Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

lunes, 1 de octubre de 2012

Enrique Peña y el factor Naranjo- Convencionándonos- El trabajo

Convencionándonos
Gustavo Esteva
 
Casi todos los autoconvocados en San Salvador Atenco a la Convención Nacional contra la Imposición acudieron a Oaxaca el 22 de septiembre. Otros más se les juntaron. Llegaron mil 500 delegados, se repartieron en mesas, discutieron durante dos días completos.
 
No fue mero evento: mitote de personas excitadas y discutidoras. Tampoco asamblea de representantes con mandatos claros para negociar acuerdos eficaces. No era conjunto: la mera yuxtaposición de personas y entidades no constituye un sujeto colectivo. No eran meros compañeros de viaje, que coincidían accidentalmente, ni masa de personas aglutinadas por una creencia, líder o ideología.
 
Quienes asistieron tenían motivos comunes para estar ahí, pero posiciones muy diversas. Compartían un rechazo común a la imposición, pero tenían diversos proyectos, ideales y sueños. Los juntaba, más que ninguna otra cosa, la pasión de recorrer juntos este camino en construcción, la compulsión de luchar juntos.

 
Las opiniones sobre lo ocurrido están divididas. Mientras unos lamentan lo que ven como fracaso, otros celebran la madurez y astucia de los participantes, por haber logrado cruzar este difícil puente del camino. La mayoría se fue pensando en la tercera convención, no en abandonar el barco.
 
Los escasos representantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no tuvieron eco; enfrentaron por momentos rechazo enconado. Las propuestas reducidas al juego electoral y la gestión institucional no tenían éxito. Tampoco lo tenían los partidarios, aún más escasos, de la vía armada o el recurso a la violencia.
 
No era lugar ni momento para un balance político. No había consensos previos sobre sólidos documentos de análisis, como el contrainforme del 132, y no existían condiciones para discutirlos o siquiera para leerlos. Menos aún se podía concertar el programa de lucha. No se cumplió el acuerdo de Atenco: realizar asambleas locales y estatales para darle forma. Miles de reuniones, por todas partes, no forjaron aún consensos sobre qué hacer; en qué consiste resistir la imposición y no reconocer al ilegítimo; cómo encauzar la acción organizada de tantos, tan diversos y tan dispersos.
 
Cayeron en el vacío propuestas para impedir la toma de posesión de Peña. Eso no significaba bajar la guardia: se reconocían, simplemente, los límites de las capacidades actuales. Fue sabio, en ese contexto, acordar que la siguiente reunión se celebre el 2 y 3 de diciembre, en la ciudad de México. En vez de seguir girando en banda en torno a la toma de posesión podrán examinarse resistencias y rebeldías que ese acto formal enfrentará.
 
Se reconocía la esterilidad y desgaste de marchas y plantones, pero se mantuvieron en el plan de acción para seguir expresando el rechazo a la imposición y oponerse a toda acción institucional que afecte a la gente, como la reforma laboral. No debe crearse la impresión de que todo mundo está de acuerdo o a nadie le importa.
 
La organización del debate no era la más adecuada. Tampoco lo era el método. Toda discusión estaba expuesta a provocaciones y dogmatismos. El ambiente mostraba viejas y nuevas tensiones. Pero aun así fluían libremente y se aprobaban en mesa y plenaria propuestas bien articuladas y sensatas, como la de medios, de las que no hubo muchas.
 
Por demasiado tiempo grupos y organizaciones se han dedicado a ver hacia arriba, para conquistar los aparatos gubernamentales o por lo menos presionar al gobierno e influir en su orientación y políticas. Faltan ideas y propuestas cuando se trata, como ahora, de resistir lo que viene de arriba y crear desde abajo alternativas políticas. Esta crisis de imaginación persiste hasta que algunos empiezan a ver hacia abajo y encuentran que los pueblos y la gente ordinaria han estado en eso desde hace tiempo y avanzan paso a paso en la nueva construcción. No se ha logrado aún llevar a la convención esos saberes e iniciativas.
 
La ensalada que se cocinó en Atenco era de pronóstico reservado: mezclaba muchas aguas y aceites. Pero en Oaxaca esta gama plural de personas, grupos, organizaciones y movimientos supo sobreponerse a desórdenes, gritos y provocaciones para seguir del brazo su camino.
 
En este momento de peligro, cuando la profunda crisis económica se hace política, amplios sectores están desmovilizados, intimidados o controlados, a menudo luchando por la supervivencia. Quienes se hallan en alerta, decididos a actuar, padecen el desconcierto que dejó la elección y están lejos del consenso que articulará su resistencia y estimulará la acción directa. Pero no están quietos. En Oaxaca evitaron con astucia instintiva los riesgos que tomaron y se aprestan a continuar. No es poca cosa. Como tampoco lo es que hayan concluido la turbulenta reunión cantando el himno zapatista, aunque muchos, particularmente los jóvenes, no se lo sabían…
Enrique Peña y el factor Naranjo
Carlos Fazio
 
El ex policía colombiano Óscar Naranjo está nervioso. Formó parte del círculo íntimo del ex presidente Álvaro Uribe y se sabe vulnerable. Como tantas veces antes en la historia de América Latina, el imperio deslastra. Usa a sus hijos de puta (Delano Roosevelt dixit) y cuando ya no les sirven los arroja a los leones. La telaraña mafiosa-delincuencial que construyó Uribe para catapultarse a la presidencia de Colombia, y manejar el gobierno con mano de hierro durante dos mandatos, hace agua. Las confesiones de capos del narcoparamilitarismo salpican a Uribe y a Naranjo. Y lo que es peor: las declaraciones en una corte estadunidense de un ex funcionario público de la misma entraña presidencial, el ex general de policía Mauricio Santoyo, jefe de seguridad de Uribe entre 2002 y 2006, enloda a ambos, y si enciende el ventilador podría terminar con la fábula de Naranjo como el mejor policía del mundo.
 
Con el paso del tiempo surgen nuevos datos que apuntalan los nexos non sanctos del consultor externo de Enrique Peña Nieto en materia de seguridad. En particular, aquellos que señalan a Óscar Naranjo como protector del cártel del Norte del Valle –a través de un subordinado, el coronel de la policía Danilo González, convenientemente asesinado–, y de éstos con los jefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos Salvatore Mancuso, Carlos Castaño, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y Hernando Gómez Bustamante, Rasguño, quien inició su relación con el James Bond criollo a comienzos de los años 90, cuando ambos estaban afiliados a Los Pepes, el grupo paramilitar creado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional para exterminar a los socios y familiares de Pablo Escobar Gaviria. Según el ex agente de la DEA Baruch Vega, Naranjo y su ex jefe en la Policía Nacional, Rosso José Serrano, formaban parte de la cúpula del cártel de los Diablos (Norte del Valle), junto con González, Castaño, Gómez Bustamante, Wilmer Varela, Diego Montoya y el ex jefe policial Leonardo Gallego.
 
En abril pasado, llamó la atención la renuncia de Óscar Naranjo a la dirección de la Policía Nacional, cuando se hallaba en la cúspide de su carrera. No dio mayores explicaciones. La razón podría estar en el juicio que se le seguía en la corte del distrito sur de Florida, en Miami, al extraditado Diego Montoya, donde salió a relucir una presunta reunión de Naranjo con miembros del cártel del Norte del Valle en el hotel Capital de Bogotá, y una supuesta alianza del entonces coronel de la Policía Nacional con Wilmer Varela en la guerra contra los Montoya (caso 99-804-CR-Altonaga).
 
Otra explicación sobre la dimisión de Naranjo podría estar en el juicio por delitos relacionados con el narcotráfico que se sigue al ex general retirado de la Policía Nacional Mauricio Santoyo en una corte de Alexandria, en el estado de Virginia, Estados Unidos. El ex oficial fue acusado por paramilitares extraditados, como Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, y por un ex policía de alto rango que colabora con la justicia de EU, identificado como Nico. El caso tiene que ver con posibles actos criminales de Santoyo en alianza con la Oficina de Cobro de Envigado (estructura criminal que sobrevivió a Pablo Escobar y a la desmovilización de paramilitares en 2003), cuando era comandada por Diego Fernando Murillo, Don Berna.
 
