión de Televisa y Iusacell.

Las palabras de Vargas fueron refutadas y replanteadas por las de Javier Lozano, el ahora senador electo que fue beligerante secretario del Trabajo y que, en tal condición, asegura haber sostenido diálogos con el presidente de MVS en los que éste decía usar a la periodista Aristegui como ariete profesional contra Televisa y, por otra parte, como moneda de cambio en busca de la autorización del negocio de la banda ancha.

Dado que ninguna de las partes presentó medios de prueba de sus dichos, el asunto ha comenzado a moverse en el delicado ámbito subjetivo de la credibilidad, tanto la personal como la institucional. Vargas no es un hombre de conflictos y, en general, ha hecho fluir los intereses de su empresa mediante el entendimiento pleno con los poderes en turno, tanto priístas como panistas. Una primera reacción ante la ira en Los Pinos contra Aristegui por las acusaciones de alcoholismo llevó al directivo de MVS a acusar a la periodista de violar el código de ética de la empresa y a tratar de calmar los supremos enojos felipistas arrojando a Carmen a la piedra de los sacrificios. Luego enmendó el camino y, en una decisión evidentemente muy difícil, restituyó a la prestigiada comunicadora en su espacio de trabajo.

Lozano ha sido drástico ejecutante de órdenes y deseos de Calderón; orgullosamente se creó una fama muy negativa entre segmentos sindicales (el Mexicano de Electricistas, el de trabajadores mineros y los relacionados con Mexicana de Aviación, entre otros) y ha llevado como estigma las acusaciones que en su momento hizo un mexicano de origen chino, partícipe de historias no confirmadas que mezclaban temas electorales calderonistas con lavado de dinero y financiamiento de campañas en 2006, y que en su momento aseguró haber sido amenazado con una frase que ya forma parte del catálogo central de la picaresca política mexicana: coopelas o cuello.

Más que cooperadores, los integrantes de La Izquierda que sí Ganó se reunieron ayer en Acapulco para pavimentar la declaratoria de presidente electo a favor de Peña Nieto, que el tribunal tiene lista para soltar en el momento más propicio. Con la denotativa ausencia de Andrés Manuel López Obrador y con el neoizquierdista Ángel Aguirre como anfitrión y Marcelo Ebrard como apresurado aspirante a nuevo jefe máximo, se reunieron los gobernadores electos y en funciones, ediles, diputados federales y senadores electos, así como dirigentes del PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) para formar un frente de izquierda que les ayude a transitar negociadamente el extraoficialmente asumido sexenio peñanietista. De Acapulco a Atlacomulco, tal es la ruta del festivo encuentro cumbre de las izquierdas sin López Obrador ni Morena. Y, mientras ha sido asesinado Antonio Haces, quien era secretario de finanzas del Partido Revolucionario Institucional de Puebla y, al mismo tiempo, director regional de banca Ixe, perteneciente a Banorte, ¡hasta mañana!

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MVS: parcialidad y extorsión

 

 

      Ayer, en conferencia de prensa, el presidente de MVS, Joaquín Vargas, explicó los entretelones del rescate –es decir, la negativa a refrendar la concesión– de la banda de 2.5 Ghz realizado por el gobierno federal en perjuicio de la referida empresa de telecomunicaciones. La narración de Vargas tiene visos de credibilidad, habida cuenta de la abierta parcialidad con que la presente administración ha manejado las concesiones para favorecer principalmente a Televisa, con lo cual no sólo ha fortalecido las tendencias monopólicas en la economía, sino ha causado un severo estancamiento en el desarrollo de las telecomunicaciones en el país.

 

Como se recordará, el año pasado sometió a la consideración de diversas instancias del gobierno federal un proyecto para utilizar parte de la banda en disputa para aplicar una nueva tecnología de banda ancha móvil que permitiría atender a más usuarios y a menor precio. Por más que el proyecto recibió la aprobación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), la administración calderonista lo rechazó sin ofrecer explicaciones. En contraste, el gobierno federal ha conseguido durante casi seis años mantener cerrado el mercado de la televisión, lo que ha favorecido al duopolio imperante, y si ha abierto en alguna medida el de las telecomunicaciones ha sido para para perjudicar a sus competidores. Un caso concreto es el de la sistemática negativa para permitir a Telmex la realización de actividades televisivas y las autorizaciones a Televisa y Tv Azteca para que operen –incluso de manera conjunta, como ocurre con Iusacell– empresas de telefonía móvil.

