La gran banca, detrás de Peña Nieto
Corporativo del banco HSBC ubicado en el Paseo de la
Reforma en la Ciudad de México.
Foto: Octavio Gómez.
Foto: Octavio Gómez.
Cada día surgen más indicios de una compleja maraña de movimientos
financieros irregulares que presuntamente alimentaron los gastos de campaña de
Enrique Peña Nieto. Hay señales de triangulaciones de dinero del erario
mexiquense o inexplicables ganancias de la cadena Soriana. Y aún más, aflora una
peligrosa cercanía de funcionarios de Hacienda y del IFE con altos ejecutivos de
instituciones bancarias, algunas de ellas bajo sospecha de haberle apostado al
candidato priista.
Mientras el IFE mantiene “secrecía” ante las denuncias de financiamiento
irregular en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, siguen apareciendo
más señales de anomalías en torno al proceso electoral. Es el caso del vínculo
entre la Fundación Isidro Fabela, allegada al PRI, y la transferencia
electrónica de 50 millones de pesos que el gobierno del Estado de México hizo en
pleno proceso electoral al particular Marco Antonio González
Pak.
Hay más: empiezan a detectarse las estrechas relaciones entre funcionarios de
la Secretaría de Hacienda y el director de la Unidad de Fiscalización del IFE,
Alfredo Cristalinas Kaulitz, así como las de ejecutivos de Soriana, Banamex,
Monex, HSBC (y su antecedente, Bital). A decir de especialistas, esto pone en
duda la imparcialidad o apunta hacia una complicidad de las autoridades
obligadas a indagar la participación de la banca en el presunto financiamiento
ilícito de la campaña presidencial del PRI.
Marco Fuentes Franco, encargado del Centro de Estudios del Sector Bancario y
estudioso de la evolución de la banca mexicana, analizó el último estado de
cuenta de la cadena de supermercados Soriana –que otorgó las tarjetas prepagadas
que presuntamente se usaron para comprar votos en favor del PRI– y detectó que
no se justifican las ganancias de 2 mil millones de pesos que tuvo entre abril y
junio pasados.
Además recordó que Ricardo Martín Bringas, dueño de Soriana, también forma
parte del consejo de administración de Banamex y lo fue de Bital, el banco que
antes de ser adquirido por HSBC tenía cuentas millonarias en las Islas Caimán.
Igualmente Pedro Dondé Escalante, hoy propietario de Monex, formó parte del
consejo de Bital.
La participación indistinta en Bital, HSBC, Soriana, Monex y Banamex de Pedro
Dondé Escalante, Ricardo Martín Bringas, Eduardo Tricio Haro e incluso Emilio
Azcárraga Jean –propietario de Televisa y miembro de Banamex, institución
asociada con Soriana para la emisión de tarjetas– hacen al encargado del Centro
de Estudios del Sector Bancario sospechar de una posible complicidad de la banca
con el PRI.
El depósito millonario
El viernes 10 el senador Ricardo Monreal Ávila presentó lo que llamó una
nueva prueba del presunto fraude electoral del PRI: un comprobante electrónico
de pago que hasta ese momento se podía consultar en la página electrónica del
Banco de México y que ya fue eliminado –según dijo– y evidenciaba una operación
del 19 de junio de 2012 en la que BBVA-Bancomer emitía, por orden del gobierno
del Estado de México, un pago de 50 millones de pesos a una cuenta en Scotiabank
a nombre de Marco Antonio González Pak.
El gobierno mexiquense rechazó haber hecho esa operación bancaria y de nueva
cuenta aseguró que Monreal mentía. Ese día el senador petista reveló que el
único dato encontrado de González Pak fue que aparece como gerente de ventas de
la empresa Industrias Gil and Eagle, radicada en Chihuahua.
Así como la triangulación de recursos que han dado a conocer
Proceso y otros medios establece diversas rutas para borrar el
rastro del dinero que fue a parar al PRI mediante varias empresas, los 50
millones de pesos que según los documentos de Banxico salieron de las arcas
mexiquenses se relacionan con la Fundación Isidro Fabela, organismo cultural de
corte priista.
Industrias Gil and Eagle S.A. de C.V. se fundó hace 50 años y se dedica “a la
fabricación de plataformas, cajas secas y refrigeradas para vehículos, desde una
minitruck hasta un semirremolque para tractocamión”, según su página de
internet.
El sitio electrónico de la empresa muestra fotografías de las diversas
plataformas, paneles o cajas que elabora; sobre distintos camiones, autos o
simples ruedas aparecen montados prototipos de anuncios publicitarios o
propaganda política. A este tipo de camiones y plataformas las llama
“rotabus” y tienen como lema “publicidad en el camino”.
Una búsqueda específica sobre los rotabuses muestra que entre sus principales
clientes están el PRI, el gobierno de Chihuahua y empresas privadas. Además, al
rastrear el dominio de internet de la empresa se encontró que su “contacto
administrativo, técnico y de pago” es Alberto de la Peña Grajeda cuyos apellidos
coinciden con los de Santiago de la Peña Grajeda.
Este último es un abogado a quien el 22 de agosto de 2011 Arturo Peña del
Mazo, tío de Enrique Peña Nieto, nombró presidente de la recién creada sede
chihuahuense de la Fundación Isidro Fabela.
Peña del Mazo es presidente nacional de la Fundación Cultural Isidro
Fabela.
A la toma de posesión de De la Peña Grajeda asistieron el presidente del
consejo consultivo de dicha fundación, el exgobernador de Puebla Guillermo
Jiménez Morales y el actual mandatario de Chihuahua, el también priista César
Duarte Jáquez.
Dos días después, De la Peña Grajeda aseguró que no está afiliado a ningún
partido político y agregó: “No es ningún pecado, ni algo que debamos esconder,
que nuestro presidente nacional sea el ingeniero Arturo Peña del Mazo, quien es
tío de Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México (aún lo era) y un
cuadro valioso del PRI”.
Santiago de la Peña ha sido abogado de la representación de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores en Chihuahua además de asesor de la Oficina de la
Presidencia de la República.
El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila y en particular su
secretario de Finanzas, Raúl Murrieta Cummings, han descalificado los documentos
de transferencias bancarias del erario local hacia particulares, como esos 50
millones de pesos a González Pak.
En 2009 Murrieta sustituyó a Luis Videgaray en la Secretaría de Finanzas del
Estado de México. Es hermano de Carlos Rafael Murrieta Cummings, director
corporativo de Operaciones de Pemex, el encargado de mantener en óptimas
condiciones los miles de kilómetros de ductos que trasladan por el país la
gasolina y el crudo, los que han sido robados por el crimen organizado con más
frecuencia este sexenio. También es hermano de Antonio Murrieta Cummings,
gerente de administración financiera del corporativo Pemex.
(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista
Proceso 1868, ya en circulación)
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