Las dos caras del gobierno calderonista
Felipe Calderón en Washington.
Foto: AP
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En el ámbito internacional México aparece como un defensor a ultranza de los
derechos humanos. En lo doméstico, sin embargo, la historia es distinta: el país
incumple los ordenamientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Casos
emblemáticos como los del Campo Algodonero o el de Rosendo Radilla, entre otros,
siguen sin resolverse año tras año. El gobierno muestra así su doble cara en la
defensa de las garantías elementales.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- México, segundo lugar entre los países con más
denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se
presenta en el debate de la reforma del organismo regional con dos discursos: en
el plano internacional, respaldo irrestricto; hacia adentro, incumplimiento
recurrente de los ordenamientos de los órganos del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos (SIDH).
Pese a que hay tres mexicanos colocados estratégicamente en la CIDH y en la
OEA –José de Jesús Orozco Henríquez y Emilio Álvarez Icaza, presidente y
secretario ejecutivo de la Comisión, respectivamente, y Joel Hernández García al
frente del Consejo Permanente del organismo–, defensores de derechos humanos
coinciden en que hasta ahora el país no ha podido superar las deficiencias en su
sistema de procuración y administración de justicia, lo que hace que muchas
personas recurran al SIDH.
Según la CIDH, de 2000 a 2011 hubo 2 mil 115 peticiones de mexicanos para que
el organismo interviniera ante violaciones a los derechos humanos.
Con un incremento paulatino año con año, el último informe de labores de la
CIDH resalta que aunque en 2011 recibió 273 casos de México –por debajo de
Colombia, con 342–, el organismo tenía por analizar mil 11 solicitudes de
intervención aquí, en tanto que de Colombia eran mil 658 las pendientes de
estudio. La CIDH reportó un rezago de 6 mil 131 casos.
El año pasado, según el documento presentado por Orozco Henríquez ante la
Asamblea General de la OEA el pasado 5 de junio en Cochabamba, Bolivia, de las
273 peticiones de México sólo fueron aceptadas a trámite 23.
Se asienta que 108 expedientes mexicanos de otros años están en la etapa de
admisibilidad y de fondo, en tanto que de las 62 solicitudes de medidas
cautelares enviadas desde aquí sólo fueron otorgadas seis.
México ante la Corte
En la Corte Interamericana de Derechos Humanos México ha sido sentenciado en
seis ocasiones, y hasta ahora prevalecen quejas del incumplimiento reiterado de
los señalamientos del tribunal, sobre todo en lo que tiene que ver con
modificaciones legislativas y acceso a la justicia.
Por violaciones a derechos humanos México fue condenado en 2009 por los
feminicidios en Ciudad Juárez (caso Campo Algodonero) y desaparición forzada
durante la Guerra Sucia (caso Rosendo Radilla).
En 2010 se encontró responsabilidad internacional al Estado mexicano en casos
de violación sexual como método de tortura a las indígenas Inés Fernández Ortega
y Valentina Rosendo Cantú, y tratos crueles e inhumanos en la fabricación de
acusaciones (caso de los Campesinos Ecologistas).
En agosto de 2008 la Corte emitió una sentencia contra México por el caso
litigado por el excanciller Jorge Castañeda por la violación a sus derechos
políticos, lo que le impidió ser candidato independiente a la Presidencia en
2006.
En el momento de crisis que atraviesa la CIDH, defensores de los derechos
humanos como José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch (HRW); Alejandra Nuño,
del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), y Mariclaire
Acosta, directora de Freedom House México, señalan en entrevistas por separado
con este semanario en que el país muestra signos ambivalentes.
“Es el país que nos ha permitido mantener a flote el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos –comenta Vivanco desde Washington– y si cumple o no cumple,
tiene que ver con el récord interno de derechos humanos que retrocedió muchísimo
durante la gestión del presidente Felipe Calderón: las violaciones a derechos
humanos cometidos con impunidad por agentes del Estado se han incrementado
significativamente en el marco de la guerra contra las drogas.”
