Nicaragua: el revés de la trama o la trama al revés
Las camionetas decomisadas en Nicaragua.
Foto: AP / Esteban Félix
Foto: AP / Esteban Félix
El caso de los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua se torna cada día más
complejo. Nuevas declaraciones y documentos enredan la trama de una historia en
la que Televisa, muy a su pesar, se ve involucrada. Los altisonantes desmentidos
del conductor de la televisora, Joaquín López Dóriga, siembran más dudas que
certezas. En su afán por defender a la empresa, aludió el viernes 5 a un caso de
falsificación que data de 2007 y reclamó tardíamente a la procuraduría
capitalina no haber atendido la demanda judicial presentada
entonces.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El jueves 4 llegó a la redacción de Proceso un correo electrónico anónimo con supuestas cartas de Televisa dirigidas a las autoridades de Nicaragua y de Costa Rica cuyo propósito era “informar” que dos camionetas “propiedad” de la empresa se encontraban “comisionadas” en esos países y solicitaba “la ayuda posible” para que “los compañeros reporteros y personal técnico” que tripulan esos vehículos “puedan realizar la labor correspondiente”.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El jueves 4 llegó a la redacción de Proceso un correo electrónico anónimo con supuestas cartas de Televisa dirigidas a las autoridades de Nicaragua y de Costa Rica cuyo propósito era “informar” que dos camionetas “propiedad” de la empresa se encontraban “comisionadas” en esos países y solicitaba “la ayuda posible” para que “los compañeros reporteros y personal técnico” que tripulan esos vehículos “puedan realizar la labor correspondiente”.
Las misivas tienen fecha del pasado 14 de agosto. Cuatro días después –el 20
de agosto– las autoridades de Nicaragua detuvieron las dos camionetas –tipo Van,
placas 886-XCR y 444XCJ– junto con otras cuatro también registradas a nombre de
Televisa. En los vehículos se encontraron ocultos 9.2 millones de dólares y
rastros de cocaína. Sus tripulantes –18 mexicanos, liderados por una mujer que
se identificó como Raquel Alatorre Correa– se encuentran en la cárcel El
Chipote, en Managua, acusados por la justicia nicaragüense de lavado de dinero,
delincuencia organizada y tráfico internacional de estupefacientes.
Las cartas enviadas a la redacción de Proceso están escritas en hojas
membretadas de Televisa: debajo del texto aparece como marca de agua el logotipo
de la empresa; el mismo logotipo destaca en el ángulo superior izquierdo; en la
parte inferior está escrita la razón social de la empresa y la dirección de Av.
Chapultepec 18, colonia Doctores.
Asimismo, tienen la presunta firma del “Lic. Amador Narcia Estrada”,
vicepresidente de Información Nacional de Televisa, S.A., y justo al lado
derecho de la firma aparece un sello de la Dirección General de Noticieros y
Eventos Especiales.
Una de ellas está dirigida a “las autoridades respectivas del honorable país
de Nicaragua” para “informar que la unidad propiedad de esta empresa, conducida
por el Sr. Rodolfo Jiménez Camacho, se encuentra comisionada por esas latitudes,
y a continuación me permito relacionar las generales de la unidad en mención:
Unidad de Producción marca Chevrolet Cargo Van Modelo 2010, con placas de
circulación 886-XCR. Misma que tiene función de grabar en diversas
locaciones”.
“Así mismo –continúa el texto– solicito respetuosamente a las autoridades
competentes de ese honorable país, brinden la ayuda posible para la función que
los compañeros reporteros y personal técnico portadores de esta, puedan realizar
la labor correspondiente.”
El nombre de Jiménez Camacho coincide con uno de los detenidos en Nicaragua,
quien dijo ser “conductor de unidad móvil”. También concuerdan los datos de la
camioneta con placas 886-XCR, en la cual la policía nicaragüense encontró en
compartimentos ocultos 11 bolsas de viaje que contenían una parte de los dólares
decomisados (en 94 paquetes), así como rastros de cocaína.
El documento de la acusación del Ministerio Público de Nicaragua consigna que
Jiménez Camacho –de 45 años– conducía ese vehículo cuando fue detenido el pasado
20 de agosto.
Otra de las cartas presuntamente firmada por Narcia Estrada, también con la
marca de agua y el logotipo de Televisa, pero sin fecha, está dirigida al “C.
Jefe de la Aduana de Nicaragua”. En ella se hace una relación del equipo de
producción y grabación instalado en la camioneta con placas 886-XCR. La carta
detalla marcas, modelos y números de serie de cada uno de los aparatos. Se
enlistan 12 monitores LCD 11” Polaroid; cuatro DVD Blue Ray Phillips; una
grabadora y reproductora de Blue Ray Sony; una impresora HP Photosmart; un
equipo de sonido de 5.1 canales Logitech; un sistema de amplificador de audio
Yamaha; dos ecualizadores gráficos Behriger; dos inversores de 3 mil watts
Tripp-Lite; una mezcladora de audio Behriger; un vector Scope Tektronix; un
editor de video Panasonic, y un Vitualtzer Pro Behriger.
Parte del equipo descrito en esa carta coincide con el reportado por el
“Recibo de Ocupación No. 0537” que aparece en el expediente de la acusación del
Ministerio Público de Nicaragua. El documento dice textualmente: “En fecha 23 de
agosto del 2012 se procedió a ocupar al acusado Rodolfo Jiménez Camacho los
siguientes objetos: un vehículo marca Chevrolet tipo cargo Van placa 886-XCR de
color blanco, en el cual en su interior contiene equipo técnico de producción de
audio y video; una consola de audio y video Panasonic; una consola de audio y
video Peavey; un DVD Phillips; cinco monitores; una computadora marca HP; un
inversor; un obreak, una impresora marca HP; un cuadro monitor marca Panasonic y
su componente; dos cámaras de video interior del vehículo, con su llave y
tarjeta de circulación”.
Una carta más, presuntamente firmada por Narcia Estrada, está dirigida a “las
autoridades del honorable país de Costa Rica”. También está fechada el 14 de
agosto. Su contenido es similar a la dirigida a las autoridades nicaragüenses,
sólo que en este caso informa que “la unidad propiedad de esta empresa” es la
Chevrolet Cargo Van Modelo 2010, con placas de circulación 444-XCJ, la cual “es
conducida por Julio César Alvarado Salas”. Señala que su función es “grabar en
distintas locaciones” y solicita igualmente que se brinde “la ayuda posible” a
“los compañeros reporteros y personal técnico”.
El expediente de la acusación del Ministerio Público de Nicaragua consigna
que, en efecto, Alvarado Salas –de 43 años– era el conductor de la camioneta con
placas 44-XCJ, en la cual también se encontró dinero en compartimentos ocultos,
así como rastros de cocaína.
“Nada que ver”
El “Recibo de Ocupación No. 0544-12” citado en el expediente del Ministerio
Público de Nicaragua apunta que la policía de este país encontró “un fólder con
documentos varios y con el emblema de Televisa a nombre de Narcia Estrada con la
descripción de la camioneta Chevrolet placas 571-XXD”. El documento señala que
esta camioneta era manejada por Alfredo Mar Hernández, de 34 años, quien se
presentó como “conductor y asistente de enlace satelital”. Sin embargo, no
detalla el contenido de esos “documentos varios” hallados en el fólder en el que
aparecen los apellidos del vicepresidente de Información Nacional de
Televisa.
Este dato se difundió el lunes 1 en el portal Aristegui Noticias y en el
diario 24 Horas. Ese mismo día Amador Narcia respondió a través de su cuenta de
Twitter: “Por supuesto, nada que ver con el tema de las camionetas de Nicaragua.
Ya se ha dicho varias veces. La alusión hace propicio reiterarlo”.
Casualmente, el viernes 5, Televisa sacó a colación un caso de 2007 en el que
se registraron tres camionetas a nombre de esa empresa y en la que, afirmó, se
encontraron documentos falsos firmados por Amador Narcia Estrada.
El Noticiero, conducido por Joaquín López Dóriga, difundió una nota en la que
el reportero Mario Torres narró que en enero de 2007 la policía preventiva de la
Ciudad de México encontró en una bodega de la colonia Vallejo Poniente una
camioneta “con falsos emblemas de Televisa”, la cual había sido adquirida en
2001 en Monterrey, Nuevo León, por Jesús Alvarado Torres, “quien tiene los
mismos apellidos que Juana Alvarado Torres, líder de la banda detenida en
Nicaragua con el nombre de Raquel Alatorre Correa”.
La nota agrega que “la camioneta, con placas de circulación 191-TAJ estaba
ilícitamente registrada a nombre de Televisa. Se trata del mismo modus operandi
del caso de las seis camionetas que se encuentran aseguradas en Nicaragua y que
transportaban más de 9 millones de dólares”.
Según esta nota, “en la camioneta asegurada la policía encontró documentos
falsos a nombre de Televisa. Eran tres hojas con un sello falso de Televisa, con
la fecha 10 de abril de 2006. En los documentos falsos se deja entrever que
existían otras dos camionetas que no son propiedad de Televisa, pero que podrían
estar a nombre de la empresa”.
En uno de los documentos se lee: “A quien corresponda: por medio de la
presente comunicamos que la unidad móvil satelital Chevrolet cargo Van con
placas de circulación 191 TAJ, camión con placas KV-36962 y la unidad Ford
Econoline con placas 677 TAD, propiedad de esta empresa, quedan comisionadas al
licenciado Carlos Alvarado Guzmán, jefe de información y personal a su cargo
para funciones de investigaciones especiales”.
La nota difundida el viernes 5 explica que “cada documento, que parecía un
salvoconducto, está dirigido a autoridades civiles federales y militares para
que faciliten el desempeño de los reporteros comisionados a los estados de
Chihuahua, Coahuila y San Luis Potosí. La firma falsa que aparece en la parte
inferior está a nombre del licenciado Amador Narcia Estrada, vicepresidente de
Información Nacional” de la televisora.
Sostiene que, al conocer de esos hechos, “Televisa presentó dos denuncias
penales desde el 2007. Una en contra de Carlos Alvarado Guzmán, por utilizar
documentos apócrifos. La otra denuncia fue presentada por el vicepresidente de
Información Nacional, Amador Narcia, por el uso ilegal de su nombre y supuesta
firma”.
En la misma nota la televisora reconoció que Alejandro Pérez Quevedo, quien
trabajó hasta 2001 como gerente de servicios administrativos de la empresa,
había dado de alta el vehículo.
En esa misma emisión de El Noticiero, López Dóriga se quejó de que Televisa
denunció los hechos ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal
(PJDF), pero “inexplicablemente la averiguación no ha avanzado a pesar de la
insistencia de Televisa y de los cinco años que han corrido”.
Y como lo había hecho casi a diario desde que la televisora fue mencionada en
este caso, López Dóriga reiteró que “ni los detenidos en Nicaragua trabajan ni
han trabajado en Televisa ni las camionetas son ni han sido de Televisa. Quien
le diga eso, aunque se lo diga todos los días, miente”.
El gestor
El jueves 4 la televisora informó que suman 13 las camionetas registradas
indebidamente a su nombre, incluidas las seis decomisadas en Nicaragua. La
empresa sostuvo que fueron adquiridas y posteriormente registradas en la Ciudad
de México con documentos apócrifos.
Ese mismo día la abogada nicaragüense Johana Fonseca, quien defiende a tres
de los 18 mexicanos detenidos, dijo en entrevistas por separado con el diario 24
Horas y con Noticias MVS que sus clientes Juan Luis Torres Torres y Guillermo
Villagómez Hernández sostienen que fueron contratados por directivos de
Televisa, quienes les entregaron sus uniformes y credenciales de la empresa, así
como viáticos y las llaves de las camionetas en que se transportaban.
Más aún, la abogada afirmó que Torres Torres fue amenazado dentro de la
cárcel El Chipote por un hombre que se identificó como abogado mexicano. “Don
Juan Luis el primer mensaje que me dijo fue verbal para su familia y me dijo que
le dijera a su esposa que no se acercara aquí, no me dijo quién, pero un hombre
entró a su celda una noche. Dice él, que en lo oscuro, le dijo que si él abría
la boca de no sé qué cosa, lo iban a hacer cuadritos, en pedacitos a su hijo”,
relató Fonseca.
De acuerdo con un expediente de la Secretaría de Transporte y Vialidad de la
Ciudad de México (Setravi), las seis camionetas Chevrolet tipo Van que las
autoridades nicaragüenses decomisaron el pasado 20 de agosto fueron registradas
a nombre de Televisa con documentos que, en apariencia, eran de la propia
empresa: la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, recibos de pago de
teléfono, la declaración de valor catastral del inmueble de Chapultepec 18 y un
poder notarial de la televisora para realizar todo tipo de trámites de vehículos
(Proceso 1873).
En los documentos del expediente –cuyas copias tiene este semanario– aparece
Armando Tavera Sánchez como la persona que presuntamente realizó los trámites
para dar de alta los seis vehículos y gestionar sus placas en módulos
delegaciones de control vehicular. Entre esos documentos se encuentran copias de
su credencial de elector y de un poder notarial que Televisa suscribió a su
favor. Este último tiene fecha del 26 de junio de 2003 y lo emitió la notaría
número 100, cuyo titular es Manuel Oliveros Lara. Se trata del mismo notario que
utiliza la empresa para otorgar poderes notariales a favor de sus representantes
legales.
A diferencia de otras personas involucradas en esta trama –a quien Televisa
acusa de falsificar sus identidades–, Tavera Sánchez no sólo existe, sino que
actualmente se mantiene como gestor de la empresa propiedad de Emilio Azcárraga
Jean.
De acuerdo con fuentes de la PJDF, Televisa acreditó a Tavera como su actual
gestor en materia de trámites vehiculares, pero argumentó que el poder notarial
que se utilizó para emplacar las camionetas había vencido en 2003.
Según esta información, Tavera ya fue llamado a declarar sobre los trámites
realizados para registrar los vehículos a nombre del consorcio. El gestor negó
que los hubiera realizado, y no fue reconocido por los operadores que trabajan
en los módulos de control vehicular de las delegaciones Iztacalco, Tlalpan y
Venustiano Carranza.
Tanto la PJDF como la PGR iniciaron sendas averiguaciones previas sobre este
caso. La primera trata de determinar si en el registro de los vehículos se
cometieron irregularidades administrativas y si se utilizó documentación
apócrifa; la segunda investiga la verdadera identidad de los detenidos y su
participación en los delitos de narcotráfico, delincuencia organizada y lavado
de dinero. Ambas dependencias aún no concluyen sus investigaciones.
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