Las revelaciones del empresario se refieren también a que las autoridades federales utilizaron sus atribuciones en materia de telecomunicaciones para chantajear a MVS y forzarla a que tomara una posición determinada en el diferendo que se suscitó entre ese corporativo y la comunicadora Carmen Aristegui, quien había formulado al aire cuestionamientos sobre el presunto alcoholismo de Felipe Calderón. Vargas relató que fue amenazado por Javier Lozano Alarcón, ex secretario del Trabajo, en estos términos: Hemos encontrado que tu proyecto de la (banda de) 2.5 Ghz tiene méritos propios, pero si recontratas a la periodista (Carmen Aristegui), a tu proyecto se lo lleva la chingada.

Se exhibiría, de ser cierta esta versión, una confluencia perversa de intereses políticos autoritarios e inconfesables con un conjunto de complicidades entre el poder público y las corporaciones empresariales que dominan el mercado de las telecomunicaciones.

Por lo demás, la narración de Vargas obliga a recordar el testimonio del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, acusado a principios de este sexenio de poseer sustancias precursoras para fabricar narcóticos y de cientos de millones de dólares en efectivo. Antes de escapar a Estados Unidos, el imputado dijo que Lozano Alarcón lo había obligado a guardar el dinero, que supuestamente correspondía a la campaña presidencial de Felipe Calderón, y que lo había extorsionado con la expresión cooperas o cuello. El asunto evoca también, de manera inevitable, el caso del empresario que dijo haber entregado un vehículo de doble tracción al ex presidente Vicente Fox a cambio del buen destino de un trámite, transacción que habría sido exigida por la consorte del entonces mandatario. Ni en su momento ni hasta ahora se ha desmentido tal señalamiento.

Desde otro punto de vista, las revelaciones de Vargas llevan a preguntarse por los entretelones de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en la que también participó de manera central el ahora senador electo por Puebla, así como la interminable agonía legal en que el gobierno ha mantenido a la Compañía Mexicana de Aviación, proceso en el cual también ha participado Lozano Alarcón.

En la recta final de esta administración, en suma, empieza a verse un andamiaje de arbitrariedad, discrecionalidad y posible ilegalidad que podría explicar decisiones en materia de telecomunicaciones que hasta ahora habrían podido parecer simplemente absurdas e incongruentes. Tal vez no lo sean tanto. El gobierno federal está en la obligación de ofrecer una explicación puntual y exhaustiva a este respecto.

Guerra de exterminio contra los mineros

 

Napoleón Gómez Urrutia

 

 

      Si no hubiera sido por las firmes denuncias sistemáticas que el Sindicato Nacional de Mineros ha venido formulando desde el 19 de febrero de 2006, fecha del homicidio industrial de Pasta de Conchos, éste sería el momento de que el gobierno conservador de Calderón y las empresas que le han dictado la línea en política laboral no hubieran hecho ningún caso a la demanda de instalar condiciones de seguridad industrial y protección a la salud de los trabajadores. Pero, a pesar de sus repetidos mensajes y propaganda de que ya están atendiendo ese delicado tema, es la fecha en que el gobierno y las compañías carentes de ética social no han hecho nada para resolver el grave problema de inseguridad al que se enfrentan los asalariados mineros en virtualmente todos los centros de trabajo del país.

 

La tragedia de Pasta de Conchos no fue la primera ni sería la última de las que han enlutado a las familias de los mineros. Desde 2006 ha habido, según nuestras inevitables y no deseadas estadísticas, más de 200 muertes de mineros, en percances diversos. La principal causa de ellos es la falta de adecuadas medidas de prevención y de capacitación para los mineros, la cual es responsabilidad plena de las empresas del ramo, no de los trabajadores, según lo ordenan la Constitución, las leyes laborales y los contratos colectivos de trabajo, donde claramente queda a la vista la irresponsabilidad que priva en la operación de esos negocios. La falta de ética de estos empresarios se refleja en la ambición desmedida y la obtención de utilidades a cualquier costo, sin importarles la suerte de quienes, con sus manos, sacrificio y esfuerzo, hacen posible su riqueza.