Nuño refiere que, pese a los avances en reparaciones de daños a víctimas y en
la promoción de soluciones amistosas, “lo cierto es que sigue habiendo una gran
deuda en el cumplimiento de materia estructural; es decir de incorporar los
estándares internacionales de derechos humanos a la legislación”.
Afirma que el gran número de casos de México que año con año ingresan al SIDH
“lo que evidencia son las falencias en el sistema de procuración y
administración de justicia y que desafortunadamente en México la regla sigue
siendo la impunidad”.
Cuenta que la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de
la Cancillería reconoce solamente 200 casos pendientes de analizar en la CIDH,
cifra inferior a los mil 11 reportados en el informe del organismo en 2011.
Agrega que el embajador Alejandro Negrín, director de Derechos Humanos y
Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó en una
audiencia en la CIDH “que en la mayor parte de los casos pendientes de revisar,
las víctimas eran indígenas que denunciaban la falta de traducción adecuada en
los procesos judiciales”.
“Sean 200 o más de mil, lo cierto es que es un indicador de que algo está
pasando en México, porque las víctimas están recurriendo cada vez más a los
organismos internacionales de derechos humanos en busca de justicia”, puntualiza
Nuño.
Los defensores reconocen que el cambio de percepción en México sobre los
organismos internacionales de derechos humanos se dio con el gobierno de Vicente
Fox, específicamente durante la gestión de Jorge Castañeda al frente de la
SRE.
Mariclaire Acosta, exembajadora especial de Derechos Humanos y
exsubsecretaria de Derechos Humanos y Democracia con Castañeda, reconoce que fue
la presión de organizaciones civiles de derechos humanos mexicanas y
extranjeras, la que promovió la apertura de México en los últimos años de la
administración de Zedillo, visto “como un gobierno autoritario” por la comunidad
internacional.
Durante el tiempo que estuvo en la SRE, de 2000 a 2003, Acosta asegura que
México se abrió al escrutinio internacional, se convirtió en un país defensor de
los mecanismos internacionales de derechos humanos, entre ellos la CIDH, se
abrió la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH) y se
sentaron las bases para la reforma constitucional de derechos humanos aprobada
en julio del año pasado.
Reconoce que durante su gestión tuvo muchos obstáculos de miembros de todos
los partidos políticos que consideraban a la observación internacional como
violatoria de la soberanía, y ubica como uno de ellos al expresidente de la CNDH
José Luis Soberanes, quien “se opuso al diagnóstico de derechos humanos que
hicimos con la ACNUDH”.
Del doble discurso que México ha mantenido en materia de derechos humanos,
Acosta advierte que el país “corre el riesgo de vaciar de contenido su política
exterior”.
Al referirse a la actitud tomada por México en el proceso de reforma de la
CIDH sostiene: “La política de derechos humanos es una, no es la de afuera y la
de adentro, y no hay mucha consistencia entre lo que decimos afuera y lo que
hacemos adentro, pero lo que no podemos hacer es retroceder en lo que decimos
afuera tampoco”.
Los entrevistados comparten la preocupación por la actitud que tomará el
gobierno de Enrique Peña Nieto frente a los riesgos de debilitamiento del SIDH y
cuál será su política interna de derechos humanos.
Nuño sostiene que “la preocupación principal es qué vendrá a partir de
diciembre, cuando tome posesión Peña Nieto. Creemos que es trascendental que el
país mantenga la posición de apoyo político al SIDH y la manera más práctica de
demostrarlo es dar un ejemplo en el cumplimiento adecuado de sentencias y
recomendaciones”.
Para dar credibilidad a la política exterior, considera Acosta, “se tienen
que resolver las peticiones de los agraviados, resolver los crímenes del pasado,
respetar, promover y cumplir con el derecho que tienen las víctimas a la verdad,
a la justicia, a la reparación del daño; y no solamente las víctimas de la
guerra sucia sino también las de la guerra contra las drogas, y todo eso lo
tiene que hacer el gobierno de México… o los gobiernos de México”.
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