La estrategia (fallida) de Calderón en su guerra contra las delincuencias y su cabecilla: los narcotraficantes con sus sanguinarios matones, arroja más de 100 mil homicidios. Unos, causados por marines, soldados y policías en el cumplimiento de las órdenes de Calderón. Otros, por ajustes de cuentas entre cárteles que se hacen justicia por su propia mano; y que en sus enfrentamientos con las fuerzas armadas y policiacas, han asesinado a civiles que nada tienen que ver con ese conflicto, dejando a familias en el desamparo.
En el Senado de la República se aprobó la ley para resarcir a las familias por estas tragedias. Y fue enviada para su promulgación y entrada en vigor, para entregar indemnizaciones. Pero Calderón se negó a ese mandato legislativo, alegando dizque “imperfecciones” en ella y la quiso devolver al Congreso, lo cual no le permitieron. Y senadores del PAN, PRD, PRI, PT, Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista, de la Comisión Permanente, ratificar su publicación en el Diario Oficial.
En desafiante desacato Calderón no aceptó tal orden y, como táctica dilatoria interpuso una queja en la Corte, para no verse obligado a reconocer a estas víctimas que califica como “daños colaterales” y tener que entregarles a sus viudas, huérfanos, madres y padres un pago con cargo a los dineros de la Nación. Y sabiendo que son víctimas dobles, las desprecia porque no pocos de ellos se sumaron a la demanda ante el tribunal de La Haya (instancia penal), donde se le responsabiliza de los homicidios cosechados al haber mandado a las fuerzas armadas y sus policías a una guerra (así la llamó él mismo), que no ha resuelto el problema y es un terror nacional.
La Ley General de Víctimas es indispensable para los sobrevivientes de la matanza calderonista y los narcotraficantes, ya que requieren una solución a la pérdida de sus familiares. Y Calderón vuelve a abusar de ellos al no cumplir con su obligación de “promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”, como dispone el Art. 89, Fracción I, de la Ley Suprema. Y se sale por la tangente para posponer recompensas a sus víctimas por partida doble.
La Corte debe resolver y ordenar a Calderón que publique la citada ley y de inmediato reparar, económicamente, los daños que ha generado su guerra. Pero éste incurre en desacato y no parece que vaya a ser objeto de una sanción (implica removerlo del cargo y enfilarlo a juicio político. Estamos ante presidentes municipales, gobernadores (¿gobernadores?) y un presidente de la República, que gozan de impunidad y hasta ahora no hay poder que los someta al cumplimiento de la legalidad constitucional.
Calderón y su empleado de Gobernación, el señor Poiré, deberían estar cesados y puestos a disposición del tribunal constitucional que integran las dos Cámaras y ser sancionados. Pero no. Corrupción e impunidad reinan, como un agregado más para el explosivo malestar del pueblo, que no sabe qué hacer para que esta élite y las delincuencias cumplan con la ley.
Álvaro Cepeda - Opinión EMET
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