ASTILLERO- Pemex: opacidad proverbial- Guerra de clases-

Astillero

Síntomas y signos

Gritos a FC y Moreira

Micha: periodismo en Veracruz

Cerrazón en San Lázaro

Julio Hernández López

Recuerdos digitales. Este domingo, mientras el cardenal Norberto Rivera oficiaba la misa en la Catedral Metropolitana, una turista grababa imágenes del recinto religioso

Foto María Meléndrez Parada

 

Hay una creciente carga de inconformidad social que al no encontrar cauces adecuados para su expresión pública pero, sobre todo, para su resolución, está manifestándose en diversos actos y reuniones oficiales de manera espontánea y atropellada, riesgosa ante el nerviosismo e irritación de los cuerpos de seguridad, casi siempre con jóvenes como decididos protestantes. En Nueva York, luego de participar en una ceremonia relacionada con el mercado de operaciones relacionadas con lo tecnológico, Nasdaq, Felipe Calderón escuchó que unos cuantos jóvenes le gritaban ¡asesino!, entre otros señalamientos (http://bit.ly/Se3WGh), sin que los guardaespaldas mexicanos y estadunidenses estuviesen en esa resonante ciudad en condiciones de retirar o silenciar a los opositores.

 

En Coahuila, el gobernador Rubén Moreira fue acusado de ratero por un estudiante de una secundaria técnica a la que había ido para entregar lentes gratuitos. Ratas, rateros, devuelvan el dinero, gritaba el adolescente Miguel Ángel, según el reporte publicado en La Jornada por la corresponsal en Torreón, Lilia Ovalle (http://bit.ly/SmaR0n). La exigencia se refería a la enorme deuda pública heredada al actual gobierno por el anterior mandatario, Humberto, hermano de Rubén. Lo peor del caso es que, luego de que éste pretendió fallidamente entablar un diálogo con el alumno, y se despidió de él deseándole que Dios lo bendijera, entraron en acción los guaruras del gobernador: Uno llegó por atrás y sujetó del cuello a Miguel Ángel; otro lo tomaba por el hombro. Afortunadamente, lo dejaron libre.

 

 

Y en Xalapa la periodista Adela Micha fue alcanzada en un hombro por un huevo lanzado por estudiantes de la Universidad Veracruzana, a los que de inmediato se identificó como miembros del movimiento #YoSoy132. Micha hablaba en la sede del Congreso local luego de recibir el doctorado honoris causa que le asignó la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (http://bit.ly/OxLMUS ), organismo público descentralizado que creó en agosto del año pasado el gobernador Javier Duarte (clases con horario flexible, educación abierta, semiescolarizada, a distancia, http://bit.ly/SX4Ozk, buscadas como opción por algunos de quienes no son aceptados en la Universidad Veracruzana).

 

 

A diferencia de lo sucedido en múltiples casos de periodistas veracruzanos que han sufrido amenazas, secuestros, golpizas y asesinatos (el caso más reciente, Andrés Timoteo, quien fue corresponsal de La Jornada y columnista de Notiver y, por amenazas, ha dejado la entidad para ir a Francia, según se menciona en http://bit.ly/SX1vIb), el gobierno veracruzano desplegó sus fuerzas de seguridad hasta encontrar a Jorge Luis Solano San Gabriel y Edgardo Daniel Hernández Calderón, quienes fueron encarcelados y luego liberados mediante el pago de 300 pesos de multa.

 

 

El despilfarrador ataque ovoide contra Adela es reprobable, aunque el contexto oficial es discutible. Valioso sería para Micha, quien tomó el asunto con buen humor, sin dramatizar ni victimizarse, reiterar su solidaridad con los periodistas amenazados y agredidos en Veracruz, dándoles difusión y evitando que el gobernador Duarte y su todopoderosa jefa de prensa, Gina Domínguez, quien ejerció similares funciones en Quintana Roo con Mario Villanueva como gobernador (http://bit.ly/nywCPH), pretendan usar la figura de la conductora de Televisa como aval de lo que sucede allá.

 

Otro tipo de protestas también parece quedar en la nada. Confirmando la enorme distancia entre las maquinarias institucionales y el sentir de una parte activa de la sociedad, ha sido aprobado sin mayores reparos el proyecto de reforma en materia laboral, que de manera conjunta empujaron el saliente Calderón y el entrante Peña Nieto. Los discursos oficiales dibujan una realidad totalmente distinta de la que proclaman en la calle quienes creen radicalmente inaceptables las modificaciones que consuman un amasiato sexenal bipartidista.

