Los tristes y trágicos adioses- Opacidad e irresponsabilidad política-Las batallas por el artículo 24 de la Constitución

Los tristes y trágicos adioses

Luis Linares Zapata

El señor Calderón está decidido a dejar una cauda de tristes y trágicos recuerdos y un montón de rencores por su desempeño en la Presidencia de la República. Pretende, con sus continuas y difundidas giras de adioses, dar el retoque final a una imagen que, muy a su pesar, ha sido ya contaminada en exceso. Seis largos, terribles y desperdiciados años ocupando una poderosa oficina hurtada. La memoria de su gestión no quedará escrita como tal personaje ambiciona: un recuadro de grandezas. La estela de su historia quedará enmarcada por tres vitales reactivos. El primero, sin duda, lo emulsiona la violencia desatada. El siguiente llevará el signo del nulo crecimiento económico. El tercero se resumirá en la desigualdad que, consistente y con cinismo destacado, empujó. Los enumerados referentes se pueden asentar como ejes definitorios para cerrar el terminal juicio de su gestión al frente del Poder Ejecutivo. La ruta que recorrió durante el sexenio en compañía de un séquito de ineficientes ayudantes deja, además, un reguero de cuerpos insepultos esparcidos por toda la inmensa geografía de este dislocado país.

 

A pesar de todo, y sin pizca de realismo, Calderón desata, con notable dispendio de variada clase de recursos públicos, toda una campaña de comunicación para, pretendidamente, reubicar en estos postreros días de su caótica administración el perfil y los contenidos que desea heredar. Sin pizca de autocrítica intenta, con maniobras indebidas, hacerse del mando de su propio partido. Quiere tan innoble personaje inducir, insuflar en el recuento de los daños sufridos por el PAN la ilusoria visión que pasea por todas partes de esta angustiada república. No lo conseguirá. Su venidero destino estará enmarcado en una serie interminable de litigios que, con seguridad, se terminarán anclando en cortes internacionales.

El panismo en el Poder Ejecutivo, de cualquier manera en que se haiga encaramado en oficina tan poderosa, deja tras de sí una cauda de frustraciones para las incautas y alborotadas clases populares mexicanas. Una docena de años dedicados –sin penas asumidas, con glorias efímeras celebradas con insulsas fiestas, incompetencias a raudales y muchas fantasías– al disfrute de variada clase de prebendas. Toda una caterva de burócratas blanquiazules que poco cambiaron, menos propusieron y mucho se llevaron indebidamente. Esa es parte de la narrativa que ya puede ensayarse sin caer en exageraciones. La pequeña historia del panismo en los albores del siglo XXI. Manosearon, eso sí, los afanes colectivos por transitar a una época de francas mejoras compartidas. Sucumbieron, voluntaria y mansamente, a los imperios de la plutocracia para dejar fuera del Poder Ejecutivo, por los medios que haigan sido requeridos, a esa decidida versión de la izquierda nacional que enarbola un cambio efectivo y verdadero. Impulsaron, incansablemente y con propósitos nublados, el modelo neoliberal que les dictan, paso a paso, sus distantes mandantes.
 

Una prolongada docena de años extraviados en manos de una élite panista que no ató ni desató los urgentes afanes populares por acceder a una vida digna. A pesar de los enormes recursos petroleros que recibieron no pudieron guardar, en bien de generaciones futuras, aunque fuera un poco de esa riqueza que, suertudamente, se añadió a la economía. Dejan, eso sí, un Pemex endrogado en exceso e incapacitado para cumplir con su destino de ser una empresa que fuera orgullo nacional. En buen día han perdido la tercera oportunidad buscada con su candidata (JVM) para administrar los bienes nacionales. Doce años de derroche de oportunidades los distinguen. Entregaron cuanto pudieron y nada pueden alegar como muestra de celo patriótico. Duplicaron el nivel de la deuda pública sin que tal hipoteca se vea reflejada en el bien común. Un propósito que fue, en verdad, componente de su lejano ideario partidista.

 

Los panistas se irán tal como llegaron a Los Pinos: por puertas laterales, revestidos de vanidad, presumiendo su ignorancia o francamente agazapados trasbanderas. Primero una pandilla de gerentes se aposentó sobre los botones de mando sin visión alguna ni respeto por la política. Rearmaron el autoritario y corrupto legado priísta y usufructuaron lo que de esa decadente época pasada debió ser desechado de inmediato. Traicionando los afanes democráticos, impidieron el cambio que tocaba, con sonoras voces, a la puerta de esta angustiada patria.

 

Los panistas, encumbrados por el seudorranchero guanajuatense (VFQ), se han extraviado en la densa niebla de su pequeñez. El señor Calderón no mejoró, ni un ápice, la composición, miras y la estatura de sus acompañantes. Ahora los panistas vagan por sus achicados territorios sin atinar cómo rehacerse o con quiénes empezar a visualizar las derivadas de su desgobierno.

 

Pero lo que espera a los mexicanos un tanto más allá de este 2012, el de las ilusiones frustradas y las rijosas desavenencias crecientes, no se aprecia mejor ni diferente. El priísmo que se atisba tras las cuestionadas elecciones lleva atados varios estigmas adicionales, producto de su manera de hacerse con el poder local y el presidencial.

 

El señor Peña Nieto está acostumbrado a maniobrar con ingentes recursos a su discrecional disposición. Así fue electo gobernador del estado de México. Con esas rellenas talegas transitó por tan complejo estado durante seis años. Así edificó su imagen, impuso su candidatura y, con ellos también, compró la Presidencia. El problema ahora estriba en que para gobernar México no tendrá, ni llevando a cabo sus famosas reformas estructurales, los medios que esa dispendiosa forma de actuar exige.

Falta de confianza-Helguera

ahelguera@jornada.com.mx

Opacidad e irresponsabilidad política

Ayer, al participar en un foro sobre seguridad, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, lamentó profundamente los hechos ocurridos el pasado viernes en las cercanías del poblado Tres Marías –donde elementos de la Policía Federal y sujetos vestidos de civil dispararon a un vehículo de la embajada estadunidense en México en el que viajaban dos agentes de la Central de Inteligencia (CIA) de ese país y un elemento de la Marina– y dijo que los sucesos los está investigando absolutamente y con todo rigor la Procuraduría General de la República.

 

Dos elementos de contexto insolayables a lo expresado por Calderón son, por un lado, la presencia del embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, en el referido evento, así como las declaraciones de éste respecto de que el gobierno de su país colabora con las autoridades mexicanas en las pesquisas correspondientes.

Resulta inaceptable, de entrada, que a cinco días de ocurrido el ataque la opinión pública nacional aún no disponga de información oficial, clara y precisa sobre los hechos y que el gobierno federal se limite a decir que se está investigando.

La omisión no sólo es preocupante, por la cantidad de puntos oscuros persistentes en las versiones hasta ahora difundidas –como la participación aún no aclarada de presuntos policías vestidos de civil y de vehículos particulares en la refriega–, sino también por las implicaciones que derivan de estos sucesos en lo que se refiere a la coordinación de las instituciones encargadas de salvaguardar el estado de derecho y el grado de vulnerabilidad en que se encuentran los ciudadanos. Si es verdad que el ataque ocurrió en el contexto de acciones de persecución del delito por parte de la PF –como informaron las secretarías de Seguridad Pública y de Marina en un comunicado conjunto–, se asistiría a la exhibición de una corporación policiaca que agrede a tiros cualquier vehículo sospechoso.

En todo caso, es ya inocultable que esa corporación, presentada en otro tiempo como ejemplar y moderna, enfrenta una profunda descomposición institucional que se ha expresado desde hace meses –como se vio con el asesinato de policías federales a manos de sus propios compañeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en junio pasado– y ratificada ayer por el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, quien destacó que las agresiones de sus elementos forman parte de un patrón de conducta injustificable y que anualmente se reporta un promedio de 2 mil denuncias contra elementos de la PF.
 

En dicha circunstancia, un punto obligado a aclarar es la ausencia de rendición de cuentas en torno al desempeño del titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, sobre quien pesan señalamientos graves de diversa índole y sobre quien recae, ahora, una responsabilidad cuando menos política por lo ocurrido el pasado viernes en Tres Marías, y quien parece, sin embargo, investido de un poder fáctico y de una inmunidad inexplicables.

 

Por lo que hace a la relación bilateral, el anuncio de una colaboración entre autoridades mexicanas y estadunidenses por el embajador Wayne –en un asunto cuyo esclarecimiento corresponde exclusivamente al gobierno de nuestro país–, en conjunto con los ribetes abiertamente injerencistas que han salido a la luz pública a raíz del episodio –empezando por la presencia de dos agentes de la CIA en compañía de un elemento de la Marina y en dirección a un campo de entrenamiento de esa corporación castrense–, no hace sino refrendar la entrega, por la administración federal en curso de los aspectos más cruciales de seguridad pública y nacional a una potencia extranjera que, para colmo, se ha revelado como aliado poco confiable en las labores gubernamentales de combate a la criminalidad y ha desempeñado una labor de zapa en la agudización de las pugnas existentes entre las distintas corporaciones de seguridad del Estado mexicano.

 

Tal circunstancia, que coloca al país en una condición similar a la de un protectorado estadunidense, resulta extremadamente peligrosa para la viabilidad de la nación y sus instituciones. Cabe preguntarse a qué grado hubiesen escalado las tensiones diplomáticas y el intervencionismo de Washington en México si la camioneta diplomática atacada no hubiese contado con el nivel de blindaje más alto y si el saldo del ataque hubiese sido fatal.

 

A menos que quiera incurrir en una irresponsabilidad política mayúscula, el gobierno federal debería reconocer el carácter improcedente de permitir, y aun alentar, la injerencia política, policial, militar y de inteligencia de Estados Unidos en México.

 

En todo caso, si el gobierno mexicano ha cobrado conciencia de su propia incapacidad para garantizar la seguridad de la población con base en la estrategia de seguridad vigente, lo procedente y necesario sería modificarla, no incentivar en el país una presencia internacional que encarna el riesgo de una mayor violencia, de una pérdida total de la soberanía y de un consecuente desmoronamiento institucional.

 

 

Las batallas por el artículo 24 de la Constitución

Bernardo Barranco V.

En plenitud de su mandato en 1985, Girolamo Prigione, todopoderoso, declaró: las sectas son como las moscas: que hay que acabarlas a periodicazos. Con desprecio y descalificación, Prigione, delegado pontificio y posteriormente nuncio (1978-1997), se refería a las minorías religiosas. Sin duda, los tiempos han cambiado, pues un sector de dichas minorías se ha agrupado y ha puesto en jaque una iniciativa de la Iglesia católica para reformar el artículo 24 de la Constitución mexicana, tendiente a ensanchar su concepto de libertad religiosa. Hay que recapitular. En diciembre de 2011 la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con albazos y artimañas legislativas una propuesta de reforma sobre libertades, que comprende la libertad religiosa. La redacción de plano amenazaba la laicidad del Estado, en particular acechaba la educación laica suscrita en el artículo tercero constitucional al abrir la posibilidad de la educación católica en las escuelas públicas a petición de los padres. Se especuló, entonces, que Enrique Peña Nieto y el grupo parlamentario priísta del estado de México habrían negociado principalmente con monseñor Carlos Aguiar Retes, presidente de la CEM, quien desde el inicio de su mandato, hace seis años, manifestó su intención de ir más allá de la libertad de culto para alcanzar una verdadera y moderna libertad religiosa (Proceso, 1574, noviembre; 2006). Recordemos que esta reforma polémica se daba en vísperas de la visita del papa Benedicto XVI a México y en el contexto de las campañas electorales de 2012. Tanto por el contenido como por el desaseo parlamentario, la propuesta generó una mayúscula desaprobación mediática, en la que intervienen notables militantes del propio PRI. Se activa de manera vigorosa un pequeño pero persistente movimiento que rechaza la reforma y se moviliza con presencia pública en las calles en todo el país. Grupos religiosos, como la Luz del Mundo, Católicas por el Derecho a Decidir y otras iglesias se coordinan con grupos laicistas, académicos, logias masónicas, defensores de los derechos humanos, grupos de lesbianas y homosexuales. El núcleo de dicha coordinación de estos grupos tan heterogéneos ocurre gracias a la intervención del Foro Intereclesiástico Mexicano. Dicha amalgama de agrupaciones comparte no sólo el rechazo a la reforma del 24, sino su anticlericalismo y las pretensiones de la alta jerarquía de imponer sus intereses desde la cúpula del poder. La redacción de la reforma se transforma y a nadie deja satisfecho, pues queda una formulación casi gelatinosa que finalmente se aprueba: la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Posteriormente en el Senado se aprueban en marzo de este año dos minutas, se negocia la aprobación simultánea del artículo 40, que añada el carácter laico al Estado mexicano, y la del nuevo artículo 24. Los dictámenes se han turnado a los congresos locales de la Federación; como se recordará, con la mitad más uno las reformas se validan constitucionalmente. Con poca visibilidad mediática, opacada por el proceso electoral, se ha desatado en cada estado un campo de batalla. Las llamadas moscas con el menoscabo de Prigione están poniendo en jaque la reforma. El episcopado ya ha externado su preocupación y ha acusado a La Luz del Mundo de confundir a la opinión pública. La resultante amerita la preocupación católica. Hasta ahora existen 13 congresos locales que han votado los dictámenes: estado de México, Morelos, Hidalgo, BC, Tlaxcala, Sonora, Michoacán, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Oaxaca, Yucatán y Coahuila. Los 13 congresos han aprobado el artículo 40 y cinco han rechazado el artículo 24 (Morelos, BC, Oaxaca, Tlaxcala, Michoacán y Zacatecas).

 

Los focos rojos de la jerarquía no sólo se han encendido, sino que se ha intensificado el cabildeo para revertir la correlación. Sin embargo, varios obispos católicos no están decididamente comprometidos con la reforma. Por tanto, es de resaltar que los obispos muestran fisuras. Nos es tan necesaria, es la reforma de Aguiar Retes, para qué abrir nuevos frentes. Los obispos de Baja California, por ejemplo, reaccionan tarde y tibiamente; ¡se pronuncian un mes después de haber sido rechazada! A escala política también se presenta una heterogeneidad saludable, a pesar de que la mayoría priísta en la Cámara de Diputados y en el Senado fue por la aprobatoria, en todas las entidades el 24 ha sido rechazado predomina el voto priísta en los congresos. Es decir, la disidencia ha estado principalmente en el PRI y se percibe la influencia de diversos grupos masónicos. Sin embargo, el caso de Coahuila presagia ajustes y línea desde la actual nueva circunstancia política del país. La comisión de puntos constitucionales del Congreso de Coahuila había rechazado el dictamen, pero en el pleno de la asamblea cambian el sentido del voto y finalmente se aprueba el 24. Pareciera que la disciplina peñista se va a imponer, especialmente si es cierto el rumor del acuerdo con la presidencia de la CEM; en particular tendremos un indicador en los 11 congresos que recién estrenan labores. Hay entidades en las que el debate es intenso y apasionado, como en Veracruz, Puebla, Nuevo León y Yucatán.

 

Más que en las iglesias, la pelota está en la cancha del PRI. En cierto sentido, la arrogancia católica se ha topado por primera vez en la historia con minorías cuyo activismo social la amenaza. La iglesia Luz del Mundo ha mostrado músculo y, a pesar de ser muy conservadora en muchos rubros, ha tenido la capacidad de tejer alianzas insospechadas y ha sido capaz de hacer interlocución con sectores intelectuales y actores seculares. Sin duda, el PRI tiene la manija en la aprobación del artículo 24. Las discusiones no sólo son acaloradas, sino que pasan a manifestaciones públicas y toma de instalaciones. Peña Nieto tiene en la reforma una función de estreno; su partido está divido frente a ella. ¿Logrará imponer disciplina a la vieja usanza? ¿Mediará entre la presión religiosa y las corrientes laicistas del partido? ¿Intentará conciliar e incidir?