Indaga la Siedo las acusaciones de lavado en campaña de Peña Nieto- El TEPJF, fuera de foco- Peña Nieto: reformar IMSS-Issste como el Issfam

Apoya a la Fepade en el análisis de datos entregados por Monex, Soriana, Hacienda y la CNBV

Indaga la Siedo las acusaciones de lavado en campaña de Peña Nieto

Aún no se acredita que los fondos canalizados por privados sean de origen ilícito, dicen funcionarios

La magistrada María del Carmen Alanís durante la sesión de ayer del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciónFoto Carlos Cisneros

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Sábado 18 de agosto de 2012, p. 5

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) participa en diligencias relacionadas con los casos Monex y Soriana, como parte de las indagaciones que la Procuraduría General de la República (PGR) realiza en relación con las denuncias presentadas por el Movimiento Progresista sobre presunto financiamiento ilícito a la campaña presidencial del priísta Enrique Peña Nieto.

Funcionarios de la Siedo revelaron que personal de la unidad especializada en operaciones con recursos de procedencia ilícita colaboran con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en el análisis de la información entregada por las empresas mencionadas y la que ha sido enviada por la Secretaría de Hacienda (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), respecto de las empresas Inizzio y Efra, por medio de las cuales el PRI canalizó más de 70 millones de pesos que presuntamente fueron utilizados para la compra de votos el pasado primero de julio.

Sin embargo, las fuentes consultadas indicaron que no se puede considerar que hubo lavado de dinero por medio de Monex en los comicios presidenciales, hasta que se acredite que los recursos canalizados mediante empresas privadas tuvieron origen ilícito, es decir, que fueron obtenidos de la comisión de un delito; si no es así, la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita no encuadraría jurídicamente.

De acuerdo con la información obtenida, la Fepade ya recibió datos de Hacienda y de la CNBV relacionados con algunas operaciones de Monex, pero para acreditar el delito requerirá no sólo de pruebas indiciarias para consignar el caso ante un juez, sino también de testimonios de ciudadanos que acepten haber sufragado por determinado candidato o partido a cambio de dinero o dádivas.

El TEPJF, fuera de foco

      Tras culminar la revisión de mil 125 paquetes electorales, Flavio Galván y María del Carmen Alanís, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), minimizaron los errores de cómputo de los sufragios emitidos en la elección del pasado 1º de julio y afirmaron que las boletas dudosas representan sólo una ínfima fracción del total. Por su parte, el presidente del organismo, Alejandro Luna Ramos, elogió el ejercicio de revisión porque, dijo, robustece las instituciones y brinda total confianza a la ciudadanía. El magistrado se refirió también a la pertinencia de preservar cada uno de los votos emitidos, porque con ello se protege la decisión que ha tomado la ciudadanía.

 

Sin embargo, hasta ahora ninguno de los siete magistrados que integran el tribunal electoral del país se ha manifestado acerca de las impugnaciones presentadas por la coalición Movimiento Progresista sobre el presunto rebase de gastos de campaña por parte de la fórmula priísta, sobre la supuesta compra de unos cinco millones de sufragios –los cuales habrían sido emitidos a cambio de dinero– y sobre las posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita en la campaña del candidato oficialmente triunfador, Enrique Peña Nieto.

De resultar ciertas estas acusaciones, sería irrelevante que los votos hubieran sido contados en forma correcta, porque la elección se habría realizado sin las condicionantes constitucionales de validez y sin apego a los principios de respeto al sufragio libre y secreto mencionados ayer por el propio Luna Ramos.

Es por demás preocupante que, con el telón de fondo de la inconformidad que dejó en amplios sectores de la sociedad la realización de los pasados comicios, el TEPJF parezca orientado y predeterminado a repetir, en lo sustancial, las cifras emitidas por el Instituto Federal Electoral (IFE) y a emular la conducta omisa de ese organismo y de la Fiscalía Especializada en la Atención a Delitos Electorales (Fepade) por lo que se refiere a la prevención, investigación y sanción de las graves irregularidades denunciadas.

Sea cual fuera el sentido de la resolución que el TEPJF vaya a emitir en los días próximos, el hecho es que sus integrantes no han dado muestra alguna de voluntad para sopesar el problema de fondo denunciado por el Movimiento Progresista y confirmado por diversas voces del panismo: que una importante porción de los sufragios depositados en las urnas no fueron expresión de la voluntad ciudadana, sino del dinero, un dinero, para colmo, manipulado en forma oscura.

En suma, el órgano jurisdiccional no parece estar enfocado en su tarea, sino ocupado en reproducir los argumentos de legitimidad y legalidad esgrimidos por el Revolucionario Institucional y por el IFE. Y ello es un signo ominoso para la solidez de las instituciones, para la credibilidad de los organimos electorales involucrados y para la estabilidad política del país. Cabe demandar que el TEPJF logre colocarse en esta ocasión –como no lo hizo en 2006– a la altura de su misión constitucional.