 

Lo sucedido en San Lázaro para aprobar esa walmartización del mercado laboral mexicano permitió, además, observar en la superficie procesal el puño duro con que el peñanietismo enfrentará la disidencia. A pesar de que su número no significaba ningún riesgo real de que las reformas fueran rechazadas, y de que muchos de ellos provenían del seno de un perredismo cuya mayoría estaba en pleno arreglo para sacarlas adelante, no se permitió ni siquiera un tiempo político y mediático de gracia para que algunos diputados de izquierda desahogaran su última carta de oposición física directa, al haber arrebatado el micrófono al presidente de la mesa directiva, Jesús Murillo Karam, y así obstruir técnicamente el citado proceso de aprobación de las reformas.

 

En otras circunstancias se hubiera permitido el cumplimiento de ese ritual aritméticamente intrascendente, pero en esta ocasión se reinstaló la directiva en uno de los balcones del salón de sesiones y se reanudaron los trabajos (una especie de adelanto de lo que se llegó a programar para la toma de protesta presidencial que ahora podrá llenar ese requisito hasta en una casa particular: cancelación de solemnidades ante cualquier atoro. La legalidad reconfigurada conforme a los nuevos tiempos: rómpase en casos de urgencia). Y se hizo saber que PAN y PRI están muy enojados y vengativos, porque el débil y ya prescindible coordinador de la bancada perredista, Silvano Aureoles (bajo la sombra de Amalia García), no cumplió los acuerdos que consistían en no tomar la tribuna ni interrumpir el tan famoso proceso de aprobación, aunque el sol azteca sí tendría derecho a discursear en tribuna y a patalear, pero en su asiento.

 

Y, mientras Calderón dice en Morelia que la guerra contra el narcotráfico fue por amor a su tierra y a los michoacanos, y Hugo Chávez da a conocer que él votaría por Obama si le fuera posible, ¡hasta mañana, leyendo al general colombiano Óscar Naranjo en El País (http://bit.ly/TSRDWD ): llamar guerra a la política de seguridad en México es un error garrafal!

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Pemex: opacidad proverbial

A 11 días de que se dio a conocer la firma de un contrato entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y astilleros de Galicia, España, para construir dos plataformas habitacionales, persisten más dudas que certezas en torno a esa operación, que costará a la paraestatal unos 380 millones de dólares.

 
A la falta de explicaciones consistentes sobre las condiciones en que se firmó el contrato –prácticamente en secreto y sin proceso de licitación pública de por medio– se suman las colisiones declarativas en torno a su naturaleza y contenido: las afirmaciones del director de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel, de que el documento no fue suscrito por Pemex, sino por su filial internacional PMI; que contiene cláusulas suspensivas, y que todavía debe ser examinado por el consejo de administración de la paraestatal, contrastan con la versiones difundidas desde la semana pasada por autoridades de la Xunta de Galicia (gobierno autonómico), que afirman que los contratos son plenamente válidos y vigentes.
 
Más preocupante resulta el escenario a raíz de las declaraciones formuladas el sábado pasado por el titular de la Secretaría de Energía y presidente del consejo de administración de Pemex, Jordy Herrera, quien afirmó que desconoce el contenido de los referidos documentos. Tal situación pone en evidencia un accionar unilateral de la dirección encabezada por Suárez Coppel, una inexcusable falta de cuidado de las autoridades administrativas en torno a las operaciones realizadas por la paraestatal o una combinación de ambos factores. En cualquier caso, el episodio da cuenta de una continuidad en la opacidad proverbial con que Pemex ha sido manejada durante las presidencias del ciclo neoliberal, particularmente durante las dos recientes, y que va más allá de la relación turbia del gobierno con la dirigencia del sindicato petrolero, del descontrol fiscal de las empresas privadas contratistas y del destino incierto de los recursos obtenidos por concepto de ventas internacionales de crudo: además de esos elementos, destaca la construcción, en las pasadas décadas, de una red de compañías privadas filiales de la paraestatal, que operan como fachadas corporativas, realizan operaciones en el extranjero y, por consiguiente, no rinden cuentas ni están sujetas a la legislación mexicana, lo que limita las capacidades de fiscalización del Estado sobre ellas.

 

Un precedente ineludible es la fallida adquisición de acciones de Repsol por Pemex ocurrida el año pasado, operación que se saldó con pérdidas para la paraestatal; que colocó a ésta en medio de una disputa entre dos bandos corporativos dentro de la petrolera ibérica, y que se realizó, según información oficial, a través de la misma filial internacional empleada ahora para suscribir la operación de los llamados hoteles flotantes.