Estamos en las mismas o parecidas condiciones que cuando la tragedia de Barroterán de 1969, en la que perdieron la vida 153 trabajadores. Las autoridades laborales y los gobiernos de Coahuila se conforman o resignan, sobre todo después de Pasta de Conchos, con meter celeridad a las explicaciones y pretextos sobre los siniestros una vez que ellos ocurren, pero previamente no hacen nada para impedirlos o evitarlos al máximo posible. Es un hecho que mientras en México esta dramática situación empeora cada vez más por la irracionalidad de la explotación minera, en otras partes del mundo ya se han adoptado medidas de seguridad para salvaguardar las vidas de los trabajadores, las cuales funcionan tanto en Canadá y en Estados Unidos, como en Europa.




Como los padres, hermanos o hijos de ese tipo de empresarios no están en la tenebrosa lista de los muertos o los heridos, los funcionarios públicos y esos hombres de negocios consideran que se trata de cifras de muerte naturales, que así ha sido siempre y así tendrá que seguir siendo permanentemente. Las muertes son de los mineros; las ganancias, de los empresarios voraces. El exponente más cruel de esta especie de negociantes, que merecería la Medalla de Oro en la Olimpiada de los Desastres y la Indignidad es el multimencionado Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México y principal responsable impune, con sus socios y accionistas, del homicidio industrial de Pasta de Conchos. Aunque hay otros que le disputan el primer lugar en el siniestro medallero, como Peñoles y Grupo Acerero del Norte.

Antes de éste, hubo a lo largo del siglo 20 otras terribles tragedias en Coahuila, siendo muy notables las de la zona carbonífera en esa entidad, debido a la misma negligencia criminal de las compañías mineras. La más notoria en el pasado fue la ya mencionada de Barroterán, de la misma entidad, en 1969, hace 43 años, que provocó profundo estremecimiento en la sociedad mexicana, pero donde el resultado posterior siguió siendo el mismo. La voracidad de los empresarios mineros se ha impuesto siempre a la demanda del Sindicato Nacional de Mineros y de numerosas voces en la sociedad mexicana, de que se establezcan condiciones adecuadas de seguridad industrial y de salud.

Hoy, 16 de agosto de 2012, hace exactamente 11 días, hubo un percance en la Mina 7 de la empresa Minerales del Norte SA, Minosa, filial del Grupo Acerero del Norte, GAN, que dirige Alonso Ancira Elizondo. Fallecieron seis trabajadores. Después de estas muertes, los mineros, miembros de la Sección Sindical 303, decidieron lanzar un paro y bloqueo de la mina hasta que se mejoren las condiciones de seguridad, no sin antes expulsar a los líderes espurios que les ha endilgado MINOSA mediante amenazas y terrorismo empresarial, y se propusieron buscar su reingreso a plenitud de derechos al Sindicato Nacional de Mineros.

Esto último bastó para que la empresa decidiera cerrar la mina, a la par que lo hizo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que los trabajadores interpretaron como una amenaza de cierre definitivo del centro de trabajo y su consiguiente desempleo. En vez de atender el problema, la empresa pretendió imponer a los paristas el retorno al trabajo, auxiliada por una abogada de la Pastoral Laboral, de nombre Cristina Auerbach, quien también les exigió el regreso a las labores y reclamó a los propios trabajadores que en todo diálogo no esté presente ningún representante del Sindicato Nacional de Mineros. Cosa que los paristas no aceptaron y siguen firmes en su demanda de que en la Mina 7 de Minosa se establezcan verdaderas condiciones de seguridad para poder volver al trabajo. El hecho objetivo es que esta vez fallecieron seis mineros más y eso tiene sin cuidado ni preocupación a Ancira y sus aliados, para quienes es más importante que el Sindicato Nacional de Mineros no esté presente en el problema, pues saben que en esta organización sí se defienden los intereses de los trabajadores.

Este grave asunto, como todos los anteriores, requiere de una reforma a fondo de las reglas y las condiciones en que operan las compañías mineras en todo el país. Urge penalizar la negligencia criminal y la arrogancia de las empresas que provocan tantas muertes. Ya nadie que tenga la cabeza bien puesta sobre los hombros quiere otro Pasta de Conchos ni otro Barroterán ni otra Mina 7. ¿Cuántas muertes más habrán de ocurrir antes de que el gobierno decida evitar la impunidad y esta guerra de exterminio contra los mineros?