Peña Nieto: reformar IMSS-Issste como el Issfam

Gustavo Leal F.*

 

      Respecto a las reformas regresivas que Zedillo impuso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1995 y Felipe Calderón al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en 2007, las reformas de 2008 y 2011 a la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (Issfam) anuncian aquello que podría detonar otra política –no tecnocrática– para la salud y la seguridad social de los mexicanos del siglo XXI por quién asuma la responsabilidad del Poder Ejecutivo el primero de diciembre de 2012.

 

Diseñada con urgencia, la reforma del IMSS exhibe ambigüedades, vacios y complejidades legales resultantes de una precipitada aprobación parlamentaria que favorece la confusión de los derechohabientes y el consecuente dictado de jurisprudencias que no alivian la calidad de su hechura legal, pero potencian la desconfianza sobre el instituto. Hincha las bolsas de los administradores de los cuantiosos recursos para el retiro, sin mejorar el rendimiento neto y seguridad de sus dueños. Catorce años después, en el IMSS de los panista priva un desorden generalizado que obstaculiza la producción de servicios, mientras la conducción institucional carece de políticas clínicas, afectando el corazón de las expectativas de la derechohabiencia. La norma son insoportables tiempos de espera y carencias insultantes. El daño estructural de la reforma fue agravado por Fox y Calderón. La bomba de tiempo está por estallar.

El fracaso de la reforma Calderón al Issste se resume en que aquello que se esgrimió para justificarla: quitar presión a las finanzas públicas y mejorar los servicios, particularmente los médicos, no se cumplieron. La ley Calderón es más cara que la que abrogó. La presión sobre las finanzas públicas creció. Los servicios no están mejor y no integra a los trabajadores que se requerirán para financiar las prestaciones que ofrece.

En la reforma 2008 a la Ley del Issfam (aprobada en octubre de 2008) ocurre exactamente lo contrario de lo que se impuso al IMSS e Issste: se contempla incrementar el monto de las aportaciones anuales del Gobierno Federal (de 11 a 15 por ciento) sobre los haberes, haberes de retiro y pensiones de los integrantes de las fuerzas armadas y sus familiares. Para ello se argumentó que se trataba de atender la elevación del nivel de vida del personal retirado, dado que actualmente subsisten en su mayoría con un haber de retiro o pensión exiguos que sólo cubren sus necesidades básicas sin alcanzar los niveles de vida digna.

Además, se enderezó un incremento de 70 a 80 por ciento para integrar las pensiones y, como un reconocimiento a la permanencia en el servicio de los militares con 30 o más años de servicio, se establece un factor para calcular el monto del haber de retiro considerando que al causar baja del activo es complicado que el militar se reincorpore a la vida productiva.

También se contempló un incremento de 0.5 a 3 por ciento del haber y sobrehaber mínimo vigente del personal de las fuerzas armadas para mantener la viabilidad financiera del seguro colectivo de retiro. En la milicia el haber es el sueldo y el sobrehaber son las remuneraciones adicionales al personal y depende del grado, antigüedad, cargo o zona del país en que trabaja. El promedio del sobrehaber llega a ser hasta de 90 por ciento del total de las percepciones de un militar.

El 14 de diciembre de 2011, el Senado aprobó modificaciones a la Ley del Issfam que extendieron los derechos que tienen los militares y marinos con 31 años de servicio a los que llevan sólo 20, a fin de que puedan alcanzar la antigüedad necesaria para obtener una pensión acorde con sus esfuerzos.

La reforma 2011 otorga pensión vitalicia a las viudas de soldados caídos en acción de armas que no será menor a 10 mil pesos mensuales. En prestaciones se otorga crédito hipotecario a las viudas o viudos del militar con derecho a pensión así como a militares incapacitados, sin importar los años de servicio que a la fecha del deceso o la incapacidad tengan.

También se reduce de 10 a 6 años el requisito para otorgar crédito hipotecario a los militares en activo, cuyos ingresos sean menores a los requeridos para la adquisición de una vivienda. Se establece la posibilidad de que el Issfam afilie a los hijos menores del personal militar con la sola presentación de la copia certificada del acta de nacimiento o por mandamiento judicial, sin más trámite.

Después de la ley Zedillo de 1995 –que desde su iniciativa impulsada por el Banco Mundial fue anticipadamente calificada de fracaso seguro–, del gobierno foxista del cambio y la alternancia, se aguardó el diseño de una política de salud y seguridad social alternativa, capaz de corregir de raíz las inercias, pendientes y corrupciones de las administraciones priístas. Antes que nada, esa nueva política debió haber exigido cuentas, evaluar y transparentar las gestiones previas, para con todo ello mejorar inmediatamente los servicios heredados y rendir nuevamente cuentas.

Nada se hizo. A cambio, Fox asumió sin chistar el diagnóstico tecnocrático de Soberón-Frenk-Funsalud, impuso el Seguro Popular (luego Calderón el Seguro Médico para una Nueva Generación), mientras permitían que Levy-Molinar-Karam desmantelaran al IMSS con la constitución de las unidades médicas de alta especialidad, sus apocalípticos informes y el crecimiento escalar de la corrupción. Hay que reformar las reformas tecnocráticas y poner las instituciones al servicio de las mayorías, como en el caso del Issfam.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco