Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

lunes, 20 de agosto de 2012

ASTILLERO- La partera de la imposición- Volver a la realidad

La partera de la imposición
John M. Ackerman
El Instituto Federal Electoral (IFE) una vez más insiste en negar lo obvio. De acuerdo con los consejeros electorales, la existencia de un mercado negro de entrevistas, coberturas y comentarios en los medios de comunicación electrónicas no sería más que una fantasía de un grupo de malpensados. El jueves pasado exoneraron a Enrique Pena Nieto de cualquier responsabilidad en la evidente manipulación mediática que lo ha impulsado desde hace siete años. Así, la autoridad pavimenta el camino tanto para una validación apresurada de la elección presidencial como para la consolidación del autoritarismo mediático que hoy nos malgobierna a todos.
 
A raíz de las investigaciones de Jo Tuckman, de The Guardian, y Jenaro Villamil, de Proceso, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó el pasado 9 de junio una queja ampliamente documentada al IFE que pide sancionar al candidato presidencial del PRI por cometer un sistemático fraude a la ley con la adquisición ilegal de espacios en radio y televisión para promocionar su imagen y apuntalar su campaña presidencial. En su queja, el PRD trae a colación la irregular transmisión a escala nacional de los espots del quinto informe de gobierno de Peña Nieto en el estado de México, la factura de un millón 150 mil pesos expedida al gobierno del estado de México por los comentarios de Joaquín López Dóriga y Óscar Mario Beteta, así como entrevistas sumamente sospechosas, como la otorgada por Maxine Woodside a Peña Nieto en Radio Fórmula el pasado 18 de abril, entre otros casos.

Pero en lugar de tomar en serio las acusaciones y emprender una amplia investigación para esclarecer la realidad de los hechos, los consejeros electorales prefirieron columpiarse por las ramas y dar clases de impunidad. En los dos meses y medio que tomó para supuestamente estudiar el caso, el IFE no fue capaz de requerir el testimonio de ninguno de los periodistas mencionados, solicitar los gastos en materia de comunicación social del gobierno del estado de México o investigar empresas como Grupo Tv Promo o Radar, que estarían involucradas en la triangulación de recursos hacia las principales televisoras.

De acuerdo con el IFE, no hacía falta indagar más allá porque los indicios aportados por el PRD no descansan en alguna prueba cierta e inconmovible, por lo que estos hechos endebles de los que se queja no puede producir inferencia válida alguna, máxime si se encuentran controvertidos a través de diversos medios de convicción. En otras palabras, supuestamente no existiría base alguna para siquiera sospechar que podría haber un mercado negro en los medios electrónicos. De acuerdo con los consejeros, Tuckman, Villamil y las docenas de otros periodistas y expertos que han documentado graves irregularidades en la materia no son más que una bola de mentirosos. En contraste, la autoridad confía ciegamente en los desmentidos de los medios electrónicos que controvierten lo afirmado por el periodismo nacional e internacional.
El consejero Benito Nacif demostró con particular claridad este doble estándar durante la sesión pública del IFE el jueves pasado. Por una parte, descalificó la queja del PRD, por estar basada en notas periodísticas, libros, artículos, etcétera, que tienen una validez limitada como simples indicios. Pero por otro lado, eleva como verdad irrefutable los dichos precisamente de otro periodista, Carlos Loret de Mola, quien manda una carta aclaratoria, negando las afirmaciones que se le atribuyen, poniendo en contexto lo que sí dijo y claramente desvirtuando ese indicio que llevaría a una posible admisión de algún esquema de compraventa de tiempos en radio y televisión con fines electorales.

Queda evidenciada la parcialidad del IFE. Solamente los periodistas avalados por el régimen serían creíbles. Los otros pueden irse a sus casas.

Para justificar sus desmanes, los consejeros dicen que supuestamente defienden la libertad de expresión y la presunción de inocencia e imponen toda la carga de la prueba a los denunciantes. De acuerdo con su muy particular visión de la realidad nacional, habría que suponer que el periodismo se ejerce de manera libre e independiente en el país y solamente podrán empezar a investigar si se les presentan datos inconmovibles de que esto no sea el caso.

