El IFE y su declarada incapacidad para actuar de inmediato en denuncias electorales
Sesión en el IFE.
Foto: Eduardo Miranda
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (apro).- Vilipendiada que ha sido en los últimos meses, y más en
cuanto se acerca la fecha límite –6 de septiembre– para que el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se pronuncie en torno de
la elección presidencial, la Unidad de Fiscalización del IFE tronó:
Las quejas y denuncias presentadas en contra de las coaliciones que
impulsaron a Enrique Peña Nieto y a Andrés Manuel López Obrador, “en ningún
caso, incluyen datos, documentos o información contundente, que le permita a la
autoridad actuar de manera inmediata; algunos de los alcances presentados, han
sido anunciados mediáticamente y no entregados a la autoridad”.
Esa es una de las conclusiones a que llega en su Informe sobre el
estado que guardan los procedimientos de queja en materia de
financiamiento y gasto, que discutió este jueves el Consejo General del
Instituto Federal Electoral y que fue aprobado por unanimidad de los nueve
consejeros del órgano electoral.
Pero tampoco puede adelantar nada definitivo porque –dice el informe– “los
procesos de indagación se encuentran en curso” y es obligación de la autoridad
fiscalizadora “garantizar los derechos constitucionales de audiencia de los
actores” –denunciados, denunciantes, presuntos implicados– y garantizar también
“los plazos legales que las leyes otorgan a las autoridades coadyuvantes”.
En suma, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, UFRPP –que es el nombre completo del ente fiscalizador autónomo–
advierte que “aún no se encuentra en condiciones de emitir los proyectos de
resolución sobre los procedimientos de queja presentados en este informe, al no
haber agotado las líneas de investigación planteadas, ni contar con elementos
suficientes que acrediten de manera fehaciente la existencia de los hechos
denunciados”.
Aún más, dice, “el desahogo del procedimiento de queja no está relacionado
con el plazo que la ley otorga para la declaración de validez de presidente
electo”.
Es decir, son dos rutas que no se cruzan, no son vinculantes, por lo que el
Tribunal Electoral, legalmente, procederá a determinar la validez o no de la
elección presidencial, aun cuando las investigaciones sobre las irregularidades
invocadas por los quejosos continúen.
El informe de la UFRPP que este jueves aprobó el Consejo General del IFE –de
51 páginas–, señala que dicha unidad ha recibido en este año más de 220
quejas, que han implicado realizar, a la fecha, 2 mil 624 diligencias –ante
diferentes autoridades federales y locales, personas físicas y morales– y que ha
remitido al Tribunal Electoral cada uno de los expedientes, que integran un
total de 34 mil 678 fojas certificadas.
El informe de la Unidad de Fiscalización se centra en siete denuncias base
(con sus múltiples acumulados), y que son las más señaladas por los quejosos y
demandadas por la opinión pública:
1. Rebase de topes de gastos de campaña, por la colocación de espectaculares
para promover la campaña del candidato Enrique Peña Nieto y por gastos diversos
entre ellos el uso de aeronaves (Expediente Q-UFRPP 15/12 y 16 acumulados,
interpuestos por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del
Trabajo, Movimiento Ciudadano y otros).
2. Recaudación de aportaciones particulares que exceden los topes
establecidos, para financiar la campaña del candidato Andrés Manuel López
Obrador.
3. Obtención de recursos no declarados a través de asociaciones civiles y
movimientos sociales, para financiar la imagen del candidato Andrés Manuel López
Obrador
4. Aportación de recursos depositados en Monex, para promover al candidato
Enrique Peña Nieto en territorio estadunidense, mediante la cadena de televisión
Frontera Televisión Network (FTN).
5. Cuentas bancarias no declaradas, a nombre de Yeidckol Polevnsky,
presidenta del Comité de Financiamiento del candidato Andrés Manuel López
Obrador, destinadas a sufragar sus gastos de campaña.
6. Uso indebido de recursos y rebase de tope de gastos de campaña, a través
de la entrega de Monederos Monex, para el pago de representantes de casilla del
PRI a favor del candidato Enrique Peña Nieto.
7. Uso indebido de recursos y rebase de tope de gastos de campaña, a través
de la distribución de tarjetas Soriana, para la compra del voto a favor del
candidato Enrique Peña Nieto.
Como se observa, cuatro quejas están relacionadas con Enrique Peña Nieto y la
coalición Compromiso por México, y tres con Andrés Manuel López Obrador y el
Movimiento Progresista.
En relación al primero, dos se refieren al caso Monex, uno a Soriana y otro a
gastos excesivos en espectaculares, uso de aeronaves privadas y otros
gastos.
La primera denuncia por Monex, interpuestas por el PAN y el PRD, se refiere
al asunto de la empresa estadunidense Frontera Television Network que, según los
quejosos, “encubrió la obtención, transferencia y manejo de fondos financieros
para la campaña de Enrique Peña Nieto, por un monto de 56 millones de dólares,
de procedencia desconocida, dinero que se afirma fue depositado en una cuenta
bancaria en el Banco Monex y Banca Mifel”.
De las 61 diligencias que ha realizado en este caso particular, la Unidad de
Fiscalización dice que “hasta el momento, se tiene detectado que las cuentas
denunciadas en el escrito de queja no existen, o bien, intentando buscar
similitudes, se trata de cuentas utilizadas por el propio banco para el manejo
de los recursos de todos sus clientes”.
Sin embargo, afirma sí ha encontrado “probables violaciones a ordenamientos
legales”, pero están “fuera de su competencia”, por lo que ha dado vista a la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para que
“determine lo que conforme a derecho proceda”.
El segundo asunto sobre Monex, el más complejo, es el que se refiere a “la
presunta distribución en todo el territorio nacional de tarjetas expedidas por
la institución de crédito Banco Monex, Institución de Banca Múltiple, Monex
Grupo Financiero, a través de las cuales probablemente se dispersaron recursos a
favor de la campaña presidencial desplegada por el candidato Enrique Peña Nieto,
actualizando, a decir del quejoso, un rebase al tope máximo de gastos de campaña
establecido para la elección de presidente en el proceso electoral federal
2011-2012.
Relata que, según la queja, “a través de las tarjetas aludidas, el Partido
Revolucionario Institucional presuntamente entregó a sus representantes
generales, de casillas y delegados distritales, recursos para la compra y
coacción de votos a favor de su candidato a la presidencia, vulnerando así los
principios de legalidad y equidad en la contienda electoral”.
En este caso, el informe señala que, en efecto, hay dos contratos de Monex
con dos empresas (“Empresa a.1” y “Empresa a.2”), pero que “no existen contratos
entre Monex y partido político alguno”.
Sin citar nombres, ni de personas ni de empresas, ni de instituciones, el
informe identifica cuatro tipos de transacciones financieras: depósitos de las
dos empresas al “Banco A”; transferencias de las mismas empresas al “Banco B” y
al “Banco C”; “diversas operaciones” de esas mismas empresas con el “Banco D”, y
que una de las empresas (“Empresa a.2”) recibió recursos de otras dos empresas
distintas (empresas “a.3” y “a.4”).
En todos los casos, señala el informe, la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) todavía no entrega la información solicitada por la Unidad de
Fiscalización –para determinar si hubo las triangulaciones o el dinero ilícito
que dicen los quejosos– pues aun se encuentra “en el plazo legal para
hacerlo”.
De las múltiples acciones que la Unidad de Fiscalización ha realizado e este
caso, destaca el “procedimiento de cruce de los nombres obtenidos con las
fuentes de información de todos los partidos políticos, referidas a
representantes de casilla en la elección federal; de los representantes
financieros; de los militantes y simpatizantes que realizaron aportaciones de
los ejercicios 2006 a la fecha; de los integrantes de los consejos o comités
ejecutivos nacionales y otras fuentes de vinculación partidista.”
Así, dice el informe, se ha detectado que 2,578 tarjetas están relacionadas
con personas vinculadas al “Partido A”; 14 tarjetas están relacionadas a una
persona vinculada con el “Partido B”, y 14 tarjetas están relacionadas a una
persona vinculada con el “Partido C”.”
Como en todos los casos, la UFRPP ha encontrados posibles violaciones legales
“que están fuera de sus facultades”, por lo que –en este caso– ha dado vista a
la Fepade, a la CNBV, al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera, las dos
últimas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Respecto de los monederos electrónicos de la tienda Soriana, el informe
destaca que ya se tiene una base de datos con 500 mil beneficiarios de la
tarjeta Soriana-CTM (“Soriana-Beneficios Partido Delegación Estatal), de los
cuales ya se tiene una lista, con nombre y apellido, de un mil 911
beneficiarios.
También, los contratos entre Soriana y 11 estados de la república, que no
menciona, para compra de despensas y paquetes alimentarios.
Las investigaciones de las quejas contra AMLO siguen el mismo tenor:
múltiples diligencias, cruces de información, solicitudes de información a otras
dependencias… y vistas y entrega de información a las autoridades
correspondientes, sobre todo a la Fepade.
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