De Calderón a Vargas: Azcárraga se va a molestar
Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.
Foto: Octavio Gómez
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Desde 1989, a comienzos del gobierno de Carlos
Salinas de Gortari, MVS comenzó a operar frecuencias en la banda 2.5 ghz para el
uso de televisión restringida. De un total de 62 títulos de concesión, 16% de
ellos fue asignado directamente por el salinismo y sujeto al pago de una
contraprestación equivalente a 9% del ingreso del concesionario; 37% se otorgó
por licitaciones públicas y el 47% restante fueron compras a terceros
autorizadas por la SCT.
En 2003 y 2004, durante el gobierno de Vicente Fox, MVS obtuvo 20
autorizaciones para dar servicios bidireccionales de datos y de transporte de
señales de voz de telecomunicaciones, lo que sería el inicio de la utilización
de esta banda para servicios de doble y triple play. La Secretaría de Hacienda
estableció el pago de una contraprestación basándose en la última licitación de
la banda 3.4 ghz.
Durante los dos últimos años de la anterior administración, MVS construyó una
red para dar servicios de banda ancha en internet vía inalámbrica a través de la
banda 2.5, y comenzó a buscar socios y contratos con otras empresas telefónicas
como Axtel, Alestra, Avantel, Marcatel, Protel y Mexis. Para el año 2008 alcanzó
a tener 47 mil suscriptores en la empresa MVS Net y sostener más de 450 empleos,
según sus propios informes.
MVS Net invirtió 80 millones de dólares en la construcción y operación de esa
red, que pronto se convertiría en el inicio de un proyecto más ambicioso,
denominado “Banda ancha para todos” y constituido por un consorcio de cinco
grandes inversionistas.
Ocho de sus 62 concesiones en la banda 2.5 ghz se vencieron en 2005. MVS
presentó las solicitudes de prórroga ante la Cofetel. Ahí comenzó el litigio
para que no se les renovaran estos títulos durante el sexenio de Felipe
Calderón.
A pesar de que en agosto de 2008 la Cofetel autorizó el refrendo de esos
títulos de concesión, en diciembre del mismo año los comisionados atendieron la
solicitud del Grupo Televisa y de su filial Cablevisión para revocar la
renovación de esas concesiones vencidas.
La decisión de la Cofetel coincidió con otro hecho que generó molestia en
Televisa: en noviembre de 2008 MVS lanzó el servicio de televisión restringida
satelital Dish. Hasta febrero de 2012 este sistema había alcanzado más de 2
millones de suscriptores, con lo que representó la mayor competencia para la
empresa Sky, filial de Televisa, la única que ha registrado un crecimiento
sostenido de más de 10% en los últimos años.
–Se va a molestar Emilio – le comentó Felipe Calderón a Joaquín Vargas,
presidente de MVS, cuando le presentó el proyecto de Dish.
La referencia a Azcárraga Jean era obvia. Desde ese momento las negociaciones
entre el gobierno federal y MVS para renovar los títulos de concesión y aceptar
un ambicioso proyecto de inversión para ofrecer servicios de internet en banda
ancha más ágil y a menor precio que el de Infinitum, de Telmex, se atoraron.
“Durante cinco años MVS y el gobierno federal han sostenido conversaciones
orientadas a definir el futuro de la banda 2.5 ghz sin haber alcanzado hasta el
momento los acuerdos y la certidumbre que permitan detonar inversiones y
desplegar la red abierta de banda ancha móvil”, subraya la empresa de Joaquín
Vargas en un extenso informe enviado a Dionisio Pérez Jácome, titular de la SCT,
el 27 de marzo de 2012.
“El retraso de esta decisión ha implicado no sólo un perjuicio económico para
un grupo concesionario, sino sobre todo un costo de oportunidad muy alto para
los usuarios de servicios de telecomunicaciones y para la competitividad de
nuestro país. En efecto, al día de hoy México sigue teniendo una de las
velocidades promedio de acceso a internet más bajas y uno de los costos promedio
más altos por este servicio dentro de los países miembros de la OCDE”, se
advierte en el documento.
En efecto, mientras el promedio de porcentaje de usuarios de la banda ancha
móvil es de 54.3% de la población en los países miembros de la OCDE, México
tiene 7.7%, por debajo de Chile (17.4%) y muy lejos de Suecia (98%); Finlandia
(87.8%), donde el acceso a la banda ancha es un derecho constitucional, y Japón
(82.4%), de acuerdo con el último informe de la OCDE.