Pero cualquier ciudadano en su sano juicio supondría precisamente lo contrario. Todos los estudios internacionales más importantes en la materia señalan a México como uno de los países más difíciles para ejercer el periodismo libre, por presiones tanto del narcotráfico como del gobierno, y con una de las concentraciones de propiedad más altas en la materia. Y no podemos olvidar que el manejo de jugosas concesiones de radio y televisión no es principalmente un servicio social, sino un negocio para sus dueños. Esto queda particularmente claro a raíz de los escándalos recientes.

En este contexto, es francamente irresponsable presumir que el dinero y la política no tendrían influencia en los medios. Con su indolencia, el IFE avala el estado actual de manipulación mediática y pone más leña al creciente fuego de la inconformidad social.
Twitter: @JohnMAckerman

Astillero
El pretexto de lo exhaustivo
Izquierdismo encumbrado
Cumpleaños y amenazas
Julio Hernández López
Foto
ALISTAN PLENARIA SENATORIAL DEL PRI. El gobernador de Chihuahua, César Duarte; el líder nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, y el nuevo coordinador de su bancada en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, un día antes de dar inicio la primera reunión del grupo parlamentario tricolor
Foto Cristina Rodríguez
 
    Ni rápido ni furioso: la izquierda electoral encumbrada en días pasados en Acapulco lo que demanda es que el resolutivo declaratorio de que Enrique Peña Nieto es el presidente electo no se produzca de manera acelerada ni precaria.
 
Ni movilizaciones ni enojos (vaya, ni siquiera una cumplidora denuncia enfática de las múltiples irregularidades, varias de ellas susceptibles de tipificación delictiva, que el candidato presidencial López Obrador ha presentado públicamente). El izquierdismo encumbrado lo que desea es que el tribunal electoral federal cumpla, sobre todo, con el principio jurídico de la exhaustividad. Es decir, que técnicamente los magistrados enriquistas demuestren haber abordado y analizado por completo los diversos puntos de impugnación presentados y que, por tanto, la resolución sea modelo de pulcritud formal, ejemplo de limpidez procesal, con suficientes copias certificadas y muchos sellos y firmas sobre los textos protocolariamente justificatorios de que esa izquierda impaciente ya pueda sentarse de manera abierta a negociar reformas y pactos con el PRI y con el ya para entonces impecable presidente electo de origen mexiquense.

Véanse los apacibles términos de esa rendición disfrazada en la Declaración Política de Guerrero, que el pasado jueves firmaron en Acapulco los principales dirigentes de PRD, PT y Movimiento Ciudadano ( http://bit.ly/P7XdgR ), así como gobernadores electos y en funciones y los coordinadores legislativos del sol azteca. El apartado 2, que habla sobre La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni siquiera se atreve a asumir como propias algunas de las denuncias que han presentado AMLO y Ricardo Monreal, mucho menos las protestas públicas contra la imposición de un candidato comprador de resultados.

Simplemente se solicita que se cumplan con puntualidad los requerimientos que obviamente habrán de dar por descontados los magistrados del TEPJF (ni modo que en su sentencia acepten que actúan de manera facciosa y haciendo a un lado pruebas y evidencias). Un mero pretexto desde la cumbre de las izquierdas para alegar desde las montañas guerrilleras del papeleo legalista si es que no se cumplen a su satisfacción esas exigencias de exhaustividad, mientras en las planicies urbanas continúan los ya muy avanzados arreglos de aceptación de Peña Nieto y abandono de López Obrador.

En otra pista del gran circo nacional: aun cuando la más memorable de las sumas adjudicables a su vida se refiere a cruces mortuorias y no a velitas de pastel, Felipe Calderón se organizó una fiesta de cumpleaños en Los Pinos, en tan flagrante uso y disfrute de recursos públicos que sufrió un súbito pudor contable e hizo correr la versión de que algunas de las provisiones comestibles y bebestibles consumidas en esa celebración de medio siglo habían sido aportadas por secretarios del gabinete felipista y gobernadores (sin precisar montos ni demostrar que a su vez tales contribuciones no hubiesen provenido de otras arcas públicas).

En esa pachanga con 300 invitados (aunque esta vez no estuvo Enrique Peña Nieto, como el año pasado, cuando se le hizo a FCH una fiesta sorpresa en los jardines de Los Pinos al regreso de sus vacaciones por el Caribe), el michoacano en vías de dejar el poder reveló que en 2007, luego que había detonado la llamada guerra contra el narcotráfico, tuvo una amenaza de atentado contra el avión en el que viajaría, aunque no dio mayores datos del asunto. Decidido a volar, previa consulta con militares y cuerpos de seguridad, grabó en el aire un mensaje dirigido a sus hijos, por si las amenazas se hubiesen materializado.

Dos colaboradores de Calderón, que sí murieron en accidentes aéreos rodeados de múltiples especulaciones, serán homenajeados de manera excepcional en los patios de la Secretaría de Gobernación, donde serán instalados sendos bustos realizados con cargo al erario. Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake tendrán como compañía metálica a Carlos Abascal, quien estuvo al frente de las oficinas de Bucareli pero no durante la administración felipista, como los dos primeros, sino en la parte final del sexenio encabezado por Vicente Fox.

El reconocimiento no solamente es excepcional sino, sobre todo, exceptivo, pues exceptúa a todos los secretarios de Gobernación del periodo priísta (en el cual, sin entrar al terreno de las valoraciones éticas, hubo personajes de marcadas habilidades para servir al sistema, que estaban muy por encima de los ahora panistamente seleccionados) e incluso a los que llegaron a ocupar Gobernación con el mismo FCH pero que no murieron de manera trágica, como sí sucedió con Mouriño y Blake (aunque, oficialmente, por accidente, lo que no debería generar pretensiones de rememoraciones épicas, como sí sucedería si las muertes hubiesen provenido de atentados cometidos por fuerzas adversas a la pretendida epopeya contra las drogas) o como el foxista Abascal, que murió de enfermedad y al que se busca canonizar.

Y, mientras el cardenal Norberto Rivera ha viajado a Saltillo para bautizar a una hija del ex gobernador Humberto Moreira (quien dice que en algunas encuestas aparece como puntero para buscar la presidencia municipal de esa ciudad capital), entre protestas a la puerta de la iglesia, e incluso una manta en el interior de ésta, por desapariciones y violencia en Coahuila, donde reinan la inseguridad y la impunidad, y en tanto la Secretaría de Hacienda dice, ¡ay nanita!, que la inflación no debe preocupar, ¡hasta mañana, con otros hermanos encaramados en el poder: Ricardo Duarte Jáquez, hermano del gobernador de Chihuahua, fue electo por unanimidad rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, al lamentable y abusivo estilo de los priístas conversos al panismo que en Tlaxcala ocupaban cargos similares años atrás, es decir, Héctor Ortiz como gobernador y su hermano Serafín como rector de la Autónoma de esa entidad!
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Volver a la realidad
Gustavo Esteva
En unos días más terminará la ilusión de que los mexicanos podemos elegir presidente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificará que un pequeño grupo lo hace por nosotros, antes, durante y después de la jornada electoral.
 
Es útil recordar cómo se forjó esa ilusión. Por más de medio siglo tuvimos la democracia más eficiente del mundo: conocíamos el resultado de la elección mucho antes de la jornada electoral. Todos sabíamos que el destape, la verdadera elección, era decisión de unos cuantos; poco teníamos que ver con ella.

En 1988 pareció posible que interviniéramos. Intervinimos. Se operó un fraude burdo. La caída del sistema disimuló lo que se hacía tras bambalinas: cada gobernador inventó votos hasta cumplir la cuota que hizo falta para entronizar a Salinas.

Para 2000 las ilusiones se habían agotado. Unas semanas antes de la jornada una encuesta reveló que sólo 25 por ciento de los electores querían que ganara el PRI, pero 60 por ciento esperaban ese resultado: pensaban que una vez más haría fraude. Su derrota tomó a todo mundo por sorpresa y nutrió nuevamente la ilusión. Se extendió la fantasía de que finalmente los mexicanos podían determinar el resultado de las elecciones y se anunció una transición que nunca llegó.

En 2006 la ilusión tomó vuelo. Existían dispositivos que impedían fraudes como el de 1988 y los órganos electorales habían adquirido cierto prestigio. Muchos se la creyeron. Pero quedó demostrado que aún era posible operar fraudes, así fuese en el margen, y que también el PAN, con ayuda del PRI, podía hacerlos. La correlación de fuerzas y las transas habituales impidieron limpiar la elección.

En 2012 se forjó de nuevo la fantasía. Se pensó que los cambios legales y la organización permitirían garantizar un ejercicio auténtico: sería la elección más observada y vigilada de la historia. Desde todos los puntos del espectro ideológico se alimentó cuidadosamente la ilusión. Ni Sicilia, que anticipó las elecciones de la ignominia, ni el YoSoy#132, que se rebeló contra la imposición y la manipulación de los medios, lograron debilitar la fantasía. Millones creyeron que su apuesta estadística definiría el resultado.

En unos cuantos días caerán los últimos velos de esta ilusión. Está a la vista de todos lo ocurrido. Consciente de que no podría hacer muchas tropelías el día de la elección, el PRI concentró el empeño en el proceso anterior. Además de confabularse con los medios, especialmente la televisión, modernizó los procedimientos de negociación y control del voto a partir del cónclave de gobernadores, que recibieron instrucciones semejantes a las de 1988.
Para millones de mexicanos, las elecciones constituyeron por 70 años una mera oportunidad de negociación. Sabían que no elegían a los gobernantes. Pero aprovechaban la coyuntura electoral para conseguir ventajas colectivas. El paquete que se negociaba, agua potable, una pavimentación, un puente o lo que fuera, incluía también despensas, láminas y otros bienes. El PRI no ha dejado de usar ese procedimiento, que a menudo se combina con intimidaciones y amenazas. Esta vez, además, empleó masivamente la entrega directa de dinero a través de plásticos, una mera modernización de su estilo.

Se intensifica ya la campaña para ocultar la desnudez del emperador. El PRI y los medios repetirán incansablemente que los mexicanos eligieron limpiamente al Peña. Se discutirá ampliamente lo que significa la restauración del PRI, para ocultar que el aparato así llamado murió en 2000. Usa ahora esa franquicia una peligrosa coalición de mafias, la cual se ajusta mejor a la condición actual del Estado, en que altos funcionarios son actores principales, e incluso líderes, de empresas criminales y en que la defensa y promoción de esas empresas, que no son sólo de drogas, se convierten en prioridades oficiales. Se multiplicarán esas campañas y las supuestamente realistas que plantearán concentrar el esfuerzo en presiones públicas y negociaciones para que no se realicen las famosas reformas estructurales ni se cumplan otras amenazas del Peña.

En realidad, no hay forma de dar marcha atrás. Fracasarán todas las campañas. Pero la conciencia cabal del estado de cosas, que es ya sumamente general, es arma de dos filos. Puede llevar a la aceptación resignada del despotismo reinante, tan evidente ahora, y convertirse en caldo de cultivo de las peores formas de autoritarismo. O bien, y esto es lo que parece estar brotando de las entrañas de la indignación general, puede convertirse en la convicción de que ha llegado la hora del cambio de régimen. Apelaremos de nuevo al derecho constitucional del pueblo mexicano de cambiar su régimen de gobierno. En vez de seguir discutiendo qué hacer, examinaremos el cómo. Y lo haremos.

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