 

Ante el cúmulo de dudas que persisten en torno a la construcción de tales plataformas habitacionales, lo procedente es que las autoridades pongan un alto a la opacidad con que se han conducido y transparenten plenamente éste y otros casos de presumibles manejos inadecuados de la paraestatal. La discrecionalidad en estos asuntos puede resultar muy costosa, como quedó de manifiesto con la aventura corporativa de Pemex en Repsol, y no sólo en términos de pérdidas económicas, sino también en desgaste de la credibilidad de la administración pública en su conjunto.

 

 

Guerra de clases

John M. Ackerman

 

Consumada la compraventa de la Presidencia de la República, llegó la hora de pagar favores. La mal llamada reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados parte del diagnóstico absurdo de que son los trabajadores y no los líderes charros ni las empresas monopólicas quienes detienen el crecimiento económico. En lugar de democratizar la economía y abrir oportunidades para la movilidad social, la reforma promete consolidar la tendencia iniciada durante el sexenio de Carlos Salinas de convertir todo México en una gran maquiladora al servicio de las empresas trasnacionales.

 

 
Se cumple el sueño del gran capital y sus aliados nacionales de convertir a millones de trabajadores asalariados con seguridad en el empleo en peones de subcontratistas sin derechos ni prestaciones. La reforma facilita los despidos masivos y arbitrarios, con el recorte brutal en el pago de los salarios caídos durante los juicios laborales. El objetivo es desmoralizar a los trabajadores para obligarlos a aceptar una humillante indemnización en lugar de emprender un largo y cansado juicio para defender sus derechos ante un despido injustificado.
 
Los patrones entonces podrán hacer como Enrique Peña Nieto durante la elección presidencial, al utilizar su dinero para atropellar derechos y comprar su camino al éxito. Así como Peña Nieto compró votos, los dueños compararán la cancelación de los derechos de sus asalariados. Igualmente, los trabajadores terminarán igual de agraviados y burlados que los valientes integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), quienes vieron desaparecer de la noche a la mañana su fuente de trabajo y su derecho a una vida digna.
 
El colofón de todo esto es que una vez que los potentados hayan expulsado a los trabajadores más incómodos o politizados, podrán recontratarlos por medio de empresas de outsourcing en condiciones miserables donde predomina la sobrexplotación, el pago por horas, condiciones insalubres, contratos de corto plazo y la amenaza constante de ser despedidos. Mientras, los jóvenes que buscan ingresar en el mercado laboral solamente encontrarían empleo precisamente en este tipo de empresas donde, además, podrán ser despedidos sumariamente después de cada uno de sus periodos de prueba.
 
Se terminaría con cualquier incentivo para capacitar o desarrollar las capacidades de la fuerza laboral. Cada vez será más tentador para los jóvenes recurrir al narcotráfico para poder comprar siquiera una docena de huevos.

 

Se cierra el círculo con el hecho de que los pocos trabajadores que logren mantener contratos de largo plazo y antigüedad continuarán bajo el más férreo control de los líderes sindicales charros, quienes solamente defienden su bolsillo y los intereses de los dueños. Bajo el argumento ruin e hipócrita de defender la autonomía de los sindicatos, el PRI ha dejado intactas todas las protecciones para figuras como Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps. El PAN también es cómplice y artífice de este inmovilismo, ya que se negó a condicionar su apoyo a las otras partes de la reforma a la inclusión de disposiciones que fortalecerían la rendición de cuentas.

El objetivo de la reforma es claro: acabar con las conquistas laborales de la Revolución Mexicana y matar cualquier esperanza de construir un sindicalismo democrático. Constituye nada menos que una declaración de guerra contra toda la clase trabajadora. El presidente del empleo termina su mandato como el rey del subempleo y el subcontratista de Salinas inicia la reconquista con el pie derecho.

 

Pero todo esto es apenas el principio. Los ideólogos están de plácemes y su ambición no conoce límites. Consumado el atraco a los trabajadores, viene el saqueo al oro negro. Hay que archivar definitivamente la búsqueda de consensos imposibles para forjar convergencias estables e impulsar la agenda pendiente. Completado el primer tramo habrá que avanzar en las reformas fiscal y energética, escribe Jaime Sánchez Susarrey.

 

Pascal Beltrán del Río va más lejos. Celebra la reforma laboral como una buena señal para los inversionistas internacionales, pero reclama que aún tenemos que resolver temas como nuestra tendencia cultural al menor esfuerzo. Así, de un plumazo, convierte al pueblo mexicano en una bola de flojos y culpa a los mismos trabajadores por la pobreza en el país. Las purgas neoliberales apenas empiezan. No podemos quedarnos pasivos ante el ataque.

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman