“Si recontratas a Aristegui, a tu proyecto se lo lleva la chingada” amenazó Lozano a MVS
Joaquín Vargas. Denuncia amenazas.
Foto: Octavio Gómez
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El domingo 13 de febrero de 2011, el
presidente de MVS, Joaquín Vargas, se reunió con Javier Lozano, secretario de
Trabajo calderonista, y lo amenazó: “Hemos encontrado que tu proyecto de la 2.5
Ghz, tiene méritos propios, pero si recontratas a la periodista (Carmen
Aristegui), a tu proyecto se lo lleva la chingada y te olvidas de este gobierno
hasta su último día”.
Como esta revelación, muchas otras expuso el empresario, quien encabeza el
cuarto grupo de telecomunicaciones en el país, para argumentar que la reciente
decisión el gobierno de Felipe Calderón para “rescatar” las concesiones que
posee MVS en la banda 2.5 Ghz, ideales para el servicio de banda ancha,
constituyeron un “engaño” y resultado de las presiones de Televisa y de la
animadversión presidencial hacia la línea editorial de los informativos de este
grupo.
“El rescate de las frecuencias de MVS combina dos hechos abominables”,
advirtió Vargas en una extensa conferencia de prensa. “Por un lado, la actuación
sesgada de funcionarios públicos –da igual si fueron movidos por la ambición, el
miedo o la complacencia negligente-, que han favorecido ilegítimamente los
intereses de Televisa, ya sea para aumentar sus activos o para combatir a sus
competidores; y, por el otro, la revancha ejecutada desde el gobierno, por
quienes matando dos pájaros de un tiro, obsequiaron la petición de Televisa para
que MVS saliera del mercado que la televisora pretende avasallar y al mismo
tiempo sancionar a quien decidió no doblegarse ante la arbitrariedad de quienes
intentaron acallar una voz tan crítica como incómoda”, reflexionó Joaquín
Vargas.
El empresario comenzó relatando que apenas unos días antes de que se tomara
la decisión de anunciar el “rescate” de la banda 2.5 Ghz (donde MVS posee 190
Mhz, una buena parte de ellos en litigio por la ausencia de refrendos), tanto el
subsecretario de Comunicaciones Olavarría como el titular de la dependencia,
Dionisio Pérez Jácome habían avanzado en una negociación donde aceptaban la
propuesta de cederle al gobierno 70 Mhz si se refrendaban los 120 Mhz restantes
por 15 años, con una contraprestación económica.
Incluso hubo otra negociación encabezada por la coordinadora de Comunicación
Social de los Pinos, Alejandra Sota. Vargas relató que el domingo 3 de junio, la
funcionaria “nos hizo saber a través de nuestros abogados que la resolución
favorable de la concentración de Televisa en Iusacell, ofrecía a MVS una ventana
de oportunidad para destrabar nuestro proyecto de la 2.5, siempre y cuando MVS
accediera a no impugnar ni jurídica ni mediáticamente la resolución del
gobierno”.
En otras palabras, los principales funcionarios de la SCT y de Los Pinos
cabildearon a favor de los intereses de Televisa para que MVS no impugnara la
fusión con Iusacell, autorizada por la Comisión Federal de Competencia, tres
semanas antes de las elecciones presidenciales del 1 de julio.
A pregunta expresa, Vargas reiteró que proseguirán con los juicios
interpuestos y con un nuevo recurso jurídico para combatir la decisión adoptada
el pasado 8 de agosto, así como para impugnar la fusión de Televisa-Iusacell. Al
mismo tiempo, advirtió que “no descartamos” la posibilidad de demandar a los
funcionarios del gobierno de Felipe Calderón que los presionaron
“A MVS le bloquearon su autopista (de red de banda ancha) y a Televisa le
construyeron segundos pisos”, remató Vargas después de enumerar todos los
beneficios de la empresa de Emilio Azcárraga Jean durante la administración
calderonista.
A pregunta expresa, Vargas afirmó que desde 2008, cuando MVS decidió competir
en el mercado de televisión restringida vía satelital a través de Grupo Dish,
las presiones de Televisa arreciaron en contra del grupo y también el gobierno
federal actuó para favorecer al consorcio mediático.
La Extorsión por el caso Aristegui
El episodio de la censura y la eventual salida de Carmen Aristegui,
conductora estelar del noticiero matutino de MVS Radio, ocupó una buena parte de
la explicación de Joaquín Vargas al hacer un recuento de los desencuentros con
los funcionarios del gobierno calderonista.
El viernes 4 de febrero de 2011, Aristegui lanzó al aire una pregunta
relacionada con “un supuesto problema de alcoholismo del presidente Felipe
Calderón”. Minutos después, recordó Vargas, recibió una llamada de Alejandra
Sota quien le exigió una disculpa pública por parte de la periodista.
En paralelo, ese mismo día Vargas tenía una reunión con el titular de la SCT,
Dionisio Pérez Jácome para revisar los asuntos relacionados con la banda 2.5
Ghz. El encuentro se suspendió, pero antes Pérez Jácome le advirtió:
“Tengo instrucciones del señor presidente, de no gestionar asunto alguno de
MVS y en especial de la banda 2.5 hasta en tanto la señora Aristegui no ofrezca
una disculpa pública por el comentario que hizo con relación al supuesto
alcoholismo del presidente. Por ese motivo, la junta programada para hoy no se
llevará a cabo. Te ofrezco que tan pronto la señora Aristegui se disculpe,
agendaremos de inmediato la reunión, inclusive si lo hace el próximo lunes 7, a
pesar de ser día ‘feriado’ yo con mucho gusto lo recibo en esta secretaría”.
Aristegui no aceptó disculparse en términos pedidos por los funcionarios del
gobierno federal. De hecho, la conductora de MVS Noticias no hizo un comentario
sino lanzó una pregunta al aire: “¿Tiene o no problemas de alcoholismo el
presidente Felipe Calderón?”, poco después de informar sobre el despliegue de
una manta en la Cámara de Diputados donde el diputado del PT Gerardo Fernández
Noroña aludió al presunto problema etílico del primer mandatario.
El 9 de febrero de 2011 Aristegui señaló en conferencia de prensa en Casa
Lamm que el Grupo MVS había sido presionado por el gobierno federal.
El gobierno federal, a través de un comunicado, negó estas presiones
indicando que “la política y la práctica diaria de comunicación social de este
gobierno no se mezclan ni se confunden con la política pública en materia de
telecomunicaciones”.
A pesar de ese desmentido, el domingo 13 de febrero, el propio Javier Lozano,
a nombre de Felipe Calderón y de “su señora esposa” chantajeó a Joaquín Vargas
diciéndole que si recontrataba a Aristegui “a tu proyecto se lo lleva la
chingada”.
“El domingo 13 de febrero de 2011 a las 19:30 horas me amenazaron y el pasado
jueves 8 de agosto a las 12 horas, cumplieron su amenaza”, resumió Joaquín
Vargas.
“Es público y notorio que la administración de MVS no tiene injerencia en la
línea editorial de la periodista Carmen Aristegui. Los límites de su libertad se
encuentran en la ley, en el Código de Etica de MVS, y en los dictados del
sentido común cuando los alcances de la norma jurídica no logren proteger la
supervivencia del medio de comunicación en el que ella, accionistas y
trabajadores de la empresa nos desarrollamos”, indicó el empresario.
Decisión política, no técnica ni financiera
En su extensa y detallada reconstrucción del caso de la banda 2.5Ghz, tanto
Joaquín Vargas como su hermano Ernesto Vargas insistieron que ni técnica ni
financieramente esta banda estaba “subutilizada”, que había posibilidades de
formar un consorcio privado que actuara como carrier de carriers y que
estaban dispuestos a un pago de contraprestación similar al de otras
licitaciones en banda ancha, a nivel internacional.
Sin embargo, el gobierno federal decidió retrasar la decisión, “jugar al
engaño” de una negociación y finalmente adoptar una decisión que es comparable a
la expropiación del sector petrolero que realizó recientemente la presidenta
argentina Cristina Fernández, decisión criticada por la propia administración
calderonista.
“Si el gobierno federal no desiste de su decisión de rescatar la banda de
2.5Ghz, y ratifica el atropello, atará de manos al gobierno que tomará posesión
el próximo 1 de diciembre, al restringirle su libertad para definir la política
pública de telecomunicaciones aplicable a la banda de frecuencias citada. Esta
resolución heredará al nuevo gobierno, un problema jurídico que no se justifica
bajo ningún aspecto”, reflexionó Vargas.
Ernesto Vargas indicó que el conflicto puede prolongarse durante 5 años,
periodo en el que ni el próximo gobierno ni otros grupos de telecomunicaciones
podrán utilizar esta banda.
“Lo único que van a heredar a la próxima administración son litigios y a los
usuarios les van a dar un servicio lento, caro de banda ancha, como el de
ahora”, indicó el empresario.
Para el próximo sexenio, “vamos a promover de manera muy intensa la reforma a
los medios de comunicación, para que no tengan hincado y con la espada de
Damocles a ningún otro grupo”, advirtió Joaquín Vargas.
Señalaron que no participarán en la licitación de la tercera cadena de
televisión, anunciada por la CFC como una condición para aceptar la fusión de
Televisa y Iusacell.
La hora de la sociedad
#YoSoy132 entrega irregularidades electorales al
TEPJF.
Foto: Eduardo Miranda
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (Proceso).- México no avanzará hasta que la clase política, los
poderes fácticos y los funcionarios públicos cuenten con un contrapeso social
suficientemente fuerte para obligarlos a velar por el interés público en lugar
de sus negocios personales. El cambio necesario no vendrá desde las cúpulas del
poder sino desde la movilización ciudadana. Las “instituciones” son importantes
en cualquier democracia, pero solamente funcionan cuando están sometidas a una
fuerte presión social.