El 24 de mayo, el jurado investigador acusó a Santoyo de haber recibido sobornos a cambio de dar información de inteligencia a las principales bandas delincuenciales de Colombia sobre las indagaciones de autoridades estadunidenses, británicas y colombianas. También fue acusado de conspirar para exportar cocaína a Estados Unidos en unión con jefes de las AUC. El caso quedó en manos del fiscal del estado de Virginia Neil MacBride, seleccionado por el gobierno de Barack Obama para llevar los procesos más delicados. Pero cuando el fiscal se aprestaba a acudir ante la Corte para formular cargos por narcotráfico contra Santoyo, se le ordenó sellar el caso como secreto para no afectar las relaciones diplomáticas entre Washington y Bogotá. MacBride habría negociado con la defensa de Santoyo quitar los cargos de narcotráfico a cambio de que el ex oficial delatara, entre otros, a tres generales de la Policía Nacional.
 
Santoyo fue elevado a general brigadier en 2007 por una comisión del Senado. Los congresistas que le dieron la bendición dicen ahora que el ascenso fue responsabilidad del presidente Uribe, de su ministro de Defensa Juan Manuel Santos y del ex director de la Policía, Óscar Naranjo. El asunto se complicó porque Santoyo fue promovido al generalato no obstante tener una investigación disciplinaria de la procuraduría, que lo había destituido en 2003 por estar implicado en una operación clandestina de mil 499 escuchas ilegales (chuzadas) a miembros de la ONG Asfades, en Medellín, entre 1996 y 1999.
 
En agosto pasado, el presidente de la red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, radicó ante la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia de Colombia una denuncia penal por los delitos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por omisión y concierto para delinquir contra el ex director de la Policía Nacional, Óscar Naranjo, y la ex ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, por su participación en el ascenso de Santoyo. Según Bustos, Naranjo estaba preparando a Santoyo para que lo sucediera y por eso lo promovió a general.
 
Santoyo, Don Berna y la DEA conocen el oscuro historial de Naranjo. Para Baruch Vega, al mejor policía del mundo no le quedó más alternativa que cooperar con Washington y convertirse en informante de la comunidad de inteligencia, además de encubrir la falsa guerra a las drogas administrada por Estados Unidos y supervisar las negociaciones del próximo gobierno de Enrique Peña con las bandas criminales. Según Vega, en México, Óscar Naranjo “será una posición del cártel de Sinaloa, no del gobierno”.
Hombre prevenido-Hernández
 
 
El trabajo
León Bendesky
 
Una reforma laboral como la que está en curso hoy en México no es un asunto meramente económico o de tipo organizacional en el campo de los negocios. Está instalada en el centro mismo de la configuración de la sociedad.
 
Desde los primeros intentos por sistematizar el conocimiento de la economía capitalista en el último cuarto del siglo XVIII se admitía con mayor o menor claridad que había un conflicto esencial entre el capital y el trabajo. Más tarde, hacia mediados del XIX, se pondrían de cabeza las teorías conservadoras de la economía de aquel tiempo y de las que se han formulado hasta ahora.
 
Pero las ideas y las teorías son una cosa y la realidad en la calle es otra, y esta última se cimenta en la necesidad. Además, hay divergencias en el control de las interacciones del trabajo que se expresan en la política, en las leyes, la procuración de la justicia y el entramado de las instituciones.
 
El conflicto entre el trabajo y el capital deriva de la definición primordial de los derechos de propiedad y la forma de acceso de los individuos y las familias al ingreso y los recursos. De la contraposición del trabajo y el capital se deriva una forma específica de generación de la riqueza y, principalmente, de su distribución entre ganancias, intereses, rentas y salarios. La relación está en el centro mismo de este modo de producción y difiere económica, legal, e ideológicamente de otros modos de organización social.
 
La legislación laboral no tuvo su origen en una graciosa concesión a los otros. La historia y la experiencia cotidiana lo indican claramente. Esas leyes conciernen a asuntos diversos del proceso de trabajo: tiempo, espacio, condiciones, jerarquías y la provisión de seguridad como la salud y las pensiones. Tiene que ver con las formas complejas de la acumulación del capital, la generación del excedente y su apropiación y, de manera general, con las formas de reproducción del sistema en su conjunto, o sea, del propio capital y del trabajo.
 
El capitalismo ha requerido recurrentemente ajustes y acomodos en las relaciones laborales. En ese terreno interviene activamente el Estado para regularlas y sancionar su funcionamiento. Su intervención no es neutral y eso es un componente básico de la política. La evolución de tales relaciones no sigue un patrón de mejoramiento constante para quienes laboran, hay avances y retrocesos, hay condiciones de índole absoluta y relativa. Involucra una dependencia mutua entre las partes, pero no equivalente. Es una lucha permanente y desigual.
 
Por supuesto que los empresarios quieren flexibilidad, y la mayor que sea posible, en las relaciones laborales. Todo tiene que ver finalmente con los costos unitarios de producción y en la mayoría de los casos los costos del trabajo son los más grandes. Esa es la pauta que define la productividad y la competitividad en el mercado, de ahí se sostiene el balance y su línea de fondo: la utilidad. No estarán satisfechos con reforma alguna y en el caso de la flexibilidad, ésta siempre será insuficiente. De ahí se desprenden buena parte de la invenciones y las innovaciones tecnológicas que compiten directamente con el trabajador.
 
Con el tiempo la estructura laboral en las empresas se va haciendo rígida y en los periodos en que es más complicada la generación de ganancias y la acumulación del capital se clama por mayor flexibilidad. La contraparte también quiere flexibilidad, pero se expresa de modo distinto, pues la disciplina y las reglas las impone el capital. Por eso el recurso último es la huelga. Ese es el límite de la conciliación y el arbitraje que cumple el Estado.
 
La conciliación menos conflictiva entre los llamados factores de la producción se da en periodos de alto y sostenido crecimiento de la producción, como el ocurrido entre 1950 y 1975, y que con sobresaltos se extendió hasta 1980. Pero ese escenario ya no existe y desde entonces la expansión del producto y del empleo se ha vuelto crónicamente lenta.
 
Con el aumento poblacional y la marginación de los que deberían entrar o reentrar al mercado de trabajo, los problemas del desempleo, el subempleo y la informalidad no han hecho más que crecer. Mientras tanto, los salarios reales de los trabajadores se reducen, lo mismo ocurre con los servicios públicos y las prestaciones y, con ello, sus condiciones generales de vida. Este proceso no cambia con los recientes intentos, poco serios, por imponer un discurso acerca de que México es un país de clases medias.
 
El argumento de que la reforma aprobada en el Congreso generará más crecimiento del producto, elevará la productividad y aumentará el empleo no está validado, y quienes así lo sostienen hacen un planteamiento con falsas apariencias.
 
El trabajo debe protegerse, esa es una primera consideración. La flexibilidad que se quiere imponer con la nueva ley puede hacer que el mercado laboral se haga más frágil y la situación de los trabajadores más precaria.
 
Por el lado de las empresas, no es la misma condición la de las más grandes y aquellas de menor tamaño. No todas cumplen con las exigencias de la ley que hoy existe. Además, algunas de la provisiones como las que tienen que ver con la capacitación y la nueva manera de regularlas pueden llevar a una burocratizacion excesiva, a la que tanto están acostumbradas las entidades públicas de ese sector, incluyendo los tribunales.
 
Las normas laborales requieren ajustes para que se consiga un acuerdo funcional que proteja a los trabajadores, pero también a las empresas, en especial a las de menor tamaño, que es donde se crea la mayor parte del empleo. No es un equilibrio fácil de encontrar, pero sin duda es necesario. Los esquemas prevalecientes están sumamente viciados. La reforma apunta a la tangente y no al blanco. Es una reforma a modo de los intereses políticos prevalecientes.
 
Es irrelevante en un sentido práctico si fue Felipe Calderón quien presentó la iniciativa de reforma laboral. Sin duda el PRI la ha sabido aprovechar y con premura. Seguramente se cuidará de mantener los vicios laborales que tan buen servicio político electoral le ha dado por mucho tiempo.
Orive el Judas-Rocha

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