En su informe de marzo de 2012 ante la SCT, el Grupo MVS asienta que incluso
ante el presidente de la República se ofreció pagar una contraprestación por
servicios bidireccionales de datos y devolver 50 de los 120 mhz que detentaban,
“en el entendido de que el gobierno reconocería a MVS el valor de esas
frecuencias”.
Esto nunca sucedió. La decisión del gobierno de Calderón paralizó inversiones
por mil millones de dólares que realizaría el consorcio de cinco socios, que
incluía a Ericsson, para que el uso de las concesiones de la banda 2.5
funcionara como una súper carretera de banda ancha o “carrier de carriers” a
través del cual podían operar otras empresas telefónicas y de
telecomunicaciones.
El informe de MVS remata con un reproche al sexenio calderonista:
“Es importante señalar que la gran mayoría de nuestras concesiones tienen
vencimiento hasta los años 2018 y 2020, y que hoy es la fecha en la que aún no
se han precisado temas elementales para su mejor uso y explotación. ¿Cómo es
posible que la Secretaría de Hacienda pueda determinar el monto de la
contraprestación de una banda de frecuencias que no ha sido objeto todavía de
importantes definiciones de política pública?”
Peña Nieto a los altares
Peña y Videgaray. Planeando estrategia.
Foto: Miguel Dimayuga
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro).- No se avizoran sorpresas: La lógica de los hechos
apunta a que, en unos días, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) declarará válida la elección presidencial y el priista
Enrique Peña Nieto –un político anodino tripulado por capos– será ungido
presidente electo.
Las quejas, denuncias e impugnaciones que han ido desahogando el Instituto
Federal Electoral (IFE), la Fiscalía Especializada y el propio TEPJF anticipan
que, al mismo tiempo que gobernará desde el 1 de diciembre, podría iniciarse un
proceso de beatificación para llevar a Peña Nieto a los altares como el primer
político santo de México.
Vale el sarcasmo porque, conforme a las decisiones que han venido tomando las
instituciones involucradas, todo apunta a que Peña y el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) hicieron una campaña perfecta, no sólo dentro de los
márgenes de la legalidad y los mayores estándares democráticos, como en Suiza,
sino inmaculada, casi celestial.
Que no haya ingenuidad ni autoengaño: La ley y las instituciones están
diseñadas para garantizar la impunidad en la comisión de delitos electorales,
entre ellos el rebase de gastos de campaña para, por ejemplo, comprar el voto de
los mexicanos más vulnerables por la pobreza.
Lo de menos es si son contundentes las pruebas o los indicios de conductas
delincuenciales en la elección presidencial, y no importa si se acreditan
multimillonarias triangulaciones financieras –fácilmente rastreables por la
autoridad– o si se exhiben chivos y gallinas.
A estas alturas ni los que pegan para que les paguen pueden negar que el IFE
y el TEPJF están capturados por el PRI y el PAN –con migajas para el PRD–,
coludidos a su vez con los poderes económicos y mediáticos que impusieron a Peña
como antes a Felipe Calderón.
Son los mismos que, tras la elección de 2006, diseñaron la ley que otorgó al
IFE mayores atribuciones para vigilar los gastos de campaña de los candidatos,
pero cuya fiscalización sólo puede concluir un año después de la elección. Y
peor: si se detectan rebases de los topes o aportaciones ilegítimas no habría
nada que hacer, porque no se prevé la destitución de ningún cargo de elección
popular por esa razón.
Aun si Peña violó la legislación electoral y recibió aportaciones de sujetos
prohibidos por la ley –empresas mexicanas de carácter mercantil, partidos
políticos, personas físicas y morales extranjeras, organismos internacionales,
ministros de culto e iglesias de cualquier religión, personas que vivan o
trabajen fuera del país, dependencias públicas de los tres órdenes de gobierno,
entre otros–, se sabrá cuando ya no haya ninguna consecuencia.
Pero por ahora, según el IFE, Peña merece ser santo…
Apuntes
En los meses recientes MVS diseñó una reestructuración de su barra
programática, debido a que el único programa rentable es el noticiero de Carmen
Aristegui, a quien Joaquín Vargas, presidente de ese grupo mediático, reconoció
haber despedido, en febrero de 2011, por orden de Felipe Calderón. Conforme a
ese plan, dejarían sus espacios Gloria Calzada, Jairo Calixto y Susana Moscatel,
así como Luis García y Christian Martinoli, comentaristas soeces. El locutor
Ezra Shabot, a quien Vargas contrató para “equilibrar” a Aristegui y
congraciarse con Calderón, será otra baja si es que se mantiene el plan diseñado
antes del choque de MVS con Calderón por el “rescate” que éste hizo de la banda
de 2.5 ghz.
Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twitter: @alvaro_delgado
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