El generoso periodo entre la jornada electoral y la toma de posesión del
nuevo presidente es una oportunidad de oro para la articulación de un amplio
movimiento social. Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) acata las órdenes del Consejo Coordinador Empresarial y valida sobre sus
rodillas la elección de Enrique Peña Nieto, todavía habrán tres largos meses
para construir una fuerza social suficientemente grande para resistir los
embates que vendrían en contra de la libertad de expresión, los derechos
humanos, los derechos laborales y la industria petrolera nacional. Este periodo
también serviría para construir un proyecto ciudadano nuevo que limita y reparte
el poder social, económico y político hoy en manos de los monopolios y los
poderes fácticos y entregado a los intereses de Estados Unidos.
La oportunidad para la sociedad se ampliaría aún más si el TEPJF decide
extender el periodo necesario para calificar la elección presidencial o, en su
caso, invalida la elección con base en las pruebas aportadas por Andrés Manuel
López Obrador o adquiridas por el mismo tribunal con base en sus amplias
facultades de investigación. Un eventual gobierno interino no implicaría crisis
política alguna, sino que solamente extendería durante unos meses más el
“interregno” entre el gobierno saliente y el entrante que ya existe en los
hechos. Tal situación podría ser la oportunidad ideal para la construcción de un
nuevo pacto nacional, o incluso un nuevo Congreso Constituyente, desde la
sociedad y sin la manipulación propia de los políticos y los burócratas.
Hay que celebrar entonces que el movimiento #YoSoy132 haya decidido ampliar
su lucha más allá de solamente los temas de la imposición de Peña Nieto y la
manipulación mediática. En su manifiesto del pasado 27 de julio, señalan seis
prioridades: 1) Democratización y transformación de los medios de comunicación,
información y difusión, 2) Cambio en el modelo educativo, científico y
tecnológico, 3) Cambio en el modelo económico neoliberal, 4) Cambio en el modelo
de seguridad nacional y justicia, 5) Transformación política y vinculación con
movimientos sociales, y 6) Derecho a la salud.
Este manifiesto tiene muchas similitudes con las conclusiones de las mesas de
discusión para un nuevo “Pacto Ciudadano por la Paz con Justicia y Dignidad”
celebradas en Ciudad Juárez el 10 de junio de 2011. En aquel momento, los
movimientos solidarios con Javier Sicilia exigían, entre otros puntos, el
esclarecimiento de los orígenes de las fortunas de Carlos Salinas, Ernesto
Zedillo, Vicente Fox y Elba Esther Gordillo; la cancelación de la Iniciativa
Mérida y de toda “asesoría policiaco-militar” de Estados Unidos; el retorno
inmediato del Ejército a los cuarteles así como someter a juicio político a
Calderón, Genaro García Luna y Javier Lozano. También demandaban democratizar y
contar con espacios para la sociedad en los medios de comunicación electrónicos,
expresaban su rechazo total a la reforma laboral y a la Ley de Seguridad
Nacional, y pedían la cancelación de las concesiones mineras a empresas
corruptas e irresponsables. Asimismo, cuestionaban las supuestas “candidaturas
ciudadanas” y defendían la revocación de mandato como el elemento prioritario de
una eventual reforma política.
Las mesas de Juárez fueron criticadas duramente por analistas cercanos al
régimen por romper con “la pureza de un discurso ciudadano emanado del dolor” e
incluso desconocidas públicamente por el mismo Javier Sicilia. Pero ahora
regresan con fuerza en la voz de los jóvenes.
Es también una excelente noticia que el movimiento #YoSoy132 empieza a
estrechar lazos con otros movimientos sociales, como el Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra, de Atenco, y el Sindicato Mexicano de Electricistas, entre
otros. El emergente Frente Nacional Contra la Imposición podría ser precisamente
el vehículo social que tantos han esperado para articular una voz unida de
protesta y propuesta a lo largo y ancho del país.
Recordemos que las “megamarchas” tan exitosas de las semanas pasadas no
fueron convocadas por #YoSoy132, sino que surgieron de manera espontánea de las
profundidades del descontento social que cada día se hace más presente. Las
protestas la semana pasada en Nueva York, y anteriormente en Washington, DC, en
contra de Carlos Slim demuestran que el descontento se internacionaliza y que
también se diversifica más allá de Televisa para incluir a los otros poderes
fácticos del país.
Una vez más han surgido críticas malintencionadas que buscan dividir el
movimiento al lamentar que la “pureza” de los estudiantes se mezcle con los
“revoltosos” de los otros movimientos. Pero estas críticas están basadas en un
lamentable clasismo que busca debilitar este esfuerzo social y afortunadamente
han sido ignorados por la mayoría de sus integrantes.
Otro gran acierto del movimiento ha sido la ausencia de liderazgos
individuales. Así se complica sobremanera la cooptación de parte del gobierno y
los medios de comunicación. También permite que los esfuerzos se articulen en
función de causas en lugar de personas.
Se ve la luz al final del túnel. Son los jóvenes y la sociedad, no las
“instituciones” electorales y el candidato del PRI, quienes merecen nuestra
confianza y el beneficio de la duda. En ellos está la semilla de una nueva
república.
Twitter: @JohnMAckerman
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